Algunos analistas suponen que
la violencia desatada contra informadores se
comprende dentro del contexto violento de un
país, y ponen como ejemplo a Colombia...
Pero México no entra en ese cartabón:
rompe abruptamente la regla. Hasta antes del
primero de enero de 1994, nuestro país
no vivía ningún conflicto armado
desde hace poco más de seis décadas.
Sin embargo, para entonces ya se contabilizaban
40 comunicadores ultimados desde el inicio del
sexenio salinista. ¿Cómo puede
explicarse este fenómeno? O mejor dicho:
¿Qué explicación puede
o debe darse? ¿Cuál es el trasfondo
de ese escenario? ¿El auge de la narcopolítica?
¿La lucha sin cuartel por cotos caciquiles?
¿La "inseguridad" de funcionarios
gubernamentales? ¿La resistencia dinosáurica
del sistema político? ¿La "imprudencia"
de algunos periodistas?...
Veamos las cifras: de acuerdo
con un estudio realizado por la organización
Artículo 19, en el gobierno de Luis Echeverría
fueron asesinados seis profesionales de la información;
durante la administración lopezportillista
la cifra ascendió a 12; en el sexenio
de Miguel de la Madrid resultaron muertos 33
informadores; y conforme un minucioso rastreo
hemerográfico de la Fundación
Manuel Buendía, a lo largo del régimen
de Carlos Salinas de Gortari cayeron 46 profesionales
de la tecla informativa. Ello da un total de
97 periodistas asesinados en los últimos
24 años, cifra con la cual México
ocupa el primer lugar en ese terreno a nivel
latinoamericano, arriba de Colombia, con 89,
y Guatemala, con 53.
Desde 1988, la Fundación
Manuel Buendía (FMBAC) se ha dado a la
tarea de rastrear toda información hemerográfica
y documental referente a actos contra comunicadores
a fin de presentar informes periódicos
en los cuales se consignen -no como ociosa tarea
sino como recordatorio y denuncia sistemática-
actos contra la libre expresión, probables
motivos y presuntos o probados responsables.
En esta ocasión emprendimos
un cuidadoso seguimiento sexenal que arroja
datos por cuyo trasfondo no sólo resultan
preocupantes, además suenan apabullantes
y los sentimos dolorosos: cifras, tendencias,
nombres y circunstancias que debieran significar
una luz de alerta para el gremio periodístico.
Lista negra
De diciembre de 1988 a diciembre de 1994, la
FMBAC pudo contabilizar 500 agresiones a informadores
y espacios informativos, y 20 contra empleados
de los medios. De ese total 51 fueron asesinatos:
46 periodistas y cinco trabajadores. De los
46 profesionales de la tecla ultimados, según
las fuentes hemerográficas, 27 cayeron
por motivos desconocidos o no investigados;
nueve por razones ajenas al oficio periodístico;
y 10 por causas aparentemente vinculadas a su
trabajo profesional. De los cinco empleados
asesinados, cuatro lo fueron por razones no
aclaradas a plenitud, y uno por robo.
Hechos y oficios
Del análisis de datos
se desprende que del total de los 520 agravios,
43.8% fueron ataques y agresiones físicas
y verbales al momento de cubrir la información
o de intentar hacerlo; 16.7% resultaron ser
amenazas o actos de intimidación para
orientar el tipo de cobertura o por trabajos
precedentes; en orden porcentual, los asesinatos
ocupan el tercer sitio con un 9.8%; continúan
incidentes tales como asaltos y detenciones,
cada uno con 8.4%; actos de censura, con 4.2%;
allanamientos, con 3.6%; secuestros, con 3.5%;
restricciones, con 2.3%; cesantías, con
2.1%. Y con cuantías menores al 2% se
ubican hechos como demandas penales, atentados,
suspensiones, renuncias inducidas, confiscaciones,
presiones de despido, etcétera.
La tarea reporteril continúa
siendo la más riesgosa del oficio informativo:
de los casos registrados, 30.9% correspondió
a reporteros, 10.6% a fotoreporteros, 10.6%
a directores de medios, 6.1% a corresponsales,
y un 13.6% a periodistas cuya especialidad no
definen las fuentes. Con porcentajes decrecientes
se ubican conductores, columnistas, camarógrafos,
articulistas, comentaristas, editores, entre
otros.
Epocas difíciles
Los años más difíciles
para los reporteros fueron sin duda 1991 (34.2%,
del total de agresiones ocurridas en ese año),
1993 (36.4%) y 1994 (31.0%). Curiosamente 1991
fue año de elecciones federales para
diputados y senadores, así como de comicios
por la gubernatura en varios estados. Por su
parte, 1993 fue un año sumamente complejo
dada la tensa atmósfera previa a las
elecciones presidenciales. Y el 94 constituyó
uno de los años más difíciles
por la serie de eventos que lo significaron:
el levantamiento zapatista, los asesinatos políticos
y los comicios por la Presidencia de la República.
¿Se trata de una casualidad?
Otra coincidencia "curiosa"
consiste en que a lo largo del sexenio de Carlos
Salinas, el 39.8% de los informadores y empleados
agraviados pertenecía a las filas de
los medios impresos; 33.5% a diversos medios;
10.6% trabajaba en la televisión; 8.4%
en la radio; y en un 6.7% la fuente no lo indicó.
Ello sugiere fehacientemente que la auténtica
batalla por la libertad de expresión
se está librando en la prensa frente
a la deleznable sujeción de una buena
parte de las emisoras de radio y TV.
Motivos
Los móviles de los agravios apuntan de
manera indefectible al ejercicio periodístico
de los informadores: 39.7% resultó agredido,
amenazado, injuriado o fue objeto de restricciones
al tratar de cumplir con su deber profesional.
Un 20.5% se hizo merecedor a similares afrentas
por hacer públicas denuncias o críticas,
en tanto que de un 20.3% se desconocen las razones.
Con menores porcentajes continúan asaltos,
supuestos delitos contra la salud, difamaciones,
evasiones fiscales, conflictos laborales, supuestas
venganzas políticas, crímenes
pasionales... Aquí vale la pena señalar
que no es infrecuente que se traten de alejar
las hipótesis lo más posible del
oficio de la tecla y se escuchen, por ejemplo,
que los motivos aparentes se vinculan a "problemas
de ebrios", "situaciones personales",
"el narcotráfico" o "líos
de transexuales."
Agresiones
Por lo que se refiere a los
presuntos y más seguros responsables
de los agravios, de acuerdo con la base hemerográfica,
el 31.7% fueron identificados como pertenecientes
a las fuerzas del orden (policías, judiciales,
patrulleros, granaderos, etcétera); 19.6%
de los autores de las agresiones no pudieron
ser identificados; 17.1% fue gente de instituciones
gubernamentales (autoridades municipales, jefes
de prensa, directivos menores, etcétera);
6.7% correspondió a personas de partidos
políticos y sindicatos; otro 6.7% fueron
particulares; 6.3% pertenecía a grupos
políticos y sociales diversos; y un 5%
eran directivos de medios.
Lugares
Al examinar la distribución
geográfica de los 520 casos de agresión
ocurridos entre 1988 y 1994, encontramos que
el Area Metropolitana fue la zona que aglutinó
el mayor porcentaje con 32.2%. Y en orden descendente
se ubican el Sur Peninsular, con 19% (Chiapas,
7.7%; Guerrero, 4.0%; Tabasco, 3.3%; Quintana
Roo, 1.3%; Oaxaca, 1.2%; Campeche, 1.0%; Yucatán,
0.6%); Area Noroeste, con 13.6% (Chihuahua,
3.8%; Sonora, 2.9%; Nayarit, 2.3%; Baja California,
2.1%; Sinaloa, 1.2%; Durango, 1.0%; BC Sur,
0.4%;); Area Noreste, con 13.2% (Tamaulipas,
6.3%; Coahuila, 2.9%; Nuevo León, 1.7%;
San Luis Potosí, 1.0%; Zacatecas, 0.8%;
Guanajuato, 0.6%); Area Centro Occidente, con
12.3% (Estado de México, 4.2%; Michoacán,
3.1%; Jalisco, 2.3%; Aguascalientes, 1.5%; Querétaro,
0.8%); y el Area del Golfo, con 9.2% (Veracruz,
3.3%; Morelos, 2.9%; Hidalgo, 1.5%; Puebla,
1.2%, Tlaxcala, 0.4%). Como la mayor parte de
los medios impresos consultados para esta investigación
se editan en la ciudad de México, es
dable pensar que no siempre publican vasta información
de las regiones, lo cual permite sugerir que
los registros constituyen una muestra -tamizada
por un filtro centralista- de lo que realmente
ocurre en toda la República Mexicana.
Aun así, el estudio representa un acercamiento
fiel a la compleja realidad del trabajo periodístico
en México. Y por ello es bastante sintomático
que justamente sea la zona metropolitana la
que ocupa el sitio más relevante respecto
al número de incidentes contra la libre
expresión, pues resulta evidente que
varios de los medios impresos y contadísimos
espacios radiofónicos que se distinguieron
por ejercer y extender la libre expresión
sin ambages y por conquistar la confianza y
la credibilidad de un creciente público,
se editan y emiten en la capital. Pero también
resulta altamente significativo el hecho de
que el Sur Peninsular, compuesto por los estados
con mayores rezagos económicos y con
ancestrales estructuras de poder caciquil, se
coloque en segundo lugar. Significativo porque
tal situación parece confirmar una resistencia
de los poderes locales a que haya informadores
y medios comprometidos con los intereses de
la comunidad en territorios donde las injusticias
son el pan de cada día. Ello además
corrobora las palabras de Manuel Buendía,
quien decía: "Allá, en los
pueblos del interior, es donde el periodismo
requiere auténtica valentía personal,
porque las banquetas son demasiado estrechas
para que no se topen de frente -por ejemplo-
el periodista y el comandante de policía
de quien aquel hizo crítica en la edición
de esa misma mañana. [...] Allá,
en los estados, donde los estrechísimos
círculos del poder local acogotan la
economía de los editores combativos y
pretenden lastrar el desempeño de los
editores comprometidos, el ejercicio del periodismo
reclama una entereza excepcional".
Epílogo
Así pues, es innegable
que en los últimos seis años se
ensanchó valerosamente el ejercicio crítico
de la libertad de prensa. No obstante la factura
pareciera bastante amarga: 520 agresiones tan
sólo en ese periodo no es ni justificable
ni admisible. Y el panorama se complejiza en
la medida que las autoridades pocas veces ahondan
en las investigaciones. Si de los 46 periodistas
asesinados, por ejemplo, se desconocen los móviles
de 27, en tanto no se compruebe lo contrario
es posible suponer que hayan caído por
razones vinculadas al oficio informativo. Como
ha podido constatarse, son numerosos los casos
en los que se ignoran las motivaciones reales
y los responsables: tal escenografía
ya no puede ni debe aceptarse. La impunidad
que se oculta pusilánimemente y los gestos
de intolerancia que nunca escasean, pudieran
ir en aumento si el gremio periodístico
no reacciona con mayor energía y decisión
para hacer frente a los intentos de ensombrecer
e inquietar el ejercicio de la libre expresión.
