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Apóstoles de la telecracia
Miguel
Ángel Granados Chapa
Vincular
a los medios con las Pymes
Eduardo
Torreblanca Jacques
La radio y lo social
Mario
Luis Fuentes
La
radio, retos y convergencia
Jorge
Álvarez Hoth
La
manera
incorrecta de proteger la privacidad en línea
Economist
Intelligence Unit
De
poder a “poder”
Demetrio
Sodi de la Tijera
¿Apóstol
o mercenario de la información?
Carolina
Rocha Menocal
Prensa:
contener la impunidad
Editorial
Gobierno
y medios
León
Bendesky
Prohibido
prohibir
Felipe
Díaz Garza
Provocación
de TV Azteca al Congreso
Guillermo
Knochenhauer
La
mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro
Las torpes
embestidas mediáticas
Luis Linares Zapata
Ley de medios: “as
bajo la manga”
Ricardo Alemán
Libertad
de expresión y derecho al honor
Jaime Cárdenas
Medios públicos
subastados
Víctor Roura
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Apóstoles de la telecracia
Por:
Miguel Ángel Granados Chapa
El senador Gustavo E. Madero
empezó a cumplir la encomienda que, en
lo inmediato, motivó su designación
al frente de los legisladores panistas en Xiconténcatl.
La semana pasada estaba lista para ser aprobada
en el periodo de sesiones extraordinarias del
Congreso una reforma a la Ley de Radio y Televisión
en materia electoral, iniciada por un miembro
de esa bancada, Ricardo García Cervantes.
Pero el nuevo coordinador decidió frenarla,
en beneficio principalmente del duopolio televisivo.
El proyecto de García
Cervantes consiste en establecer una sanción
extrema para los concesionarios relapsos en
el cumplimiento de la legislación electoral.
La reforma constitucional aprobada el año
pasado, y que (hoy vemos que ilusamente) fue
aclamada como un grito de libertad de políticos
frente a los poderes de hecho, impone a quienes
manejan la radio y televisión obligaciones
de hacer o no hacer. No pueden admitir propaganda
política y electoral pagada, y deben
en cambio transmitir los mensajes de los partidos
que les presente el Instituto Federal Electoral.
García Cervantes propuso que quienes
desacataran repetidamente esas disposiciones
quedaran en riesgo de perder la concesión.
La sanción extrema no
debía provocar temor en ningún
concesionario dispuesto a cumplir la ley. Pero
sí, en cambio, a quienes han manifestado
su oposición a acatarla (como TV Azteca)
y a quienes transmiten propaganda y apenas la
disfrazan para hacerla aparecer como información
(tal como Televisa hace todas las noches con
las notas en que el gobernador mexiquense, Enrique
Peña Nieto, es protagonista). Por ello
esos concesionarios ejercieron su poder, para
alejar de sí el fantasma de una sanción
suficientemente fuerte como para disuadirlos
de infringir la norma.
Al presentar ese proyecto García
Cervantes fue congruente con la posición
que tomó el año pasado ante la
Suprema Corte, durante las audiencias previas
a la declaración de inconstitucionalidad
de la Ley Televisa. Dijo entonces que tras la
resolución judicial el Congreso tendría
que hacer su parte en la modificación
de las normas que rigen a la radio y la televisión.
El senado mismo pareció transitar en
esa dirección cuando constituyó
un grupo de trabajo ex profeso, que presentó
un libro blanco sobre el tema, materia prima
para la nueva ley de medios, en que se resumirían
los ajustes legales necesarios tras la sentencia
de la Corte y los avances que es preciso lograr
en congruencia con la decisión judicial.
Ref, Opinión P.9 (25/Jun/08)
Vincular
a los medios con las Pymes
Por: Eduardo Torreblanca Jacques
El
reto es ir más allá del mensaje
publicitario concedido a las Pymes y los productos
de su esfuerzo; los medios pueden también
promover la actividad económica de las
Mipymes, y con ello garantizar que el mercado
interno sea más fuerte, que se genere
más empleo y que la economía crezca.
Universo Pyme articula la primera
experiencia que, apoyada por el fondo Pyme,
permite dar expresión comercial a las
empresas de menor tamaño en los medios
masivos electrónicos.
En la “economía
real” existen cuatro millones de empresas
legales que caben dentro de la clasificación
Mipymes.
La mayoría desconoce cuales son los beneficios
de la política publica hacia ellas. No
conocen de iniciativa, los organismos públicos
o los alcances de la política publica
en muchos ramos de oportunidad.
PYMES a pesar de que nacieron
chiquitas y a pesar de que han crecido, con
relación a su potencial siguen siendo
muy pequeñas. Pero también están
las post-incubadas, empresas que tienen ya una
idea mas o menos clara de lo que trata el negocio,
pero no cuentan con servicios para consolidarse
y una preparación previa al proceso de
aceleración.
Pymes que se conviertan en
empresas profesionales. Empresas que conozcan
cual es su oferta de valor, donde esta su mercado
y que pueden ofrecer que les de una diferenciación
respecto a su competencia nacional o internacional.
Hay empresas que incluso en
procesos de aceleración han sido capaces
de crecer 10 por ciento mensual gracias a explotar
de manera eficiente sus potenciales.
Fin,
Economía P.14
La
radio y lo social
Mario Luis Fuentes
Las sociedades
contemporáneas cuentan con distintos
instrumentos para fortalecer sus identidades,
reconocer sus diferencias y defenderlas, generar
nuevas formas de educar y de formar capacidades
cívicas y ciudadanas y llegar a auditorios
masivos y difundir información de utilidad
pública.
La aparición de la televisión
y otros medios electrónicos no ha restado
ni eficacia ni presencia a la radio y, por ello,
es preciso que hoy las empresas radiofónicas
puedan contribuir a construir mayores capacidades
ciudadanas para la cohesión social, la
solidaridad, la cooperación y, sobre
todo, la construcción de un diálogo
nacional que, en las circunstancias de pobreza
y desigualdad que vivimos, es urgente para mejorar
nuestras condiciones de vida.
La formación de verdaderas escuelas y
formas de hacer radio en México ha derivado
diversas veces en la formación de redes
ciudadanas que permiten resolver o aligerar
algunos de los problemas de nuestra vida cotidiana.
Así, el surgimiento de nuevos grupos
radiofónicos y la consolidación
de otros es importante en aras de generar más
pluralidad y una mayor apertura de oportunidades
de información de calidad y con facilidades
para todas las personas.
La reciente creación de Grupo Imagen,
por ejemplo, ha abierto el abanico de posibilidades
en el espectro radiofónico y, la decisión
de apoyar proyectos como el “México
social”, de todos los martes en el espacio
de Pedro Ferriz de Con en el 90.5 del FM, ha
generado una nueva oportunidad para debatir
en torno a la que es quizá la mayor agenda
pendiente que tenemos en nuestro país:
la de la pobreza, la desigualdad y el desgaste
y la fractura que estos problemas constituyen
para lo social en México.
Destaca también, en esa lógica,
el esfuerzo anunciado esta semana, mediante
el cual se creará la Fundación
ACIR, cuyos propósitos básicos
son contribuir, a base de un esfuerzo radiofónico
sin precedentes, al fortalecimiento de la educación
y de los valores nacionales, el apoyo a proyectos
sustentables de la sociedad civil, así
como el rescate del patrimonio histórico
y cultural de México.
La radio, al igual que otros medios masivos
de comunicación, es un espacio que puede
y debe fortalecer sus capacidades para encontrar
coincidencias y oportunidades con miras a la
unidad nacional, para cumplir con la función
pedagógica que le marca la ley y continuar
defendiendo la libertad de expresión,
la consolidación del pluralismo y, sin
duda, la generación de una sociedad cada
vez más democrática y abierta.
Tomado
de Excelsior, Nacional P.20 (11/Febrero/08)
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La
radio, retos y convergencia
Jorge Álvarez Hoth
Existen 16 grupos de radio
en el país, además del Instituto
Mexicano de la Radio (IMER) y los independientes,
todos ellos con un reto desde su posición
de arranque hacia la convergencia, las nuevas
tecnologías y la consolidación
que ya es inevitable.
Su cobertura de la población
varía por grupo y va desde más
de 80 millones de radioescuchas, los más
grandes, hasta de dos a tres millones, los más
pequeños. Los independientes sumados
alcanzan a toda la población y el IMER
sigue en su esfuerzo por hacer sentido, cargando
a cuesta un diseño que no lo tiene.
El porcentaje del pay publicitario
que tienen conjuntamente es de menos de 25%
de la publicidad que se vende en el país
y sus ventas alcanzan, con esfuerzo, algo más
que 800 millones de dólares, entre todos,
lo que, si se compara con la venta de publicidad
que logra la televisión por más
de dos mil 500 millones de dólares, que
participa con arriba de 70% del total de los
tres mil 500 millones de dólares que
se venden en el país, muestra que el
camino es sinuoso y lleno de retos para la industria
de la radio, de mantenerse la situación
imperante.
Ante esta situación
y no obstante la corriente que hoy impera en
México, producto de aquella visión
de corto alcance de que es mejor tener muchos
chiquitos que pocos grandotes, la única
solución para hacer frente a la convergencia,
la entrada de nuevas tecnologías (radio
digital) y competir con éxito por la
rentabilidad que se hará cada día
más compleja, dada la entrada de medios
alternativos, es la consolidación, las
fusiones y la multimedia.
El reto fundamental de la radio
en el esquema actual se centra en la capacidad
de acordar e institucionalizar sus operaciones
conformando nuevos grupos radiofónicos
de mayor tamaño, que logren ventas por
arriba de los 200 millones de dólares
y tengan presupuesto para realizar inversiones
en su modernización y complementación
en nuevas áreas de negocio alternativas.
Las autoridades del sector,
dondequiera que se diga que están las
facultades, deben facilitarles la tarea como
una medida de política pública,
porque el país merece seguir teniendo
una radio de calidad en español como
de la que hoy disfruta. Esperemos que pronto
definan el estándar de tecnología
digital y al hacerlo tomen en cuenta el cruce
transfronterizo de señales con el país
del norte, pues existe esta agenda pendiente
y no queda mucho tiempo.
Tomado de Excelsior, Nacional P.21 (13/Dic/07)
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La manera incorrecta de proteger
la privacidad en línea
Economist Intelligence
Unit
Las empresas de publicidad
por Internet quieren rastrear los instintos
secretos que revelamos en línea, y usarlos
para vendernos sus productos. Así pasa
en Estados Unidos, después de todo. Pero
ahora, de pronto, queremos que los gobiernos
nos protejan de su entrometimiento en línea:
grupos de consumidores estadunidenses exigen
una lista de “no rastrear” que permita
que los cibernautas de ese país demanden
a las empresas de Internet que espíen
lo que hacemos en línea. Pero deberíamos
ser cuidadosos con lo que deseamos.
La semana pasada, durante una
audiencia en Washington DC, los “abogados
de la intimidad” cabildearon en la Comisión
Federal Comercial para que se proporcionen a
los consumidores los instrumentos para luchar
contra la denominada publicidad conductual:
anuncios generados con base en la manera en
que navegamos por la Internet y que se adaptan
a nuestros intereses personales.
El simple hecho de que la tecnología
pueda horadar nuestro precioso anonimato no
significa que nuestra intimidad haya sido sacrificada
de manera irrevocable a los dioses del ciberespacio:
los publicistas pueden ser capaces de rastrear
lo que hago en línea, pero no están
configurados de manera adecuada para chismear
de ello con los vecinos. Yo preferiría
que me espiara una computadora y no la solterona
de al lado.
Los cibernautas más
jóvenes pueden valorar la intimidad aún
menos que yo: el usuario MySpacer o Facebooker
promedio puede pensar que tiene menos que perder
o proteger en línea que aquellos de nosotros
que recordamos un mundo sin correo electrónico.
A juzgar por la cantidad de delicados datos
personales que ponen en línea, la intimidad
es un valor de la generación de sus padres.
Los jóvenes poseen los conocimientos
tecnológicos para proteger su intimidad
en línea: bloqueando cookies (etiquetas
de rastreo que favorecen la publicidad conductual),
o visitando sitios web que pueden bloquear la
publicidad de ese tipo. Pero no se parecen a
nosotros: si no protegen su privacidad en línea
no es porque sean incapaces de hacerlo, sino
porque no les preocupa demasiado. ¿Quiénes
somos nosotros para decirles que están
equivocados?
Los publicistas por Internet
señalan, sin duda correctamente, que
si no pueden bombardearnos con anuncios relevantes
basados en nuestro modelo de comportamiento
por Internet, tendrán que bombardearnos
con un diluvio de anuncios que la mayor parte
de nosotros considera superfluos. Es difícil
apreciar cómo el cibernauta promedio
se beneficiaría de ese mercantilismo
indiscriminado.
Desde los inicios del comercio,
los vendedores conocían nuestras preferencias
y hacían sus negocios en consecuencia.
Durante años, el personal de limpieza,
el carnicero o el tendero han sabido nuestros
secretos más profundos: féculas
pesadas y no ligeras, uvas rojas y no blancas,
mejor T bone que fajitas New York. Los sitios
web pueden recabar y almacenar más información
que el tintorero del vecindario, el carnicero
o el tendero –pero a ellos no les importa
tanto. Y si no nos gusta la forma en la que
tratan nuestra privacidad, hay muchas alternativas:
en el viejo mundo, el carnicero del vecindario
pudo haber sido la única fuente práctica
de carne. Pero eso no sucede en un mundo donde
se puede ordenar filetes por Internet para que
lleguen por correo.
La intimidad ha entrado en
una nueva era, pero aquellos de nosotros que
nos preocupamos por eso podemos hallar los instrumentos
para protegernos, incluso en línea. Es
difícil creer que un registro de “no
rastreo” protegerá la privacidad
de aquellos que no comprenden aún de
qué se trata.
Tomado de
La Jornada, Economía (4/Dic/07)
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De poder a “poder”
Demetrio Sodi de la Tijera
Una vez que se han enfriado los ánimos
sobre la reforma electoral, los medios de comunicación
y los comunicadores deberían poner los
pies sobre la tierra y reflexionar con serenidad
qué fue lo que realmente sucedió.
Más allá de que
desde hace muchos años existe un serio
cuestionamiento sobre el hecho de que en gran
parte de los recursos públicos que se
gastan en los procesos electorales terminan
en las tesorerías de las empresas de
medios de comunicación, especialmente
la televisión, y por lo tanto era necesario
ahorrar ese dinero y poner los tiempos oficiales
a disposición de partidos y candidatos,
con la aprobación de la reforma electoral
el Poder Legislativo demostró que es
un auténtico poder, y que los medios
de comunicación y comunicadores, por
mucha fuerza que tenga, no los son.
Desde hace varios años,
los medios, y muchos comunicadores, han creído
que son un auténtico poder, y que tienen
la capacidad de intimar a los legisladores y
parar cualquier ley que no les convenga a sus
intereses. Muchos medios y comunicadores se
han pasado de la raya, como Televisión
Azteca, y han usado su fuerza para amenazar
a legisladores, boicotear leyes y desprestigiar
candidatos y funcionarios.
Siempre he estado convencido
que los medios de comunicación no son,
como se dice, un cuarto poder, tienen sin duda
una gran influencia en la opinión pública
y pueden impulsar o afectar la imagen de un
gobierno a favor del país y la gente.
Hay que recordar la respuesta del Tigre Azcárraga
cuando de le decía que era un auténtico
cuarto poder: “Soy sólo un soldado
del Presidente”.
Desgraciadamente, la mayor
parte de los medios de comunicación y
comunicadores lo han olvidado. Los medios deben
estar al servicio del país, antes como
soldados del Presidente, ahora como soldados
de los poderes e instituciones nacionales.
Los medios de comunicación
deben propiciar la integración y consolidación
de nuestro sistema político y no la confrontación
y desprestigio.
Estoy convencido que los medios
de comunicación jugaron un papel fundamental
en la transición democrática del
país, pero creo que en los últimos
años varios de ellos, y en especial ciertos
comunicadores, han perdido el piso, y creen
ser la conciencia de la nación y la voz
de los ciudadanos, y creen tener la capacidad
de juzgar, confrontar y desprestigiar impunemente
a todo mundo, en especial a políticos
y funcionarios.
Tomado
de El Universal Opinión P.24 (22/Octubre/07)
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¿Apóstol o mercenario
de la información?
Carolina Rocha Menocal
Un individuo tiene a la transparencia mexicana
prácticamente a sus pies. Su nombre es
José Luis Moyá Moyá y nadie
en el país acapara los servicios del
Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) como él.
En promedio, uno de cada 18 asuntos discutidos
en el pleno del órgano de Transparencia
es promovido por este hombre, quien probablemente
sea el desconocido más informado de México.
Quiénes han sido afectados
por sus investigaciones y hasta los que han
recurrido a él para afectar a enemigos
políticos lo acusan de ser un mercenario
de la información o una arma de doble
filo.
En el IFAI, en contraste, se
reconoce su papel como propulsor de la transparencia,
pues “ha generado hallazgos y avances
importantes”, indica el comisionado Juan
Pablo Guerrero.
Sus pesquisas han coronado
las primeras planas de medios masivos de comunicación.
El escándalo de las tangas de Próvida,
los antecedentes penales de Andrés Manuel
López Obrador, los detalles del accidente
aéreo de Ramón Martín Huerta,
ex secretario de Seguridad Pública, y
la compra a sobreprecio de chalecos antibalas
por parte de la policía capitalina son
ejemplo de indagatorias emprendidas por Moyá
Moyá y publicadas en las primeras planas
de medios impresos, sin que se le atribuya el
crédito.
Rosario Robles, Andrés
Manuel López Obrador, Octavio Romero,
ex oficial mayor del GDF, Alejandro Gertz Manero,
ex secretario de Seguridad pública local
y federal, están entre los múltiples
ex funcionarios capitalinos que han sido objeto
de denuncias impulsadas por Moyá.
Su más reciente desencuentro con la
justicia fue por una denuncia de extorsión
interpuesta por Isabel Miranda Wallace en contra
suya. Moyá Moyá, se lee en la
demanda, le pidió 250 mil dólares
a cambio de no revelar que su hijo, Mario Alberto,
desaparecido desde 2005, sostenía comunicaciones
con ella.
Tomado de
El Universal, México P.17 (22/Oct/07)
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Prensa:
contener la impunidad
Editorial
De los nueve asesinatos de periodistas ocurridos
en los últimos meses, cinco se cometieron
en México de acuerdo al puntual registro
que lleva la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP9. contener la impunidad en estos crímenes,
situación que venturosamente ya se registra,
debe coronarse con federalizar los delitos contra
la libertad de expresión; ello no debe
entenderse como la búsqueda de proteger
la función de los informadores, sino
de la democracia misma.
La estadística de los decesos de periodistas
sólo es una parte del informe presentado
por la Comisión de Libertad de Prensa
en la sexagésima tercera asamblea de
la SIP, que observa amenazas para el ejercicio
del periodismo en el continente no sólo
en lo que respecta a independencia de los medios
de comunicación, como en su opinión
ocurre en Venezuela. Hay luces rojas también
en Ecuador y Bolivia, y en Colombia proliferan
las intimidaciones.
Periódicamente, la SIP denuncia los
casos más graves de la represión,
que son los homicidios. Los sicarios no solamente
suprimen la vida de los periodistas y afectan
a sus familias, sino que buscan silenciar a
la sociedad. En el silencio, quienes ganan son
los que apuestan al crimen. Prenden que sus
patrones, capos, traficantes de personas, armas,
drogas o políticos venales, sean intocables.
En la frontera norte de México, periódicos
han anunciado ya su decisión de no publicar
informaciones sobre crimen organizado. no sólo
han sido agredidos, desaparecidos y asesinados
periodistas en su plantilla, sino que las propias
instalaciones de los diarios han sido objeto
de ataques con armas de alto poder y explosivos,
como ocurrió en El Mañana de Nuevo
Laredo.
Es por ello, como señaló
Juan Francisco Ealy Ortiz, en su calidad de
presidente de la Comisión de Impunidad
de la SIP, hay que reconocer que cuando se esclarece
un crimen contra un periodista en América
Latina, como se está haciendo venturosamente
cada vez más con mayor frecuencia de
acuerdo con observadores independientes, se
está conteniendo a quienes actuaban al
abrigo de la tercera impunidad.
Hay que exigir el esclarecimiento de esos hechos
y que se finquen responsabilidades. No se pretenden
tratos de privilegio, pero hay que reconocer,
como cada vez sucede con mayor fuerza, que matan
a quienes tienen como tarea la información
es cobijar la opacidad que alienta el delito
y el abuso de poder. Cuando se pierde la libertad
de expresión ninguna otra libertad es
viable.
Tomado de: El Universal,
Opinión P.24 (15/Oct/07)
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Gobierno
y medios
León
Bendesky
La reforma electoral aprobada en el Senado
y la discusión sobre la ley de la industria
de la radio, televisión y telecomunicaciones
que está pendiente muestran esta situación,
es decir, las resistencias al cambio por parte
de los concesionarios y operadores, así
como los acomodos que intenta hacer el gobierno
actual.
La reciente celebración de la 49 Semana
Nacional de Radio y Televisión en el
senado de la cámara de esa industria
fue el escenario de la contraposición
que está abierta entre los empresarios
y el Congreso, y sirvió para exhibir
el papel que quiere jugar el gobierno en ella.
El responsable de la política
pública en ese sector, el secretario
de Comunicaciones y Transportes, no fue sólo
conciliador, sino hasta complaciente durante
su presentación. Ahí dijo: “Nunca
he reconocido que hay monopolios: hay competencia
en la industria de la radio y la televisión,
la radio es de las más competidas, y
el gobierno reconoce el esfuerzo que ha hecho
este sector para llevar a los hogares cultura,
educación y entretenimiento, y queremos
seguir fomentando que eso suceda”.
Hay cuando menos dos cuestiones
que valdría la pena esclarecer. La primera
tiene que ver con el hecho de que para el gobierno
anterior y para el actual no ha sido fácil
aclarar el significado de la competencia en
el mercado en el caso de las industrias más
relevantes como las del sector de los medios
electrónicos y de las telecomunicaciones.
En ello incide también la visión
a veces dogmática que prevalece en la
Comisión Federal de Competencia. La discusión
se ha dado en el caso de la telefonía
y de la Ley del Libro y ahora se repite alrededor
de los medios electrónicos de comunicación.
El segundo asunto se asocia
con la calidad de la programación de
la radio y televisión. La apreciación
del secretario parece superficial y poco calificada
en ese campo. Pero no es un tema de poca importancia.
La 49 reunión de la
industria expuso las contradicciones que hay
en esa actividad y, sobre todo, la falta de
una política pública clara al
respecto. Hay un aspecto tecnológico
de la industria que ofreció atender el
gobierno. En ese terreno, por ejemplo, la oferta
de servicios convergentes de video, voz y datos
(el llamado triple play) pone en evidencia el
efecto tecnológico que caracteriza el
desarrollo del sector y la necesidad de una
eficiente regulación.
Tomado de: La Jornada,
Economía P.27 (15/Oct/07)
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Prohibido prohibir
Felipe Díaz
Garza
Estoy de acuerdo con la parte
de la reforma electoral que prohíbe a
los candidatos mexicanos y a sus partidos la
contratación de espacio publicitario
en los medios electrónicos, particularmente
y por lo pronto en la televisión y para
ser precisos, otra vez particularmente y por
lo pronto, en Televisa y TV Azteca. El poder
del medio tiene alcances aún insospechados
para quienes más que sus usuarios somos
sus usados: los teleespectadores.
La credibilidad mecánica
de la televisión impone a su audiencia
formas y cartabones de conducta que antaño
dio la iglesia. La penetración de la
televisión anula las viejas estructuras
mentales y encauza a su antojo la conducta popular,
en el más estricto sentido del término,
que se refiere a la conducta de las masas.
Hace medio siglo o más el canadiense
Marshall McLuhan predicaba lucidamente sobre
la manipulación de la sociedad por los
medios, preponderantemente los gráficos
(comics) y los audiovisuales (radio, televisión
y cine). En los últimos años del
siglo pasado Giovanni Sartori, profesor universitario,
corrigió y aumentó la tesis del
canadiense que proponía que “el
medio es el mensaje/el masaje” con su
estudio Homo videns. La sociedad teledirigida,
que propone que el hombre, que alguna vez fue
lo que sabía, es ahora lo que ve.
Según Ángel Vivas,
Sartori hace en Homo videns un análisis
de la influencia de la televisión y de
la cibernética en la sociedad actual.
“Intenta dar respuesta a las interrogantes
de futuro que plantea el nuevo esquema de comunicación
social que se está configurando actualmente.
Un sistema donde predominan los individuos solitarios,
la comunicación es cada vez menos personal,
la televisión se convierte en un vehículo
universal de transmisión de información,
y aparece un nuevo elemento comunicacional:
las redes de comunicación cibernéticas,
de las que todavía se desconocen las
consecuencias, tanto en la educación
como en la intercomunicación de las personas,
así como en sus diferentes utilizaciones”.
En tal contexto fue una sabia decisión
legislativa sacar a las televisoras, por lo
pronto, del juego electoral. Más pronto
de lo que suponemos deberemos sacar de ese mismo
juego a la internet, en la que la televisión
ya se va haciendo refugio y dominio y cuyos
efectos son ya visibles, perniciosamente visibles,
en la modificación y troquelamiento del
comportamiento social, especialmente de los
jóvenes, aquí y en el resto del
mundo.
Tomado
de: Reforma, Opinión P.10 (6/Oct/07)
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Provocación de TV Azteca
al Congreso
Guillermo Knochenhauer
La confrontación de concesionarios de
radio y televisión con el Congreso a
causa de la reforma electoral recién
aprobada, entró el miércoles a
una etapa de franca provocación de los
industriales a los legisladores con la difusión,
por TV Azteca, de anuncios denigrantes del Senado.
La esencia plausible de la
reforma electoral es que cambió la relación
entre los partidos, el dinero y los medios de
comunicación.
Se afectaron intereses económicos
y de influencia política de los medios
electrónicos, cuya reacción se
convirtió en un abierto desafío
cuando TV Azteca difundió dos anuncios
modificando los de la campaña “En
el Senado vemos por ti”.
Los anuncios de la televisora
incluyen íntegro el del Senado, al que
se le agregan freses como: “En TV Azteca
sí estamos contigo. Llevas mucho tiempo
quejándote del sueldo que pagan los senadores
y tienes razón. cada mes, cada uno de
ellos nos cuesta 125 mil 998 pesos.
El presidente de la Comisión de Radio
y Televisión, Carlos Sotelo, da en el
clavo al calificar el espot como “una
burda provocación” y opinar que
“la televisora puede estar cometiendo
una falta al marco jurídico”.
¿Qué estaría persiguiendo
TV Azteca con esta provocación? Quizá
precipitar una reacción autoritaria del
Legislativo. La Ley vigente se lo permitiría
a los senadores.
Un desafío sin duda muy grave al Congreso
y al estado mexicano por parte de los concesionarios
privados de televisión.
Manlio Fabio Beltrones dijo primero que se
trataba de un desafío de un poder fáctico
a un órgano del Estado. Ayer matizó,
al declarar que la junta de coordinación
Política formulará un pronunciamiento,
aunque adelantó que no ve una acción
jurídica, “confío en que
las aguas regresen a su nivel y cada quien asuma
su responsabilidad”.
Tomado
de El Financiero, Opinión P.33 (5/Oct/07)
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La
mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro
La industria del entretenimiento montó
este martes uno de sus más ambiciosos
espectáculos en años. Los usufructuarios
de concesiones radioeléctricas y algunos
de los más destacados personajes de su
segmento informativo protagonizaron, el pasado
11 de septiembre, un verdadero reality show
en cadena nacional.
En el, asumieron el papel de
voceros públicos del interés nacional
y de adalides de la libertad de expresión,
amenazados, según ellos, por la reforma
electoral provista por el Poder Legislativo.
El enfrentamiento entre la
Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y la Televisión (CIRT) y el Senado
anuncia un nuevo capitulo de la teleguerra sucia.
Las lagrimas de cocodrilo que la mediocracia
ha derramado lamentando las modificaciones a
la Constitución que impiden a los partidos
políticos contratar tiempos pagados en
medios, y prohíbe a las personas publicas
y privadas contratar mensajes en radio y televisión,
es prolegómeno de un ajuste de cuentas
mucho más grande con la clase política.
El pleito entre conductores,
concesionarios y legisladores en cadena nacional
es, por principios de cuentas, una disputa por
una parte de la renta. En los pasados comicios,
los partidos destinaron casi 70 por ciento de
los millonarios recursos que recibieron como
prerrogativas por parte del Estado para financiar
sus campañas, a la contratación
de espacios en radio y televisión.
El pasado 11 de septiembre,
frente a cámaras de televisión
y micrófonos, uno de los conductores
televisivos advirtió a los senadores
que los políticos profesionales están
más desacreditados que sus empresas.
La aseveración es cierta. La clase política
no disfruta de buena reputación. Junto
con la policía, se encuentra en uno de
los niveles más bajos de estima ciudadana.
Los ciudadanos no tienen confianza en sus representantes.
Hasta ahora, el enorme poderío
mediático y cultural de las televisoras
y radiodifusoras en México parecía
no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa
en la marco contienda electoral de 2006 fue
el rubí en la corona de esta fuerza.
Una fuerza que se presenta en sociedad como
reserva moral de la nación, como un poder
al que partidos y políticos deben rendir
pleitesía.
La respuesta de la mediocracia
ante la reforma electoral parece sacada de una
telenovela. Sueña con hacer de la realidad
una calca del mundo virtual. Para defender sus
intereses específicos, sus ganancias
y poder, se disfraza de representación
genuina de la ciudadanía, usurpa la voz
publica, alerta contra la estatización
y habla en nombre de la libertad de expresión.
Con el pretexto de defender una reforma electoral
de más largo alimento, indudablemente
necesaria, apuesta a preservar sus privilegios.
De allí la rabiosa respuesta de radiodifusores.
Una ración que recuerda que, parafraseando
la telenovela, la mediocracia también
llora.
Tomado
de La Jornada, Política P.10 (13/Sep/07)
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Las
torpes embestidas mediáticas
Luis Linares Zapata
Los medios electrónicos emprendieron
una embestida contra el Congreso por demás
torpe, aun así, a esta acción,
se le enfoca desde el punto de vista de sus
masivos intereses. Deseaban y claro esta, aun
pretenden, conservar tanto los instrumentos
para sus múltiples negociaciones políticas
como el enorme caudal de recursos que llega
sus arcas.
Pero los medios no fueron solos en la campaña
emprendida en defensa de sus intereses, súbitamente
colocados ante la posibilidad de ser afectados
en los trabajos legislativos. Coordinaron su
estrategia con un amplio grupo de críticos,
articulistas, académicos e intelectuales
de amplio conocimiento publico. Como en toda
aventura de este calado, hubo también
uno que otro compañero de viaje que lo
hizo motu proprio, por individuales creencias,
pero que, al final, sirvieron a los mismos propósitos
de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Durante la batalla mediática han salido
a relucir cruciales conceptos y fenómenos
de la vida colectiva de la nación: la
democracia, la independencia del IFE, el papel
de pulcro arbitro desempañado por los
consejeros durante la pasada campaña,
el fraude de 2006, que, se afirmó con
voz en cuello, nadie ha probado. Se blandieron
además temas como las afectaciones al
cuerpo social o a la ciudadanía por las
vengativas remociones planeadas. Pero esto fue
secundario, lo imperioso para los medios fue
su propia conservación como actuante
y efectivo poder fáctico.
Pero esta vez les falló el calculo,
les salió contraproducente su embestida.
Provocaron dos fenómenos simultáneos.
Uno fue crucial, pues obligaron a los legisladores
a cerrar filas, a defender lo poco que aun queda
de soberanía popular, sustento legitimo
del Congreso. Los coordinadores de las principales
facciones sostuvieron que empujar la pensada
transformación electoral, a pesar de
las enormes presiones y las debilidades partidarias,
ambas situaciones bien conocidas por el grueso
de la ciudadanía. El otro, que no, secundario,
por que enajenaron a una parte sustantiva de
las muchas audiencias que componen el espectro
de la opinión publica, quizás
a la más consciente e informada de ellas.
Tanto los directivos de los medios involucrados
en este pleito, como sus condicionales defensores,
rebasaron, una vez más y con grados inadmisibles
de soberanía, la línea de tolerancia
de amplios sectores de la población.
La embestida pretendía también
involucra a la figura de Andrés Manuel
López Obrador. Hacerlo, una vez más,
responsable de eso que se considera una venganza
contra los consejeros. Querían motivar
(con sus maniobras desde la pantalla y los micrófonos)
al gran publico cautivo para que repudiara el
flagrante atropello contra la libertad de información
fraguado por el que fue contendiente a la Presidencia
y que, para muchos, millones, es el real triunfador
de la contienda pasada.
Esta semana quedará escrita parte de
una historia que puede ser trascendente para
la vida organizada del país, para la
sanidad de la política, para las imágenes
personales de ciertos legisladores que han aguantado
las andanadas y hasta tienen arrestos para responder
a los retos que les arriman sus críticos
interesados.
Tomado de la Jornada, Opinión P.23 (12/Sep/07)
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Ley
de medios: “as bajo la manga”
Ricardo Alemán
Ya se sabe(El Universal, bajo reserva, 09/09/07)que
ante la presión descomunal del poder
mediático lanzado contra la reforma electoral,
los tres principales partidos políticos
representados en el Senado de la Republica-
PAN, PRD y PRI- reaccionaron con un “as
bajo la manga”, al acelerar la discusión
de la llamada Ley de Medios, que tarde o temprano
sustituirá a la malograda ley Televisa.
Una respuesta política que, más
que inteligente, parece “de librito”,
pero que aun así fue vista por no pocos
como una reacción fuerza por parte del
Congreso frente a las poderosas televisoras.
Pero lo que está en juego tanto en la
reforma electoral como la Ley de Medios- no
sólo el dinero que emplean los partidos
en propaganda electoral, casi 3 mil millones
de pesos, sino la influencia misma del poder
mediático frente al poder publico- acepta
mucho más que una lectura lineal como
ésa, y hasta abre la puerta para la hipótesis
de una negociación forzada-entre el Congreso
y las televisoras- para impulsar un intercambio
de intereses.
Está claro, que luego de las experiencias
electorales de 2000 y 2006- en donde el dinero
dominó a la política y la democracia
electoral-, existe entre el tripartidismo dominante
en el Congreso una tendencia que favorece limitar
la participación de los poderes fácticos
en los procesos electorales, y que todos o casi
todos los actores políticos fueron víctimas
del poder de las televisoras y los grupos familiares
que dominan la radio. Pero también es
cierto que en 2000 y 2006 no pocos de los políticos
que ahora reivindican posturas de fuerza frente
a las televisoras- y que dicen comportarse como
“hombrecitos”- en realidad se doblegaron
a las presiones mediáticas y hasta pactaron
acuerdos inconfesables.
En efecto, el Congreso y los partidos que lo
integran pudieran acordar hoy que la televisión
y la radio se quedaran fuera de los procesos
electorales, y hasta pudieran acordar una Ley
de Medios que limite el poder mediático,
que permita abrir espacios para la competencia
y terminar con los monopolios electrónicos
en radio y televisión. Pudieran hacer
todo eso y más, hasta convertir a la
grosera “partidocracia” en el “poder
de poderes”, por sobre la jerarquía
constitucional del poder. Pero existe un pequeño
detalle que los Creel, Navarrete y Beltrones
no quiere decir, que olvidan o, de plano, se
niega a ver. ¿Cuál es ese detalle?
Que ellos mismos, Creel, Navarrete y Beltrones,
tiene ambición de poder, algunos de ellos
incluso presidenciales, mas allá de su
cargo actual en el Senado.
Ese es el verdadero mensaje que enviaron en
el Congreso los jefes del poder mediático,
cuando advirtieron que muchos legisladores aspiran
a ser gobernantes. Y por eso, de manera rápida
los senadores desempolvaron la Ley de Medios.
Pero no para usarla como un garrote para aclarar
a las televisoras, sino para abrir espacios
de negociación sobre esa ley. Y es que
los políticos “no comen lumbre”,
y saben que sea del partido que se quiera y
la doctrina que se antoje, todos estarán
expuestos a las campañas mediáticas,
no en los proceso electorales, tampoco en la
pelea por nuevas concesiones, sino en el ejercicio
del poder.
Tomado de El Universal, México P.15
(10/Sep/07)
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Libertad
de expresión y derecho al honor
Jaime Cárdenas
Lentamente y sin retrocesos, comenzamos a avanzar
en México en materia de derechos fundamentales,
principalmente en la definición de criterios
básicos para el entendimiento de ciertos
derechos, como la libertad de expresión,
el derecho a la información o el derecho
al honor, sobre los que hasta hace poco el Poder
Judicial no se pronunciaba.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en una importante resolución del 23 de
mayo de 2007, determinó los alcances
de la libertad de expresión en relación
con el derecho al honor. Esta decisión
confirmó sentencias previas de la Cuarta
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal y del Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. Con esa
decisión se dio por terminado el litigio
civil entre Sergio Aguayo Quezada contra Primitivo
Rodríguez, en donde el último
había imputado, sin prueba alguna, que
Sergio Aguayo era agente de la CIA.
La Suprema Corte puso en claro varias cosas
importantes en materia de libertad de expresión
y de derecho al honor. Entre los principales
criterios de la resolución, destacó
los siguientes:
1) La Corte señaló que la libertad
de expresión hace posible comunicar ideas,
opiniones, juicios de valor y todo tipo de puntos
de vista subjetivos, ninguno contrastable con
parámetros de corrección en aras
del respeto a la pluralidad. El derecho a la
información, en cambio, protege la difusión
de hechos o datos fácticos verificables
con alguna pauta de veracidad. La Corte indicó
que la libertad de expresión no se protege,
si se imputan a una persona hechos falsos que
no son verificables o que al menos cuenten con
un sostén de veracidad.
2) Es necesario, para la procedencia de la acción
civil de reparación por daño moral,
demostrar la real malicia o la intención
de causar daño.
3) La libertad de expresión ampara el
derecho de las personas para expresar ideas,
opiniones, puntos de vista, siempre y cuando
no sean injuriosos por sí mismos.
4) Para fijar los alcances entre la libertad
de expresión y el derecho al honor es
fundamental analizar la relevancia o interés
público del asunto comunicado, es decir,
si se trata de información que permite
generar elementos para el debate público,
político o social en torno de una temática
de interés general.
5) El derecho al honor no se protege igual tratándose
de ciudadanos que de funcionarios.
6) La Suprema Corte consideró que el
derecho al honor forma parte de la vida privada
de las personas, al igual que el derecho a la
intimidad, y distinguió entre vida privada
e intimidad.
Tomado
de El Financiero, Opinión P.23 (7/Ago/07)
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Medios
públicos subastados
Víctor Roura
1993. al año siguiente de que Salinas
de Gortari firmó, con Estados Unidos
y Canadá, la culminación de las
negociaciones para el Tratado de Libre Comercio
(17 de noviembre de 1992), se daban a conocer
los resultados del proceso de privatización
de empresas paraestatales. El gobierno había
puesto en venta un paquete de medios de comunicación
del Estado, que incluía el Instituto
Mexicano de Televisión (Imevisión)
con sus dos redes nacionales: el Canal 13 (con
90 emisoras) y el Canal 7 (con 78 emisoras),
además los canales 22 del DF, 8 de Monterrey,
2 de Chihuahua y 11 de Ciudad Juárez.
En el caso de Imevisión, Salinas de
Gortari estaba impedido a vender la red nacional
del Canal 7 porque sus 78 emisoras eran permisionarias
y, de acuerdo con la Ley Federal de Radio y
Televisión, sólo los canales concesionados
pueden cederse en operaciones de compra-venta.
Sin embargo, todo fue arreglado. El gobierno
formó empresas paraestatales que se transformaron
en concesionarias de los canales 7 y 13 de televisión.
De esta manera, convierte los canales permisionarios
y los lanza a la subasta con el “paquete
de medios”.
De la red de Imevisión, el único
que se salvó fue el Canal 22 del DF debido
a que un grupo de intelectuales (casi el mismo
que exigió la fundación del Conaculta)
pidió a Salinas que lo destinara a la
difusión de la cultura. Pero el 18 de
julio de 1993 el grupo Radio Televisora del
Centro, presidido por Ricardo Salinas Pliego–dueño
de las tiendas Electra–, pagó 650
millones de dólares por el dicho “paquete”.
A partir de entonces, surge la cadena privada
TV Azteca creada con las emisoras que le “estorbaban”
al gobierno. Esa nueva empresa tiró,
destruyó y vendió por kilo cientos
de cintas de producción que, por más
de 20 años, conformó Imevisión
como parte de su memoria audiovisual.
Con gobiernos prisitas o panistas, las ganancias
para el duoplolio Tv Azteca-Televisa han sido
redituables. Incluso con la influencia de Martha
Sahagún de Fox, el gobierno federal emitió
un decreto donde se establece la “autorregulación”
de los medios de comunicación y la disminución
del estado.
Tomado
de El Financiero, Cultural P.59 (31/Jul/07)
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