Reportajes
elaborados a partir de la Ley de Transparencia
El espionaje de Inteligencia Militar
Nancy
Flores
Reportero de la revista Contralinea
Informe
de la Sedena admite realizar trabajo
de inteligencia para espiar a los integrantes
de La Otra Campaña,
movimiento social que, a pesar de declararse
civil y pacífico, es considerado
por las fuerzas castrenses como “una
expresión detractora del Estado
mexicano”
Una camioneta dodge color blanco, sin
placas y con una pequeña imagen
del Che estampada en el medallón,
fue identificada por activistas sociales
como el vehículo del “espía”
de inteligencia militar, encargado de
documentar las actividades de la primera
etapa del recorrido de La Otra Campaña.
La pick up, conducida por un hombre
moreno y joven, coleaba la karavana
de automóviles que acompañaron
al subcomandante insurgente Marcos en
su recorrido por las 32 entidades de
México, del 1 de enero al 30
de noviembre de 2006.
Su posición se ubicó detrás
de cuatro de las nueve camionetas desplegadas
por la Policía Federal Preventiva,
para “garantizar” la “seguridad”
de los caminantes. Este mismo lugar
ocupó la van color dorado, sin
placas, que también se relacionó
con la Sedena y que en octubre pasado
transitó Nayarit y Sinaloa, al
reanudarse la andanza encabezada por
el subcomandante insurgente Marcos.
Los activistas reconocieron un tercer
vehículo –ford focus color
rojo–, como el transporte de los
“agentes” del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen). El medallón de éste
lucía el “águila
mocha”, símbolo inventado
por la administración de Vicente
Fox.
Los señalamientos sobre el espionaje
no fueron errados: la Sección
Segunda del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, facultada para realizar labores
de inteligencia, sí da puntual
seguimiento a los 67 organismos políticos,
218 agrupaciones sociales, 128 organizaciones
indígenas, 596 colectivos y 2
mil 441 personas a título individual,
activistas e intelectuales cercanos
a Marcos, que suscriben la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona y forman parte
de La Otra Campaña.
A través de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) advierte
que, al ser una “dependencia responsable
de la seguridad del Estado”, sí
realiza “acciones” para
el seguimiento de lo que califica como
“expresiones detractoras del Estado
mexicano”.
De acuerdo con el análisis hecho
por la Sedena de los informes, documentos,
fichas, tarjetas informativas, material
gráfico y videográfico,
generado por su propio personal durante
la primera etapa del recorrido, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) tiene por objetivo debilitar
a las instituciones. Según la
autoridad castrense, “las actividades
que el EZLN realiza en el marco de La
Otra Campaña se encaminan a ese
propósito”.
Por dicho motivo, el asunto es considerado
como de Seguridad Nacional, y con ese
argumento la Sedena mantiene en reserva
por 12 años el seguimiento documental
de ese movimiento civil y pacífico,
y los análisis derivados de éste.
Los riesgos que observa la dependencia
encabezada por Guillermo Galván
Galván –considerado como
el brazo derecho de Felipe Calderón
y de quien depende la legitimidad de
la administración federal–
son los enunciados en el artículo
51de la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con dicho precepto legal,
la publicidad de las informaciones podría
revelar normas, procedimientos, métodos,
fuentes, especificaciones técnicas,
tecnología o equipo útiles
a la generación de inteligencia
para la Seguridad Nacional. Estos análisis
también podrían derivar
en la actualización o potenciación
de una amenaza.
Ello, a pesar del pacifismo que divulga
La Otra Campaña. Al describir
esta lucha, el subcomandante Marcos
dijo en noviembre pasado: “No
estoy hablando de un levantamiento armado,
de ponerse el pasamontañas y
tomar las armas. Estoy hablando de un
levantamiento pacífico, no de
irse a otro lado y luchar cada quien
en su lugar para transformar esto en
todas partes, pero apoyándonos
unos con otros”.
Sin embargo, la Sedena no sólo
realiza sino que justifica las labores
de inteligencia y espionaje en contra
de los integrantes de este movimiento.
“Las acciones que las dependencias
responsables de la seguridad del Estado
realicen para el seguimiento de expresiones
detractoras del Estado mexicano, están
sustentadas en la Constitución
y legislación vigente”.
Criminalizar
la lucha social
Además del espionaje del que
son sujetos, los movimientos sociales
suelen ser criminalizados y reprimidos,
tal como ocurrió con el Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
autodenominados como el “Séptimo
Batallón de Infantería
del EZLN”.
El 3 y 4 de mayo de 2006, dicha movilización
fue reprimida en San Salvador Atenco,
en lo que ya se considera una acción
de “contrainsurgencia” directa
en contra de La Otra Campaña.
En esta misma línea y a diferencia
de las sentencias dictadas a los narcotraficantes,
que van entre los 10 y 15 años
de prisión, los dirigentes del
FPDT, Ignacio del Valle Medina, Felipe
Álvarez Hernández y Héctor
Galindo Gochicua, fueron condenados
a 67 años y seis meses de reclusión,
por el supuesto delito de secuestro
equiparado.
José Luis Piñeyro, maestro
en Sociología y experto en Seguridad
Nacional, explica que con los cambios
en el Código Penal aumenta la
posibilidad de criminalizar la lucha
social en México.
“Con la reforma del Código
Penal, sobre todo en donde dice que
todos aquellos que recurran a la violencia
para tratar de que una autoridad cambie
su decisión, estamos ante una
situación potencial en la que
se puede criminalizar fácilmente
la protesta social.”
El investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, campus Azcapotzalco,
indica que los movimientos sociales
pretenden que la autoridad municipal,
estatal o federal modifique sus políticas,
con respecto al problema del financiamiento
al campo, mayores créditos para
el sector lechero, etcétera.
“Es evidente que las manifestaciones
sociales tratan de influir en las decisiones
de los funcionarios públicos.
Entonces, decir que se recurra a la
violencia, pude ser sencillamente una
manifestación multitudinaria,
un cierre de carreteras o la toma del
edificio de una secretaría de
Estado, para que les resuelvan sus demandas.”
Y es que las reformas encaminadas a
prevenir y sancionar el terrorismo y
su financiamiento, aprobadas por el
Senado el pasado 26 de abril, criminalizan
la protesta social y posibilitan que
luchadores sociales sean acusados de
terroristas.
Según admitieron algunos legisladores,
la redacción del artículo
139 del Código Penal Federal
–que considera como actividades
terroristas todas aquellas que atenten
contra la Seguridad Nacional o presionen
a las autoridades para que tomen una
determinación– contraviene
los derechos políticos de los
mexicanos.
La sanción que se prevé
es de seis a 40 años de prisión
y hasta mil 200 días de multa,
“sin perjuicio de las penas que
correspondan por los delitos que resulten,
a quien utilice sustancias tóxicas,
armas químicas, biológicas
o similares (...) explosivos, armas
de fuego, incendio o inundaciones, o
por cualquier otro medio violento, para
producir alarma, terror o temor en la
población, para atentar contra
la seguridad nacional o presionar a
la autoridad para que tome una determinación”.
Represión de los movimientos
Otro de los mecanismos para desarticular
la lucha social, aunado al espionaje
y a la criminalización, es la
represión. Al respecto, el doctor
en Sociología, Guillermo Garduño,
dice que “el Ejército,
en un momento determinado y cuando solamente
se asume como una fuerza que está
a disposición de lo que señale
el Ejecutivo, definitivamente está
sometida a esos errores”.
Agrega que “si se equivoca el
Ejecutivo, el Ejército también
se está equivocando. En un momento
determinado el Ejecutivo puede decir:
‘Yo no me equivoqué; se
equivocó el Ejército’;
y entonces tendremos un problema extremadamente
fuerte, que redefiniría muchísimas
de las relaciones entre el Ejecutivo
y el ámbito militar. Eso es algo
de lo que tenemos que estar concientes”.
El investigador universitario descarta,
en el corto plazo, una represión
del Ejército contra líderes
y movimientos sociales. “En lo
inmediato no, porque eso se hizo en
el pasado. En todos los casos de movimientos
sociales pasados reprimidos, indudablemente
el Ejército participó:
contra maestros, ferrocarrileros; desde
1929 hasta Gustavo Díaz Ordaz.
El Ejército es el elemento que
participa activamente; pero así
le fue. Él quedó contemplado
como si por motu proprio hubiera
actuado, lo cual no es así”.
El académico señala que
las represiones contra movimientos sociales
ocurren porque son órdenes presidenciales,
y que “el responsable es el Ejército.
Éste es un riesgo terrible para
el futuro inmediato”.
Luego de 45 mil kilómetros recorridos
a lo largo del país, el delegado
Zero de la Comisión Sexta del
EZLN prometió: “Llegó
la hora, como hace 100 años y
como hace 200 años. Tenemos que
levantarnos de nuevo, acabar con todos
los gobernantes, todos: desde el más
pequeño hasta el más grande”.
El
siguiente artículo se puede citar
de la siguiente forma:
Flores, Nancy. "El espionaje de
Inteligencia Militar", en revista
Contralinea,
año 5, Num. 82, julio, 2007.
