Visos
y claroscuros del periodismo impreso
en México
Avatares
de la prensa
Omar
Raúl Martínez
Director
de la Revista Mexicana de Comunicación,
presidente de la Fundación
Manuel Buendía y profesor de
periodismo de la FES Acatlán
de la UNAM.
Correo electrónico: lapidarium@yahoo.com.mx
El
año pasado fue un periodo de
paradojas y contrastes para la prensa
mexicana: la venta esperada de Excelsior
frente a la inconformidad de algunos
cooperativistas; la próxima reconversión
de Notimex frente a la omisión
presidencial para nombrar nuevo director;
una preocupante escalada de violencia
contra periodistas frente a notables
avances legislativos... Un año
de claroscuros.
La
venta de Excelsior fue sin
duda la nota más importante de
2006 en materia de medios impresos.
El Grupo Imagen, encabezado por Olegario
Vázquez Raña, adquirió
por 585 millones de pesos los activos
y pasivos de la otrora cooperativa,
una vez que sus socios decidieron por
unanimidad vender los inmuebles de esa
casa editora y el cabezal del diario.
De acuerdo con Ernesto Rivera Aguilar,
director general de Grupo Imagen, a
partir de ese 23 de enero en que se
concretó la adquisición,
se iniciaría una nueva etapa
del periódico “digna de
su pasado”, y agregó que
se buscarían sinergias empresariales
con sus filiales radiofónicas
para impulsar el proyecto editorial
sin perder de vista su compromiso “con
la verdad, la libertad editorial, la
imparcialidad y la objetividad”.1
Al día siguiente en un desplegado,
Grupo Imagen reiteró su postura:
Velaremos para que en esta casa
editorial se expresen todas las corrientes
de pensamiento, sin mayor compromiso
que el establecido con nuestros lectores.
Asumimos esta responsabilidad con la
plena libertad de expresión que
exige la sociedad con una visión
profundamente nacionalista en el contexto
de la globalización, desde una
perspectiva renovadora que aprende del
pasado para superarlo.2
Aunque novedosa, lo cierto es que el
anuncio de la venta de Excelsior
era esperada desde hace tiempo. Desde
2002, varios personajes interesados
desfilaron sin éxito: José
Gutiérrez Vivó, dueño
de Monitor; Alfonso Romo, empresario
regiomontano; Fernando González
Parra, quien fuera propietario de Ovaciones;
Miguel Aldana Ibarra, exdirector de
la Interpol en México, y Luis
Enrique Mercado, director de El
Economista. Fue Olegario Vázquez
Raña, tras varias intentonas,
quien logró su acariciado anhelo.
Pero si en el otoño de 2000,
el propietario del Grupo Empresarial
Ángeles (GEA) ofreció
cerca de 110 millones de dólares,
en 2006 sólo tuvo que pagar poco
más de 55 millones de dólares.
El tiempo y la adversa situación
económica de la cooperativa jugaron
a favor del también accionista
minoritario de Grupo Milenio.3
Del monto de la operación, 277
millones de pesos serían para
salarios caídos de cooperativistas
en activo, jubilados y trabajadores
eventuales, en tanto 308 millones de
pesos servirían para liquidar
deudas con acreedores.
Al margen de tales señalamientos,
recién consumada la venta, algunos
analistas se preguntaron adónde
quedarían las onerosas deudas
fiscales de la Cooperativa Excelsior
y, a ese respecto, el propio director
de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, sostuvo
que los nuevos propietarios no asumirían
débitos con el fisco ni con el
IMSS o el Infonavit, y que ello se saldaría
con los 585 millones de pesos pagados
por la adquisición. No obstante
lo anterior, Samuel García escribió:
La verdadera negociación
se dio con el gobierno federal representado
por Hacienda, el acreedor más
importante del diario. Los adeudos no
han sido revelados, pero suman cantidades
millonarias en términos de impuestos
no pagados, cuotas al seguro social
y diversas obligaciones de carácter
laboral. Evidentemente que el empresario
Olegario Vázquez Raña
llegó a un acuerdo sumamente
favorable con el gobierno federal en
términos de cumplimiento de estos
adeudos; de otra manera difícilmente
se entiende una operación tan
costosa. Y es que más allá
del desembolso inicial acordado con
los cooperativistas de alrededor de
55 millones de dólares, el Grupo
Imagen todavía requerirá
de una fuerte inversión en materia
de equipamiento, de rotativas, de recursos
humanos y de una estrategia agresiva
de reposicionamiento del producto editorial.4
No todos los socios de la cooperativa,
sin embargo, quedaron conformes con
la transacción. Según
Jenaro Villamil, un grupo de 200 de
un total de 900, consideran fraudulenta
la compra-venta del rotativo e incluso
decenas de ellos tramitaron su inconformidad
–por los irregulares e injustos
montos de las liquidaciones– ante
la Junta de Conciliación y Arbitraje.5
Aunado a ello, haciendo uso de varios
resquicios para echar abajo la operación
y nulificar la convocatoria del 23 de
enero, un grupo de 22 cooperativistas
interpuso una demanda contra Armando
Heredia, quien fuera presidente del
Consejo de Administración, por
la venta del diario habida cuenta que,
según su perspectiva, no se contó
con la aprobación de todos los
trabajadores.
Casi tres meses después de anunciarse
la nueva ruta del periódico Excelsior,
se dio a conocer su nueva faceta editorial
y paulatinamente ha ido incorporando
relevantes plumas. Mejoró sustancialmente
su diseño con una propuesta gráfica
más moderna y atractiva. Atrajo
a un joven y experimentado cuerpo de
reporteros procedentes de diversos medios,
lo cual se ha traducido en una indudable
mejora de su oferta informativa. Invitó
a editorialistas y columnistas destacados
como Leo Zuckerman, Jorge Fernández
Menéndez, Humberto Musacchio,
José Antonio Crespo, entre otros.
Y subió al ciberespacio su nueva
versión electrónica que
aún no logra madurar. Si bien
este nuevo Excelsior sigue
en busca de personalidad y reposicionamiento,
lo cierto es que a todas luces comienza
a dar la batalla a diarios como Milenio,
Monitor y El Financiero.
Hasta fines de octubre, el Excelsior
de Olegario fue dirigido editorialmente
por Daniel Moreno Chávez, quien
antes había fungido como subdirector
de Milenio Diario. Sin especificar
razones, los nuevos propietarios lo
despidieron y nombraron como nuevo director
editorial al reconocido periodista Pascal
Beltrán del Río.
Notimex
Ante
el amargo sabor por la aprobación
de la llamada Ley Televisa en el Congreso,
una buena noticia salió a flote
a fines de abril desde la Cámara
de Diputados: la reconversión
de la Agencia de Noticias Notimex. En
otras palabras: una vez que la ley sea
promulgada por el Poder Ejecutivo, de
ser un medio gubernamental de acuerdo
con sus vínculos e intereses
institucionales, la agencia pasará
a convertirse en un medio de Estado
con personalidad jurídica y patrimonio
propio.
Si bien ese objetivo se había
previsto, por lo menos, desde dos años
atrás, vale la pena resaltar
tal iniciativa, pues podrá afianzar
a Notimex como un órgano descentralizado
con autonomía técnica,
editorial y de gestión, o sea:
ya no dependerá del gobierno
federal, como antaño.
El dictamen, elaborado por las comisiones
de Gobernación, de Comunicaciones
y Transportes y de Estudios Legislativos,
plantea además la creación
del defensor de la audiencia, el respeto
a los derechos de réplica y al
secreto profesional del periodista e
introduce la cláusula de conciencia
de los informadores.6
Hasta la fecha, sin embargo, el Presidente
de la República no ha designado
al nuevo director –que obligatoriamente
deberá tener experiencia periodística–
pese a que la ley del nuevo organismo
establecía como fecha límite
para tal nombramiento el 2 de septiembre
de 2006. A esa omisión se añade
una extraña acción de
inconstitucionalidad promovida en junio
pasado por la Procuraduría General
de la República contra la necesaria
ratificación del Senado a la
propuesta de director enviada por el
Ejecutivo. Entre los nombres que se
barajan para asumir la dirección
de la Agencia del Estado Mexicano, están
Aurelio Bueno, actual director; Alejandro
Ramos, director editorial de El
Financiero; Sergio Uzeta, director
del Canal Judicial, y Enrique Aranda,
quien fuera subsecretario de Normatividad
y Medios durante el gobierno foxista.7
Libertad
de expresión
El
2006 fue uno de los años con
mayores golpes, agravios y atentados
contra le prensa mexicana que se recuerde
en la última década. Apenas
iniciado febrero, el día 6, el
diario El Mañana de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, sufrió
un ataque con rifles y granadas de fragmentación,
en el que resultó herido un reportero.
Tras interpretar la embestida armada
como un mensaje del crimen organizado
contra los medios de comunicación
en su quehacer por informar en torno
al narcotráfico, más de
40 periódicos del país
publicaron un desplegado para manifestar
su indignación y exigir a las
autoridades el cese de la impunidad
en actos contra informadores. Asimismo
expusieron su disposición para
impulsar el llamado Proyecto Fénix
consistente en la integración
de un equipo de diversos reporteros
dedicados a profundizar en las indagaciones
periodísticas que realizaban
los periodistas victimados, con el fin
de ser publicadas en todos los medios
posibles.8
Hechos similares al de Tamaulipas ocurrieron
en Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán
y Chihuahua. El 9 de agosto dos individuos
irrumpieron con armas de fuego en las
oficinas del periódico Noticias,
ubicado en el centro de Oaxaca, e hirieron
a cuatro personas. Aunque los directivos
del rotativo responsabilizaron al gobierno
estatal, la PGR señaló
que una de las primeras líneas
de investigación la constituyen
los grupos subversivos, que se han visto
afectados por los contenidos de Noticias.
Luego, el 23 de agosto, fueron lanzadas
dos granadas a las instalaciones del
diario Por Esto en Quintana
Roo, así como del periódico
Quequi de la misma localidad.
Días después, el 1 de
septiembre, dos granadas más
cayeron en la entrada del diario Por
Esto en Yucatán, aunque sólo
una de ellas estalló en la recepción
y lesionó a tres empleados y
provocó daños al mobiliario.
Los directivos atribuyeron esos ataques
a la delincuencia y el crimen organizado,
particularmente el narcomenudeo.9
Y hacia la medianoche del 6 de septiembre,
en Ciudad Juárez, Chihuahua,
un comando armado baleó dos vehículos
en los que viajaban Jaime Murrieta,
reportero gráfico de El Diario;
Aurelio Suárez, fotógrafo
del vespertino PM, y Eugenia Cícero,
también colaboradora de PM. Los
reporteros habían acudido al
fraccionamiento Fuentes del Valle por
la queja de los vecinos de que cerca
había más de 30 hombres
ingiriendo alcohol, entre ellos agentes
de la AFI vinculados a supuestos narcotraficantes.10
Pero la amplia lista en 2006 no se circunscribió
a ataques armados: además de
las presiones y el acoso a reporteros
en Oaxaca durante el conflicto magisterial,
los actos inhibitorios a las libertades
informativas estuvieron a la orden del
día. Baste citar, a guisa de
ejemplo, la determinación del
Tribunal Superior de Justicia del DF
de responsabilizar a Olga Wornat y Editorial
Grijalbo por delito de daño moral
en agravio de Manuel Bribiesca Sahagún
(pese a quedar sin efecto a mediados
de mayo, la sentencia y el curso de
las demandas contra la periodista argentina
suponen un mal precedente contra la
libertad de expresión); el boicot
publicitario a Proceso orquestado
desde la casa presidencial y emprendido
a raíz de la demanda civil contra
el semanario iniciada meses atrás;
la demanda penal por difamación
contra El Imparcial de Sonora
impuesta por el gobernador Eduardo Bours
debido a que una columna periodística
cuestionó su negativa a transparentar
el dinero entregado a organizaciones
no gubernamentales; y la detención
y reclusión del periodista Mario
Ksherato, articulista de Cuarto
Poder y El Orbe, ambos
de Chiapas, debido a un proceso judicial
poco claro iniciado en 2004.11
La situación del periodismo mexicano
resultó tan crítica en
2006 que incluso algunos organismos
internacionales manifestaron su preocupación
al Estado mexicano. La Sociedad Interamericana
de Prensa denunció un grave retroceso
en materia de libertades informativas
y lamentó la corrupción
generada por el narcotráfico.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos también externó
su preocupación por el aumento
de violencia física contra informadores
y denunció una creciente ola
de intolerancia a la crítica
por parte de varios gobiernos de la
región, lo cual se refleja no
sólo en actitudes de presión,
sino además en políticas
discriminatorias en la asignación
publicitaria y el acceso a la información.
Reporteros Sin Fronteras, por su parte,
pidió al presidente electo, Felipe
Calderón, otorgar prioridad al
esclarecimiento de los asesinatos de
periodistas en México y fortalecer
las estructuras judiciales.12
Avances
legislativos
Frente
a la presión nacional e internacional
para que el gobierno federal tomara
medidas orientada a velar por el respeto
a las libertades de expresión
e información en México,
y a pocos días del atentado contra
el periódico El Mañana,
el entonces Presidente de la República
puso en marcha la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos
contra Periodistas (FEADP). Encabezado
por David Vega Vera, el nuevo organismo
nació con recursos muy limitados
e insuficiente respaldo institucional,
técnico y humano, lo cual imposibilitó
resultados realmente satisfactorios.
Entre febrero y noviembre registró
108 expedientes por agresiones a periodistas,
de los cuales 66 seguían en trámite.
Durante su gestión, el fiscal
encontró que los estados más
peligrosos para los informadores son
Baja California, Chihuahua, Distrito
Federal, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán.13
Quizás lo más destacado
y positivo de 2006 en lo que concierne
al ejercicio periodístico fue
la aprobación de nuevas leyes
para salvaguardar el secreto profesional
del informador y despenalizar los llamados
delitos de prensa. La Cámara
de Diputados aprobó en abril
la minuta enviada por los senadores
tendiente a resguardar el secreto profesional
y garantizar la reserva de información
a periodistas, abogados, consultores
médicos o ministros de culto.
Sobre las modificaciones al Código
Penal Federal relativas a los delitos
de injuria, difamación y calumnia,
el pleno camaral planteó que
sean los jueces civiles “quienes
resuelvan mediante sus resoluciones
si los periodistas o comunicadores lesionan
derechos de terceros o perturban el
orden público al difundir información
u opiniones, imponiéndoles una
sanción económica”.14
Con ello se eliminaría la pena
de prisión para quien abuse de
la libertad de expresión.
Sin embargo, esta última iniciativa,
enviada al Senado para su aprobación
desde el 18 de abril, puede revertirse
ya que los entrantes miembros de ese
órgano legislativo han rechazado
tales modificaciones y, peor aún,
plantean endurecer los castigos en el
Código Civil. En su dictamen
del 19 de diciembre de 2006, los senadores
advierten que aceptar la propuesta representa
una claudicación a los derechos
ciudadanos: quien difama, debe ir a
la cárcel, reiteran.
A contrapelo de la Declaración
de principios sobre la libertad de expresión
de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, los senadores
señalan que la cárcel
puede ser aleccionadora para quien “comunique
a una o más personas la imputación
que se hace a otra persona... de un
hecho cierto o falso... que pueda causarle
deshonra”.15
En contraste, los legisladores capitalinos
despenalizaron los delitos de difamación
y calumnia en el Distrito Federal y
avalaron por unanimidad la Ley del Secreto
Profesional del Periodista.
De
todo un poco
Entre
los aparentes reacomodos en la prensa
de fines y principios de sexenio destacó
la expulsión de Federico Arreola
del diario Milenio. Después
de haberlo fundado y dirigido, Arreola
fue prácticamente corrido de
ese periódico por divergir de
la línea editorial y política.
La gota que derramó el vaso fue
su columna del martes 17 de octubre
en donde reprodujo los encabezados de
14 diarios del país, que parecieran
haber sido dictados por una sola voz,
pues todos uniformaban su criterio informativo
en el tono de “El PRI arrasa con
López Obrador en Tabasco”.
Cinco de esos rotativos pertenecen al
Grupo Multimedios Estrella de Oro, que
edita Milenio Diario. Los directivos
de su ahora ex diario no toleraron el
“balconeo” en su propia
casa. Pero de acuerdo con el propio
Arreola, hubo otras dos razones para
su expulsión: 1) su notable cercanía
con Andrés Manuel López
Obrador, líder político
que anhelan “exterminar”
el gobierno federal, el PAN, algunos
empresarios y varios medios, entre ellos
Milenio; y 2) aprovechar su
cabeza como estrategia política
de Multimedios para facilitar su negociación
–con el gobierno federal–
encaminada a asociarse con Televisa
en TV por cable.16
En lo que concierne a inversión
publicitaria, los medios impresos apenas
mantienen su presencia. De acuerdo con
la Asociación de Agencias de
Medios, la inversión total en
publicidad en 2006 se ubicó en
38 mil 190 millones de pesos: la TV
abierta concentró 60%, los anuncios
exteriores lograron 11%, la radio captó
8%, en tanto la prensa alcanzó
7% y las revistas sólo 5%. La
televisión pagada también
acumuló 5% y el cine 2%. 17
Una iniciativa digna de ser tomada en
cuenta fue la firma de un convenio entre
La Prensa y activistas de la
comunidad gay en el que tal periódico
se compromete a utilizar un lenguaje
respetuoso al informar sobre temas lésbico-gays,
bisexuales y de transgénero.
El acuerdo, suscrito a fines de febrero,
se originó a partir de la protesta
del Comité Orgullo México
y el Movimiento en Medios por la Objetividad
en Temas de Orientación e Identidad
Sexual por una información referente
a un presunto asesino de homosexuales
que el rotativo calificó en su
cabeza principal como “Matajotos”.
La indignación de un sector de
la comunidad gay no se hizo
esperar. El Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación recibió
la protesta e intermedió para
que La Prensa brindara un espacio
permanente a tales temas.18
Otro hecho que podría significar
un importante precedente en materia
de acceso a la información en
México lo constituye el amparo
promovido por la revista Proceso
ante la negativa del Instituto Federal
Electoral a la solicitud de ciudadanos,
medios de comunicación y organizaciones
no gubernamentales para acceder a las
boletas electorales del 2 de julio.
El IFE ha sostenido que las boletas
no son documentación pública
y están sujetas a un proceso
de “inviolabilidad”. El
semanario intenta evitar la destrucción
de dicha documentación mientras
se determina si el Instituto está
violentando el derecho de acceso a la
información.19
Finalmente, tres importantes medios
impresos celebraron sus aniversarios:
El Universal cumplió
90 años de circulación,
la revista Proceso festejó
sus tres décadas de vida, y El
Financiero alcanzó sus primeros
cinco lustros.
NOTAS
1) El Universal,
24 de enero de 2006, pág. 15.
2) La Jornada,
24 de enero de 2006, pág. 25.
3) La Jornada,
30 de enero de 2006.
4) El Universal,
27 de enero de 2006; véase también
Reforma, 28 de mayo de 2006,
pág. 25.
5) Revista Zócalo,
febrero de 2006. pág. 13.
6) El Financiero,
26 de abril de 2006. pág. 56.
7) Revista Zócalo,
octubre de 2006. pág. 23.
8) Recuento de Daños
2005. Un acercamiento al estado
de las de expresión e información
en México, Red Mexicana de Protección
a Periodistas y Medios de Comunicación,
mayo de 2006.
9) Bitácora
de RMC, octubre-noviembre de 2006,
y Revista Zócalo, septiembre
de 2006.
10) La Jornada,
7 de septiembre de 2006, El Universal,
7 de septiembre de 2006.
11) Reforma,
5 de marzo de 2006; La Jornada,
29 de marzo de 2006; El Universal,
30 de marzo de 2006; Reforma,
7 de mayo de 2006; El Financiero,
17 de mayo de 2006; El Universal,
13 de septiembre de 2006; y www.pe
riodistasenlinea.org
12) El Universal,
4 de octubre de 2006; La Jornada,
15 de octubre de 2006; La Jornada,
24 de octubre de 2006; El Universal,
30 de noviembre de 2006; Reforma,
4 de diciembre de 2006.
13) El Universal,
7 de diciembre de 2006; La Jornada,
24 de nero de 2007; La Jornada,
17 de agosto de 2006.
14) Recuento de
Daños 2005, Op. Cit.; Revista
Zócalo, mayo de 2006.
15) Revista
Proceso, 21 de enero de 2007. pág.
50.
16) La Jornada,
19 de octubre de 2006.
17) Reforma,
9 de enero de 2007.
18) Revista Zócalo,
mayo de 2006.
19) La Jornada,
11 de septiembre de 2006.
El
anterior artículo debe de citarse
de la siguiente forma:
Martínez
Sánchez, Omar Raúl, "Avatares
de la prensa", Revista
Mexicana de Comunicación
No. 103, feb / mar 2007, pp. 45-48.
