El
Universal, 18 de septiembre de
2006
Autonomía
y transparencia
Ernesto Villanueva
Hoy se percibe como una conquista ciudadana
que la universidad pública debe
ser un espacio de formación de
masa crítica, de libre discusión
de las ideas, y de alimentar, en suma,
la conciencia colectiva. Estas características
deben descansar en dos instituciones
complementarias: la autonomía
y la transparencia y rendición
de cuentas. La polarización social
postelectoral no debiera ser una coartada
tampoco para cambiar este principio
abonando la intolerancia.
Hay,
sin embargo, un peligro probable de
que este punto de acuerdo social pueda
ser transformado en perjuicio de la
libertad de discutir y debatir. Se trata
de la Universidad de Guadalajara, la
segunda universidad más grande
del país y que administra la
Feria Internacional del Libro más
emblemática de América
y una de las tres primeras en el mundo.
Hoy
se libra una batalla en el Congreso
del estado de Jalisco para buscar blindar
esas libertades que dan sentido al concepto
de universidad, como universalidad o
pluralidad y coexistencia de los más
distintos puntos de vista.
El
sector de extrema derecha conocido como
El Yunque, que ha dado a conocer el
reportero Álvaro Delgado, ha
ganado una partida y se ha hecho de
una posición significativa en
la composición de la nueva legislatura
estatal. De ahí, por tanto, la
inquietud fundada de la UdeG de emprender
esta defensa por la libertad para dejarla
a salvo de los vaivenes de la política.
El
secretario general de la universidad,
Carlos Briseño Torres, impulsor
de esta defensa universitaria, tiene
frente a sí acaso uno de los
grandes retos de su vida como universitario:
preservar los valores que hacen que
la universidad sea eso y no otra cosa.
Nada más y nada menos.
Para
lograr ello, Briseño y los universitarios
de Jalisco entraron en contacto con
un grupo plural de diputados locales
que ha hecho suya la iniciativa de reforma
a la Ley Orgánica de la Universidad
de Guadalajara, con la oposición,
empero, de los diputados del PAN.
Lo
que propone la iniciativa, en síntesis,
es que cualquier reforma a esa misma
ley sea hecha por mayoría calificada,
dos terceras partes de diputados y no
por mayoría simple, la mitad
más uno, como sucede ahora. No
se trata, como se advierte, de darle
más autonomía a la universidad,
sino de mantener intacta la que tiene.
Esa
autonomía, por supuesto, no significa
estado de excepción jurídica
ni extraterritorialidad; representa,
en cambio, la potestad de darse autogobierno
y educar, investigar y difundir la cultura
por mandato del artículo tercero,
fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Actualmente
las autoridades, por ejemplo, se eligen
en forma paritaria entre consejeros
nombrados por estudiantes, profesores
y autoridades. A mayores garantías
para la autonomía debe haber
mayores indicadores de transparencia
y apertura informativa.
La
UdeG así lo ha entendido y el
secretario Briseño Torres y su
equipo preparan un sistema para tener
en línea la mayor cantidad posible
de información, superando los
17 rubros que establece como obligación
de oficio la ley federal, y los 27 que
introdujo la ley de acceso a la información
de Jalisco.
De
esta manera, los universitarios y la
sociedad podrán observar y seguir
la ruta del dinero y de la toma de decisiones
en la UdeG generando un equilibrio entre
libertad y autonomía, y responsabilidad
y transparencia. Algo que, por cierto,
brilla por su ausencia en muchas de
las universidades del país.
Villanueva,
Ernesto, "Autnomía y transparencia",
en El Universal,
18 -IX 2007, Opinión.