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La estructura de oportunidades que ha abierto
la inacabada transición a la democracia ha hecho posible
la existencia de una ley que será corrosiva para los
rescoldos y resonancias del régimen autoritario, que
siguen retrasando la construcciónde la poliarquía
mexicana.
Antes de la derrota del PRI en el proceso
electoral federal del 2 de julio del 2000, la posibilidad de
regular alguno de los múltiples campos que comprende
el derecho a la información era realmente remotísima.
Ningún partido político y ninguno de los candidatos
a la Presidencia que participaron en esa contienda política
tenían la suficiente información, formación
y claridad acerca de los alcances del derecho de acceso a la
información, como uno de los segmentos más importantes
del genérico derecho a la información.
La alternancia en el gobierno abrió una estructura de
oportunidades que hizo posible que un tema tan distante de las
preocupaciones y propuestas de los actores políticos
consiguiera hacerse un hueco en la esfera pública mexicana.
Recuérdese que los temas centrales del bisoño
equipo gobernante se concentraban en la posibilidad de realizar
las grandes reformas fiscal, laboral y eléctrica. Y las
acciones de los partidos opositores al nuevo presidente y al
PAN, renuentes en apoyar al outsider Vicente Fox que con su
franquicia había destronado al PRI, se concentraban en
bloquearlas. Ni la oposición ni el gobierno exhibían
mayor voluntad para cooperar y ceder en sus irreductibles posiciones.
Muy pronto quedó claro que Fox se había hecho
sólo con el gobierno, pero no disponía de los
resortes del viejo presidencialismo imperial y que, por tanto,
sus pretensiones habrían de desvanecerse una tras otra,
como terminó ocurriendo. La inviabilidad de los temas
centrales del programa del nuevo gobierno, obnubiló al
presidente y a su equipo cercano y les hizo olvidarse muy pronto
de los temas colaterales. Ese fue el caso de la promesa de enviar
al Congreso una iniciativa de ley para regular el acceso a la
información.
En mayo del 2000, cuando se celebró en la ciudad de Oaxaca
el Seminario Nacional sobre Derecho a la Información,
que dio origen al Grupo Oaxaca, el gobierno no había
emitido ninguna señal atendible que sugiriera la posibilidad
de cumplir con su promesa en esta materia. Lo cierto es que
la confusión de contenidos y la falta de pautas y orden
interno en el gobierno hacían poco fiable el discurso
presidencial en este campo.
En su origen, el Grupo Oaxaca sólo pretendía que
el gobierno cumpliera con enviar la iniciativa de ley prometida.
La Comisión Técnica que se integró para
darle seguimiento al tema de la iniciativa de ley de acceso
a la información prometida por el candidato Fox, se convirtió
a la postre en el núcleo dinamizador de la movilización
de opinión pública que puso en marcha la amplia
e inédita coalición de medios, periodistas y académicos
que se articularon en el Grupo Oaxaca.
En medio de los dos bloques de actores políticos varados
en el campo de batalla, representados por el gobierno y el PAN
por un lado, y por la oposición, por el otro lado, surgió
la expresión de un segmento de la sociedad civil, que
desde el primer momento no dudó en trasladar al espacio
público sus exigencias y posiciones sobre el tema central
que le importaba impulsar: una ley de acceso a la información
pública.
La tibieza y extravío del gobierno empujaron al grupo
a reforzar su exigencia inicial focalizada en el derecho de
acceso a la información pública. El argumento
que sustentó la reorientación de las acciones
del grupo era muy claro: si en un cuarto de siglo no había
podido moverse un solo centímetro el tema del derecho
a la información reconocido en el último párrafo
del Artículo 6 constitucional, había que empezar
por un punto focal y aprovechar la coyuntura política
y social para obligar al gobierno para que, por disposición
de una ley específica, pusiese a disposición del
público toda la información que estuviese en sus
manos. Después ya vendrían otras reformas, impulsados
por otras coaliciones y coyunturas.
Entonces la comisión técnica del Grupo Oaxaca
decidió poner manos a la obra y elaborar una Propuesta
de Iniciativa Ciudadana de Ley de Acceso a la Información.
Durante tres meses y bajo los auspicios de diversos anfitriones,
la comisión técnica integrada por Luis Javier
Solana, Roberto Rock, Miguel Bernardo Treviño, Luis Ernesto
Salomón, Jenaro Villamil, Juan Francisco Escobedo, Issa
Luna, Ernesto Villanueva, Sergio Elías Gutiérrez,
Jorge Islas y Salvador Nava, estuvieron trabajando en forma
colegiada hasta que tuvieron listo un borrador.
Este segmento de la sociedad civil no se quedó en la
exigencia pública al gobierno, pasó de la beligerancia
en la disputa simbólica a la elaboración de una
propuesta. Ese salto cualitativo empezó a convertirse
en la pequeña gran diferencia respecto de otros impulsos
sociales y políticos para regular el tema, que en el
pasado no tuvieron el éxito deseado.
Las acciones del grupo se centraron en incidir en el espacio
público, influir en la conformación de la agenda
pública y posicionar las definiciones y conceptos básicos
sobre el tema. El Grupo Oaxaca sabía que su capital social
radicaba en la capacidad para desplegar una movilización
estratégica de opinión pública, precisamente
frente a un gobierno que exhibía una muy alta consideración
hacia los datos agregados que la opinión pública
denota por medio de los titulares, las encuestas y los votos.
Había que dar la batalla en la misma arena y con los
mismos recursos que gustó utilizar el gobierno.
Nadie debe llamarse a engaño. El tema era nuevo, había
mucha confusión al respecto, las posiciones sobre la
cuestión estaban muy polarizadas y, sobre todo, los actores
partidistas no se habían pronunciado al respecto. Una
vez que se consiguió aclarar que no se pretendía
regular todo el conjunto de temas que caben en la gran canasta
del derecho a la información, sino sólo el segmento
relacionado con el derecho de acceso a la información,
el consenso sobre el particular se incrementó y consolidó.
La historia de las deliberaciones públicas y disputas
simbólicas y mediáticas que propició la
movilización del Grupo Oaxaca es larga, intensa y sorprendente.
No la agotaré en este espacio. Lo importante es señalar
que la confluencia de factores y actores en los procesos de
deliberación y negociación hicieron posible la
aprobación de una ley de este tipo por el Congreso de
la Unión.
La ley ha entrado en vigencia plena. Nadie tiene el mérito
exclusivo de su existencia. Políticamente expresa la
coincidencia inédita más relevante que se haya
conformado en lo que va del gobierno foxista. La ley tiene limitaciones
derivadas del imperativo de preservar un consenso básico
para hacerla posible, que por el método de ensayo y error
se valorarán con mayor cuidado y, en su momento, seguramente
requerirán de la reforma legal respectiva.
Lo importante es que los mexicanos disponen de un instrumento
legal para ejercer un derecho fundamental para la democracia,
cuya existencia es muy poco probable que hubiera ocurrido bajo
el predominio del PRI. El derecho de acceso a la información
es ya derecho positivo y vigente en México. Y es preciso
que tanto los sujetos obligados como los titulares del derecho
lo cumplan y ejerzan cotidianamente.
La eficacia de la ley y del diseño institucional que
con ella se ha creado, dependen del activismo de los ciudadanos
para solicitar información, del trabajo de los periodistas
y de los medios para trasladar a sus respectivas arenas los
temas de interés público y del Instituto Federal
de Acceso a la Información para actuar con prestancia,
solvencia moral y adecuado sustento técnico, para obligar
a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal
a ceñirse a lo dispuesto por la ley.
La estructura de oportunidades que ha abierto la inacabada transición
a la democracia ha hecho posible la existencia de una ley que
será corrosiva para los rescoldos y resonancias del régimen
autoritario, que siguen retrasando la construcción de
la poliarquía mexicana. |
