El espectáculo fue completo, previsible, pero con ribetes sorprendentes. Los inalcanzables personeros de las empresas privadas de televisión sentados el 9 de febrero ante senadores de la República para explicar su oposición a la Ley, intercambiaron su "debilidad" de reconocer la autoridad del Congreso; más bien, la justificaron, con una abrumadora supuesta cátedra de conocimientos de los que es hoy en día la telecomunicación, integrada en el concepto de convergencia tecnológica.

El aprovechamiento escolar de los senadores no reveló que el despliegue de recursos técnicos para darles la clase los hubiera convertido al fundamentalismo de las empresas televisivas, que tiene al beneficio mercantil como su paradigma. El propio senador Emilio Gamboa, tan articulado desde siempre -fue Secretario de Comunicaciones y Transportes-- a los intereses de esas empresas, cuando al fin pudo hablar (la "cátedra" duró cuatro horas), dijo algo así como que "ahora entiende menos" lo que quisieron explicar los empresarios con lo de "convergencia tecnológica".

Bartlett no se dejó engatusar por "el baño de tecnología", dijo. El carácter de bien público de la radiodifusión debe prevalecer por sobre todo argumento: es un servicio público.

Pero la de Bartlett y la del propio Gamboa fueron reacciones tardías, porque a los 30 minutos del espectáculo multimedia con que los empresarios quisieron demostrar que sólo ellos saben lo que es la comunicación electrónica, algún senador de los presentes debió haber dado un golpe en la mesa para decir que todo eso está tan sabido por ellos y por todos los protagonistas que hoy discuten la Ley, que la pretensión de recibir conocimientos elementales acerca de la convergencia tecnológica -la proliferación de servicios de telecomunicación por una misma vía-- no era el tema de la reunión. No habían ido allí a recibir el ABC de la comunicación moderna que, por lo demás, está previsto en el propio predictamen de la Ley con toda claridad.

Tanta claridad, que no sólo no hay oposición en esa iniciativa al avance tecnológico, sino que se prevé y se determinan sus modalidades y circunstancias.

Es más: ese avance tecnológico lo vienen aplicando, aprovechando, comercializando y apropiándose de él las empresas mediáticas, entre el barullo de una reglamentación miope, sin que exista ninguna Ley que lo convierta en derecho de todos los involucrados. No sólo no han sido impedidas de hacerlo ni se plantea impedírselos, sino que son ya los adelantadas de todas las tecnologías para servirse con la inmensa cuchara que convierte a sus concesionarios en algunos de los hombres más ricos del mundo.

Recientemente sus personeros se sentaron ante representantes del Congreso con la displicencia que les da la impunidad de decenas de años de miseria legal. Validos de pantallas de plasma, computadoras y cables armaron un espectáculo como para confirmar su vocación e impresionar a los impresionables. Era también la base de su argumentación: las nuevas tecnologías no pueden ser regidas por una ley de radio y televisión; están más allá de cualquier propósito regulador, que atentaría contra ellas y contra el progreso.

Cuando se escucharon al fin los argumentos de algunos de los senadores y la sustancia política del tema tomó su lugar, los ilustrados e ilustradores de la telecomunicación parecieron ceder y matizar en asuntos sustanciales: sí a una nueva Ley e incluso a una regulación que no sea discrecional porque "es mejor una buena ley que un mal juez", según sentenció uno de los sabios. Aceptaron llevar el debate a sus pantallas terminando con el ominoso silencio con que encubren el tema…

Ocho días después, en la sesión de las tres comisiones unidas responsables de preparar el proyecto de dictamen, este 16 de febrero, todo parecía olvidado, lo mismo la sabiduría de los personeros empresariales, sus titubeantes acercamientos, compromisos y coincidencias que los criterios planteados semanas antes por las organizaciones ciudadanas que comparecieron organizada y eficientemente frente a quienes tienen en su agenda, ya apuntado, el destino de la Ley.

Los que mandan en el Senado intentaron ese día que las comisiones unidas dieran por terminado el debate del dictamen para mandar a "la congeladora", mediante democrática votación, la iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión y todo lo que significa. Casi lo logran… En el orden del día se asomaba la cola de la intención y la aprobación de ese orden se convirtió en el debate mismo porque su sustancia estaba en juego. Entre la contundencia de Bartlett, Corral, Vicencio, Ojeda, el albazo anti-ley se fue desvaneciendo hasta aceptar todos que legislar sobre radio y televisión es un compromiso del Senado, a cumplir, por compromisos firmados, antes que febrero termine… en el peor de los casos, antes de que al final de abril concluya el período ordinario de sesiones.

Más tiempo, más tiempo, igual a menos y menos argumentos. No se oyeron las voces del Gobierno Federal. No comparecieron sus representantes, sin cuyo criterio vital, según dijo en su momento Gamboa, no se puede legislar en materia tan delicada. Se sugirió en la sesión que opinaron por escrito. No les llega el audio…

Por las opiniones vertidas el 16 de febrero por los enemigos de la reforma a la Ley, incluidos los tres presidentes de las comisiones responsables, parece no estar en el aire la decisión de sepultarla sino el momento del ritual funerario, milagrosamente colocado en suspenso por la valentía política de algunos senadores… ¡pero vaya Senado!




DOCUMENTOS RELACIONADOS:

* Dictamen de la Ley Federal de Radio y Televisión

* Observaciones a la Iniciativa de Ley de Radio y TV en dictamen

* Correcciones al Dictamen de la Ley Federal de Radio y TV