Cierto o falso, la historia dice que a alguien deseoso de torcer aquella ignorancia se le ocurrió establecer una serie de marcas sobre unas tablillas de barro que circularían con las mismas mercancías: si el transportista no entendía el significado de aquellos signos, el receptor si los reconocería y sabría la cifra exacta de los bultos o tinajas enviadas por su corresponsal mercantil.

Así, un mensaje que circula entre un emisor y un receptor suele generar utilidad para ambos. Se intercambia un bien que les sirve para la acción, para la presión, para su contacto mutuo… El emisor da una orden, el receptor la acata o se rebela; el emisor manda un dato, el receptor se da por enterado, lo utiliza y se pone a actuar en consecuencia; quizá el receptor a su vez envíe otro dato, dé su consentimiento o exija algo a cambio. En fin, múltiples posibilidades. Normalmente, si la comunicación no es rentable para ninguno de los dos, desaparece, se apaga: emisor y receptor la dejan morir.

En medio de ambos el mensaje circula, ajeno al interés que pueda existir. ¿Se han escrito alguna vez los derechos y deberes de los mensajes? Los mensajes son pasivos soportes sostenedores de intereses de otros. Emisor y receptor se intercambian mensajes como los niños lo hacen con los cromos, sin consultar nunca al cromo su lugar de pertenencia. ¿Qué importa el cromo? ¿Qué derechos tiene? ¿A quién le preocupa lo que piensa el cromo sobre todo esto? ¿Acaso alguien cree que el cromo piensa?

Con aquellos signos grabados en una tablilla de barro se puso una primera piedra en el edificio de emplear la información como control social -en un fenómeno de comunicación-control-, según un procedimiento que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad, desde aquel instante auroral de la tablilla con datos codificados y desconocidos por el transportista.

La historia cercana ha corroborado infinidad de episodios donde aparece con claridad meridiana el emparejamiento información-control social, aunque a veces estos pasan inadvertidos. Lo vimos en la prohibición egipcia de exportar papiro a Pérgamo, para arruinar sus posibilidades de plasmar la información-poder en un soporte físico, y lo volvimos a encontrar en la ficción de Umberto Eco, cuando en El nombre de la rosa contemplamos el interés por ocultar la información desprendida de un libro que animaba a la risa, considerada pecaminosa por el ser amargado que trató con gran afán de evitar el conocimiento (información, poder, comunicación social) que se pudiera extraer de aquella Poética prohibida por sus convicciones. Así, de ese modo, ha sucedido desde tiempos inmemoriales.

Con los diferentes sistemas de control social por medio de la información-comunicación social sucede lo mismo que con la mentira: repetida mil veces empieza a ser tomada por verdad. También ha sucedido así desde los tiempos de la propaganda nazi hasta los más cercanos de la emitida en la reunión escandalosa de Azores: esas islas atlánticas no se merecían pasar a la historia por plantarse en ella la semilla siniestra de la mentira tripartita acerca de Iraq.

Pasa con un sistema oficial de control social sobre bases informativas que el público lo acaba viendo como algo normal y natural, como algo necesario. Veamos el caso que nos anima a preparar estas líneas. En muchas películas de Hollywood hemos visto cómo el funcionario que sospecha de una persona espera a que ésta beba algo; luego, aprovecha la oportunidad para, sin que se den cuenta, meter el vaso en una bolsa de plástico, con el fin de analizar las huellas dactilares y comprobar si coinciden con las halladas en el lugar del crimen. A cualquier espectador español, esa secuencia le parece sobrante o ridícula y a todas luces innecesaria: a ningún agente español -en una película o en la realidad- se le ocurre ese episodio de buscar las huellas en un vaso de agua, vino o cerveza: simplemente acude al banco de datos de la Dirección General de Policía, donde están todas las huellas de todos los españoles y acabamos antes… Imagínense lo que significa un banco de datos donde se encuentran todas las huellas de todos… los súbditos, todo ello producto del control social iniciado en una dictadura -la franquista- y, vistas sus bondades… policiales, continuado en una supuesta democracia, donde ha sido mejorado ese control informativo sobre la población de súbditos, después de haber creído en una transición que no fue tal sino una transacción, que ha hecho posible que un joven neofalangista haya llegado a presidir un gobierno. Transición y transacción son palabras cercanas, pero dispares.

Ese control social iniciado en la (¿última?) dictadura española se llamó DNI (Documento Nacional de Identidad) y se depuró en la aparente democracia, con el añadido de una letra de control, que se hizo pasar por un número de identificación fiscal (NIF): el tiempo ha demostrado que no es otra cosa que una depuración del número de ficha que tiene todo hijo de vecino, que con esa letra de control se diferencia de quien se llame como él, que es algo más frecuente de lo que cualquiera puede pensar, aunque tenga nombres y apellidos poco usuales. Parecía lógico, además, que si se precisaba un número de identificación fiscal esa gestión y hechura estuviera en manos del fisco, del Ministerio de Hacienda. Al no ser fiscal sino policial, se ocupa del mismo el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía: se ha engañado y se ha querido hacer pasar la voz policial por fiscal. España va bien y sigue siendo diferente.

Ese DNI, copiado en otras dictaduras, es una verdadera ficha policiaca, con foto y filiación completa, que es como se dice en ese ambiente. La ley obliga a todos los súbditos a pasar por el aro policial y sacarse el carnet personal de identificación a una temprana edad de 16 años, si no antes, con todos sus datos… y con las correspondientes huellas dactilares del personal. Además, es el propio público quien financia su fichaje policial, con las tasas que ha de abonar a la Dirección General de la Policía por dar sus datos más íntimos, como son sus huellas dactilares. Tal vez algún día, algún juez, más allá del estrellato, denuncie la intromisión oficial que supone extraer a todo ciudadano, convertido en súbdito, información tan sensible como las huellas de sus dedos, ante la posibilidad de que ese ciudadano-súbdito se las tenga que ver algún día con la policía, ir ante la justicia por algún delito donde queden sus huellas como testigos de su acción delictiva. Esto es muy fuerte, muy poco defendible en una democracia sin más, sin apellidos que la desvirtúen. No es el caso español, como se ve.

Al llegar la democracia supuesta, a algunos gobernantes les dio algo de vergüenza y dejaron de poner las huellas en el carnet físico que cada persona está obligada a llevar siempre consigo, so pena de ser considerado indocumentado, con lo que ello policialmente implica. Lo importante se mantenía, todas las huellas de todos los españoles están en manos de la policía, y no la de un sólo dedo, sino varias, para evitar errores. Es como si todos los españoles fueran potencialmente sospechosos de cometer algún día un delito y por eso la policía democrática (Alemania democrática) ya se ha adelantado a la jugada con las bendiciones gubernamentales y de esa manera acaba antes su trabajo investigativo.

¿Medida mercantil?

En febrero pasado se aprobó el DNI electrónico: una tarjeta que lleva incorporado un chip para que el control social se haga mejor. Javier Cremades, abogado y presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información en España, ha expresado --en El País del 21 de febrero-- que es para garantizar las transacciones en línea, para paliar el déficit de seguridad existente hoy y subraya:
Ha comenzado a hacerse realidad lo que hasta ahora no había sido más que una quimera: la posibilidad de que todos, como ciudadanos, podamos relacionarnos con la Administración y empresas por medios telemáticos, sin necesidad de salir de casa.

¡Qué bonito! Es muy bonito, sobre todo cuando se descubra realmente qué datos ponen en ese chip que nos quieren endosar. ¿No será que nos ponen más cerca de un Gran Hermano más tenebroso que el hortera de la tele sucia? Al tiempo.

En todo caso, hay dos detalles en esas manifestaciones publicadas con el silencio del periódico que merecen un breve comentario: se pone el chip "para garantizar las transacciones" y "para paliar el déficit de seguridad existente". No especifica qué tipo de transacciones, si comerciales… o de datos policiales. Tampoco se aclara cuál es el déficit de seguridad, si es de tipo bancario o mercantil o si obedece a la histeria de todos: terroristas. Las transacciones mercantiles, por ejemplo, las bancarias, hace tiempo que están establecidas y son seguras: el banco con el que vas a operar por vía telemática (o telefónica) te despacha una tarjeta sin chip ni huellas dactilares y cuando vas a hacer una operación te pide el número identificación personal y/o la clave secreta. La transacción, la operación, se realiza sin problema alguno y con toda la seguridad de que quien emplea esa tarjeta es su legítimo usuario. Este problema del uso por otra persona es igual con chip que sin chip. No es cierto eso de la seguridad en la transacción. Si realmente se tratara de una medida mercantil, ¿no tendría que estar emitido ese documento por el Ministerio de Economía, a través de su Dirección General de Comercio? Pues no, sus protagonistas son el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía: el control social, al fin y al cabo.

Estas medidas de control empiezan y siempre van a más. En el caso español: salvoconducto, DNI, NIF y ahora el chip.

Cuando Washington tomó la determinación de fichar a los viajeros que llegaban a su país, aunque fuera de paso, inició el mismo camino que dio comienzo en la España franquista con el documento nacional de identidad, sólo que ahora restringido a los extranjeros. Cuando la policía estadunidense empiece a comprobar los beneficios de tener foto y huellas dactilares de tantas personas potencialmente sospechosas, ¿qué impedirá con un gobierno como el de Bush a no ir más allá, a extender ese control primero sobre comunidades menos privilegiadas, para acabar imponiéndolo a toda la población, en pro de la seguridad nacional y del patriotismo? Así, hasta el chip del presidente Aznar.

Decíamos antes que emisor y receptor se intercambian mensajes como los niños lo hacen con los cromos, sin consultar nunca al cromo si quiere ser intercambiado. ¿Qué importa el cromo?¿Qué derechos tiene? ¿A quién le preocupa lo que piensa el cromo sobre todo esto? ¿Acaso alguien cree que el cromo piensa?

En el caso que nos ocupa, el cromo somos nosotros, las personas que creíamos ser personas y tan sólo somos mensajes, cromos con ficha policial y chip que adjunta nuestras huellas y nota biográfica a una clave. Los ciudadanos, convertidos en cromos de intercambio entre emisores y receptores que van a lo suyo. Los ciudadanos, todos sospechosos. Ese es el mensaje. Sospechosos todos, somos el mensaje de una conversación preventiva -como la guerra ilegal del tripartido de Azores contra Iraq-- en la que no tenemos otro papel que el ser pasivamente leídos, es decir, controlados.