Periodismo: una situación crítica Humberto Musacchio                           Periodista

Por explicable paradoja, el periodismo mexicano recorre una etapa de amplísima libertad de expresión y, paralelamente, atraviesa por una situación crítica en la que menudean los asesinatos de informadores, numerosos colegas realizan su trabajo en precarias condiciones laborales y se despliega un vergonzoso hostigamiento contra medios insumisos.

Para ganar el derecho a la libre expresión, la gente del oficio informativo durante muchos años dio una batalla que culminó en 1994, cuando el barco del viejo régimen empezó a hacer agua por todos los lados y fallaron los mecanismos de control que empleaban los gobiernos priístas para mantener aherrojado al periodismo. Hoy ejercemos una libertad que conquistamos al precio de decenas de colegas asesinados y explicablemente hay irritación en los poderes institucionales y rabia homicida en el campo de intereses de los poderes fácticos, muy especialmente del narcotráfico.

En la omnipresencia del narcotráfico hay que buscar el motivo de muchos de los asesinatos de periodistas, 17 en lo que va del sexenio, a lo que debemos agregar varios atentados criminales y la desaparición, desde hace 50 días, de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo. Estos casos exhiben la indefensión en la que se desenvuelve el ejercicio periodístico, pero mal haríamos en señalar la actuación de las mafias como única causa de las desgracias gremiales.

Hay que felicitarnos de que la prensa del viejo régimen haya pasado o esté en trance de pasar a mejor vida. Aquellas empresas periodísticas que tenían a orgullo sus buenas relaciones con el gobierno y su perruna fidelidad al Presidente en turno son cosa del pasado. Qué bueno, pero anotemos que entre los saldos indeseables de ese final de época esté la quiebra de varias empresas del ramo, el desempleo y la pérdida de salario y prestaciones de los trabajadores.

En otros casos, como ocurre en el Canal 40, la ineptitud de la empresa ha lesionado durante años a los trabajadores, que ahora han decidido emplear el arma legal de la huelga para obligar a su patrón a pagar el adeudo de más de seis meses de salarios. Hay que decir que el Canal 40, candil de la calle, ha realizado una labor informativa y crítica que se agranda por las limitaciones que se autoimponen los dos grandes consorcios de la televisión, pero ninguna libertad puede florecer al precio de escamotear a los trabajadores el salario, indispensable para mantener y reproducir la fuerza laboral.

Los periodistas tenemos responsabilidad legal por lo que publicamos y hemos de sopesar cada palabra para no entrar en el campo de lo punible. Los códigos están llenos de sanciones que penden sobre lo que decimos quienes estamos en los medios. Sin embargo, durante el viejo régimen todo aquello era letra muerta, pues bastaba la intervención del gobernante para silenciar a los medios respondones o para mandar al desempleo al periodista indócil. Tan fue así, que desde los años veinte hasta los noventa no hubo un juicio contra periodistas o periódicos que llegara a la última instancia. No era necesario.

Sin embargo, hoy se han generalizado las demandas contra colegas y publicaciones. Sin defender en modo alguno ese "periodismo" que se mete bajo las sábanas y escudriña en la intimidad de los personajes públicos, es obvio que la demanda de Marta Sahagún contra Olga Wornat y la revista Proceso no contribuye a la distensión de las relaciones entre prensa y poder. Es más sano dejar a los lectores y no a un tribunal el juicio último sobre los que mezclan materia excrementicia con la información. En el caso del tráfico de influencias o mal uso de recursos públicos, toca a las figuras públicas defenderse y hacer los deslindes necesarios. Pero no parece sensato hacer de un libro mediocre el eje de nuestra vida pública.

Hasta ahora, en México habíamos evitado caer en algo que es común en Estados Unidos: juzgar la actuación pública a partir de que la vida privada de un funcionario o de su familia no se ajusta a las normas morales de ciertos sectores sociales. No es fácil separar una cosa de la otra. Lo cierto es que el periodismo nos pone todos los días ante dilemas éticos para los cuales no hay un manual que permita optar por el mejor camino, pero hasta ahora había sido el gremio el que había sabido confinar ese periodismo soez e indeseable a los bajos fondos del oficio. Lo mejor sería dejar que siguiera ahí.

Un problema más serio, por la confrontación directa que implica, es la embestida de algunos gobernadores que a su arbitrio disponen de los dineros públicos para favorecer a medios complacientes mientras tratan de ahogar a los órganos que muestran independencia de criterio. El artículo sexto de la Constitución dice que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Después de un cuarto de siglo ese derecho no ha podido ser reglamentado, pero se trata del derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.

Lamentablemente, hasta ahora en algunas entidades se emplean los recursos públicos para hacer publicidad en beneficio de las autoridades, no para garantizar que los ciudadanos estén bien informados. En ciertos estados lo frecuente es que bajo amenazas y diversas formas de coerción se obligue a los medios a no publicar información u opinión que el gobernante juzga adversa.

En San Luis Potosí, el gobernador panista Marcelo de los Santos ya consiguió que quedara fuera del aire el programa radial Zona Crítica 750 y de plano niega al periódico La Jornada San Luis no sólo publicidad, sino incluso la información que se le solicita y hasta los ordinarios boletines de prensa. Este periódico es dirigido por Julio Hernández López, un colega apreciado por su rigor profesional y valentía. Pero el señor gobernador De Los Santos no quiere comprar espacio para publicidad, sino en realidad todo el periódico y a sus directivos, de ahí el boicot que ha declarado contra el citado rotativo. Para mayor desagrado del "gobernador", los lectores ya salieron a la calle dispuestos a defender su derecho a estar informados.

En Oaxaca las cosas no están mejor. Ahí, el periódico Noticias ha resistido heroicamente el embate de dos gobernadores, pues sus problemas empezaron cuando Nelson Murat desgobernaba la entidad y han continuado ahora, con la irrefrenable vocación caciquil del señor Ulises Ruiz, el mismo que sin el indispensable permiso del INAH y por encima del ayuntamiento y de la opinión pública decidió reconstruir el zócalo de la vieja Antequera, pues los priístas bien saben que las obras públicas proporcionan el lubricante del sistema, y mucho se va a necesitar para hacer candidato del PRI a Roberto Madrazo, por quien ha echado su resto el Ejecutivo oaxaqueño.

Para perjudicar a Noticias, las autoridades del estado primero presionaron a su director, Ericel Gómez Nucamendi. Le regatearon la publicidad e intentaron que otros anunciantes le declararan un boicot. Como eso falló, un grupo de paracaidistas movidos desde el gobierno tomó por la fuerza el predio donde Noticias guarda papel y otros insumos y, por si algo faltara, las autoridades empujaron a un liderzuelo de la CROC para que declarara la huelga en la empresa, lo que fue rechazado terminantemente por los trabajadores, que en defensa mutua han mantenido una solidaridad ejemplar con la empresa.

Lo anterior tiene todos los rasgos de una crisis propia de la transición. El viejo régimen se cayó en pedazos, pero subsisten muchas de sus lacras. La libertad de expresión está sometida a una dura prueba en amplias porciones del país, pero los periodistas, algunos medios y los lectores hemos aprendido que las libertades se conquistan y se defienden todos los días. Así ha de ser en esta ocasión frente al poder de caciques como Marcelo de los Santos o Ulises Ruiz, contra la furia homicida de los capos del narcotráfico y aun frente a la abulia y la corrupción de las autoridades.