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L
I B R E T A D E A P U N T E S
Caledoscopio de voces
Ley
Televisa
Omar
Raúl Martínez
Presidente
de la Fundación Manuel Buendía,
director
de Revista Mexicana de Comunicación
y
profesor de periodismo de la FES Acatlán
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La aprobación senatorial a la iniciativa para
reformar las leyes de radio y TV y de telecomunicaciones representa
una claudicación del compromiso social del poder político
frente a los privilegios del poder mediático.
Lo que más ofende
es la cerrazón y sinrazón para aprobar una propuesta
de ley que nunca alcanzó consenso alguno y, peor aún,
sí consiguió un sinnúmero de sólidas
críticas, opiniones adversas e incluso propuestas para mejorarla.
Absolutamente nada de lo planteado por diversos organismos sociales,
centros académicos, asociaciones gremiales y hasta entidades
como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Federal
de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia,
la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales y la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue tomado en
cuenta por parte de los senadores, pese a que ellos mismos abrieron
un foro de consulta supuestamente tendiente a mejorar el diseño
del proyecto legislativo. El 74% de los consultados exigieron cambios
a fondo e hicieron patentes las desventajas sociales, jurídicas,
políticas y de mercado en caso de aprobarse la iniciativa
tal y como fue enviada desde la Cámara de Diputados.
No obstante ello, las cabezas senatoriales de las bancadas panista
y priísta hicieron oídos sordos. Soslayaron la voz
de sectores diversos de la sociedad. De hecho, renunciaron a su
primigenio papel de representantes del pueblo; claudicaron en su
función de interlocutores sociales y políticos; se
sometieron a los intereses y presiones indirectas o potenciales
de la industria de la radio y la televisión.
Se privilegiaron los intereses empresariales de las televisoras
por encima de las preocupaciones y demandas sociales. Se desoyeron
las demandas de los medios públicos y comunitarios, a los
que -frente a la búsqueda de sobrevivencia digna y mejoramiento
programático- simplemente se les omite para cerrarles el
paso y obstaculizarles su futura modernización.
Aunque difícil de comprobar la corrupción económica
de los legisladores que avalaron la nueva ley, sí se puede
hablar de corrupción moral. Porque ¿cómo interpretar
la negativa a incorporar las demandas ciudadanas, académicas,
gremiales y del propio Estado o, por lo menos, algunas sugerencias
para evitar el soslayo a temas medulares como la concentración
mediática o el impulso a los medios públicos?
Crestomatía
Muchas y variopintas fueron las voces que se manifestaron y reflexionaron
en torno a la polémica Ley. Para tener una visión
más completa y franca sobre el tema, conviene asomarse a
las distintas perspectivas críticas publicadas en la prensa
nacional:
La aprobación, por parte del Congreso de la Unión,
de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, conocidas
popularmente como la Ley Televisa, demuestra cómo el Estado
ha sido superpuesto por uno de los poderes fácticos: los
medios de comunicación electrónica.
Lo ocurrido el 31 de marzo en el Senado -añade Jaime
Cárdenas-, no sólo implica a esas leyes, sino a
la misma concepción del Estado, pues los poderes formales
han sido usados para favorecer a los poderes informales que no rinden
cuentas a la sociedad ni han sido elegidos popularmente. Se trata
de la destrucción del mismo 'principio de la soberanía
popular, la democracia y el Estado de Derecho.
[...] La Ley Televisa privatiza bienes del dominio público;
mercantiliza el espacio radioeléctrico; concentra en pocas
manos bienes públicos; no otorga autonomía real a
la Cofetel; sustrae de la participación en los procedimientos
de concesión respecto de nuevas tecnologías, a los
actores que ahora dominan el mercado; privilegia a los concesionarios
sobre los permisionados; hace a un lado las voces ciudadanas; no
legisla sobre televisión pública, cultural y radio
comunitaria; no contempla derechos ciudadanos, como el derecho de
réplica; amarra de manos al futuro Presidente, pues Fox hará
los nombramientos de los comisionados de la Cofetel; en materia
electoral hace del IFE una caja de cobro; permite contra el Cofipe
que los candidatos contraten tiempos de radio y TV, y un largo etcétera
de fallos y horrores contra la democracia y el Estado de Derecho.1
En materia de radio y televisión -sostiene por su
parte Miguel Ángel Granados Chapa-, el presidente Fox
no dejará sus funciones el próximo 30 de noviembre.
Por interpósitas personas, seguirá gobernando en esa
materia hasta dentro de 16 años, en el 2022. De ese modo
garantizará a mediano plazo los intereses del duopolio de
la televisión y de los grandes grupos radiofónicos,
que se aseguraron contra cualquier cambio próximo en los
aires políticos e institucionales del país. Quedaron
blindados mediante una ley redactada por sus escribanos, cuya aplicación
estará a cargo de funcionarios escogidos con esa precisa
finalidad.2
La Ley Televisa -asegura Luis Javier Garrido- es contraria
al principio constitucional de que la nación debe preservar
el control estratégico del espectro radioeléctrico
y de las telecomunicaciones, y el Estado ha de ser el rector y garante
del derecho a la información, y tiene un carácter
ilegal pues entrega las facultades públicas de otorgar las
concesiones a un ente privado, que es presuntamente "autónomo"
pero está sometido de hecho a los poderes transnacionales
(como es el caso del Banco de México), la Cofetel, que representará
los intereses monopólicos de Televisa, los cuales salen fortalecidos
al asegurársele al consorcio la dominación del espectro
de las telecomunicaciones por muchas décadas.3
El mensaje que esos senadores [Diego Fernández de
Cevallos, Emilio Gamboa Patrón y colegas de sus propios partidos]
y su coro enviaron a la ciudadanía fue el siguiente: la
opinión pública no cuenta, el Senado no es un órgano
de representación popular sino privada y la soberanía
nacional se puede regalar sin problema. El complemento de esa decisión
corrió por cuenta del Jefe del Ejecutivo: respetuosísimo
de la división de poderes y contrario a su costumbre, cerró
la boca.
Como en ninguna otra ocasión -agrega René Delgado-,
los senadores fueron advertidos por infinidad de voces del agravio
que cometían al aprobar, en sus términos, el dictamen
de reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones.
Especialistas, académicos, diputados distraídos pero
arrepentidos, funcionarios comprometidos con el servicio público
les dejaron ver el error y con toda atención los oyeron,
pero no los escucharon.
Los parlamentarios renunciaron a su deber: no legislaron, nomás
ratificaron el error de los diputados argumentando que eso era mejor
que nada. Nomás que, en este caso, nada sí es peor,
que peor es nada. Primero los diputados y luego los senadores privatizaron
su representación popular para aprobar una ley diseñada
a la medida de un negocio de particulares.4
¿Por qué esa premura? -se pregunta y responde sin
tapujos el columnista Ricardo Alemán- Por una razón
elemental. Resulta que está por terminar la actual legislatura,
y si la Ley Televisa no se aprueba en ese periodo, se habría
agotado el carácter estratégico de uno de los instrumentos
fundamentales de la presión que ejerce dicha empresa de medios
sobre partidos políticos, políticos profesionales,
legisladores y, sobre todo, candidatos presidenciales. Sí,
por absurdo e increíble que parezca, una temporada electoral
como la que vivimos es el mejor momento para impulsar una reforma
a las leyes de radio y televisión.
¿Por qué? Por eso: porque en los actuales tiempos
electorales, los partidos políticos y los candidatos a puestos
de elección popular, y sobre todo los candidatos presidenciales,
están a merced de medios de comunicación electrónica
como la TV, en este caso Televisa. ¿Quién de los aspirantes
presidenciales, a senadores y diputados se atrevería, en
pleno proceso electoral, a cuestionar el carácter parcial
y nada social de las reformas, a enfrentarse a esa poderosa empresa?
Nadie se atreve, puesto que cualquiera que reniegue de Televisa
corre el riesgo de que el imperio de Azcárraga Jean le monte
una contracampaña capaz de destruir hasta el más popular
de los presidenciables.5
Queda un sabor amargo para todos -apunta Roberto Zamarripa-.
La Ley Televisa se tradujo en un sólido golpe a
la credibilidad de los políticos y los medios. Es pueril
pensar que la complejidad técnica de las reformas hizo inentendible
en la población el debate y sus consecuencias.
Lo que sedimenta esta decisión es la percepción
del abuso. Un abuso más, otra tomadura de pelo, una confabulación
de políticos y empresarios, un enjuague que incluye tontos
útiles, timadores, hipócritas, olvidadizos, abusivos
y algunos rebeldes retadores.6
La nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones -asienta
el escritor Federico Reyes Heroles- es una victoria pírrica
para los grandes consorcios, una vergüenza para los legisladores,
una sombra de sospecha para los dos partidos con mayor presencia
y una oscura mácula en el juicio histórico de Fox.
Se trata de uno de esos enjambres de los cuales nadie puede salir
victorioso.
[...] Basta con releer los párrafos iniciales de las funciones
del órgano regulador para comprender que se le concibió
casi como un consejo consultivo. ¿Qué es esto? A la
vergüenza de los señores diputados con su histórica
aprobación en el más veloz fast track del que se tenga
memoria, habrá que sumar la también histórica
sesión donde la consigna fue no modificar una sola coma para
no volver a abrir la discusión. Vergüenzas todas.7
Parafraseando a Neruda -reflexiona con tino el politólogo
Lorenzo Meyer-, hoy se podrían escribir las líneas
más tristes sobre la sustancia de nuestro sistema político.
Y este ánimo sombrío nace de la reflexión en
torno a las implicaciones, las razones y las reformas en que se
llevó a cabo el proceso de elaboración y aprobación
en el Congreso de la llamada Ley Televisa. Este proceso iniciado
hace cuatro años, y encaminado a modificar el viejo marco
jurídico que regula una de las actividades que más
ha marcado el carácter de nuestra sociedad al final del siglo
pasado e inicio del actual -la comunicación instantánea
y la difusión masiva de la información-, revela, como
pocas veces, la esencia de la actual estructura política
mexicana. Esencia que finalmente resulta muy similar a la del antiguo
régimen: francamente plutocrática, contraria al interés
mayoritario y que refuerza una desigualdad social tan profunda como
centenaria.
[...] En este caso, el proceso político culminó
con el triunfo absoluto y diáfano de los intereses de un
poderoso duopolio televisivo sobre los de la mayoría consumidora
y de la nación. El objetivo sustancial de esta reforma, que
fue elaborada por los asesores de la mayor cadena de televisión,
no es "el bien común" sino asegurar la posición
privilegiada de las dos grandes cadenas privadas televisivas ante
un futuro inmediato al que las elecciones hacen muy impredecible.
El proceso que tuvo lugar en México en torno a la legislación
sobre televisión, radio y telecomunicaciones permite, en
el estilo de los que se usan en la escuela de negocios de Harvard,
que se le pueda emplear como un perfecto "caso de estudio"
sobre la naturaleza de la política de los grupos de presión
en situaciones de debilidad del Estado.8
Esta reforma -plantea Alberto Azíz Nassif- es altamente
sospechosa. Llegó a la Cámara de Diputados y en dos
días, con la dispensa de todos los trámites, se aprobó
por unanimidad. Los diputados ni siquiera leyeron, no entendieron
de qué se trataba; esa es la diferencia con el Senado, que
durante varios meses realizó foros, consultas y seminarios
de análisis, lo cual no sirvió, pues no se incorporó
absolutamente nada de todas las propuestas que se hicieron. Pobre
país con esos procedimientos legislativos en donde no hay
la más mínima autonomía para legislar, porque
los intereses dominantes del sector marcan la pauta, elaboran el
guión, mueven los hilos y le piden a los legisladores que
sólo levanten la mano o pulsen el botón para aprobar
su proyecto.
Esos senadores que se negaron a incorporar las críticas
y demandas de la sociedad y del mismo gobierno, de la Cofetel, la
Cofeco, el IFE, el Imer, Canal 11, Radio Educación, Radio
UNAM, y de todos los que agrupan en la Red de Radiodifusores Culturales
y Comunitarios; de sindicatos, periodistas, analistas, expertos
y estudiosos; esos senadores y senadoras, esos diputados y diputadas,
que ni siquiera leyeron para enterarse qué votaron, no merecen
ningún respeto de la ciudadanía; por eso terminarán
su legislatura en el desprestigio. Eran más dignos con la
parálisis de los últimos años.
Parece que ahora sólo queda la lucha ciudadana, la organización
de la sociedad, la protesta, porque una vez más la clase
política ha fallado. 9
NOTAS
1) Jaime Cárdenas, "Poderes
fácticos contra el Estado", El Financiero, 4
de abril de 2006.
2) Miguel Angel Granados Chapa, "Blindaje a
los potentados", Proceso, 2 de abril de 2006.
3) Luis Javier Garrido, "El doblegamiento",
La Jornada, 31 de marzo de 2006.
4) René Delgado, "La privatización
de la política", Reforma, 1 de abril de 2006.
5) Ricardo Alemán, "Televisa, el albazo",
El Universal, 20 de marzo de 2006.
6) Roberto Zamarripa, "XE-despojo", Reforma,
3 de abril de 2006.
7) Federico Reyes Heroles, "Veto", Reforma,
4 de abril de 2006.
8) Lorenzo Meyer, "Poco representativa pero
muy plutocrática", Reforma, 6 de abril de 2006.
9) Alberto Azíz Nassif, "Que Fox vete
la ley", El Universal, 4 de abril de 2006.
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