Reportajes
elaborados a partir de la Ley de Transparencia
Acecho presidencial
Daniel
Lizárraga
Reportero de la revista Proceso
Apenas
fue declarado presidente electo Felipe
Calderón, la panísta Laura
Ballesteros creó dos empresas;
una de ellas obtuvo un sospechoso contrato
con el equipo de transición para
realizar un "estudio" sobre
el Congreso, y la otra empresa se encargó
de comenzar el trabajo. Sin embargo,
en palabras de los mismos funcionarios
que lo encargaron y pagaron por él
casi 3 millones de pesos con recursos
públicos, ese documento es "inexistente",
En
el equipo de transición gubernamental
que encabezara Felipe Calderón
como presidente electo, se cometió
una malversación de recursos
públicos, al pagarle a una empresa
privada para que realizara un estudio
político, de cuya entrega no
existe constancia oficial.
Como
integrantes de una asociación
civil de fachada --Consultores en Diseño
de Estrategias Político-Legislativas--,
varios panistas se encargaron de elaborar
desde finales de 2006 el perfü
político y personal de cada uno
de los diputados y senadores con los
que el gobierno de Calderón negocia
ahora sus reformas estructurales.
Mediante
engaños obtuvieron los datos
personales, las agendas políticas
y los grupos de influencia de los legisladores,
así como su proclividad a negociar
específicamente la reforma energética,
Luego
de que se publicara la primera parte
de la investigación sobre este
asumo (Proceso 1599), una fuente
anónima entregó en la
redacción del semanario un CD
con 204 grabaciones de entrevistas a
diputados y senadores. Ellos, consultados
por este reportero, reconocieron que
esa asociación civil los encuestó.
Gerardo
Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina
de la Presidencia y quien se desempeñó
como coordinador técnico del
equipo de transición, firmó
una factura fechada el 7 de noviembre
de 2006 para darle luz verde al pago
de la consultoría.
Sólo
cuando el Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública
(IFAI) les ordenó buscar minuciosamente
la información solicitada por
Proceso, los cuatro hombres
y dos mujeres más cercanos a
Felipe Calderón reconocieron
que el trabajo, denominado Estudio
cualitativo y análisis sobre
la composición de la LX Legislatura
del Congreso de la Unión
no está en sus archivos.
Aparte
de Ruiz Mateos, en el caso está
directamente involucrada María
del Carmen Urzaiz. actualmente directora
de Análisis Técnico de
la Coordinación General de Administración.
Como
delegada del equipo calderonista en
el fideicomiso público destinado
al relevo presidencial, ella se encargó
de dar seguimiento a los contratos y
no debió permitir que se contratara
a una asociación civil que.de
acuerdo con la investigación
periodística iniciada desde diciembre
de 2006, desde entonces presentaba serias
irregularidades.
El
28 de marzo, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) encontró
anomalías en el manejo de los
recursos públicos destinado a
la transición gubernamental.
En
su informe de la cuenta pública
de 2006, la ASF destacó que se
adjudicaron 22 servicios -no especificó
el tipo- por 42 millones 300 mil pesos
sin que se acreditaran los criterios
de economía, eficacia, imparcialidad
y honradez.
El
informe, presentado a la Cámara
de Diputados, señala a María
del Curaren Uzaiz como la responsable
de indicar a que empresas y servicios
se debía contratar.
Según
los primeros reportes periodísticos,
el informe consta de 14 tomos. En uno
de ellos se destaca que nueve contratos,
por un monto sumado de 23 millones 186
mil pesos, no están vinculados
con el cambio de administración.
El
entonces presidente Vicente Fox y la
anterior legislatura aprobaron dotar
de 150 millones de pesos al equipo de
transición de Felipe Calderón.
De ese monto, 130 millones se destinaron
al presidente electo y los restantes
20 se depositaron, en las cuernas del
Estado Mayor Presidencial. El cheque
con el que se pagó a Consultores
en Diseño de Estrategias Político-Legislativas
es de Banjército.
Al
respecto, la Dirección de Comunicación
Social de la Presidencia denegó
a este semanario una entrevista con
Gerardo Ruiz. Se sabe, sin embargo,
que se trata de un tipo duro, de difícil
trato y de pocas palabras. Ha participado
en las campañas presidenciales
de Vicente Fox, cuando operó
desde la dirigencia panista, y de Felipe
Calderón, en la cual manejó
los donativos en especie.
El
doble juego
El
24 de junio de 2007, Proceso
(número J599) publicó
las irregularidades de la asociación
civil Consultaría en Diseño
de Estrategias político –
legislativas.
Según
el contrato 020/06 obtenido mediante
la Ley de Transparencia, la compañía
tiene su domicilio en Calzada del Hueso
150, colonia El Vergel. Coyoacán,
en la Ciudad de México. Sin embargo,
ese domicilio corresponde a un conjunto
habitacional.
En
la copia de la factura pagada mediante
el cheque 1071247 de Banjército,
Además de la supuesta dirección,
aparece un número telefónico
como referencia. Las personas que levantan
el auricular dicen que ahí no
están las oficinas de la asociación
civil, aunque dicen conocer a Laura
Ballesteros, quien firmó, como
socio administrador, el contrato con
el equipo calderonista.
En
la segunda página del contrato
se asienta que la empresa fue registrada
el 1 de noviembre de 2006, es decir,
ya en pleno período de transición
y siete días antes de suscribir
el acuerdo con Banjército. A
pesar de esto, la consultaría
afirmó cantar con la experiencia
para realizar el estudio y se benefició
del contrato por adjudicación
directa.
La
aplicación de los cuestionarios
a los diputados y senadores arrancó
--según el contrato-- el 8 de
noviembre de 2006. La factura entregada
a Banjército está fechada
el día anterior, lleva la firma
de conformidad de Gerardo Ruiz y tiene
el folio 055.
Este
número de folio hace pensar que
entre el 1 de noviembre, cuando se creó
la empresa, y el día 7,que se
autorizó el pago, la consultaría
realizó medio centenar de trabajos.
En
el Registro Público de la Propiedad
de la Ciudad de México consta
que la empresa se constituyó,
efectivamente, el 1 de noviembre de,
2006. Pero su documentación está
incompleta y le faltaban hojas. Funcionarios
de esta dependencia advienen que debido
a errores en la captura de los datos,
no fue posible localizarla en los tres
primeros intentos que hizo este semanario.
Después
de que Proceso dio a conocer la primera
parte de esta investigación,
Laura Ballesteros distribuyó
en las oficinas de los senadores unas
cartas a nombre de otra sociedad civil,
llamada Observatorio Ciudadano del Poder
Legislativo, una empresa anterior, creada
el 12 de septiembre de 2006, apenas
concluyó la campaña presidencial.
En
el contrato no se consigna que esta
fuera la empresa que trabajó
para el equipo de transición,
pero fue bajo su membrete que se entrevistó
a los legisladores. La relación
entre la Consultorio en Diseño
de Estrategias y el Observatorio Ciudadano
es justamente la representante de ambas,
Laura Ballesteros.
En
la correspondiente acta del Registro
Público de la Propiedad (folio
753243) consta que Observatorio Ciudadano
del Poder Legislativo fue creada para
realizar proyectos que impulsen "e!
Desarrollo de la cultura democrática
del país promoviendo la participación
de la sociedad”.
Entre
el registro oficial de Observatorio
Ciudadano -mediante la cual se entrevistó
a los legisladores- y el de Consultores
en Diseño de Estrategias Político-Legislativas
-a través de la cual se cobraron
2.9 millones de pesos del fideicomiso
para la transición gubernamental-
hay una diferencia de 50 días.
Laura
Ballesteros escribió en su carta
a los senadores:
Como
recordará, Jurante los meses
de agosto a diciembre del año
2006, estuvimos realizando una serie
de entrevista a cada uno de los legisladores
con la finalidad de publicar un libro
que permita a los ciudadanos conocer
a fondo las expectativas, metas y sueños
y los principios que rigen su trabajo.
A
lo larga de estos meses hemos venido
trabajando con el Fonda de Cultura Económica,
el cual te encargará de la publicación,
y también con diversos académicos,
quienes a través de ensayos harán
del libro una obra completa.
Dado
que el FCE nos ha establecido un plazo
para la entrega final, estamos solicitando
su aprobación por escrito en
tal caso sus comentarios a más
tardar el 29 de junio del año
2007.
Cabe
mencionar que para facilitarle la tarea
de respuesta a este oficio, de no recibir
comentario de parte suya antes de esta
fecha, Observatorio Ciudadano lo considerará
coma una aprobación tácita
para su publicación.
Ante
la intervención de dos asociaciones
civiles en la realización del
mismo trabajo y el hecho de que se iba
a concluir apenas un encargo que el
equipo de transición ya había
pasado. Proceso solicitó al FCE
–a través de la Ley Federal
de Transparencia— copias de cualquier
propuesta tramitada por los membretes
mencionados.
Resulta
que el 16 de julio de 2007 el FCE notificó
a Laura Ballesteros sobre el proyecto
de Observatorio Ciudadano que "el
análisis de publicación
ha quedado pendiente hasta recibir una
nueva solicitud de su parle". El
oficio fue firmado por Rafael A. Mercado
Paredes, subgerente de Producción
y Costos.
A
pesar del portazo, Ballestero prosiguió
los intentos de entrevistar a los diputados,
siempre en nombre de Observatorio Ciudadano,
aunque fue Consultores en Diseño
la firma que se comprometió a
entregar el trabajo amas tardar el 31
de noviembre de 2006. De acuerdo con
el contrato signado con Banjército,
si no se entrégate el trabajo
concluido no podía extendérsele
el cheque por 2 millones 900 mil pesos.
Grabadora
en mano, Laura Ballesteros se apersonó
en el despacho del coordinador de la
bancada del PRD en la Cámara
de Diputados, Javier González
Garza. Quería encuestarlo el
31 de octubre de 2007.
Pero
el perredista estaba enterado el doble
juego con las empresas y se negó
a responder las preguntas. Luego, ante
los reporteros acreditados en la Cámara
de Diputados, denunció que una
de las empresas contratada por el entonces
jefe de la oficina de la Presidencia,
Juan Camilo IvTouriño, estaba
en pleno espionaje político:
"Me
parece ridículo que se esté
utilizando dinero público para
hacer este tipo de cosas. Me parece
absurdo. Es cierto que somos todos personas
públicas, pero que manden a investigar
así y que se haga con recursos
públicos, me parece un absurdo.
algo que no tiene sentido."
Estudio
fantasmal
Cuando
Proceso solicitó a la Presidencia
copias de los perfiles hechos a los
628 legisladores y la base de datos
con sus datos personales y agendas,
se le respondió que correspondía
atender esa solicitud a Banjército,
que controló el dinero para la
transición gubernamental, o a
la Secretaría de Hacienda, cuyos
funcionarios formaron parte del comité
para supervisar la aplicación
de esos recursos.
Al
analizar el expediente, el comisionado
del IFAl Alonso Gómez-Robledo
desechó por improcedente la respuesta
de Presidencia a la solicitud de Proceso
y especificó que por las actividades
que desempeñó Gerardo
Kuiz en el período de transición,
necesariamente tuvo que ser él
quien recibiera el trabajo encargado
a la consultaría.
Por
unanimidad, el pleno del IFAI ordenó
a la Presidencia realizar una búsqueda
exhaustiva en sus archivos, especialmente
en la oficina de Gerardo Ruiz, todos
los documentos de la transición
según los lineamientos emitidos
por el 1FÁI.
En
los primeros días de marzo, a
la redacción de Proceso
llegó un CD que contiene 204
entrevistas telefónicas y cara
a cara con diputados y senadores de
todos los partidos, hechas por personas
que se identifican como miembros del
Observatorio Ciudadano. En las grabaciones,
la voz que aplica la mayoría
de los cuestionarios se identifica como
Laura Ballesteros.
Alrededor
de 15 legisladores con su consultados
cuyos nombres aparecen en esas entrevistas,
confirmaron que hablaron con Ballesteros
y autorizaron a este semanario a difundir
el contenido de las conversaciones.
Los
diputados César Camacho del PRD;
José Manuel del Río Virgen,
de Convergencia;y Valentina Barres,
del PRD; plantearon la posibilidad de
presentar una denuncia penal contra
quien resulte responsable de lo que
consideraron una maniobra de espionaje
político del gobierno calderonista.
En
ninguna ocasión se escucha qué
él entrevistador pida permiso
para grabar. La gente de Observatorio
Ciudadano asegura que pronto van a publicar
un libro con los perfiles de los legisladores
y advierte que cualquier persona podrá
acceder a su página en internet
para conocer a su diputado y enterarse
cómo vota, sus asistencias y
su trabajo en comisiones. No obstante,
lo único que obtienen son datos
generales, como el número de
diputados por bancada.
Laura
Ballesteros, egresada del Tecnológico
de Monterrey, está registrada
como militante del PAN en Coyoacán.
El diputado panista Obdulio Ávila
dijo conocerla bien y confirmó
que en 2006 ella fue candidata suplente
a diputada en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federa], corno publicó
Proceso.
Las
entrevistas se realizaron entre la primera
semana de agosto y la segunda quincena
de octubre de 2006. cuando estaba en
su apogeo el conflicto poselectoral
y la avenida Reforma permanecía
tomada por los seguidores de Andrés
Manuel López Obrador.
Este
sería un dató marginal,
si no fuera porque el cuestionario aplicado
a los legisladores toca ternas que han
sido fundamentales, de manera especial
para el PRD. En ase momento los legisladores
de
este partido apoyaban de modo unánime
el recuento de voto por voto, pero conforme
respondían las preguntas de Observatorio
Ciudadano dejaban ver quiénes
eran proclives a la negociación
sobre las reformas estructurales.
Quien
tenga esta información conoce
qué legisladores podían
votar de manera diferenciada respecto
de su bancada y cuáles son sus
prioridades políticas.
El
anterior artículo lo puede citar
de la siguiente forma:
Lizárraga, Daniel. "Acecho
presidencial ", en revista Proceso,
Num. 1639, marzo, 2008.
