La excarcelación anunciada por el Sexto Tribunal Colegiado de Rafael Moro Ávila y José Antonio Zorrilla Pérez, autores material e intelectual del homicidio del columnista Manuel Buendía Tellezgirón, ocurrido el 30 de mayo de 1984, constituye un gravísimo episodio para la justicia y la prensa mexicanas.

Más allá de las interminables dudas y suspicacias en torno al pleno esclarecimiento del crimen (recuérdese la terminante declaración de Zorrilla: "Nunca fui autónomo. Era parte del sistema. Recibía órdenes del secretario de Gobernación"), resulta altamente preocupante e inconcebible que ahora, en un escenario de continuos atentados y violencia contra periodistas y medios informativos, se haga llegar una señal tan ominosa para el gremio periodístico y toda la sociedad mexicana.

No podemos olvidar que al momento del homicidio de Manuel Buendía, Zorrilla Pérez era director de la Dirección Federal de Seguridad, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación, y que jamás se investigó con suficiencia sobre su fortuna y propiedades (imposibles de justificar con sus ingresos como servidor público).

Desde el asesinato del autor de "Red Privada", el número de homicidios, atentados y agravios a periodistas ha aumentado de manera alarmante, al grado de que hoy se ubica a México como el segundo país donde se cometen más actos contra el ejercicio periodístico. En ese contexto, y considerando la impunidad que ha reinado por lustros, el que ahora se haga efectiva la excarcelación de dos responsables de un asesinato que conmocionó a la nación hace 25 años --porque se trataba de uno de los columnistas más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX--, deja una impresión de inquietud y desamparo para los periodistas y de menoscabo a su libertad de expresión.

Lo triste e indignante del caso es que hoy día nuestro sistema judicial castigue más enérgica y gravemente a los líderes de movimientos sociales que a los responsables de asesinatos y actos contra periodistas.

Atentamente

FUNDACIÓN MANUEL BUENDÍA A.C.

México DF, 19 de febrero de 2009.