Análisis del seguimiento contra la libertad de expresión

Omar Raúl Martínez

Director de Revista Mexicana de Comunicación, presidente de la Fundación Manuel Buendía
y profesor de periodismo en la FES Acatlán de la UNAM.

Si algo queda claro de los actos contra periodistas y medios de comunicación en México durante 2007, es que el clima de agresiones, acecho, presiones e intimidación no sólo se mantiene sino que ahora sale a flote otro ingrediente que viene a enrarecer el escenario: más de la quinta parte de esos incidentes cobija su autoría en el anonimato.

En otras palabras: frente a la de por sí grave impunidad que reina en materia de libertad de expresión, hoy se suma el dato que refiere que en 23% de los casos registrados en 2007 se desconoce a los presuntos o seguros responsables, la cifra más elevada que se recuerde en tal rubro en la última década.

Ciertamente preocupa que, en el reciente cuatrienio, se mantenga la tendencia de los actos públicos o embozados a periodistas y entidades mediáticas, pero ante ello no puede dejarse de lado que el renglón de “desconocidos” encabece la lista de presuntos autores intelectuales o materiales de los actos contra las libertades informativas. Porque ello evidencia a todas luces que la forma embozada de coartar el libre ejercicio del periodismo empieza a ganar mayor recurrencia, y porque paralelamente supone la omisión, inacción o ineficacia de la procuración de justicia.

La anterior es una línea de interpretación que salta a la vista en el presente análisis, realizado por la Fundación Manuel Buendía AC y Libertad de Información México AC, con el apoyo de otros organismos civiles, que pretende ofrecer las coordenadas mínimas para entender cómo y bajo qué condiciones y obstáculos se ejercieron en nuestro país las libertades de expresión e información durante 2007.

Perspectiva global

De acuerdo con nuestro monitoreo, se registraron 113 casos en 2007. De tal universo, la mayor parte (86.7%) correspondieron a ataques públicos o embozados: 75.2% a periodistas y 11.5% a medios. El restante 13.3% lo constituyeron hechos que pudieran significar inhibición o presiones al quehacer informativo en general. (Véase, en esta misma edición, la metodología aplicada para el presente análisis).

Los incidentes con mayor recurrencia fueron las amenazas e intimidaciones, con 30.1%, y las agresiones físicas, con 24.8%. Con menores cuantías figuran los atentados (8%), las detenciones (5.3%), los asesinatos (4.4%) y los actos de censura (4.4%).
Así, pues, 2007 fue un periodo sin duda violento no sólo por lo que muestran estos datos, sino además porque hubo cinco asesinatos y cuatro desapariciones de periodistas.

Los impresos continúan siendo los medios que más agresiones y amenazas reciben (62.8%), específicamente al momento de ejercer su labor informativa (31.9%) y por sus contenidos publicados (26.5%).

Pero lo que inquieta y llama particularmente la atención es lo que arroja el seguimiento de los presuntos responsables: de acuerdo con las fuentes hemerográficas y documentales consultadas, 23% de los casos se atribuyen a “desconocidos” y 8.8% a “supuestos narcotraficantes”. Ello, desde luego, no impide resaltar que el Poder Público continúa a la cabeza, con 49% de incidencias, como principal actor que vulnera las libertades informativas, al englobar fuerzas del orden (22.1%), funcionarios de gobierno (21.2%) e intituciones gubernamentales (6.2%).

Sólo periodistas

Como antes se refería, del universo de casos consignados (113), 86.7% correspondieron a periodistas y 13.3% a medios de comunicación en general (es decir, no se dirigieron a una persona específica).

De los 98 incidentes contra informadores, 31.6% fueron amenazas y actos de intimidación, 28.6% agresiones físicas, y le siguen atentados (6.1%), asesinatos (5.1%), desapariciones (4.1%), entre otros.

De los 98 casos referidos, 23 fueron contra reporteros, 13 contra profesionales de la lente (fotógrafos y camarógrafos), 12 contra corresponsales y 11 contra directores, entre varios más, lo cual patentiza el afán de algunos actores políticos o sociales o del crimen organizado por inhibir el trabajo periodístico al momento de cubrir la información (36.7%) y por contenidos ya publicados (26.5%). A este respecto conviene subrayar que los periodistas con mayores presiones, golpes y amenazas fueron los adscritos a las fuentes policíaca (38.8%), política (33.7%) y de información general (15.3%).

Al analizar la procedencia de los actos contra periodistas, es posible advertir que si bien el Distrito Federal encabeza la lista con 12.2% de incidencias, estados como Oaxaca (10.2%), Chiapas (7.1%), así como Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora y Tamaulipas (cada uno con 6.1%), como en años anteriores, continúan apareciendo en los primeros lugares.

En los últimos dos años, especialmente destacan Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora y Puebla, por las circunstancias adversas impuestas desde las esferas de gobierno, aunque no pueden desdeñarse las amenazas y presiones de los cárteles del narcotráfico en el norte del país que suelen presentarse en entidades como Baja California y Tamaulipas.

Sólo medios de comunicación

De los 15 casos consignados contra medios de comunicación en 2007, 13 correspondieron a ataques públicos o embozados. De éstos últimos, 3 fueron amenazas e intimidaciones, 3 atentados, 2 actos de censura, 2 tomas de señal, bloqueo informativo, 1 confiscación y 1 robo. Por lo que se refiere a actos inhibitorios, pudieron anotarse dos: un bloqueo publicitario y un cierre temporal o clausura.

Cuatro de tales actos se presentaron debido a los contenidos difundidos, otros 4 por posibles contenidos, y de 3 se desconocen los presuntos motivos.

La mayor parte de los incidentes enfocados a los medios ocurrieron a los impresos (60%) y 33.3% a la radio.
Y en el rubro de la procedencia destacan Sonora (26.7%), Distrito Federal (20%) y Guerrero (20%).

Tablas de contingencia

Al profundizar en el análisis con el cruce de variables registradas, podemos detectar interesantes tendencias inevitables de soslayar, por ejemplo: que es en la fuente política donde los reporteros reciben el mayor porcentaje de amenazas e intimidaciones (12.2%); que las fuerzas del orden son las que infligen el mayor número de agresiones físicas (11.2%); que entre los ataques públicos o embozados a periodistas, destacan las amenazas e intimidaciones (31.6%) y las agresiones físicas (28.6%); que en la fuente policíaca, las fuerzas del orden suelen ser los principales presuntos responsables (22.4%); que supuestos narcotraficantes, funcionarios de gobierno y personas anónimas se reparten en iguales porcentajes (20% cada cual) la presunta responsabilidad de los actos contra medios de comunicación; y que, de todos los medios, la prensa concentra el mayor número de amenazas (21.4%).

Palabras finales

Si bien resulta fundamental prender los focos rojos en torno a la violencia desatada contra periodistas y medios de comunicación, no pueden minimizarse de ninguna manera los actos que pudieran significar o presiones al ejercicio periodístico porque éstos no sólo tienden a inducir a la autocensura del medio afectado, sino que a la postre lanzan una señal de inhibición al resto de los medios informativos. A ese respecto vale la pena referir el caso del El Sur de Acapulco que se erige hoy en un caso paradigmático de los artilugios del poder político para imponer mecanismos indirectos de censura al quehacer periodístico, tales como demandas, boicot publicitario, presiones fiscales, cerrazón informativa...

El tema de la libertad de expresión, pues, no se limita a las agresiones a informadores, ya que existen otros linderos menos aparatosos pero que igual o mayor daño infligen al sistema democrático: por ejemplo, la concentración en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, y la discrecional y parcial asignación publicitaria.

La inmovilidad legislativa en tales terrenos sientan tierra fértil para la “represión silenciosa” hacia algunos medios y espacios informativos que no se pliegan a los intereses de los poderes económicos y políticos. El estimular la pluralidad en los espacios de difusión informativa y de análisis, también es un asunto del Poder Legislativo.

El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:

Martínez, Omar Raúl, "Análisis del seguimiento contra la libertad de expresión en México", en Informe Buendía: Análisis hemerográfico y documental sobre actos contra la libertad
de expresión en México, edición de marzo, México, 2008.