Reportajes
elaborados a partir de la Ley de Transparencia
Las extradiciones, secreto de Estado
Daniel
Lizárraga
Reportero de la revista Proceso
El
gobierno de Felipe Calderón ordenó
que los archivos relacionados con las
extradiciones a Estados Unidos de 15
narcotraficantes se clasifiquen como
“reservados” hasta 2019.
El argumento: si se difunden los términos
deel acuerdo con Washington que permitió
llevar adelante la medida, se dejaría
a funcionarios mexicanos a expensas
de los ajustes de cuentas de narcotráfico.
Los
quince capos del narcotráfico
que en enero pasado fueron extraditados
a Estados Unidos para enfrentar juicios
pendientes en ese país aún
conservan el poder y el dinero suficientes
para trastocar la seguridad de México,
según documentos de las secretarías
de Seguridad Pública (SSP), Relaciones
Exteriores(SER) y de la Procuraduría
Generadle la Republica (PGR) obtenidos
por este seminario.
Horas
después de que se diera a conocer
el traslado de los capos a Estados Unidos
–la noche del 19 de enero pasado
-, l> PGR advirtió en un boletín
: “el gobierno no tolerará
la violencia y actuará con toda
su fuerza contra las organizaciones
criminales que lesionen los intereses
de la nación, para garantizar
la tranquilidad de la sociedad mexicana”.
Pero
ahora, supuestamente para evitar que
los funcionarios que participaron en
este operativo sean objeto de vendettas
de los cárteles , el gobierno
de Felipe Calderón decidió
clasificar como “reservados”
hasta el 2019 los archivos relacionados
con las extradiciones. El argumento
es que difundir ahora el contenido del
acuerdo con el gobierno estadounidense
favorecería los ajustes de cuentas.
En
los documentos entregados por las tres
dependencias por solicitud del reportero
mediante la Ley Federal de Transparencia,
la SER aseguró que “hay
información en esos trámites
entregada a México bajo reserva”.
A su vez la PGR alegó que “se
trata de información proveniente
de otros países en forma confidencial,
que entorpecería la persecución
de los delitos”, mientras que
la SSP explicó que “se
pone en riesgo a la sociedad”
si se revelan los pormenores de la decisión
tomada por el gobierno de Felipe Calderón
de entregar a los capos.
El
22 de marzo, Reuters dio a
conocer declaraciones del presidente
Calderón en las que aseguró
que él y su familia habían
recibido amenazas como consecuencias
de las acciones gubernamentales contra
l narcotráfico. “no sabemos
si sean ciertas o faltas, pero evidentemente
eso no cambia nuestra decisión
de cumplir con nuestro deber”,
dijo el mandatario en una entrevista
con la agencia informativa británica,
realizada en los pinos.
Expedientes
reservados
El
pasado 6 de febrero, Proceso
solicitó a la SSP copias de la
documentación oficial utilizada
para agilizar la entrega de los narcotraficantes
a la administración Bush.
Cuatro
semanas después, el martes 6
de marzo, la institución respondió
que el archivo solicitado permanecerá
reservado durante los próximos
12 años, y arguye que no es conveniente
difundir su contenido, pues las personas
afectadas por las extradiciones podrían
causar daños al país.
“
el daño probable consiste en
atentar contra la seguridad pública
y el orden público al menoscabar
la capacidad del Estado para resguardar
la vida de las personas –dice
el documento de la SPP enviado a Proceso--.
Al limitar la capacidad de las autoridades
para evitar delitos (mediante la difusión
de expedientes) se favorecería
la identificación de personas
para el ajuste de cuentas, ejecuciones
u otras análogas, capaz de poner
en peligro la estabilidad de la sociedad”.
En
su respuesta a la solicitud 2200011707,
la SSP agrega que se pondría
en riesgo la seguridad y la salud de
terceros, “específicamente
de los servidores públicos que
participaron en la extradición”.
La PGR también respondió
en ese sentido, y dijo que dar a conocer
el contenido de los expedientes de las
extradiciones atentaría contra
el sistema de seguridad nacional y afectaría
la integridad de algunas personas, así
como el orden y la paz.
Además,
aseguró que “su difusión
generaría un menoscabo de las
relaciones internacionales, ya que se
estarían dando a conocer datos
que otros estados u organismos internacionales
entreguen con carácter de confidencial
a México”.
Elaborado
por la Subdirección Jurídica
de Asuntos Internacionales, el oficio
emitido por la PGR el 6 de marzo puntualiza
que el derecho de acceso a la información
es un rasgo distintivo de toda democracia.
Pero precisa que éste guarda
límites y no es absoluto, por
lo que en este caso de las extradiciones
se aplica una reserva por 12 años.
El
21 de marzo, la SER emitió su
respuesta oficial, en la cual también
se pronuncia por mantener la información
requerida como confidencial hasta 2019.
sólo que, a diferencia de la
PGR y la SSP, la Unidad de Enlace de
Relaciones Exteriores enfatiza que es
imposible abrir los expedientes, pues
contienen datos sensibles para México
que fueron entregados bajo la más
estricta confidencialidad por el gobierno
de Estados Unidos.
La
SER fundamenta su respuesta en la Ley
Federal de Transparencia y en el Código
Federal de Procedimientos Civiles, y
advierte que si se entregara expedientes,
afectaría con ello las relaciones
con Estados Unidos y, además,
alteraría a las organizaciones
criminales sobre las actividades oficiales
que se realizan en su contra; este sería
el caso de la información que
posee el estado en materia de narcotráfico
y de las políticas para enfrentarlo.
Y
añade: “así mismo,
la publicidad de la información,
por tratarse de procedimientos del orden
penal o criminal, podría poner
en riesgo la integridad de aquellas
personas que por su actividad profesional
u oficial han participado en las etapas
de dichos procedimientos”.
La publicidad de la información,
puntualiza, “permitiría
identificar plenamente a las autoridades
encargadas de impartir justicia y contra
la impunidad, no debiendo olvidarse
que se trata de miembros e integrantes
de grupos de delincuencia organizada”.
Alarma
gubernamental
Hasta
ahora, la única información
que se conoce sobre los expedientes
es la que dio el presidente Calderón
a principios de febrero en Berlín,
durante su gira por Europa, en rueda
de prensa. En aquella ocasión
en presencia de la canciller alemana
Ángela Merkel, el mandatario
mexicano dijo que los 15 capos fueron
extraditados no sólo por que
mantenían el control de sus cárteles,
sin o por que habían ejecutado
a varios jueces y amenazaban a otros,
lo mismo que a fiscales, empresarios
y ciudadanos.
El
reportero Jorge Carrasco informó
en esta revista que la entrega de reos
mexicanos a Estados Unidos sorprendió
a los jueces que llevaban sus procesos:
“hasta
el pasado 2 de febrero, dos semanas
después de la extradición,
varios juzgadores desconocían
loa resolución del Ejecutivo
que permitió dicha entrega. Y
contrario a lo asegurado por el titular
de la procuraduría General de
la República, Eduardo Medina
Mora, que se daría protección
especial a los que llevan caso s de
narcotráfico, los juzgadores
señalan: En el caso de las extradiciones
a Estados Unidos nosotros no fuimos
los villanos, nosotros no autorizamos
la entrega, así que no requerimos
de medidas especiales” (Proceso
1957).
Ahora,
a dos meses de distancia, tres dependencias
del gobierno calderonista juzgan que
la peligrosidad y el poderío
de los capos extraditados siguen siendo
lo suficientemente preocupantes para
que, aun encarcelados en Estados Unidos,
pongan en peligro la Ela estabilidad
social.
De hecho el traslado de los capos se
llevó en el más completo
sigilo. Los medios de comunicación
se enteraron cuando los 15 prisioneros
ya estaban en Estados Unidos. Las televisoras,
por ejemplo, sólo transmitieron
en sus noticiarios las imágenes
que les proporcionaron la Agencia Federal
de Investigación (AFI) y la SSP.
La
influencia que ejercen los capos sobre
los diversos cárteles del país
fue reconocida por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena). En
respuesta a otra solicitud de acceso
a la información formulada por
el reportero Jorge Carrasco, la institución
declaró también que los
documentos sobre los operativos contra
el narcotráfico se mantendrán
bajo reserva durante 12 años.
En
un oficio con folio 700032307, fechado
el 16 de marzo, la Sedena sostiene:
“La información solicitada
se encuentra bajo reserva en virtud
de que dar a conocer los nombres de
las personas que refiere (los generales
encargados de los operativos) pondría
en riesgo su integridad, su salud, e
incluso su vida, aumentando dicho peligro
cuando los grupos que representan una
amenaza para la seguridad del Estado,
siguen operando y mantienen una presencia
real en su área de influencia,
contando con recursos y medios para
llevar a cabo diversas acciones armadas
ofensivas”.
El
jueves 22 de marzo, al tomar la propuesta
al nuevo Consejo de Participación
Ciudadana de la PGR, Calderón
dijo que la lucha contra la delincuencia
organizada “es una batalla que
el gobierno tiene que librar y esta
librando; pero también ...es
una batalla que requiere la participación
ciudadana , por que el gobierno no puede
ganar la batalla solo, se requiere a
la sociedad, se requiere a los ciudadanos”.
El
anterior artículo lo puede citar
de la siguiente forma:
Lizárraga, Daniel. "Las
extradiciones, secreto de Estado",
en revista Proceso,
Num. 1539, abril, 2007.
