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El contexto en el que se desarrolla el periodismo en México se ha modificado de manera importante en los últimos 30 años. La década de los noventa concentró acontecimientos trascendentes que generaron expectativas finalmente no satisfechas. Las perversas relaciones prensa-poder ya no son la causa principal de los problemas del periodismo. Las críticas a las prácticas periodísticas prevalecen, pero hay en escena nuevos arreglos, nuevos actores y nuevas preguntas.
En el caso de México, describir tal contexto resulta altamente pertinente, pues en los últimos 30 años, y especialmente durante la década de los noventa, el entorno del ejercicio periodístico se modificó de manera importante. El análisis es doblemente necesario si observamos que las tendencias que ha tomado el periodismo mexicano no parecen satisfacer las expectativas generadas durante ese periodo crucial, marcado por cambios económicos, políticos y tecnológicos. Las críticas a las prácticas prevalecen y las trabas ya no son todas del poder político: hay en escena nuevos arreglos, nuevos actores y nuevas preguntas. Las perversas relaciones prensa-gobierno, así descritas por Raúl Trejo1 , que predominaron en México desde el periodo posrevolucionario, se han reconfigurado y dejaron de ser la causa principal de los problemas del periodismo. La apertura informativa actual, sin ser total ni perfecta, es una nueva condición del ejercicio periodístico, pero no ha sido suficiente motivo para evitar la autocensura y la simplificación en los tratamientos de una realidad cada vez más compleja. El perfil de los periodistas, ahora en un altísimo porcentaje universitarios, no se ve reflejado en los niveles de análisis de lo social de los productos periodísticos (con notables excepciones). Durante décadas, las posiciones acríticas del periodismo predominante se explicaban principalmente por la dependencia de los medios del subsidio gubernamental y otros eficaces mecanismos de control. En los últimos años, el bajo nivel de compromiso y de manejo técnico del periodismo obedece a males diferentes. Ante la falta del pretexto... ¿cuáles son las razones?, ¿cuál es el contexto? En un artículo anterior publicado en esta misma
revista2 , describí el presente del periodismo
mexicano como: Recupero la descripción porque el complejo presente del periodismo contrasta, en apariencia, con su pasado, pero inevitablemente sigue atado a él. Remembranzas del origen El periodismo mexicano moderno se desarrolló en colusión con el sistema político posrevolucionario. Sus vicios legendarios se explican a la luz de lo que José Carreño Carlón ha llamado "el modelo estructural de relación subordinada de los medios al poder público"3: un modelo económico-proteccionista que se perfecciona y consolida en los gobiernos posteriores a la Revolución y que funciona hasta la primera mitad de los años ochenta del siglo XX, aplicado de manera discrecional. Un modelo sometido desde hace más de 30 años a un "lento proceso de extinción",4 proceso acentuado por las repercusiones que los fenómenos recientes de apertura y modernización de la economía tuvieron en la relación prensa-gobierno (la vigilancia internacional y el recorte del gasto gubernamental publicitario, como ejemplos). El modelo de subordinación se sostenía gracias a la eficacia de controles amistosos: apoyos y subsidios que generaron una dependencia económica muy conveniente para los empresarios, y muy limitante para la libertad de información. La familiaridad que tenemos con esas prácticas las ha hecho parecer normales, pero es necesario recordarlas para ubicar la importancia de los cambios en el presente, pues aunque las prácticas de colusión no han desaparecido del todo, ya no son vistas como la regla. Recuperaré algunas para ilustrar el fenómeno. La subordinación de los medios al poder político fue resultante de dos tipos de subsidios: los más sencillos, en apoyo a la economía de los periodistas, y los complejos, financiando los procesos productivos. Las aportaciones constantes al salario del periodista a través del llamado sobre, embute o chayo, y la facilitación en la obtención de permisos para operar servicios rentables, son las formas más conocidas del soborno del poder político a los individuos. Las más oscuras involucraban a las instituciones, y pueden leerse como arreglos entre poderes (gobierno y empresas periodísticas). Sobresalen entre esos acuerdos subsidiarios: los precios preferenciales de insumos y servicios (como papel y electricidad), la aplicación especial del régimen fiscal, condonación de deudas por concepto de seguridad social, créditos preferentes para adquirir bienes, donación de inmuebles, viáticos de periodistas durante las giras de funcionarios, gratificaciones y regalos a directivos, y la mayor forma de subsidio -que aún constituye un medio de control: la asignación de publicidad oficial en grandes cantidades y pagada por anticipado, que para muchos medios era (o sigue siendo) la fuente de su supervivencia-. Estas son sólo algunas de las prácticas perversas del pasado reciente del periodismo nacional.5 Además de los apoyos amistosos, medios y periodistas conocieron durante casi 80 años las prácticas disuasivas: amenazas, agresiones físicas, boicots publicitarios, vandalismo en las empresas o propiedades personales, o el simple retiro de la amistad, garantía de quiebra para muchos. Naturalmente, el periodismo resultante de estos arreglos era un periodismo con conflicto de intereses. No entrar en los arreglos, también tenía sus consecuencias. El inicio de la transición Según varios autores, el inicio de la transición en la historia de las relaciones prensa-Estado se ubica en 1976, con el llamado Golpe al Excelsior de Julio Scherer y la creación del semanario Proceso. El contexto económico, político y cultural es el de la administración de la riqueza (el espejismo petrolero), de la creciente deuda externa, de la nacionalización de la banca, de la reforma política del Estado, de la institución presidencial fuerte y del Estado aún omnipotente, de la gran devaluación al final del sexenio, y la temprana caída de nuestros sueños de riqueza. A finales de 1977 aparecería Unomásuno, como "resultado directo de la reforma política que legalizó a la izquierda y comenzó a abrir el ostión autoritario mexicano",6 y tras la escisión de este diario nacería La Jornada (1984). Los tres medios marcaron una diferencia en las formas tradicionales de hacer periodismo, en su intento por mantenerse al margen del financiamiento gubernamental. La década de los noventa fue el escenario de notables cambios estructurales en México que tuvieron repercusiones sobre las prácticas periodísticas.7 En los noventa se gesta y firma el Tratado de Libre Comercio; se registra la alternancia de partidos en el poder, a los niveles local y estatal, y se sientan las bases para la alternancia a nivel federal; el Estado mexicano sigue perdiendo terreno en la dirección de la economía; se impulsan desde la Presidencia cambios significativos en las relaciones prensa-gobierno; se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (y en ella una Unidad de Protección para Periodistas)... Todo con el telón de fondo de las exigencias internacionales para la firma del TLC. Los cambios en la industria del periodismo, que se
atropellaron durante los noventa, no fueron sólo económicos
y tecnológicos, sino también culturales: los grandes
medios adoptan y adaptan el modelo periodístico que marca
la norma internacional, asimilan (a su estilo) "la forma
moderna del periodismo en el norte".8 Un modelo
basado en las fuerzas del mercado, que privilegia la función
del entretenimiento, por encima de la informativa, con un menor
énfasis en la responsabilidad de vigilar al poder público.
La visión de los medios periodísticos como negocios
se legitima y se justifica: la búsqueda de rentabilidad de
las empresas informativas deja de ser tema tabú, y se convierte
en motor de cambios editoriales que parecen de forma, pero tienen
fondo. El contexto del periodismo mexicano puede analizarse considerando: los indicadores de libertad de expresión, los mecanismos de control gubernamental en las relaciones prensa-gobierno, la legislación vigente en materia de medios, las condiciones laborales de los periodistas, los perfiles predominantes de los informadores, los recursos de apoyo al trabajo informativo y las discusiones en torno a la ética del ejercicio periodístico. Hay, además, nuevos problemas: la creciente disminución de lectores de diarios, la abundancia de opinión que contrasta con la escasa presencia del periodismo de investigación, la imposición de estándares del periodismo televisivo a medios impresos, la inviabilidad económica del periodismo independiente... Caracterizaré algunos de los puntos señalados. Libertad de expresión Una de las condiciones del contexto que ha cambiado de manera importante tiene que ver con los controles gubernamentales, sutiles y menos sutiles, que inhiben la libertad informativa. Ante los organismos internacionales que vigilan el respeto a la libre expresión, México dejó de aparecer entre los peores lugares del mundo para ejercer el periodismo, por el número de agresiones físicas contra periodistas; no obstante, prevalecen las dificultades de acceso a los documentos públicos.10 El ejemplo más extremo de las agresiones es el asesinato. De acuerdo con los reportes de las organizaciones Artículo 19 y el Comité Canadiense para la Protección de los Periodistas (CCPJ)11 , durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) fueron asesinados seis periodistas; con José López Portillo (1976-1982), 12; con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), 34. Por su parte, la Fundación Manuel Buendía da cuenta de 46 periodistas victimados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari12 , y en el régimen de Ernesto Zedillo, 22. Con Zedillo el número general de agresiones, según las clasificaciones de estos organismos, fue mayor que con Salinas, pero los asesinatos disminuyeron en casi 50%. En el último año del gobierno zedillista13 ya se percibía la tendencia que ha sido clara en lo que va del periodo de Vicente Fox: menos agresiones físicas -incluyendo asesinatos- y mayor número de "demandas, citas a comparecer y detenciones" a periodistas, como una forma novedosa en México de inhibir la libre expresión, que se intenta justificar mediante la ambigua legislación mexicana en materia de medios. En el primer semestre de Fox se registraron 45 incidentes contra la libertad de prensa, de los que 9% fueron asesinatos; 5%, detenciones; 14%, citas a comparecer, y 16%, demandas contra periodistas.14 Esta buena noticia (la disminución en el número de agresiones físicas) no debe leerse festivamente. Formamos ya parte de un mundo globalizado, con parámetros de vigilancia internacional que nos muestran el nuevo reto en la conquista por el respeto a las libertades informativas, un reto de índole política y cultural: el de procurar la justa aplicación de las leyes vigentes y pugnar por su pertinente modificación. Otro seguimiento hemerográfico y documental
de actos contra informadores elaborado por la Fundación Manuel
Buendía, señala que al finalizar el primer año
del gobierno de Fox, los actos contra el quehacer periodístico
sumaron 126, de los cuales 11% correspondió a citatorios
a comparecer frente a las autoridades. En el 2002 fueron 100
los actos inhibitorios, y de ellos, 8% de citatorios a comparecer.
Y si bien, 2003 quedará marcado como el año con menores
registros de actos contra las libertades informativas en México
(sólo 76 casos, es decir, 40% menos que en 2001), también
se trata del año en que se presentó: Más allá de las agresiones, no se puede
negar que la década de los noventa ha sido el escenario de
una gran apertura informativa en México, al grado de que
los medios han pasado de la sumisión a la impunidad,
como lo afirma Raúl Trejo: En medio de la evidente apertura, hoy es casi anecdótico citar que antes del sexenio de Zedillo (apenas hace 10 años), hablar del Presidente en turno, de las instituciones religiosas o cuestionar al Ejército mexicano era motivo natural de censura o de atenerse a las consecuencias. Agresiones a periodistas Es difícil separar las acciones que inhiben el ejercicio periodístico de acuerdo con su procedencia, pues definitivamente no es sólo el poder político el responsable de los ataques. He sugerido que las agresiones a periodistas desde este ámbito han tomado un giro legal: el de las demandas, detenciones y amenazas de procesos judiciales, sin ignorar las amenazas indirectas y otro tipo de acciones disuasivas. Sobre ello hay muchos datos. Un ejemplo más es el informe 2002 de la organización internacional Periodistas Frente a la Corrupción, que sitúa a México en primer lugar en cuanto a violación del secreto profesional, en segundo en número de demandas a periodistas, y en segundo también en cuanto al total de agresiones por cobertura de asuntos relacionados con la corrupción.17 Según el informe 2002 de la SIP18 , durante ese año no se registró ningún asesinato contra periodistas en México, y el número de agresiones físicas disminuyó considerablemente. Pero en 2003 comenzamos a retroceder: hasta el 30 de abril de ese año nos situábamos en el primer lugar a nivel latinoamericano en total de agresiones, primer lugar en demandas y también primer lugar en violencia física y ataques verbales (que incluyen las amenazas de muerte). Una realidad abrumadora en el contexto del ejercicio
periodístico mexicano es el constante riesgo para los periodistas
que abordan temas relacionados con el narcotráfico, con los
sectores de ultraderecha o con sus protegidos. En lo que va del
2004 ya son tres los periodistas asesinados, cuya muerte podría
estar relacionada con el seguimiento periodístico de esos
grupos de poder.
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