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La
nueva era de TV digital
Purificación Carpinteyro
Zorrilla, 1989-2009
Miguel Ángel Granados Chapa
Buendía, 25 años
Miguel Ángel Granados Chapa
Caro
Quintero y Zorrilla Pérez
Miguel Ángel Granados Chapa
Crimen
en La Laguna
Miguel Ángel Granados Chapa
Historias
del periodismo bajo fuego
Darío Ramírez
Igualdad,
discriminación y medios
Ricardo Bucio Mújica
Internet
y la libertad de expresión
Luis Maldonado Venegas
Ser
periodista
Jorge Ramos Ávalos
Muere
la reforma electoral
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Periodistas
olvidados
Editorial
Amedi
y la influenza mediática
Javier Corral Jurado
Licitación
de espectro, división en la Cofetel
Maricarmen Cortés
Periodismo
y derecho a la información
Javier Corral Jurado
Licitación de espectro, el proceso perdido
Jorge Álvarez Hoth
Canal 6 de Julio: televisión sin televisión
Luis Hernández Navarro
Cuando
el modelo es el PRI y Televisa
Leonardo Curzio
Quiénes
liberaron a Zorrilla
Miguel Ángel Granados Chapa
La libertad de Zorrila
Miguel Ángel Granados Chapas
José
Antonio Zorrilla
Miguel Ángel Granados Chapa
IFE
débil, telecracia dura
Miguel Ángel Granados Chapa
Derrota
Eduardo R. Huchim
El
futuro del periodismo
Maricarmen Fernández Chapou
Derecho
de réplica
Javier Corral Jurado
Transparencia
y corrupción, InfoDF
Ernesto Villanueva
Acoso
judicial, nueva censura
Miguel Ángel Granados Chapa
Radio
y televisión, ¿por cuánto
tiempo?
Clara Luz Álvarez
El
verdadero cerco informativo
Verónica Valentín Archundia
Prensa
y violencia. Realismo
Carlos Ramírez
Peor
el remedio
Alberto Barranco
Solidaridad
con Televisa
Miguel Ángel Granados Chapa
Una
reflexión sobre la prensa
Rubén
Aguilar
Lo
bueno, malo y feo en el 2008
Javier Tejado Dondé
Batallas
del duopolio
Miguel Ángel Granados Chapa
Beltrones,
abogado de radio y televisión
Miguel ángel Granados Chapa
Infomex
a todo dar, ¿y luego?
Juan Ciudadano
Informar
en México
Carmen Aristegui
Un
día sin periodistas
Lydia
Cacho
Radiodifusión
comunitaria
Javier Corral Jurado
Atan
a Telmex
Alberto Barranco
Alianza
MVS-Telmex sigue adelante
Maricarmen Cortés
Bradley
Roland Will y la verdad sospechosa
José Luis Soberanes
Fernández
Televisión
móvil, ¿el futuro?
Clara Luz Álvarez
Iusacell
y MVS vs derecho de espectro
Maricarmen Cortés
¿Combos’
para la radio?
Javier Tejado Dondé
Retos
tecnológicos de la radio y la televisión
Iván Ruiz Moreno
¿Por
qué será?
Javier Corral Jurado
Ciudadanía digital
Rodolfo Tuirán
Transparencia y política
de competencia en México, algunas reflexiones
Marcos Ávalos
Apóstoles de la telecracia
Miguel
Ángel Granados Chapa
Vincular
a los medios con las Pymes
Eduardo
Torreblanca Jacques
La radio y lo social
Mario
Luis Fuentes
La
radio, retos y convergencia
Jorge
Álvarez Hoth
La
manera
incorrecta de proteger la privacidad en línea
Economist
Intelligence Unit
De
poder a “poder”
Demetrio
Sodi de la Tijera
¿Apóstol
o mercenario de la información?
Carolina
Rocha Menocal
Prensa:
contener la impunidad
Editorial
Gobierno
y medios
León
Bendesky
Prohibido
prohibir
Felipe
Díaz Garza
Provocación
de TV Azteca al Congreso
Guillermo
Knochenhauer
La
mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro
Las torpes
embestidas mediáticas
Luis Linares Zapata
Ley de medios: “as
bajo la manga”
Ricardo Alemán
Libertad
de expresión y derecho al honor
Jaime Cárdenas
Medios públicos
subastados
Víctor Roura
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La nueva era de TV digital
Somos meros observadores de
la revolución tecnológica que
está transformando a las naciones desarrolladas.
El 12 de junio pasado, nuestro
vecino país del norte aplicó el
“apagón analógico”
de señales televisivas para pasar a la
era digital. No fue una transición a
ritmo de mercado; fue una medida decretada que
no dio lugar a una sustitución paulatina.
La fecha fatal obligó
a las cadenas de televisión norteamericanas
a realizar cuantiosas inversiones para que a
parir del viernes pasado la transmisión
analógica de su programación fuera
cosa del pasado. Para facilitar la adopción
del nuevo estándar, el gobierno americano
subsidió la compra de convertidores de
señales mediante cales de 40 dólares.
Estos convertidores –con precios que oscilan
entre los 40 y 60 dólares-, conectados
a las televisoras analógicas, permiten
a los usuarios asistir la transmisión
digital.
La principal ventaja provino
de la despreocupación de bandas de frecuencias,
antes requeridas para la transmisión
de canales analógicos. Las porciones
sobrantes fueron vendidas por 20 millones de
dólares a operadores de telecomunicaciones
para la oferta de servicios de banda ancha,
e incluso se reservó una parte para usos
de seguridad privada.
Desafortunadamente en nuestro
país el “apagón analógico”
está previsto para el 2021, con derecho
a postergarlo.
Es razonable pensar que una
transición tan prolongada fuese atractiva
a los concesionarios de televisión abierta:
con ello garantizaron su derecho sobre las frecuencias.
De esta manera, los actuales grupos televisivos
no sólo podrán prestar nuevos
servicios, sino que al ocupar prácticamente
todo el ancho de banda mantienen la barrera
física que impide la aparición
de nuevas cadenas nacionales de televisión
abierta.
Nadie duda de la necesidad
de contar con mayor diversidad de opciones informativas
y de entretenimiento, indispensables para el
desarrollo del país y la verdadera democracia.
Es imprescindible encontrar una solución
para permitir la coexistencia de más
de dos cadenas nacionales de televisión
abierta.
El poder de la televisión
va mucho más allá del de su capacidad
económica. Representan el cuarto poder,
que de hecho prevalece pobre cualquiera, porque
para la mayoría de los mexicanos la realidad
del país es la que ven en sus monitores.
Si bien la transición
digital en México tiene como plazo perentorio
el 2021, nada impide que antes de esa fecha
el gobierno otorgue nuevas concesiones digitales
para cadenas de televisión nacional abierta.
Aunque una medida de esta naturaleza
enfrentaría la oposición radical
de quienes defienden los intereses de los grupos
televisivos, haría que el gobierno ganase
un lugar privilegiado en la historia de nuestro
país.
Tomado de Reforma,
Opinión P.13 (18/Jun/09)
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Zorrilla, 1989-2009
Mañana 13 de junio hará
20 años de la captura de José
Antonio Zorrilla Pérez, entonces señalado
por el asesinato del periodista Manuel Buendía,
ocurrido hace un cuarto de siglo, y según
sentencia firme autor intelectual de su homicidio.
Casi 10 años antes de
cumplir las laxas condenas que se le impusieron,
Zorrilla fue liberado el 18 de febrero pasado.
En sentido contrario a esa decisión,
el lunes pasado un importante grupo de personas
con presencia pública a quienes importa
el libre ejercicio de la prensa, y algunos medios
periodísticos, publicaron su petición
de que se revoque la libertad anticipada de
quien cometió varios delitos mientras
era director federal de seguridad, la policía
política del régimen.
Al día siguiente, el
secretario de Gobierno, José Ángel
Ávila, acusó recibo de la petición.
Ávila (que era la autoridad responsable
de los juicios de amparo más recientemente
ganados por Zorrilla Pérez y de los que
derivó su libertad sin que lo hubiera
ordenado así la autoridad judicial) afirmó
que en el gobierno de la ciudad “vimos
con mucho cuidado y detenimiento el contenido
de ese desplegado, y el jefe de Gobierno me
instruyó que atendiéramos detenidamente
la solicitud ahí inmersa (sic).
El propio jefe de Gobierno
se había dado ya por notificado de las
probables implicaciones de funcionarios a sus
órdenes en ese caso. Lo dicho constituye
un compromiso a cuyo cumplimiento hemos de estar
atentos los firmantes de la solicitud aquí
citada. Es prioritario que se le preste atención
para que Zorrilla no goce ahora de una impunidad
tardía, semejante a la que le permitió
vivir en libertad cinco años, los que
corrieron entre el 30 de mayo de 1984 en que
cometió el principal de los delitos por
los que fue condenado y el 13 de junio de 1989
en que fue capturado.
Además del homicidio
de Buendía, se imputaron a Zorrilla otros
delitos. El mayor de ellos fue el homicidio
de su amigo José Luis Esqueda, al que
probablemente ultimó para evitar que
revelara su implicación en el asesinato
de Buendía. Se le siguieron procesos
federales por ejercicio indebido del servicio
público y contra la administración
de justicia; portación de arma de fuego
sin licencia; portación de arma de fuego
reservada para uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea; acopio de armas
y almacenamiento de municiones y objetos relacionados.
Condenas que sumadas implicarían prácticamente
prisión perpetua se redujeron a la postre
a 29 años 4 meses y 15 días, y
todavía disminuyeron casi 10 años
más por su indebida liberación
anticipada.
Tomado de Reforma,
Opinión P.13 (12/Jun/09)
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Manuel Buendía. 25 años
Cuando Manual Buendía
fue asesinado el 30 de mayo de 1984 ya había
despachado la Red Privada que aparecería
al día siguiente, junto con la noticia
de su muerte, en Excélsior y los diarios
servidos por la Agencia Mexicana de Información.
Había titulado “Sociedad enferma”
la columna postrera. Se refería a la
discusión en curso en esos días
de un reglamento de publicidad de licores. Decían
así sus líneas iniciales:
“Tal vez el licenciado
Miguel de la Madrid no se planteó esto
cuando construyó la divisa principal
de su campaña política. Pero ahora
la pregunta resulta ineludible. ¿Es viable
la renovación moral de la sociedad en
una población cada vez más alcoholizada?
Una sociedad enferma de un mal degenerativo
que avanza aterradoramente”.
Con su don de mirar a lo lejos,
hace 25 años Buendía avizoraba
el grave problema que se gestaba con el auge
del cultivo de marihuana y amapola y sus implicaciones
para la seguridad nacional. A partir de una
carta pastoral de los obispos de la región
Pacífico-Sur, la suya fue la primera
voz en alertar contra el creciente narcotráfico
y sus implicaciones políticas, que han
estallado ahora con la cauda de gobernantes
encarcelados por su complicidad con esa rama
del crimen organizado. Los obispos sabían
desde entonces –y Buendía valoró
esa información, dándole estatus
periodístico- que “existe complicidad
directa o indirecta de altos funcionarios públicos
a nivel estatal y federal”.
Esa corrupción había
llegado ya entonces a la Dirección Federal
de Seguridad, confiada a partir de enero de
1982 a José Antonio Zorrilla Pérez,
un político hidalguense. En 1985, cuando
la policía judicial federal pretendió
aprehender a los responsables de la muerte del
agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar,
los narcotraficantes con Rafael Caro Quintero
a la cabeza se identificaron con credenciales
de la DFS y pudieron huir.
Zorrilla Pérez recibía,
a cambio de favores como ése, enormes
cantidades de dinero. Es probable que por eso,
y por otras causas, hubiera resuelto asesinar
a Buendía, que se aproximaba al conocimiento
de esa relación entre bandas del narcotráfico.
Es probable que también por ese motivo,
el temor de que hiciera revelaciones comprometedoras,
Zorrilla hubiera mandado asesinar a su amigo
de juventud José Luis Esqueda.
Zorrilla fue detenido en junio
de 1989, en estos días hará 20
años. Había ganado un lustro de
impunidad, en que estuvo a punto de ser diputado
federal por segunda vez. Con dinero capaz de
mover a eficaces abogados y al aparato de justicia,
Zorrilla consiguió que las diversas sentencias
en su contra se resumieran en una de 29 años,
4 meses y 15 días.
En enero pasado, el gobierno
del DF nombró director ejecutivo de sanciones
penales al doctor Juan Manuel Casaopriego Valenzuela.
La presencia de este servidor público
significó un cambio en la suerte de Zorrilla.
Había comenzado a ver la posibilidad
de salir de la cárcel en diciembre del
año pasado cuando un juez de amparo lo
protegió contra la enésima negativa
de libertad anticipada. Zorrilla se quejó
de que la resolución no estaba fundada
ni motivada, por eso el juez dispuso que se
declarara una nueva.
Si el gobierno de la ciudad
hubiera sido congruente, habría cumplido
la sentencia fundando y motivando la negativa
a dejar libre a Zorrilla. Pero hizo lo contrario,
en un procedimiento tan plagado de irregularidades
que Casaopriego se dirigió a Casaopriego
para conceder a Zorrilla el beneficio de la
remisión parcial de la pena, por lo cual
quedó en libertad el 18 de febrero. El
director de sanciones saltó por encima
de la convicción oficial vigente hasta
entones, según la cual Zorrilla Pérez
no había sido readaptado.
Por eso, Casaopriego debería
ser llamado a cuentas por sus superiores y Zorrilla
debería volver a prisión.
Tomado de Reforma, Opinión
P. 17 (1/Jun/09)
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Caro Quintero y Zorrilla Pérez
Lo que es tener buenos abogados:
Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo
fueron detenidos en febrero y abril de 1985,
hace 24 años ¡y sólo ahora
se ha dictado sentencia! La suma de penas que
correspondería a Caro Quintero, por los
diversos delitos que se le imputaron, llegaría
a 199 años de prisión. Sólo
se le sentenció a 40, de los cuales ha
purgado más de la mitad. Si encuentra
funcionarios benévolos, o él logra
imprimirles esa condición, no estará
lejano el día en que lo sepamos liberado,
como lo fue hace tres meses y medio José
Antonio Zorrilla Pérez. Los destinos
de ambos confluyeron hace casi un cuarto de
siglo en forma definitiva para sus vidas.
El traficante estuvo preso
un tiempo en el Reclusorio Norte del Distrito
Federal (antes de ser trasladado a los penales
de alta seguridad del Altiplano y Occidente,
donde se encuentra ahora). Su celda en el ReNo,
mejor dicho su espacio en ese reclusorio donde
se hacinan decenas de reos donde sólo
caben cuatro, fue ocupado por Zorrilla, cuando
cayó preso en junio de 1989.
El apoyo de la DFS (Dirección
Federal de Seguridad) a Caro Quintero no puedo
ser ocultado. Miguel de la Madrid, en sus memorias
recuerda que “la policía judicial
federal tuvo que reconocer que Caro Quintero,
presunto narcotraficante y sospechoso del secuestro
de Enrique Camarena, había huido en avión
amparado por credenciales de la Dirección
Federal de Seguridad y de la Policía
Judicial de Jalisco”. Ante la presión
norteamericana, el gobierno de México
tuvo que sacar consecuencias de ese reconocimiento,
si bien lo hizo con lenidad.
Poco después de ese
episodio, el 27 de febrero Zorrilla Pérez
renunció a la DFS. Se le ofreció
una salida airosa: sería por segunda
vez diputado, esta vez por el primer distrito
de Hidalgo, con cabecera en Pachuca. Como todos
los candidatos del PRI, comenzó su campaña
el 4 de marzo de 1985, pero exactamente 20 días
más tarde, sin precisar la causa, el
PRI avisó a la Comisión federal
electoral que Zorrilla Pérez sería
sustituido. Si bien se le defenestró,
se le permitió huir. Viajó a España
en mayo siguiente. Sólo se sabría
de él en junio de 1989, cuando fue capturado.
La policía política que había
encabezado perduró sólo hasta
noviembre del año de su huida. Desapareció
entonces y en su lugar se erigió el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).
Zorrilla quedó el libre,
en circunstancias oscuras (o muy claras, según
se les quiera ver) en febrero pasado. Caro Quintero
logró echar abajo en 1997 una primera
sentencia. Un tribunal de circuito la anuló
porque no se habían desahogado las pruebas
testimoniales aportadas por el Ministerio Público.
Ahora podrá apelar por la nueva condena,
dictada anteayer por el juez cuarto de distrito
de Guadalajara. Si perdiera la apelación,
acudirá al amparo.
Tomado de Reforma, Opinión
P. 13 (5/Jun/09)
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Crimen en La Laguna
La Comarca Lagunera padece
desde hace meses una ola criminal que anteayer
cobró una vida más, la del reportero
Eliseo Barrón Hernández, del diario
La Opinión/Milenio. El lunes
por la noche un comando armado asaltó
su casa, donde el periodista descansaba en compañía
de su esposa Judith Ruiz Ortega y sus hijas
Ana Sofía y Yamileth. Tras el levantón
fue torturado y muerto.
Luego de haber estudiado agronomía,
el periodista halló el camino de la comunicación.
Tras un breve comienzo en un diario fronterizo,
en su Torreón natal se incorporó
hace 11 años al diario La Opinión,
periódico fundado en 1917.
Como reportero de policía,
Barrón Hernández tenía
mucho trabajo. Durante el año pasado
se intensificaron los secuestros, al grado de
hacer de Torreón una ciudad tan insegura
que en febrero de este año el presidente
Calderón fue disuadido de visitarla.
Al referirse al clima de inseguridad que padecen
los torreonenses, Calderón explicó
que resulta de los enfrentamientos entre bandas
que disputan una ruta que forma parte Torreón.
Como parte de su modus operandi,
las bandas delincuenciales corrompen a las autoridades.
El 21 de mayo el alcalde anunció que
se había perdido la confianza a 302 miembros
de esa corporación, que por se motivo
fueron destituidos. Ésa fue una de las
últimas informaciones trabajadas por
Barrón Hernández, cuyo secuestro
y asesinatos serán investigados por la
Procuraduría General de la República,
lo que equivale a decir que no serán
resueltos.
Anoche en la Ciudad de México
fueron entregados los premios nacionales de
periodismo 2008. Es seguro que la muerte de
Barrón Hernández haya sido deplorada
en esa ceremonia, como ocurrió hace un
año con la de las comunicadoras Teresa
Bautista y Felicitas Martínez, asesinadas
el 7de abril de 2008, y hace cuatro años
con la desaparición de Alfredo Jiménez,
reportero de El Imparcial, de Hermosillo, que
fue privado de la libertad el 2 de abril de
2005 sin que desde entonces se sepa de él.
Son tan frecuentes las agresiones a periodistas,
que la PGR estableció una fiscalía
especializada en esos casos, caracterizada por
su entera inutilidad. Y lo mismo puede predicarse
de las procuradurías estatales.
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos ha formulado una síntesis
de los ataques padecidos por el gremio periodístico.
De 2000 a 2009 la CNDH ha registrado el homicidio
de 50 periodistas profesionales. De 2005 a 2009
ha documentado la desaparición de siete
informadores.
El número de expedientes
iniciados por violaciones a los derechos humanos
de periodistas “muestra una preocupante
tendencia al alza”, dijo la CNDH. En el
primer cuatrimestre de este año de han
abierto ya 24. Por eso concluye la Comisión
que “el periodismo en nuestro país
se ha convertido en una profesión de
alto riesgo, sobre todo considerando que estos
datos sólo revelan la existencia de casos
de los que toma conocimiento la Comisión
Nacional, por lo que la cifra real de agravios
en contra de periodistas puede ser mayor si
se consideran los casos que competen a las omisiones
estatales y los que no se denuncian”.
Pasado mañana se cumplirán
25 años de un asesinato emblemático
en este campo, el de Manuel Buendía.
Su homicidio permaneció impune largo
tiempo y al cabo de otro prolongado lapso puede
decirse que sus asesinos siguen sin el castigo
pleno que la ley y la justicia les deparaban.
José Antonio Zorrilla, el jefe de la
policía política del gobierno
autoritario que urdió el crimen, salió
en libertad en febrero pasado, 10 años
antes de cumplir su condena. Lo consiguió
por una colusión de funcionarios del
gobierno del Distrito Federal que no debe quedar
impune.
Tomado de Reforma, Opinión
P. 13 (28/May/09)
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Historias del periodismo bajo fuego
Cada acto de violencia contra
la prensa constituye un acto de censura. Cada
caso de violencia contra la prensa sin resolver,
constituye una invitación tácita
a futuros perpetradores para engrosar la ya
de por sí lacerante impunidad que azota
al país. Cada acto de violencia contra
la prensa vulnera el estado de derecho. Cada
acto de violencia contra la prensa se traduce
en menos información para la sociedad
y la aleja de las posibilidades democráticas.
A continuación, historias de periodistas:
Eliseo Barrón Hernández
El cuerpo sin vida de Eliseo, reportero del
Grupo Multimedios Laguna, fue encontrado en
el canal de Tlahualilo, Durango. Eliseo cubrió
la nota policíaca por más de 11
años hasta que un grupo armado lo sustrajo
de su casa.
La noticia sobre la atracción del caso
de la PGR poca esperanza nos puede dar. Alrededor
de 90% de los casos que investiga la PGR quedan
sin resolver.
Lydia Cacho
Una vez más la integridad física
de Lydia Cacho está en riesgo. Desde
el pasado 12 de mayo, la periodista y defensora
de derechos humanos ha detectado la presencia
de una persona sospechosa frente a su domicilio
y ha recibido una serie de mensajes en su blog
que buscan intimidarla. La periodista sigue
investigando temas de interés público
como corrupción, pornografía infantil
y trata de personas.
Alejandro Quintero
Alejandro fue reportero por casi 20 años
en Ciudad Juárez y teme por su seguridad
y la de su familia. Durante 11 años fue
colega de Armando Rodríguez, periodista
asesinado el año pasado. Alejandro decidió
dejar el oficio por la inseguridad e incertidumbre.
La lista es una muestra de los conocidos, pero
hay decenas de casos que no conocemos. Estos
periodistas y otros necesitan acciones de protección,
no palabras de aliento o condolencias.
La actual Cámara de Diputados dejó
la oportunidad de hacer algo para mejorar la
situación. Los medios siguen sin crear
la cohesión necesaria para hacerse escuchar
como gremio y exigir un alto y acciones efectivas.
El Ejecutivo federal sigue manteniendo estructuras
ineficaces y procurando el miedo en vez de procurar
justicia. A qué democracia podemos aspirar
cuando la prensa está siendo silenciada,
asesinada, amenazada.
Tomado de Universal, Opinión
P. 24 (29/May/09)
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Igualdad, discriminación y medios
Todas y todos nacemos libres
e iguales en dignidad y derechos.
La igualdad es compleja, pues todas y todos
somos iguales ante la ley, pero somos desiguales
a partir de una enorme serie de factores simbólicos
y materiales, de condiciones o circunstancias
personales, de adscripción y de pertenencia
territorial, de historia, de creencias, de opciones.
Para funcionar la discriminación
se ayuda de la corrupción, de la impunidad,
del sexismo, del racismo, del clasismo, del
silencio y de la complacencia de la sociedad
que discrimina y que es discriminada, de las
autoridades que deben garantizar la igualdad
ante la ley, de las que deben garantizar la
igualdad ante la ley, de las que deben garantizar
la igualdad sustantiva y de las que deben ser
responsables de que los derechos no sólo
sean exigibles, sino justiciables.
En nuestro país existe
una discriminación culturalmente arraigada,
aceptada, asumida, normalizada.
La discriminación en
México es estructural, está institucionalizada,
se reproduce a través de los medios de
comunicación, sin reacción de
las autoridades que regulan su función
social y el cumplimiento de la legislación
vigente. El caso de Sammy, transmitido en cadena
nacional en horario triple A en Televisa, debe
servir como motor para promover un cambio en
el papel de los medios y su relación
con la discriminación, y para repensar
la función de la autoridad. Televisa
y otras televisoras y radiodifusoras y medios
impresos podrían generar una reflexión
interna y pública sobre este tema que
sería de gran beneficio social y político.
Los medios de comunicación
son los mecanismos que en el contexto que vivimos
mejor pueden promover el reconocimiento de la
igualdad y la cultura de la no discriminación.
Pero también lo son para lo contrario,
para que se crea que hay problemas más
importantes de los cuales ocuparse, y que éste
puede seguir esperando. No se trata de ser iguales;
se trata de tener iguales oportunidades y acceso
a los derechos independientemente de las expresiones
de desigualdad. Se trata de que la discriminación
no sea normal.
Tomado de El Universal, Opinión
P. 20 (26/May/09)
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Internet y la libertad de expresión
El derecho a la libertad de
expresión, de la mano con la libre difusión
de las ideas, es un valor insustituible de la
democracia. Desde el siglo XVIII, filósofos
como Montesquieu, Voltaire y Rosseau reconocieron
que el disenso fomenta el avance de las artes
y las ciencias y de la genuina participación
política.
El artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, adoptada por la ONU en diciembre de
1948, es un texto clásico: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y expresión”. Sotro clásico,
John Stuart Mill, afirma que esta libertad es
esencial para el descubrimiento de la verdad.
Casi 20 años después,
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
hizo suya esa resolución al asentar que
toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad, y
que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias
o abusivas en su vida privada, en la de su familia,
en la de su domicilio o en su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
El debate a conducido, asimismo,
a la atractiva figura del defensor de la sociedad,
el ombudsman del lector, del televidente, del
radioescucha… o del cibernauta en internet.
Un reto gigantesco que nos
presenta la llamada red cibernética como
medio de comunicación es el de la libertad
de expresión.
Hay voces que se definen por
la libertad total rayana en la anarquía;
otras más prudentes se manifiestan en
el sentido de que el gran ciberespacio no puede
estar sin regulación.
Y este dilema es el que tiene
a los señores consejeros del Instituto
Federal Electoral trastabillando en el suelo
resbaladizo de las campañas políticas
y de la guerra sucia en internet.
El hecho inobjetable e incontrovertible
es que la liberta de expresión no debe
ser vulnerada ni por la censura a ultranza ni
por remedios de emergencia ocasionados por la
falta de previsión. No se puede restringir
el derecho de expresión ni impedir la
circulación de ideas y opiniones.
Dos son las tareas que deben
ser abordadas en este rubro con decisión,
inteligencia y responsabilidad: los nuevos retos
jurídicos que plantea el avance arrollador
de la libertad de expresión en internet
y el papel del Estado como presunto y eventual
regulador de un medio de comunicación
de tan complicada naturaleza técnica.
Tomado de El Universal, Opinión
P. 24 (29/May/09)
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Ser periodista
En México, Guatemala
y Venezuela hay periodistas que hacen las preguntas
incómodas y las investigaciones a fondo
que le correspondería hacer a las autoridades
y a la policía. Pero como nuestros sistemas
de justicia son tan débiles y corruptos,
esa labor ha caído en unos cuantos reportero
y entrevistadores.
En México, la periodista Carmen Aristegui
entrevistó al ex presidente Miguel de
la Madrid. De la Madrid, antes de retractarse,
acusó a otro ex Presidente, Carlos Salinas
de Gortari, de corrupción y enriquecimiento
ilícito. “Miguel de la Madrid estaba
en plena conciencia de lo que estaba diciendo”,
me dijo Carmen. Pero Salinas de Gortari negó
los cargos. Este asunto se resolvería
si supiéramos exactamente cómo
se gastó la “partida secreta”
durante su Presidencia. Pero lo verdaderamente
surrealista es que las acusaciones de De la
Madrid no culminaron en una investigación
oficial. No pasó nada. El gobierno de
Felipe Calderón se quedó callado.
¿Tienes miedo? Le pregunté a Carmen.
“El miedo inmoviliza y yo no quiero que
ni mi tarea, ni la de mis compañeros
periodistas, esté inmovilizada por el
temor”, me contestó. “México
es un país en donde la tarea periodística
es una tarea de alto riesgo; lo digo por los
colegas periodistas que han sido asesinados”.
En Guatemala, el periodista y conductor radial
de Emisiones Unidas, Mario David García,
dio a conocer el video en que el abogado Rodrigo
Rosenberg accusa al presidente Álvaro
Colom de su muerte. Mario grabó el video
con Rosenberg “como un testimonio periodístico”,
y que ha hecho que la oposición pida
que Colom deje la presidencia mientras se realizan
las investigaciones. Pero ahora García
siente que hay una “campaña de
persecución e intimidación”
en su contra.
Alberto Federico Ravell, director del canal
de televisión Globovisión en Venezuela,
también sabe lo que es ser perseguido.
“Este es un canal que lleva 10 años
amenazado por el presidente Chávez”.
“Y en vez de haber bajado la guardia,
decidimos dar pelea y defender la democracia”.
Chávez ha amenazado con cerrar Globovisión,
uno de los pocos medios periodísticos
independientes en Venezuela.
Carmen, Mario y Alberto son más necesarios
que nunca.
En una época en que muchas democracias
latinoamericanas han dado una vuelta hacia el
populismo y el autoritarismo, corresponde a
los periodistas denunciar los abusos de los
que tiene el poder, dentro y fuera del gobierno.
Pocas veces ha sido tan peligroso ser un periodista
independiente en América Latina. Pero,
también, pocas veces como ahora ha sido
tan importante y necesario serlo.
Tomado de Reforma, Opinión
P. 14 (18/May/09)
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Muere
la reforma electoral
Al avalar una trapacería
del Partido Verde que compra espacios que deben
estar fuera de comercio, el Tribunal Federal
Electoral arruinó la decisión
de disminuir la fuerza del dinero en la política.
Al negar que los mensajes del
Partido Verde pagados a las televisoras integrantes
del duopolio sean propaganda electoral, los
representantes del máximo órgano
de la justicia electoral hirieron de muerte
la reforma que en 2007 pretendió que
el dinero dejara de ser elemento crucial de
la competencia por los votos.
La historia comenzó
el 18 de marzo, cuando empezaron a aparecer
en los canales de Televisa y de TV Azteca mensajes
del Partido Verde en que la presidenta de su
grupo parlamentario en San Lázaro, la
diputada Gloria Lavara, ensalzaba la iniciativa
de su partido en torno de la pena de muerte,
en la misma línea de argumentación
(de algún modo hay que llamarla) que
se hecha encima de los ciudadanos desde una
gran cantidad de anuncios espectaculares distribuidos
profusamente en todo el país.
Varios partidos denunciaron
la difusión de esos mensajes como lo
que eran, propaganda electoral cuya difusión
en tiempos y espacios pagados en la radio y
la televisión está prohibida por
la Constitución y el Código electoral.
El Instituto Federal Electoral condenó
al partido de la familia González Torres
Martínez a pagar casi 10 millones de
pesos por contratar la difusión de ese
spot hasta en 206 ocasiones.
Conforme a su derecho, el Verde
acudió al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a fin de que
se revocara la sanción establecida. Pero
hizo algo más: solicitó amparo
ante la justicia federal. Y relapso, en abierto
desafío a la autoridad electoral, contrató
nuevos espacios en las mismas empresas que le
habían favorecido la inicial violación
a la Constitución y la ley.
El 6 de abril, el consejo del
IFE sancionó esta nueva infracción
con poco más de 10 millones de pesos.
Como en la anterior oportunidad, el Verde y
sus acompañantes alegaron que no se trataba
de propaganda sino de informes de labores de
diputados que no eran candidatos a ningún
cargo.
El 8 de mayo, la sala superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación atendió los recursos
del Partido Verde. De modo sorpresivo, seis
magistrados se adhirieron a la potencia de su
presidenta, María del Carmen Alanís,
que no vio en los mensajes del Verde asomo alguno
de propaganda electoral y por lo tanto no advirtió
que se hubiera infringido la ley. A ojos profanos,
había ocurrido lo contrario: por el momento
en que se difundieron los spots, se trataba
de propaganda en medios donde está prohibido
realizarla de ese modo, y con ello se alteraba
la equidad, pues el resto de los partidos guardaba
silencio mientras que el Verde sacaba provecho
de su actuación ilegal.
Si se tratara sólo de
eso, de una decisión que beneficia a
un partido infractor, la sentencia del tribunal
hubiera sido grave. Pero su significado es mucho
mayor, más dañino, inadmisible.
El Tribunal Electoral mató la reforma
constitucional de noviembre de 2007.
El Tribunal electoral ha abierto
de nuevo la puerta a la mercantilización
de la política, a que compren espacios,
con pretextos que no faltarán, partidos
o particulares que finjan no hacer propaganda
o la disfracen ante ojos ineptos como los de
la justicia electoral
Tomado de Reforma,
Opinión P.11 (14/May/09)
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Periodistas olvidados
Mientras la influenza ocupaba
nuestra atención, el crimen organizado
ha seguido con su rutina: un promedio de 17
asesinatos diarios en las últimas dos
semanas. Usted se entera de este tipo de datos
todos los días, pero por cada nota informada
hay otras que no ven la luz debido a que los
periodistas encargados de reportarlo están
amenazados de muerte.
La vulnerabilidad de la prensa
viene de cuando los gobiernos autoritarios del
PRI ejercían con eficacia la censura.
Poco a poco avanzó la libertad de expresión,
pero algunos espacios quedaron rezagados.
Las leyes e instituciones creadas
en respuesta a la inseguridad que padece el
sector no están diseñadas para
prevenir asesinatos, secuestros e intimidaciones,
sino para perseguir los delitos ya cometidos.
Con un índice de impunidad superior a
95%, la “federalización”
de los crímenes contra informadores y
la creación de comisiones o fiscalías
para combatirlos no inhiben a los agresores.
El éxito en la lucha
contra la delincuencia organizada depende, y
mucho, del periodismo. A través de él
los criminales son señalados y aislados
del resto de la sociedad. Pero, no se puede
pedir a los medios de comunicación que,
con sus propios recursos, se protejan de todas
las balas mientras alertan a la ciudadanía.
Los comunicadores son esenciales
para que las propias autoridades puedan actuar
contra la delincuencia y conocer los actos de
corrupción. Proteger al periodista beneficia
al país en su conjunto.
Tomado de El Universal, Opinión
P.20 (7/May/09)
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Amedi y la influenza mediática
El mismo día que el
gobierno de la República decretó
la alerta sanitaria para enfrentar la epidemia
del virus de la influenza, 23 de abril, ocurría
también un hecho importante para la vida
del país. En el Club de Periodistas de
México se desarrollaba la novena asamblea
nacional de la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información (Amedi), que
renovó sus cuadros directivos y analizó
bajo la mirada especializada de varios de sus
miembros, el estado de la legislación
en materia de medios de comunicación,
particularmente los proyectos de reforma a la
radio y la tv que duermen el sueño de
los justos en ambas cámaras del Congreso.
La Amedi es importante para
el país porque se trata del grupo más
plural, más relevante que se ha conformado
en torno a la lucha por la democratización
de los medios, y se ha construido en un referente
indiscutible de esa lucha.
A lo largo de estos dos últimos
años ha consolidado su presencia en la
vida pública de México, y con
base en el rigor ético y profesional
de sus investigaciones, en el celo de su independencia
política, en la imparcialidad partidista
que se ha impuesto y en la autonomía
en su acción y pensamiento, es ya una
voz sonora y una presencia visible en el debate
de la nación.
En una renovación soberana
y democrática, esperanzadora, ha tomado
las riendas del Amedi como nuevo presidente
del Consejo directivo, 2009-2011, el prestigiado
investigador Raúl Trejo Delarbre, nuestro
máximo teórico de la comunicación
política en México, y como coordinador
del consejo Consultivo –en sustitución
de Miguel Ángel Granados Chapa-, el doctor
Néstor García Canclini, otro de
los grandes no sólo en nuestro país,
sino en América Latina.
De Trejo podemos decir que
se trata del personaje que con mayor rigor ético,
político y académico ha influido
en la conciencia de miles sobre el estudio contemporáneo
de la comunicación. Ya en el ejercicio
de su responsabilidad en Amedi, convocó
a un blog para discutir, intercambiar experiencias
y expresar inquietudes y hallazgos sobre el
desempeño de los medios ante la epidemia.
Según Trejo Delarbre,
“En términos generales, sería
mezquino relegarles a tv, radio y prensa el
papel de comunicación que han cumplido
con eficacia. Algunos han exagerado, pero, en
general, las descripciones altisonantes, la
tentación del estruendo y las imágenes
las timeras quedaron en segundo plano”.
Trejo Delarbre lo ha formulado: “La Amedi
no está en contra de los medios sino
del abuso: queremos una apertura fincada en
la investigación y el seguimiento escrupuloso
de los asuntos públicos; queremos que
se desenvuelvan en plena libertad para desarrollar
ciudadanos y no consumidores”.
Tomado de El Universal, Opinión
P.17 (5/May/09)
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Licitación de espectro, división
de la Cofetel
La licitación del espectro
radioeléctrico para telefonía
móvil y servicios de WiMax está
nuevamente frenada por las discrepancias al
interior de la Cofetel, que preside Héctor
Osuna, entre los comisionados “incómodos”
Rafael del Villar y Gonzalo Martínez
que proponen un novedoso sistema de iso punto
en el que se considere no sólo el factor
precio y los otros tres comisionados que prefieren
el esquema de subasta ascendente con el cual
se han realizado las últimas licitaciones
de espectro y que es el más transparente.
Aunque se suponía que
ya había un acuerdo en principio entre
la SCT y la Cofetel, Juan Molinar se niega a
comprometerse con una fecha para la publicación
de la licitación que se supone será
ya en los próximos días y todo
indica que no será bajo el esquema de
puntos o beauty contest, si no de subastas ascendente.
Molinar asegura también
que la SCT trabaja en coordinación con
la Cofetel, pero además de la división
al interior de la Cofetel está el problema
de la interpretación jurídica
en torno a la resolución de la Suprema
Corte de Justicia que podría propiciar
amparos de las empresas que como Unefon se benefician
del retraso en esta licitación, que quedó
pendiente desde 2005 y que desde entonces era
urgente.
Otro tema que tendrá
que resolver Molinar en los próximos
días son las sanciones a Telmex por incumplimiento
de 70 Áreas de Servicio Local que solicitó
ya formalmente la Cofetel después de
una revisión que realizó en 10
ASL, donde debió haber iniciado la consolidación
desde inicios de abril.
Hay que recordar que Telefónica
Móvil, que preside Francisco Gil Díaz,
presentó una denuncia formal en contra
de Telmex presionando a la Cofetel a que aplicara
sanciones tan severas como el retiro del título
de concesión.
La interrogante es si la SCT
optará por sanciones light o si realmente
Molinar aprovechará la coyuntura para
enviar un mensaje inequívoco de que se
aplicará la ley con firmeza.
Tomado de El Universal,
Finanzas P.10 (27/Abr/09)
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Periodismo y derecho a la información
Para que la democracia se convierta no sólo
en forma de gobierno, si no en un sistema de
vida que procure constante mejoramiento económico,
cultural y social del pueblo, es indispensable
que los ciudadanos cuenten con la información
veraz y objetiva, de manera oportuna y lo más
completa posible, sobre la realidad que los
circunda. No hay democracia que prospere sin
la garantía del derecho a la información
y este derecho tiene en el ejercicio libre y
responsable del periodismo, el instrumento más
importante de la actividad comunicacional.
En el texto de Gabriel García Márquez
“El mejor oficio del mundo” está
una de las definiciones más emocionantes
del periodismo. Dice el Nobel de Literatura:
“El periodismo es una pasión insaciable
que sólo puede dirigirse y humanizarse
por su confrontación descarnada con la
realidad. Nadie que no la haya padecido, puede
imaginarse esa servidumbre que se alimenta de
las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo
haya vivido puede concebir siquiera lo que es
el pálpito sobrenatural de la noticia,
el organismo de la primicia la demolición
moral del fracaso. Nadie que no haya nacido
para eso y esté dispuesto a vivir sólo
para eso podría persistir en un oficio
tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba
después de cada noticia, como si fuera
para siempre, pero que no concede ni un instante
de paz mientras no vuelve a empezar con más
ardor que nunca en el minuto siguiente”.
De ahí que sea tan importante
premiar a los periodistas, como a los científicos,
a los artistas, a los creadores. En el más
amplio reconocimiento social estará el
mejor impulso para que una actividad tan trascendental
a la democracia se ejerza con hondura, rigor
profesional y calidad narrativa. Y a ocho años
de haberse desligado de la Secretaría
de Gobernación, el Premio Nacional de
Periodismo se consolida como ese espacio de
reconocimiento a la tarea de los periodistas
en México, y sus mecanismos de evaluación
funcionan bien.
Este año se recibieron
mil 80 trabajos publicados en 2008, y más
de la mitad provino de las distintas entidades
del país. Es arduo seleccionar a sólo
11 ganadores, pero es reconfortante comprobar
que detrás del avance de las libertades
de expresión y de información
está fundamentalmente el empuje, el talento,
la dedicación y la pasión de cientos
de periodistas que impulsan decididamente ese
proceso abordándolo prácticamente
todo.
Tomado de El Universal, Opinión
P.21 (21/Abr/09)
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Licitación de espectro, el proceso perdido
El 18 de octubre de 2007 se
publica en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el programa sobre bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico para usos
determinados que podrán ser materia de
licitación pública, incluyendo
las bandas de 1850-1910/1930-1990 Mhz (Celular-PCS),
3400-3700 Mhz (acceso inalámbrico fijo
o móvil), 1710-1770/2110-2170 MHz (Celular-PCS),
71-76/81-86 Ghz (enlaces fijos de banda ancha
de corta distancia).
Posteriormente, el 31 de marzo de 2008, se
publica en el DOF un nuevo programa
que sustituye al anterior e incluye además
de las otras, la banda de 410-430Mhz (para las
comunicaciones del sistema suburbano de transporte).
Con ello se conforma el multicitado programa
de licitaciones que ha sido pospuesto en diversas
ocasiones por el Gobierno federal debido al
clima de inestabilidad que vio la SCT antes
de la llegada del secretario Molinar Horcasitas
y de mejoras (más bien arreglos) que
tuvieron que hacer en la Cofetel para recomponer
el programa, con lo que ya ha transcurrido 19
meses desde que se dio a conocer sin que se
publiquen las convocatorias para la venta de
las bases de licitación pública.
El
programa incluye, como se ha dicho pomposamente,
al mayor número de Mhz a licitar con
10,330.3 Mhz, sin embargo, de un análisis
detallado se desprende que hay de bandas a bandas,
por lo que tenemos 180 Mhz para el servicio
Celular-PCS (muy necesarios y esperados), 150
Mhz para el servicio de acceso inalámbrico
fijo o móvil ( deseable sobre todo para
las redes fijas que operan hoy estas bandas),
10.000 Mhz para los enlaces fijos de banda ancha,
de corta distancia (muy útiles para poder
soportar esto del mayor número de Mhz
al licitar)y, finalmente, 0.3 Mhz para las comunicaciones
del tren suburbano.
Ahora bien, si de lo que
se trata es de licitar espectro para los servicios
celular-PCCS y acceso inalámbrico fijo
o móvil, como ya se realizó en
1998 y 2004 ¿cuál es el problema
para arrancar?
Interesante resulta la respuesta! Cuando
vemos que lo que pasa es que el proceso es:
¿cómo subastar sin el método
comúnmente utilizado d la subasta ascendente
con factor económico de desempate e inventarse
uno sin el apoyo institucional de la Presidencia
de la República para cuando se asigne
el espectro y pase el tiempo?
La respuesta no se hace esperar si entendemos
que lo que resolvió por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación no invalido
los artículos 14 y 16 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones, que señalan:
-Las
concesiones sobre bandas de frecuencias del
espectro para usos determinados se otorgarán
mediante licitación pública. El
Gobierno federal tendrá derecho a recibir
una contraprestación económica
por el otorgamiento de la concesión correspondiente
- Las bases de licitación
pública incluirán como mínimo:
I, II, III y IV. Los criterios para seleccionar
ganador.
A lo anterior hay que agregar
que la acción de inconstitucionalidad
de la Corte invalidó el veto del Senado
en el nombramiento de los comisionados (artículo
9c) y eliminó una frase del artículo
16 que expresamente señalaba que “El
refrendo de las concesiones, salvo en el caso
de renuncia, no estará sujeto al procedimiento
del artículo 17 de esta ley”, que
establece que las concesiones de radio y televisión
se otorgarán mediante licitación
pública, no obstante si mantiene el derecho
de preferencia que tiene el concesionario actual
al momento del refrendo. Todo lo cual tampoco
afecta en nada lo señalado en materia
de licitaciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones
Es
decir, el Gobierno federal sólo necesita
ponerse de acuerdo internamente en lo que señala
el artículo 16 fracción IV d la
LFT en materia de licitación pública
y que son “los criterios para seleccionar
ganador”, y ello no implica que no pueda
ser una subasta ascendente como se ha querido
interpretar, equivocadamente.
Tomado de Ref, Negocios P.4 (15/Abr/09)
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Canal 6 de Julio: televisión sin televisión
En la guerra de la información
el Canal 6 de Julio se ha ganado un lugar destacado.
En un país en el que la televisión
es el medio a través del cual se informa
la mayor cantidad de personas y en que dos monopolios
controlan la inmensa mayoría de los canales
abiertos e importantes segmentos de la industria
del entretenimiento, abrirse un espacio independiente
en la producción y emisión de
reportajes y documentales es tarea difícil.
En 20 años de vida, con recursos escasos,
sostenidos por su público, ha producido
más de medo centenar de videos documentales,
vendido decenas de miles de copias y llegado
a millones de espectadores de todos los estratos
sociales. Ha mostrado que es posible elaborar
y difundir un mensaje audiovisual.
<p align="justify">El Canal
6 de julio es precursor de la comunicación
visual independiente del Estado y sus medios
de comunicación , así como de
las grandes compañías de medios
electrónicos privados. Nunca ha recibido
dinero de la burocracia cultural mexicana ni
ha negociado contenidos con nadie.
Una de sus tareas centrales
consiste en elaborar y difundir masivamente
documentales que desmienten las campañas
propagandísticas oficiales sobre acontecimientos
de la vida política nacional. Además
ha establecido un amplio y valioso acervo videográfico
de los abusos del poder, integrado por miles
de horas grabadas y compiladas.
El Canal 6 de Julio se formó en el contexto
de la campaña electoral de Cuauhtémoc
Cárdenas por la Presidencia de la Republica
de 1988 y la lucha contra el fraude electoral.
Su primera producción fue ¡Que
renuncie!, crónica de las protestas contra
la imposición de Carlos Salinas de Gortari
como jefe del Ejecutivo. El documental se proyectó
por primera ocasión en febrero de 1989,
en el patio central de la Universidad Obrera
de la Ciudad de México.
Al acompañar el cardenismo
y sus primeras incursiones electorales como
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), documentó, informó y alimentó
un vigoroso movimiento político-social
que, al institucionalizarse, perdió su
capacidad transformadora. Quince años
después de su fundación produjo
el documental Democracia para imbéciles,
que, según Mendoza, es “un trabajo
marcado por la desesperanza y el desencanto”.
El Canal 6 de Julio ha elaborado
una impresionante historia audiovisual de las
luchas políticas y sociales de las recientes
cuatro décadas. Sus documentales dan
cuenta de la matanza de Tlaltelolco en 1968,
el halconazo de 1971, el movimiento navista,
el levantamiento del EZLN, el surgimiento de
nuevos grupos armados, los fraudes electorales,
la masacre de Acteal, la huelga en la UNAM de1999,
la lucha de Ateco, la matanza de Aguas Blancas,
la muerte de Digna Ochoa, la situación
de los derechos humanos en México, entre
muchos otros conflictos.
Estos trabajos han sido de
enorme importancia para informar sobre movimientos
populares a los que la televisión y la
radio silencian, así como para educar
a miles de activistas y crear una cultura política
alternativa. Elaborados a caballo entre el periodismo
electrónico y el ámbito cinematográfico,
son una formidable herramienta para hacer lo
que Mendoza llama “ televisión
sin televisión”. A pesar de ello,
la izquierda partidaria lo ha hecho a un lado
y ha preferido invertir millones de pesos en
publicitarse en la televisión comercial.
A pesar de su precariedad institucional, es
uno de los referentes éticos de la información
en México. Uno de los guardines más
tesoneros de la memoria de la resistencia popular.
El memorial de agravios de los pasados 40 años
tiene en la productora una voz central. De ser
cierto que la próxima revolución
será televisada, el Canal 6 de Julio
estará allí para controlarla.
Tomado de Jor, Opinión P.17 (7/Abr/09)
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Cuando el modelo es el PR y Televisa
La tragedia de este país
es que vive atrapado entre el campo gravitatorio
de la cultura Televisa y el priísmo.
Una inercia interceptiva nos ha llevado a pensar
que la competencia promueve por sí sola
una suerte de superación permanente de
quienes compiten.
La competencia no ha mejorado la calidad de
la programación, en todo caso adapta
con mayor eficacia al modelo cultural dominante.
Tampoco parece que en el sistema político
la competencia introduzca una tendencia a la
superación de formas arcaicas y profundamente
censurables de hacer política. Los valores
de la eficacia y la honradez se abandonan en
aras del dios de la competencia. Al competir
los actores se van dando licencias cada vez
mayores en su ética pública.
La cultura Televisa se ha convertido en el modelo
a imitar por buena parte de la competencia e
incluso por otros medios y la cultura priísta
de la simulación, la utilización
de recursos públicos para propósitos
electorales, son las reglas de comportamiento
de nuestra clase política.
Tomado de Uni, Opinión P.25
(23/Mar/09)
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Quiénes liberaron
a Zorrilla
Cuando apenas cumplía
seis semanas como director ejecutivo de Sanciones
del gobierno de la Ciudad de México,
el doctor José Manuel Casaopriego Valenzuela
modificó sin causa ni explicación
el criterio sostenido durante casi cinco años
por autoridades capitalinas, y dejó en
libertad a José Antonio Zorrilla Pérez,
quien en su carácter de jefe de la policía
política del régimen autoritario
priísta urdió el asesinato del
periodista Manuel Buendía.
Buendía fue asesinado
el 30 de mayo de 1984. Zorrilla, que notoriamente
había sido amparado por sus superiores,
fue preso en junio de 1989. Luego de un proceso
que se alargó casi un lustro, fue condenado
a 36 años de prisión por el homicidio
calificado de Buendía, sanción
que le fue reducida a 29 años, cuatro
meses y quince días, que se cumplirían
el 29 de octubre de 2018. Beneficiario de reformas
legales que permiten la ejecución de
penas simultánea y no sucesivamente,
Zorrilla fue también sentenciado a 11
años de prisión por el homicidio
de José Luis Esqueda, su amigo de la
juventud, y a otras penas por delitos que se
le imputaron.
El 6 de octubre de 2005, Zorrilla
solicitó por vez primera el tratamiento
preliberacional, petición a que la autoridad
no dio respuesta. Para forzarla a responder,
Zorrilla pidió amparo que le fue concedido
el 30 de junio siguiente. Por efecto de esta
decisión, la Dirección Ejecutiva
de Sanciones Penales, contestó la solicitud
y negó la libertad anticipada, con el
criterio de que su pena por homicidio calificado
había comenzado a correr en diciembre
de 1998, al concluir una sanción previa.
El ex director federal de seguridad acudió
otra vez al juicio de garantías y ganó
las dos instancias, por lo que el 27 de febrero
de 2007 la autoridad responsable dictó
una nueva resolución en que de nuevo
negó el tratamiento preliberacional.
El juez octavo de distrito
en materia penal le otorgó protección
de la justicia federal el 8 de diciembre pasado,
para el solo efecto de que la autoridad responsable
(que en este juicio era el secretario de Gobierno
del Distrito Federal) dictara una nueva resolución.
El juez argumentó, (según
el resumen incluido en una nota informativa)
“que es una precisión subjetiva
que carece de soporte legal el que la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal determine que
el quejoso, que no participa como asesor en
el centro escolar del centro de reclusión,
no se encuentra readaptado socialmente, considerando
para ello en su argumentación el juez
de octavo del distrito de amparo, que el artículo
46 de la ley de ejecuciones penales no establece
como requisito para acceder a la libertad anticipada
participar como asesor en los centros escolares
de los reclusorios. Máxime después
de valorar los estudios e informes que determinan
que Zorrilla es apto para obtener el beneficio
de la libertad anticipada”.
La Secretaría de Gobierno
solicitó la revisión del amparo
concedido en esas condiciones. En consecuencia,
dice la nota informativa “el director
ejecutivo de sanciones penales, por ausencia
del secretario de Gobierno del Distrito Federal,
y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo,
deja insubsistente la resolución de 22
de octubre de 2008, y en su lugar (18 de febrero
de 2009) concede al quejoso el beneficio de
la libertad anticipada en la modalidad de remisión
parcial de la pena de prisión de 29 años
4 meses 15 días impuesta homicidio calificado.
Contra lo dicho por la Secretaría
de Gobierno, en realidad no se dio cumplimiento
a la sentencia de amparo. No la acató
la autoridad responsable, se alega que por ausencia,
que físicamente no ocurrió, pues
Ávila Pérez realizaba normalmente
sus funciones en los días señalados.
Y quien indebidamente hizo sus veces como autoridad
responsable no fundó ni motivó
su nueva resolución, sino que se limitó
a dejar en libertad a Zorrilla en sentido contrario
a los argumentos expresados para negarla.
Tomado de Reforma, Opinión
P.11 (16/Mar/09)
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La
libertad de Zorrilla
Una confusión espontánea
o inducida, negligencia burocrática o
el torcimiento de una sentencia de amparo puede
ser la causa de que José Antonio Zorrilla
esté libre.
Después de negarla inicialmente,
y de haber impugnado la sentencia de juicio
de garantías que protegió a Zorrilla,
el secretario de gobierno del Distrito Federal,
José Ángel Ávila, terminó
ordenando que el ex director federal de seguridad,
condenado por el asesinato de Manuel Buendía
quedara en libertad mucho antes de cumplir la
sentencia que se le impuso por ese delito.
Por lo menos dos veces antes,
en el gobierno anterior, Zorrilla había
solicitado el beneficio de la libertad anticipada,
que le fue negada en una y otra ocasión.
La tercera vez ocurrió el 22 de octubre
del año pasado. En esta oportunidad la
negativa se fundó en que el expediente
formado por la Dirección Federal distingue
tres modos de libertad anticipada: el tratamiento
preliberatorio y la libertad preparatoria, que
no pueden ser concedidos a los sentenciados
por homicidio calificado (que es el caso de
Zorrilla); y la remisión de pena, que
supone el cumplimiento de dos tercios de la
condena (pues se canjea por libertad un día
por cada dos de trabajo) y demanda la convicción
de la autoridad de que el solicitante se haya
“efectivamente readaptado”.
Zorrilla demandó el
amparo el mismo 22 de octubre en que fue expedida
la negativa y el ocho de diciembre se le otorgó
la protección de la justicia federal
para el solo efecto de que el documento respectivo
fue emitido de nuevo, ya sea en el mismo sentido
o en otro, pues dejó a la autoridad responsable
(la secretaría de gobierno) en plenitud
de jurisdicción y sólo le obligó
a que fundara y motivara la decisión,
requisitos del artículo 16 constitucional
ausentes en la emisión de la negativa.
La propia secretaría
general, inconforme con la resolución
del juez octavo de distrirto de amparo en materia
penal en el Distrito Federal, demandó
la revisión de la sentencia. Y en la
segunda instancia que de ese modo se abrió,
el segundo tribunal colegiado en materia penal
de primer circuito (con sede también
en el DF) confirmó la sentencia del juez
que había hecho notoria la falta de fundamentación
y motivación de la negativa inicial.
El secretario de gobierno argumentó que
el dictamen del consejo técnico interdisciplinario
del reclusorio oriente, que declaró a
Zorrilla “apto para obtener el beneficio
preliberatorio ‘no vincula’ (es
decir, no es obligatorio) ni a la Dirección
ejecutiva de sanciones penales de esta ciudad,
que propone lo concerniente a la concesión
o no de los beneficios” respectivos ni
al secretario de gobierno “que aprueba,
modifica o revoca la respuesta”.
Al confirmar la sentencia de
amparo, el tribunal colegiado mantuvo también
la libertad de la autoridad responsable para
que en plenitud de jurisdicción emitiera
un nuevo documento, debidamente fundado y motivado,
ya sea insistiendo en la negativa a dejar libre
a Zorrilla, o poniéndolo en libertad.
Es decir, tampoco en segunda instancia se le
ordenó que hiciera esto último.
Esto me dijo, sin embargo, el abogado de Zorrilla,
Santiago Ramos Millán Pineda, quien en
un mensaje por el correo electrónico
me informó que “por ejecutoria
dictada en el juicio de amparo indirecto 1021/2008-III
del índice del Juzgado octavo de distrito
en materia penal del Distrito Federal se ordenó
a la Dirección ejecutiva de sanciones
penales dictar resolución por la cual
el Lic. Zorrilla Pérez fue liberado”.
Según se desprende de
las dos sentencias, no hubo tal orden, y de
haberla debió ser dirigida a la secretaría
de gobierno y no a su dependiente la dirección
de ejecución de sanciones penales, que
estrenaba director por esos días. Dos
semanas antes de la liberación de Zorrilla
había sido designado en ese cargo del
doctor José María Casaopriego
Valenzuela, en reemplazo de la licenciada Dolores
González Eslava.
Tenemos derecho a saber si
del juzgado salió una notificación
con sentido diferente a la sentencia o sin en
la administración se confirió
valor a la orden a una sentencia que no la incluía
de ningún modo.
Tomado de Reforma, Opinión
P.9 (3/Mar/09)
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José
Antonio Zorrilla
Tengo miedo. Un asesino anda
suelto. Y no es improbable que a lo largo de
casi 20 años de prisión haya acumulado
rencores que se expresen a balazos, que antes
fue el lenguaje con que impuso silencio a Manuel
Buendía. Y aunque ciertamente no tiene
en su favor en entorno político desde
el que actuó en 1984, quizá tenga
abiertos los canales de comunicación
con el crimen organizado que construyó
durante su estancia al frente de la Dirección
Federal de Seguridad, la policía política
del gobierno priísta de Miguel de la
Madrid.
Primero el juez octavo de distrito
de amparo en materia penal, y después
los magistrados del segundo tribunal colegiado
en materia penal dejaron en libertad anticipada
a José Antonio Zorrilla, sentenciado
a 35 años de prisión por el homicidio
de Manuel Buendía, el columnista político
más importante en la segunda mitad del
siglo pasado. Quince años antes de lo
dispuesto en su sentencia original Zorrilla
está en la calle. Al caer en prisión
amenazó furioso a quienes urgimos a la
justicia condenarlo. Anunció que se vengaría
de los periodistas que insistieron en descubrir
al asesino de Buendía.
Buendía, que durante
siete años había mantenido su
columna “Red privada” en el más
alto nivel de la atención pública,
fue asesinado a tiros, por la espalda, la tarde
del miércoles 30 de mayo de 1984. Antes
que ninguna otra autoridad, Zorrilla llegó
al lugar del crimen procedente de su oficina.
Tras comprobar la muerte del periodista, a quien
consideraba su amigo, subió a la oficina
del columnista y hurgó en el afamado
archivo de don Manuel.
Por la noche en la agencia
funeraria se mostró consternado convertido
en el principal de los deudos del periodista.
El nervioso presidente de la República
le encargó la investigación como
si se tratara de un agente del Ministerio Público
o de la Policía Judicial. Antes de que
se corrigiera el disparate presidencial, Zorrilla
tuvo tiempo para distraer a todos de su central
participación en el homicidio.
Puesta la indagación
en la Procuraduría del Distrito Federal,
Zorrilla fue por unos meses más director
federal de seguridad. Llegó a ser secretario
de Gobierno y diputado federal. Al comenzar
1985 fue de nuevo candidato a representar a
Pachuca en la Cámara. Pero se advirtió
del enorme riesgo de que sus andanzas quedaran
al descubierto y en un acto insólito
se le despojó de la candidatura. Se le
concedió la gracia de desaparecer, de
ponerse fuera del alcance de la procuración
de justicia que simulaba buscar al homicida
de Buendía pero que al mismo tiempo era
constantemente urgida por un grupo de periodistas
y los deudos de Buendía para que produjera
resultados.
Creada por la presión
profesional y familiar una fiscalía especial
para resolver ese crimen, su titular Miguel
Ángel García Domínguez,
logró determinar que Zorrilla Pérez
era el autor intelectual del crimen.
Zorrilla Pérez había
vuelto a México y en junio de 1989 el
procurador Ignacio Morales Lechuga lo aprehendió
en su domicilio en las Lomas de Chapultepec.
Inició una intensa y costosa batalla
jurídica que no impidió que fuera
condenado como autor intelectual de la muerte
de Buendía.
Como director de la policía
política, Zorrilla Pérez ultimó
a Buendía en el ejercicio de su cargo
o al margen de él. Actuó desde
el poder, haciéndose obedecer por sus
subordinados. Esas circunstancias agravaron
el delito que cometió, por lo que debió
negársele la libertad anticipada, como
lo hizo el jefe del gobierno federal hace 5
años.
Tomado de Reforma, Opinión
P.17 (20/Feb/09)
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IFE
dèbil, telecracia dura
Atribúyala usted a ingenua
buena fe de la mayoría de los consejeros,
o la capacidad de las televisoras para intimidarlos.
Lo cierto es que la resolución del Consejo
General del Instituto Federal Electoral es una
grave lesión a sí mismo y una
victoria de la insolencia telecrática.
El sábado 31 de enero
y domingo 1º de febrero Televisa y TV Azteca
iniciaron el desafío que ganaron el viernes
pasado. Interrumpieron programas deportivos
y de entretenimiento con la presentación
irregular de mensajes de los partidos y de los
órganos electorales. Las agrupaciones
indebidamente, les antepusieron una cortinilla
con cuyo texto se hacían las víctimas
de una imposición y trasladaban al IFE
la supresión de la imagen que el público
quería ver y consiguieron con ello que
la irritación del público debilitara
la frágil disposición ciudadana
a la participación electoral.
El IFE reaccionó, o
pareció reaccionar como si fuera una
autoridad verdadera. Pidió informes a
las concesionarias infractoras, anunció
que iniciaría en su contra un procedimiento
sancionador y su Secretaría Ejecutiva
preparó sendos proyectos en que se examinaron
las peculiaridades de las conductas atípicas
de las televisoras y se previó multarlas.
Pero el miércoles 11
comenzó la captura del órgano
regulador por los sujetos regulados. Tres consejeros,
Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez
Alcántar, junto con el secretario ejecutivo
del instituto, Edmundo Jacobo Molina, acudieron
a parlamentar con dirigentes de la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
La presencia realmente importante era la de
los vicepresidentes de la cámara, Javier
Dondé y Ernesto Vidal, representantes
de Televisa y TV Azteca.
Consejeros del IFE y su secretario
ejecutivo firmaron con los infractores un “acuerdo
de colaboración”, en cuyo cuerpo
se relaja la estricta obligatoriedad de los
textos legales. La cámara -para efectos
prácticos Televisa y TV Azteca- se comprometió
a “respaldar, apoyar y acompañar
al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades
constitucionales y legales, así como
generar las condiciones propicias para el adecuado
acceso de los partidos políticos y del
propio instituto a los tiempos de radio y televisión”,
condiciones que están ya en la Constitución,
el código electoral y el reglamento de
radio y televisión y que no es, por lo
tanto, necesario propiciar. Por añadidura
los concesionarios “procurarán”
no agrupar los promocionales en “un solo
bloque”.
Con la firma de ese extravagante,
seudolegal acuerdo se estableció la base
para eximir de penas a las infractoras. El consejero
Marco Antonio Baños presentó un
proyecto contrario al de la Junta, lo que implicaba
dejar de lado las sanciones previstas, porque
tras la firma de ese acuerdo y al “haberse
corregido la transmisión de los spots”,
el asunto queda sin materia. La falacia del
argumento de Baños contó con el
apoyo de los consejeros Gómez Alcántar,
Guerrero, Nacif y Sánchez, representantes
del Partido Verde, que nunca se recatan para
ostentarse defensores de la telecracia, endurecida
e impune.
Tomado de Reforma, Opinión P.9 (16/Feb/09)
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Derrota
Es ya un lugar común
que considerar que, al introducir en forma concertada
un bloque de anuncios electorales durante la
transmisión de juegos de fútbol,
la televisión comercial lanzó
un abierto desafío al Estado mexicano.
Ese desafío, tiene varias aristas y una
de ellas es que, ilegalmente, las televisoras
comercializaron el tiempo del Estado, ya que
durante tales emisiones los mensajes electorales
debieron ser incluidos en los espacios destinados
a publicidad.
Televisa y Televisión
Azteca incurrieron en una conducta sancionada
por el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley Federal
de Radio y Televisión. El primero prohíbe
la “manipulación o superposición
de la propaganda electoral con el fin de alterar
o distorsionar su sentido original”(art.
350, inciso d)y la segunda obliga a la TV a
“fortalecer las convicciones democráticas”
(art.5, fracción IV). Y al atribuir esa
interrupción a las autoridades, las televisoras
manipularon la propaganda electoral y produjeron
la irritación de la teleaudiencia y no
la vigorización democrática.
Si aquello fue un desafío,
lo que ocurrió una semana después
fue una burla al mismo Estado y una violación
constitucional. La burla consistió en
que durante el tiempo empleado para la transmisión
de los partidos futbolísticos no hubo
interrupciones, pero tampoco difusión
alguna de los spots que por obligación
debió incluir la TV. Frente a esa conducta,
lo órganos del Estado mexicano y los
partidos políticos permanecieron doblegados
por la cámara y el micrófono.
El Estado mexicano, vencido
una y mil veces por los narcotraficantes, ha
sufrido una nueva derrota, ahora a manos de
la televisión. Hoy se discute si México
es o no un Estado fallido, una de las características
es la incapacidad para hacer cumplir las leyes,
pero de lo que no hay duda es que, en este episodio,
es un Estado vencido.
Tomado de: : Ref, Opinión
P.9 (16/Feb/09)
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El
futuro del periodismo
Hoy en día las alertas
en torno al futuro del periodismo corren como
ceniza regada en múltiples direcciones.
Que si va a desaparecer el diario en papel,
que si el reportero es una especie en extinción,
que si el poder ha sido arrebatado de los medios
para tenerlo en sus manos, al fin, el ciudadano.
Ante las nuevas tecnologías e Internet,
en torno al periodismo se ha reunido un buen
puñado de apocalípticos y visionarios
que sustentan sus sendas posturas en la base
de la prueba y error.
Estamos en un punto en el que
nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde
dirigirse, lo único real es que aún
no contamos con modelos, ni fórmulas
claras para “salvar” al periodismo
del naufragio, ni tampoco para terminar de sepultarlo
en la arena de los nuevos tiempos.
Juan Luis Cebrián, fundador
del periódico español El País,
reconoció en una reciente visita a México
que no volvería a fundar nunca un periódico
en papel, pero que eso no significa que se dedicara
a otra cosa que no fuera el periodismo. Sus
consideraciones en torno a esta profesión
son interesantes:
1. ¿Víctimas
o victimarios? La disyuntiva entre comercio
e información, entre información
y entretenimiento, no es nueva. “El Watergate
es una desgracia para los periodistas occidentales,
pues a partir de éste pareciera que uno
no llega a ser buen periodista si no logra que
caiga el poder. El periodismo como contrapoder
no ha sido beneficioso para el ejercicio de
la profesión”.
2. Hagamos historia. “El
periodismo pertenece a la historia de las revoluciones
industriales de principios del siglo XIX, y
desde entonces forma parte de las instituciones
democráticas. Ante la revolución
de las nuevas tecnologías, el cambio
se acentúa, mas Internet no es sustitución,
sino cambio.”
3. Ni todo el conocimiento,
ni todo el poder. “Es probable que
todo el conocimiento esté en la red,
pero no así la discriminación
entre verdad y mentira. Estamos perdiendo capacidad
de abstracción y de conocimiento. En
la realidad virtual lo importante no es la verdad,
sino lo que la gente cree que es verdad. Las
mentiras que se cuentan en la web tienen más
credibilidad que las verdades que se cuentan
en papel. Pero si bien todo el mundo tiene la
información, no todo el mundo tiene el
poder. El poder está en el conocimiento,
no en la información”.
4. Vale más lo local que lo global.
“Se dice que la nueva sociedad digital
es global, pero hay mucha gente que no se comporta
de forma global. En la red todo vale para todo
y para nada. Hay una falta de comprensión
del comportamiento de los usuarios y de la plataforma.
Los periódicos generan comunidades de
lectores; la prensa digital u otras como la
gratuita, no tienen que competir porque al dirigirse
al mundo al final no se dirige a nadie.”
5. Vender o contar.
“En la web vale más la demanda
que la oferta. Deberíamos dejarnos de
obsesionar en la cantidad y no descuidar la
calidad de los contenidos. Lo importante es
saber qué queremos contar y a quién
se lo queremos contar.”
A final de cuentas, los periódicos
son un reflejo de la sociedad en la que se hacen.
No importa si desaparecen los diarios de papel,
mientras no se esfume la información
que nutre a la sociedad democrática.
Tomado de El Financiero,
Cultural P.38 (28/Ene/09)
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Derecho
de réplica
Uno de los vacíos que
tensan las relaciones entre ciudadanos y medios,
es la falta de una legislación que reconozca
y tutele el derecho de réplica. Es decir,
la posibilidad que tienen las personas para
responder ante cualquier acusación falsa
o imputación dolosa que le afecte o agravie
su imagen.
De los pendientes que dejaría
la actual Legislatura, el de la nueva Ley del
Derecho de Réplica sería uno de
los más lastimosos, puesto que los actuales
legisladores llevaron al artículo sexto
de la Constitución la reforma que garantiza
ese derecho, especialmente para quienes no poseen
medios de comunicación o espacios en
ellos.
El procesos electoral ha iniciado
y ya se asoman las campañas sin que se
haya logrado un procedimiento que haga realidad
este derecho. Ningún escenario tan vasto
en dimes y diretes como las campañas,
y tan falto de reglas para la reivindicación
inmediata sobre infundios o calumnias.
El artículo 223 del
Cofipe establece que partidos, precandidatos
y candidatos podrán ejercer el derecho
de réplica cuando consideren que la información
que presenten los medios deforma hechos o situaciones
referentes a sus actividades. Asimismo, se establece
que este derecho “se ejercerá en
la forma y términos que determine la
ley de la materia”, o sea, no habrá
forma de ejercerlo pues no hay ley en la materia.
Varios legisladores impulsaron
proyectos concretos, principalmente el PAN.
Pero ninguno ha trascendido al estatus de un
anteproyecto de dictamen. A la fecha existen
cuatro iniciativas: la que derivó de
los trabajos del CENCA; la iniciativa de Ley
para Garantizar el Derecho de Réplica
que suscribieron diputados del PAN; la Iniciativa
de Ley Reglamentaria del artículo sexto,
del senador Alejandro Zapata Perogordo, también
del PAN; y la que presentaron senadores del
Partido Verde.
Debieran saber que suscribimos
en 1968 la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que plasma el derecho de rectificación
o respuesta, al considerar que toda persona
afectada por informaciones inexactas o agraviantes
emitidas en su perjuicio a través de
medios de difusión tiene derecho a efectuar
por el mismo órgano de difusión,
su rectificación o respuesta. Somos el
único país del Pacto de San José
que no incorporó esos principios a su
legislación nacional.
Ese vacío no lo llena
la Ley sobre delitos de Imprenta de 1917, pues
aunque es vigente, su violación es sistemática.
Del seudoderecho de réplica consignado
en el Reglamento Federal de Radio y Televisión
de 2002 ni hablamos, pues se trata de una “solicitud
de aclaración”, cuya procedencia”
estará en manos de los concesionarios.
De ahí que la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
(Amedi) exhorte a que los legisladores terminen
la tarea que iniciaron, y se dispongan a discutir
y aprobar el mejor proyecto legislativo. Agustín
Pineda ha remitido una bien estructurada opinión,
“Los legisladores deben considerar que
el bien jurídico tutelado en el ejercicio
del derecho de réplica atiende al derecho
a la información de los ciudadanos y
protege la dignidad e intimidad de las personas,
y por eso mismo prevé la protección
del honor, vida privada e imagen de las personas”.
Ni más ni menos, de eso se trata.
Tomado de El Universal,
Opinión P.18 (27/Ene/09)
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Transparencia
y corrumpción, InfoDF
El presidente del Instituto
de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal (InfoDF), Óscar
Guerra Ford, ha ido erosionando su credibilidad
y la del órgano que representa al violar
la ley sin consecuencias, hasta ahora. Es lamentable
que la trasparencia pueda ser, en ocasiones
una simple apariencia. Véase si no.
Primero. Guerra Ford ha hecho
política para su ventaja personal con
recursos del erario. En plena campaña
del PRD por la presidencia de este partido,
el titular del InfoDF no sólo asistió
a una cena de recaudación de fondos para
apoyar a Alejandro Encinas, sino que tomó
la temeraria decisión de utilizar recursos
públicos del InfoDF para apoyar la causa
de su colega y conocido.
De acuerdo con los registros
que obran en la Dirección de Administración
y finanzas del InfoDF, al menos dos pagos por
la suma de casi un cuarto de millón de
pesos fueron erogados para la compra de la suntuosa
obra Ciudad de las ciudades, editada
por la Fundación para el fortalecimiento
de los Gobiernos Locales (Fundlocal), cuyo presidente
casualmente es Alejandro Encinas. Si eso no
bastara, Guerra Ford distribuyó esas
obras entre los diputados de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal creyendo que su candidato
ganaría la presidencia del PRD. Puso
en riesgo la imparcialidad del InfoDF como garante
de la transparencia, lo cual supone estar al
margen de las contiendas internas de los partidos
políticos.
Segundo. El presidente del
InfoDF ha sido omiso en cumplir con la ley en
varios casos. El más visible es el de
autorizar los pagos a la ciudadana María
Elena Pérez Zermeño, alias María
Elena Pérez Jaén, quien jurídicamente
carece de existencia. El hecho de que Guerra
Ford haya autorizado el pago a una persona que
no tiene cargo alguno en el InfoDF podría
aportar elementos para el eventual delito de
pago patrimonial en perjuicio de la institución
que preside.
¿Qué se puede
esperar del InfoDF si su presidente viola la
ley?¿Qué calidad moral tienen
estas personas para pontificar sobre las bondades
de la trasparencia si no sólo tiran al
basurero la ética mínima sino
que incumplen su propia normatividad?¿Será
verdad que María Elena Pérez ha
buscado irse para cambiar de personalidad obteniendo
ilegalmente una credencial de elector? Es tiempo
de que a casos de corrupción no siga
más impunidad. Esta práctica lastima
a la comunidad en su conjunto. Veremos qué
pasa y estaremos al pendiente.
Tomado de El Financiero, Opinión P.18
(20 /Ene/09)
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Acoso
judicial, nueva censura
El acoso judicial se ha convertido
en un nuevo instrumento contra las libertades
con que los medios satisfacen el derecho a la
información de la sociedad. Una combinación
de leyes deformes, ruines demandas de presuntos
ofendidos y un feble aparato de justicia genera
ya, y amenaza ampliar, un entorno contrario
al escrutinio de asuntos públicos que
es imprescindible donde quiera que se pretenda
vivir en democracia.
Desde noviembre de 2006, la
reportera Ana Lilia Pérez ha documentado,
en la revista Contralínea, irregularidades
graves en el otorgamiento de contratos de diversa
índole en Pemex. En esa publicación
fueron exhibidos por primera vez los que suscribió
Juan Camilo Mouriño con esa empresa paraestatal.
Igualmente se han documentado impropias relaciones
contractuales entre Pemex y Oceanografía,
en las que han tenido implicación los
impunes hermanos Bribiesca Sahagún.
Asimismo, la reportera Pérez
ha ofrecido amplia información sobre
el Grupo Zeta, un consorcio perteneciente a
la familia Zaragoza radicada en Ciudad Juárez
que cubre el 72 por ciento del mercado de gas
doméstico en nuestro país gracias
a una relación de privilegio con Pemex.
Para aclarar algunos puntos de esa información,
Jesús Zaragoza accedió a ser entrevistado
por la periodista pero no quedó satisfecho
con la publicación de esa plática
y la utilizó como pieza para demandarla
por daño moral, al igual que a Miguel
Badillo, director de Contralínea
y Fortuna, medios donde aparecieron
las informaciones cuestionadas
Indebidamente el juez 44 de
lo civil inició un proceso y condenó
a los demandados, considerando que se había
dañado la reputación de Zaragoza.
La sexta sala del Tribunal Superior de Justicia
confirmó la sentencia. Pero el demandante
no quedó satisfecho.
Al parecer el amago se concretó
en un juicio iniciado en Guadalajara, del que
Badillo y Ana Lilia Pérez tuvieron noticia
de mala manera, el viernes pasado. El director
de las revistas cuestionadas permaneció
arrestado durante 11 horas ese día, en
cumplimiento de una orden expedida por un juez
capitalino que atendió un exhorto del
juzgado 13 civil de la capital jalisciense.
Además de la gravedad
intrínseca de este acoso, es preciso
reparar en que el arresto de Badillo fue realizado
por la Policía Bancaria e Industrial,
competente para el caso según arreglos
internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, que deberá
responder de la legalidad de sus actos, pues
hace cumplir a una corporación privada,
mediante paga, obligaciones de la propia secretaría.
Lo hago también respecto
de Alfredo Rivera Flores, que ha padecido durante
cuatro años y medio el acoso judicial
emprendido por el ahora diputado federal priísta
Gerardo Sosa Castelán. Debido a la publicación
del libro La sosa nostra, el ex rector
de la Universidad Autónoma de Hidalgo
demandó por daño moral al autor
de la obra. Contrario a la libertad de expresión,
este buscador de la gobernatura estatal pretendió
en su demanda la condena no sólo de Rivera
Flores, sino del prologuista, el editor, la
empresa, la empresa que levantó la tipografía,
el artista que preparó la portada y aun
el fotógrafo que retrató al autor
del libro.
Salvo Rivera Flores, el resto
de los codemandados fuimos absueltos por el
juez 29 en una sentencia que debería
presentarse en cursos de derecho procesal civil
como ejemplo de lo que no debe hacerse y que,
sin embargo, fue confirmada el 12 de diciembre
pasado por la octava sala del Tribunal Superior
de Justicia del DF.
Tomado de Reforma, Opinión P.11 (20/Ene/09)
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Radio
y televisión, ¿por cuánto
tiempo?
La iniciativa de reformas a
la Ley Federal de Radio y Televisión
(LFRTV), presentada por los senadores Mejía,
Beltrones y otros, tocó puntos fundamentales
de las concesiones para radio y televisión
abierta, así como el plazo de las concesiones.
La iniciativa se ostenta como
solución a la situación crítica
que viven cientos de concesionarios de estaciones
de radio cuyas concesiones han vencido y están
pendientes de prórroga. La iniciativa
dice que cumple con lo resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en materia
de radiodifusión. Veamos si lo logra.
La ley establecía que
las condiciones para radio y televisión
se otorgarían hasta por 30 años,
antes de las reformas del 2006. Éstas
a su vez señalaron que el término
de la concesión sería de 20 años,
es decir, un plazo fijo.
Esto llevó a la Corte
a declarar su inconstitucionalidad, porque al
ser un plazo fijo eliminaba la posibilidad de
que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes diera una concesión por menor
tiempo, si así lo demanda el interés
público.
En las sesiones de los ministros
sobre el tema también se discutió
si el plazo de 20 años estaba o no justificado.
Esta parte del debate quedó plasmada
dentro de la sentencia, en los votos que formuló
el ministro Góngora Pimentel.
“La concesión
del espectro radioeléctrico para el servicio
de radiodifusión por un plazo de 20 años
constituye una restricción excesiva al
derecho de acceso a los medios de comunicación,
en razón de que el referido plazo no
es indispensable para satisfacer el fin perseguido
por la norma”. (Ministro Góngora)
La iniciativa pretende justificar
el plazo de hasta por 20 años, porque
así está en la Ley Federal de
Telecomunicaciones (LFT). ¿Satisface
el juicio de proporcionalidad? No. Actualmente
la finalidad de las concesiones de frecuencias
del LFT no está vinculado directamente
con el acceso a los medios de comunicación.
La iniciativa mezcla la convergencia
tecnológica con la diversa finalidad
que persiguen la radiodifusión y los
demás servicios de telecomunicaciones.
Antes se justificaban concesiones de plazos
largos porque la inversión y el cambio
tecnológico llevaban muchos años
en ocurrir, hoy no es así.
La experiencia internacional
tampoco sirvió para respaldar el plazo
de hasta 20 años, porque en Estado Unidos
de América el plazo de una licencia de
radiodifusión es hasta por ocho años,
en Canadá hasta por siete, en España
hasta de diez, en Japón hasta de cinco,
mientras que en Paraguay, Colombia y Francia
puede ser hasta de diez años.
La iniciativa ni siquiera toma
en cuenta esta experiencia internacional y se
limita a decir que el plazo hasta de 20 años
es constitucional, ¿pero es conveniente
ese plazo para México?, ¿por qué
en vez de ese plazo, el legislador no consideró
un plazo de 30 años o uno de diez?
En síntesis la iniciativa
incurre en el mismo error que la mayoría
de las iniciativas: la falta de una debida justificación
del porqué de sus propuestas legislativas.
Tomado de El Financiero, Negocios P.16 (23/Dic/08)
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El
verdadero cerco informativo
La libertad de expresión
en nuestro país experimenta un retroceso,
pues a pesar de que a partir del cambio de administración
en el año 2000 existe una mayor libertad
para hacer una crítica de manera más
clara y categórica. Esto no ha sido suficiente
para garantizar a los ciudadanos un derecho
que incluso se encuentra plasmado a nivel constitucional.
En la actualidad, la ya muy
manoseada libertad de prensa es abiertamente
condicionada, hecho que se constata en los múltiples
casos de periodistas que se ven amedrentados
por los personajes de quienes hablan o bien,
saboteados por los propios medios de comunicación.
Esta libertad se encuentra
restringida, las personas sólo pueden
expresarse bajo parámetros limitados
implícitamente (debido a la disponibilidad
de información o a la discrecionalidad
del medio a través del cual se informa).
Diversas alternativas se presentan con la expansión
del periodismo hacia otros medios como el internet,
las películas de cines tanto documentales
como informativas e incluso el teatro de temas
de actualidad. Estos medios se convierten en
un portal de denuncia pública y en ocasiones
en un foro de discusión y análisis,
ello da cuenta del fenómeno de represión
que aún nos persigue.
Sin embargo, nos encontramos
en un momento en el que es sencillo confundir
información con conocimiento, este error
conduce a manipular inadecuadamente la información
disponible. Es aquí donde el buen crédito
de un medio de comunicación adquiere
valía, pues sólo a través
del tiempo se construye un vínculo de
confianza (con la audiencia y el lector) que
ofrezca diversificar perspectivas sobre un hecho
o un acontecimiento, así como permitir
que ellos mismos juzguen y se formen su propia
opinión.
Tomado de El Universal, Ideas P.2 (17/Ene/09)
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Prensa
y violencia. Realismo
Cuando el 30 de mayo de 1984
fue asesinado a balazos el columnista político
Manuel Buendía, como represalia a sus
textos de denuncia de complicidad de políticos
y funcionarios con el narco, la reacción
de los medios no fue de miedo sino de profundización
de la crítica. El silencio de la prensa
ente el crimen organizado no es sino una forma
de complicidad.
Las agresiones y amenazas contra
los medios de comunicación por mafias
del narcotráfico no deben provocar la
decisión de eludir esos temas torales
del corto plazo mexicano. La agresión
contra las instalaciones de Televisa Monterrey,
lo mismo que la desaparición del reportero
Alfredo Jiménez Mota, igual que las agresiones
contra El Mañana, de Nuevo Laredo,
y otras contra periodistas de muchas partes
de la República tienen que ver con un
nuevo escenario de la prensa: el Estado como
autoridad es incapaz de otorgar seguridad a
la profesión de la información.
En un reportaje sobre la cobertura
de prensa en Irak, la revista Vanity Fair mostró
el funcionamiento de las oficinas del New
York Times en Bagdad: sus oficinas tienen
bardas electrizadas, el periódico contrató
a su propio jefe de seguridad armado y los reporteros
están a punto de cargar sus propias armas
para defensa.
Los medios deben entender que
la situación en torno al crimen organizado
es una guerra declarada y que la República
es un territorio de operaciones para esa guerra.
Los capos parecen tener claro que las denuncias
periodísticas en su contra no importan.
De ahí que las agresiones a medios y
periodistas respondan a otro escenario de interpretación:
cuando los medios revelan las complicidades
institucionales y políticas, cuando las
mafias quieren desestabilizar al Estado con
reclamos sociales en su contra y cuando mandan
mensajes violentos a sus adversarios.
La reacción de Televisa
le dio la razón a la estrategia del narco:
las quejas no fueron contra el crimen organizado,
sino contra el Estado, obligando al Estado a
dar explicaciones. Al final se requiere de un
entendimiento medios-estados para evitar incriminaciones
desgastantes entre sí y volver a enfocar
las baterías contra el crimen organizado
y sus complicidades en el poder.
Las agresiones recientes contra
los medios ocurren justo cuando la propia Procuraduría
General de la República ha endurecido
sus relaciones con los medios a partir de la
vieja estrategia de “culpar al mensajero”.
En lugar de reconocer sus fallas, la PGR quiere
incriminar a los periodistas. En este escenario
es previsible un aumento de agresiones del crimen
organizado contra los medios.
Si se entiende más o
menos bien el modus operandi del narcotráfico,
las agresiones contra la prensa buscan arrinconar
al Estado. Por eso la tarea de los medios debe
de seguir siendo la de mostrar al narcotráfico,
revelar su composición, indagar sus complicidades,
echarle los reflectores encima y honrar a los
caídos y agredidos por un papel activo
de denuncia pública.
Tomado de El Financiero, Política
P.30 (14/Ene/09)
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Peor
el remedio
Planteada la posibilidad de
un nuevo reglamento interno de la SCT como el
punto final de una larga serie de desencuentros
entre ésta y la Cofetel, he aquí
que el remedio está resultando peor que
la enfermedad.
De hecho, el punto fino de cualquier alegato
habla de inconstitucionalidad, al pretenderse
enmendar bajo la figura simple de un reglamento
interno expedido por el Ejecutivo, disposiciones
contenidas en media docena de leyes, entre ellas
la de telecomunicaciones y la Federal de radio
y televisión, por más que ambas
han sido colocadas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Dicho con todas las letras,
el reglamento anula las facultades de la Cofetel,
a la que se le habría otorgado en el
papel el carácter independiente.La paradoja
del caso es que la primera reacción de
la SCT haya sido para aclarar que de ninguna
manera se subordina a la Cofetel.
Más allá, está
latente la protesta de la Cámara Nacional
de la Industria de Televisión por Cable
contra la alianza entre la cadena MVS y el propio
Teléfonos de México para ofrecer
televisión directa al hogar. Y si le
seguimos en una larga lista de pendientes se
ubica la inconformidad de un grupo de empresas
de telefonía contra una resolución
de la SCT para pago de terminación de
llamadas de telefonía móvil.
Adicionalmente, a la callada
se analiza la denuncia de Televisa contra TV
Azteca por vender multiflexadoras para TV digital
con cuatro y seis canales. Más lejos
aún, la MVS planteó su inconformidad
ante la integración de combos, es decir,
el que las estaciones de radio de Amplitud Modulada
puedan operar también en Frecuencia Modulada,
para equilibrar la competencia publicitaria.
Por lo pronto, el nuevo esquema
convierte a Luis Téllez en supersecretario,
y a la Cofetel en una mera instancia referencial.
Y por lo pronto, esta última ya presentó
una controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
La guerra pues sigue viva,
sólo que hoy en los tribunales. Peor
remedio que la enfermedad.
Tomado
de El Universal, Finanzas P.6 (19/Ene/09)
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Solidaridad
con Televisa
El condenable atentado contra
las instalaciones de Televisa Monterrey debe
ser enérgicamente repudiado por la sociedad
en general y por los gremios de comunicaciones
en particular. El grave episodio se inscribe
en un doble contexto: el de la violencia ejercida
contra los medios de información y el
de la criminalidad creciente en Nuevo León.
La combinación de disparos
con armas de alto poder y granadas de fragmentación,
se habían presentado ya en los ataques
a los diarios El Mañana, de
Nuevo Laredo, y El Debate, de Culiacán.
Por lo que toca a la criminalidad
que agobia en particular a Nuevo León,
el atentado contra Televisa Monterrey puede
situarse en una estrategia destinada a irritar
o a atemorizar instituciones de gran presencia
local. Sólo en el mes de octubre fueron
asesinados 13 miembros del Ejército,
algunos de los cuales fueron degollados.
Por esos mismos días,
el presidente y director general del Grupo Reforma,
Alejandro Junco de la Vega, describió
en la Universidad de Columbia el tétrico
panorama que viven los regiomontanos en general
y los profesionales de los medios en particular:
“Nos encontramos bajo el asedio de los
capos de la droga, de los criminales, y mientras
más exponemos sus actividades, más
fuerte responden”. Junco de la Vega citó
palabras de Edmund Burke, cuyo sentido animó
su decisión de radicar fuera del país:
“Todo lo que el mal necesita es que la
gente buena se mantenga callada”.
Cuando en abril del 2005 desapareció
el reportero de El Imparcial, Alfredo
Jiménez, investigaba lazos de autoridades
con el narcotráfico, motivo por el cual
los directivos del diario adoptaron la decisión
de abatir su energía periodística.
Para no exponer al resto de su personal resolvieron
abstenerse de indagar y limitarse a publicar
la información oficial. Y es que el propósito
delincuencial de intimidar a los medios se consigue
sin dificultad, cuando es la propia voluntad
de los involucrados la que determina guardar
silencio.
Se comprende que, consternado
y bajo los efectos inmediatos de la agresión
en Televisa Monterrey se haya reaccionado con
menor prestancia de lo que la situación
requería. Es seguro que, con el ánimo
más sereno, el director de noticias de
Televisa de aquella ciudad, Francisco Cobos,
reaccione de un modo distinto al que lo condujo
a dirigir un mensaje de neutralidad a los “señores
de la delincuencia organizada”, a quienes
aclaró que, “no queremos nada contra
ustedes”.
Sin dejar de entender la diferencia
entre sufrir una agresión y atestiguarla
de lejos, creo que esa actitud no es la que
mejor sirve a la sociedad. Como ciudadanos y
como profesionales de la prensa, no callemos.
Tomado de Reforma, Opinión
P.9 (8/Ene/09)
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Una
reflexión sobre la prensa
En mayo de 2007 escribí
en la revista Etcétera: Nuestro
periodismo. Ahí planteo cinco críticas
al trabajo periodístico en México.
En la primera propongo tres temas: a) la concepción
de la noticia; b) la construcción de
la noticia; c) el cabeceo de la noticia. A partir
de las reacciones a una conferencia y entrevista
que di la semana pasada considero oportuno ofrecer
lo que expuse entonces:
a) La concepción de
la noticia: “En nuestro periodismo, la
concepción dominante de la noticia no
son los hechos. La noticia se entiende sólo
como aquello que es escándalo. Si no
es escándalo no es noticia. Esta posición
no siempre y necesariamente es la del periodista
que cubre la fuente, sino que se origina en
la mesa de redacción, que está,
a su vez, presionada por otros medios”.
b) La construcción de
la noticia: “En nuestro periodismo son
dos las técnicas para obtener y construir
el escándalo. Solicitar la opinión
de un actor político y con ella provocar
la reacción de otro actor político.
En ese momento se obtiene la nota. Lo que interesa
es la confrontación de los actores. Se
construye el acto divertido. Lo que se obtiene
es circo.
“Esta cobertura noticiosa
provoca ruido, puede incluso ser muy intenso,
pero nada más. Su influencia es psicológica.
El accidente que es intrascendente pasa a ocupar
el espacio central. El accidente como escándalo
se convierte en la nota importante”.
c) El cabeceo de las notas:
“Resulta fundamental en la construcción
del escándalo. Con mucha frecuencia la
cabeza de las notas no tiene nada que ver con
la nota.
“La cabeza sola, sin
la nota, luego pasa a ser la nota de los noticiarios
de la radio, que la proponen como realmente
es o sucedió. De ahí se desprenden,
con frecuencia, llamadas a los actores políticos
para que opinen sobre esa noticia, que no es
tal, y los actores, es también lo más
frecuente, suelen reaccionar dando por buena
la información que parte de una cabeza
que no daba cuenta de lo que había ocurrido,
pero que tampoco era lo que proponía
la nota original”.
Es responsabilidad de los actores
públicos asumir lo que dicen y proponen.
Nunca pueden renunciar a eso. La de los medios,
ofrecer con objetividad lo que éstos
plantean. Nunca sacar de contexto lo que proponen
o sólo seleccionar frases para decir
lo que el medio quiere y así obtener
“su” noticia. A la distancia, con
pesar, sostengo lo que escribí hace año
y medio.
Tomado de El Financiero, Política
P.30 (23/Dic/08)
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Lo
bueno, malo y feo en el 2008
LO BUENO
Reglamento IFE de radiodifusión:
después de la polémica aprobación
de la reforma electoral, en 2007, que introdujo
una nueva relación entre partidos políticos
y medios electrónicos, el IFE publicó
este año un reglamento. A diferencia
de los legisladores que crearon una legislación
confusa e incluso contradictoria, los Consejeros
del IFE abrieron un proceso de consulta que
les ha permitido emitir normas técnicas
para implementar con elementos mínimos
de certeza las normas electorales. Esto en beneficio
de partidos políticos y del Gobierno
federal.
Portabilidad: la
decisión de la Cofetel que permite migrar
números telefónicos de operador
fue sin lugar a dudas un gran acierto. No sólo
en términos de vanguardia regulatoria,
sino también en términos de los
219 mil usuarios que han cambiado de operador.
Convirtiendo a México en el primer país
de América Latina que implementa dicha
medida.
Consolidación
ASL’s: otra medida positiva adoptada
por el órgano regulador es la consolidación
de 78 áreas de servicio local, con la
que se pretende beneficiar a un número
importante de mexicanos que incurrían
en importantes gastos por concepto de llamadas
de larga distancia que se generaban al comunicarse
a comunidades vecinas.
Registro de celulares:
la aprobación de diversas modificaciones
a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con
el objeto de introducir la obligación
para que los concesionarios de servicio de telefonía
móvil registren la información
necesaria para conocer la identidad de quienes
contraten líneas telefónicas.
La ausencia de este requisito había provocado
que la telefonía móvil se convirtiera
en una herramienta de extorsión. La obligación
de llevar una base de datos de los usuarios
no representa en sí un freno para las
actividades delictivas, pero es un hecho que
la sociedad mexicana ha puesto enormes expectativas
en este nuevo instrumento. Además, habrá
de instalarse mecanismos de control para que
no cualquier persona tenga acceso a la totalidad
de la información de los clientes.
La bancada priísta
en el Senado: la fracción tricolor
ha marcado la agenda en el sector telecomunicaciones.
Prueba de ello es que la iniciativa de frecuencia
FM para la AM fue imitada por el Ejecutivo a
manera de Acuerdo.
LO MALO
Licitaciones pospuestas: la posposición
de las licitaciones de bandas de frecuencia
ha sido un tema que debe considerarse como una
asignatura pendiente, desde 2007, por parte
de las autoridades. Sin estas licitaciones no
habrá el “oxígeno”
suficiente para reanimar la competencia en las
telecomunicaciones mexicanas.
Reglamento Cofetel:
la ausencia de un reglamento para la Cofetel,
que la presente administración ha pospuesto
por dos años, dará elementos para
complicar cualquier acto de autoridad.
LO FEO
Que no haya existido un acuerdo entre la SCT
y Cofetel para sumar el talento de cuatro funcionarios.
En lugar de ello, los comisionados Ruiz Vega
y González Abarca fueron removidos de
la Cofetel y en su lugar nombrados el subsecretario
y el jefe de Unidad Jurídica de la propia
SCT. Y ahora, estos dos nuevos integrantes están
peleados con la nueva subsecretaría de
la SCT.
Y desde luego, que en México
sigan existiendo costos elevados en materia
de telecomunicaciones. En un estudio reciente,
la propia OCDE hace patente lo caro que son
los servicios de telefonía móvil
y fija en México con respecto a los de
otros países, y las cosas se vuelven
todavía más alarmantes cuando
se trata de servicios de banda ancha, en donde
México es el más caro de los 30
países de OCDE.
Tomado de Reforma, Opinión Financiera
P.6 (16/Dic/08)
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Batallas
del duopolio
Televisa y TV Azteca dominan
no sólo el espacio radioeléctrico
para la transmisión de imágenes
sino que influyen decisivamente en la vida pública
de México. Su poder es suficiente para
frenar o torcer iniciativas legales que, en
pos de promover el interés general, limitan
los márgenes de acción de las
televisoras. Logran su objetivo de distintos
modos.
El Congreso está obligado,
judicialmente, a emitir nuevas leyes de telecomunicaciones
y de radio y televisión. Y políticamente
el Senado se comprometió a emprender
una reforma de mayor alcance del que implica
ajustar esas dos piezas legislativas. Además,
el Poder Legislativo tiene pendientes reglamentar
la prohibición constitucional de vender
tiempo para la propaganda política, quienquiera
que busque comprarlo.
Por lo que toca a la obligación
de legislar, nacida de la sentencia de la Suprema
Corte que declaró anticonstitucionales
varios artículos de la llamada Ley Televisa,
los gestores del interés del duopolio
(investidos algunos de ellos de ropaje legislativo)
tuvieron éxito en aplazar sine die el
abordamiento de la cuestión. Después
de la sentencia se realizaron ya tres periodos
de sesiones ordinarias sin que hubiera siquiera
una aproximación a la materia.
Ese vacío, creado deliberadamente,
ha sido aprovechado por el senador Manlio Fabio
Beltrones para presentar dos iniciativas sobre
el tema, destinada una a otorgar concesiones
de fm a las radiodifusoras que utilizan am,
y otra a restablecer el refrendo automático
para las concesiones de radio y televisión
en general, que se prolongarían indefinidamente
sin que sus titulares tengan que contender con
nuevos participantes. Es verdad que a este respecto
la iniciativa propone que el Estado obtenga
en ese caso una contraprestación económica.
Pero el diseño de la propuesta podría
resultar no beneficioso sino lesivo para el
interés fiscal. Así lo ha advertido
la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información, Amedi.
Preside la Amedi el ex senador
Javier Corral, que pretendió frenar la
aprobación de la Ley Televisa y encabezó
después la acción de inconstitucionalidad
a partir de la cual la Suprema Corte limó
algunas de sus rebabas más groseras.
Por eso la Amedi sometió a examen la
propuesta presentada por el senador Manlio Fabio
Beltrones para establecer el refrendo automático
y a perpetuidad de las concesiones y lo calificó
de “nuevo y desfachatado intento para
infringir” resoluciones de la Suprema
Corte de justicia de la nación.
La organización encabezada
por Corral, objeta la pretensión de Beltrones
de que “las concesiones puedan prorrogarse
simplemente a partir de una evaluación
administrativa por parte de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Esa actitud
contradice la postura de la Corte, que ha señalado
que el titilar de una concesión podría
tener preferencia al momento del refrendo, únicamente
cuando se presente un equilibrio total o una
igualdad absoluta entre varios interesados en
cuanto a su idoneidad y el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el otorgamiento de
la concesión”.
Así que, de prosperar
la iniciativa de Beltrones, los empresarios
de la televisión y radio no solamente
no pagarían por la renovación
de sus concesionarios sino que existiría
la posibilidad de que el Estado tuviera que
pagarles la diferencia entre los derechos para
la prórroga y el monto de los tiempos
estatales que hasta ahora han tenido que abrir
para la difusión de mensajes institucionales
y, ahora, de los partidos políticos.
Tomado de Reforma, Opinión
P.19 (15/Dic/08)
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Beltrones,
abogado de radio y televisión
Aunque es economista, Manlio
Fabio Beltrones actúa como abogado de
los concesionarios de radio y televisión.
En un semestre, presentó dos proyectos
de ley para favorecer a los industriales de
esos medios, sobre todo a los de la televisión.
Es de suponer que espera una retribución
que sirva a su propósito, que él
niega pero es evidente, de ser el candidato
del PRI que reconquiste Los Pinos en el 2012.
Para lograr ambas metas tiene
que convertir el poder que ejerce en su Cámara
y dentro de su partido en presencia pública
que lo hagan un aspirante real a la Presidencia
de la República. Hoy no lo es, como lo
enseñan diversas encuestas.
El coordinador de los senadores
priístas, presidente de la Junta de Coordinación
Política de esa Cámara, tiene
que remontar esa amplia desventaja. Ejerce en
esa dirección el activismo que le permite
su posición privilegiada como uno de
los dirigentes reales del PRI. Ya impulsa a
su secretario Manuel Añorve para que
recupere la alcaldía de Acapulco, ya
presenta un libro del secretario particular
del gobernador poblano, ora asiste a la boda
de la hija de Ricardo Salinas Pliego, ora se
entrevista con Bill Richardson, el próximo
secretario de Comercio de Estados Unidos, su
“amigo de hace mucho tiempo”, según
informa.
En esa línea de su estrategia,
el 4 de junio presentó la iniciativa
de Beltrones, “FM para todos”, el
canje de las concesiones de AM por otras de
Frecuencia Modulada. Lanzada la iniciativa durante
el receso legislativo , se suponía que
al comenzar septiembre el proyecto sería
discutido y aprobado.
Pero como los concesionarios
de radio y televisión constituyen una
clientela muy apreciada por los políticos,
el gobierno resolvió no dejar ese campo
a disposición de Beltrones, y se le adelantó.
El 15 de septiembre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes emitió un
acuerdo que sustancialmente coincide con la
propuesta del precandidato presidencial priísta.
Éste, que no es manco ni tullido, buscó
otro modo de presentarse como campeón
de los intereses de la radiodifusión
y el martes pasado, 2 de diciembre, propuso
una nueva reforma a la ley correspondiente,
cuya médula consiste en otorgar concesiones
a perpetuidad a los actuales titulares para
que sin límite puedan renovar sus licencias
cada 20 años.
Si bien la iniciativa del martes
pasado impone a los concesionarios el pago de
una contraprestación por el refrendo
que se otorgaría automáticamente,
contraviene la decisión judicial que
reza: “para que el refrendo de una concesión
y la preferencia que se otorgue a su titular
resulten apegados a la ley suprema, es menester
que el titular de la concesión, al término
de la misma, compita nuevamente, en igualdad
de circunstancias, con otros interesados, pues
sólo así se garantiza el respeto
a los principios de igualdad, rectoría
del Estado, planeación para imprimir
dinamismo y crecimiento a la economía,
dominio directo de la nación sobre ciertos
bienes relevantes, prohibición de monopolios
y concentraciones contrarias al interés
público, utilización social de
los bienes y administración eficiente
y honrada de los recursos del Estado, consagrados
en los artículos 1, 25, 26, 27, 28 y
134 constitucionales”.
Presidida por Javier Corral, la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
consideró el proyecto de Beltrones “un
nuevo y desfachatado intento para infringir”
la sentencia del tribunal constitucional. Ya
conoceremos sus razones.
Tomado de Reforma Opinión
P.15 (7/Dic/08)
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Infomex
a todo dar, ¿y luego? rmar en México
¿Hasta cuando el IFAI
seguirá revolcando -casi- la misma gata
en ausencia de nuevos logros sustantivos?
El nuevo sistema de solicitudes
es mejor que el anterior, además de sus
virtudes intrínsecas, quizá su
mayor aporte sea el avance que representa rumbo
a la posibilidad de plantear todas las solicitudes
de información a cualquier dependencia
federal, estatal o municipal desde una sola
plataforma informática.
A partir de la transición
del SISI al Infomex, la plataforma del gobierno
federal se vuelve homogénea con ocho
estados de la República. El presidente
del IFAI, Alonso Lujambio, hace bien en reconocer
a los comisionados fundadores del IFAI por su
“imaginación, empeño e inteligencia”
al crear una herramienta tecnológica
fundamental para potenciar el derecho de acceso
a la información a través de internet.
Pero, la pregunta que subsiste
al cumplirse el primer tercio de la administración
Calderón es ¿cómo nos ha
ayudado el IFAI a ganarle terreno a la opacidad
gubernamental en éste que sería
algo así como el segundo partido de su
corta vida?
El IFAI es la máxima
autoridad en materia de transparencia en el
país ¿le hacen caso?, o ¿le
hacen caso más que hace dos, tres o cuatro
años? ¿Le hacen caso los órganos
locales de transparencia?, ¿le toman
la llamada los –cada vez más frecuentes-
gobernadores embarcados en procesos de contrarreforma
a los comisionados del IFAI?
Fue ese liderazgo que hoy parece
desvanecerse el que le permitió hace
tres años al IFAI incitar un movimiento
nacional para lograr una reforma constitucional
que en el papel parece importantísima,
pero que no ha producido el momento de quiebre
que le correspondería en el terreno de
los hechos.
Lujambio llenaba el perfil
para ser presidente del IFAI por ser, a un tiempo,
servidor público probado y artífice
reconocido de la democracia mexicana, en cuya
consolidación el IFAI tiene hoy la responsabilidad
más importante.
Algunos le cuestionaban ser
demasiado amigo del presidente. Un poquito de
orgullo para exhibir la pequeñez de sus
críticos no le vendría nada mal.
Tomado de Reforma Opinión
P.15 (8/Dic/08)
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Informar
en México
¿Por qué atacaron
con granadas las instalaciones del periódico
El Debate? ¿Qué fue lo
que publicaron? Pregunté al dueño
del importante diario del norte del país.
“Pues, nada. No publicó nada…
ya nadie de nosotros está informando
nada desde hace tiempo… no entendemos
qué paso… ¿Por qué
los atacan entonces? Tal vez para “calentar”
la plaza. Así, sin más. Sin amenazas.
Sin explicación. Sin “motivo”.
Julio Hernández López de La
Jornada lo dice a su manera, “La
mira está puesta en el periodismo”.
Se refiere al verdadero tema tabú para
el México de hoy, el narcotráfico.
Es un hecho que todos están dejando de
informar. Cuando fue desaparecido el reportero
Alfredo Jiménez Mota, el director de
El Imparcial de Sonora anunció
la decisión institucional del periódico
para dejar de informar sobre el narcotráfico
y la delincuencia organizada.
Los periódicos y periodistas
deciden, en conciencia, la autocensura. La sociedad
mexicana no puede exigir héroes del periodismo.
Los periodistas que han dejado de informar apelan
a un legitimo sentido de supervivencia y no
hay quien pueda reclamarles. Es el Estado quien
tiene competencias y obligaciones para garantizar
nuestras vidas. Es la sociedad entera la que
debe exigirle seguridad y justicia.
Las granadas arrojadas contra
de El Debate muestra uno de los efectos
más graves que en contra de la sociedad
ha traído la espiral de violencia, enfrentamiento
y amenaza que se vive en franjas enteras del
territorio nacional. Los periódicos no
pueden informar como se debe. Los periodistas
están amenazados. La prensa libre no
puede existir a plenitud en un contexto como
éste. Algunas cifras señalan que,
en los últimos años, han sido
asesinados 44 periodistas en México,
por lo menos la mitad a manos del crimen organizado.
El narcotráfico, sus protectores, las
autoridades coluditas, los extorsionadores,
los menudistas han diseñado su propio
sistema de comunicación social a través
de narcomantas, colocadas en lugares públicos,
en decenas de ciudades del país. Desde
ahí cruzan acusaciones, se señalan,
con nombre y apellido, tanto a adversarios como
a funcionarios a quienes acusan de protectores
del rival.
Cuando los periodistas no pueden
hacer su trabajo e informar a la sociedad, los
periodistas pierden, pero pierde más
la sociedad. Una prensa silenciada es el peor
síntoma de dominio criminal. Los periodistas
asesinados, amenazados o perseguidos son el
peor retrato de un país que se pudre
en la impunidad.
El periodista José Armando
Rodríguez Carreón de El Diario
de Juárez fue acribillado cuando estaba
a punto de llevar a sus hijas al colegio. En
el funeral de Armando, el director de un periódico
en línea llamado La Polaka,
Jorge Luis Aguirre, recibió un mensaje
en su teléfono móvil: “Tu
serás el próximo”. De inmediato
decidió irse, junto con su familia, a
Estados Unidos.
En Ciudad Juárez han
sido asesinados más de mil 300 sólo
en este año. El periodista es uno de
ellos. Pierde la vida una persona y los juarenses
su derecho a estar informados. Traspasar la
frontera de los boletines y la información
oficial es entrar en un terreno minado. Hoy,
el Estado se muestra insuficiente para garantizar
la vida, seguridad y protección a los
que están para informar a México.
Se ha llegado al punto en que Reporteros sin
Fronteras ha pedido la “intervención
humanitaria” de la comunidad internacional
para acoger a los periodistas que optan por
el exilio.
Frente a la tragedia se han
abierto también espacios de comunicación
entre periodistas. En uno de ellos se lee “Lo
único más impresionante que el
creciente número de periodistas asesinados,
es el clima de apatía en el gremio mexicano
y la autocensura.
Tomado de El Reforma, Opinión
P.13 (21/Nov/08)
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Un
día sin periodistas
Sergio Arau se preguntó
qué sucedería si toda la población
latina de California desapareciera de la noche
a la mañana, ¿se daría
cuenta Norteamérica del aporte a la economía,
la cultura y la vida cotidiana que 14 millones
de personas hacen al estado de California? Arau
plantea que las sociedades no pueden valorar
lo que tienen hasta que lo pierden.
Hace una década, reporteros
y reporteras de México comenzaron a desentrañar
las historias de los cárteles de la droga.
El PRI mantenía el silencio sobre las
mafias, a José Vasconcelos lo entrenó
la DEA para ser fiscal antidrogas, y el entonces
gobernador Mario Villanueva acosaba, amenazaba
y perseguía a periodistas que se atrevieron
a escribir sobre sus vínculos con el
narco. Fueron los periodistas quienes lograron
que la sociedad comprendiera a lo que se enfrentaría.
Cuando Felipe Calderón tenia una incipiente
carrera, el periodismo mexicano advirtió
que el crimen se apropiaría de pueblos
y ciudades, de policías, alcaldes y gobernadores.
Personas como José Armando
Rodríguez Carreón, reportero de
El Diario, de Ciudad Juárez,
nos enseñaron el significado de la ética
periodística, del compromiso con la comunidad.
Hace cuatro días fue asesinado por los
narcotraficantes a quienes investigó
durante años.
El periodismo es una linterna
para iluminar al mundo; nos permite entender
lo que sucede en nuestra comunidad, nos ayuda
revelar todo aquello que impide que nuestros
derechos humanos se respeten plenamente. Cada
vez que un gobierno, como el mexicano, permite
la impunidad del asesinato de una reportera
o reportero, no sólo arrebata a la sociedad
su derecho de conocer la realidad, silencia
también a quienes temen perder la vida
por decir la verdad.
Imaginemos un día sin
periodistas. Nadie sabría lo que sucede.
Ni el clima, ni el tráfico, ni los peligros,
ni las buenas nuevas. Sería un mundo
habitado por el silencio, una fiesta para los
criminales, un aliciente para los políticos
corruptos y abusivos. Un día sin periodistas
es lo que nos espera si la comunidad internacional
no reacciona ante el silenciamiento de las y
los reporteros que muestran las violaciones
a los derechos humanos.
Albert Einstein decía
que el mundo es un lugar terrible, no por lo
que hacen los malos, sino por lo que las personas
buenas dejan de hacer. Conversando con un general,
le escuché uno de los elogios más
grandes para cualquier periodista. Dijo que
hace años él logró comprender
la sicología del narco mexicano gracias
al periodista Jesús Blancornelas.
En su soberbia, tanto el presidente
como muchos gobernadores subestiman los asesinatos
de periodistas, han olvidado que los reporteros
fueron quienes le explicaron a México
cómo, cuándo y dónde nacieron,
se reprodujeron y fortalecieron los cárteles
de las drogas que hoy devastan a México.
Tomado de El Universal, Opinión
P.2 (17/Nov/08)
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Radiodifusión
comunitaria
Aleida Calleja y Gustavo Gómez,
dirigentes de organismo internacional que agrupa
a las radios comunitarias (Amarc), se acaban
de apuntar un logro en el ceno de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
al participar en audiencia especial el 28 de
octubre en Washington, DC.
Activistas de esa instancia
y de su relatora de Libertad de Expresión,
Catalina Botero, se comprometieron a voltear
la mirada hacia las amenazas y las inequidades
que enfrenta la legislación para la radiodifusión
en América, y han propuesto un conjunto
de principios y prácticas regulatorias
con la Convención Americana de Derechos
Humanos y los principios de la Libertad de Expresión
de la CIDH.
No es necesario un estudio
jurídico para darse cuenta del hecho
legal en que se funda el modelo autoritario,
concentrador y mercantilista de la radio y la
tv en el continente, y las exclusiones de que
los medios públicos y comunitarios han
mantenido en los marcos regulatorios de los
congresos nacionales.
Para demostrarlo, se ha presentado
un proyecto de estándar para una legislación
democrática en radio y tv comunitaria.
Los medios que no sólo son los más
cercanos a las necesidades de la gente, y que
pueden contribuir al desarrollo cultural y democrático
porque son medios independientes y no gubernamentales,
carecen en muchos países de un estatus
jurídico propio, con excepción
de Uruguay, donde se acaban de otorgar 38 frecuencias.
Sin embargo en México,
el presidente Felipe Calderón ofreció
como candidato otorgar frecuencias para estaciones
comunitarias. A 638 días de gobierno,
no se ha iniciado proceso alguno de licitación
para nadie, menos para las comunitarias.
Es de esperarse que como se
lo pidió la Amarc, la CIDH de la OEA
proporcione estándares de interpretación
de las convenciones y tratados que puedan servir
de guía a los estados miembros en materia
de regulación sobre medios de comunicación
electrónica. A ver si por lo menos así
se animan tanto el Presidente de la República
como los legisladores a velar a favor del interés
general y no sólo por el de los empresarios.
Tomado de El Universal, Opinión
P.23 (13/Nov/08)
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Atacan
a Telmex
El golpe llegó vía oficio de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones
en el que se notifica que cualquier intento
de ingresar a la pantalla chica debe pasar por
la modificación del titulo de concesión
con que opera.
Como recordará usted,
el hoy presidente de la Telefónica México
exigía que la adecuación del documento
llegaría por la vía de un millonario
adicional .La paradoja del caso es que el documento,
dirigido al representante legal de la firma
de Carlos Slim, Francisco Javier Islas Mancera,
se sustenta en lo que califica de “versiones”
sobre una supuesta negociación entre
EchoStar-Dish de Estados Unidos, MVS Multivisión
y la firma telefónica, para el lanzamiento
de un canal de televisión directa al
hogar (DTH), vía la Comercializadora
de Frecuencias Satelitales.
El oficio fechado el 27 de
octubre, firmado por el director general de
Supervisión de la Unidad de Supervisión
y Verificación, Fernando Gay García,
habla de “diversas denuncia interpuestas
en su contra y de publicaciones de los medios
impresos de comunicación”. Y aunque
se reconoce que la firma que da la cara, Comercializadora
de Frecuencias Satelitales, sí cuenta
con un título de concesión para
operar y explotar una red pública de
tv para la prestación del servicio de
tv restringida vía satélite nacional,
se advierte que la alianza es ilegal, toda vez
que no se han modificado las condiciones de
operación de Teléfonos de México.
“Por lo anterior —señala
el documento con copia al representante legal
de MVS Multivisión y Comercialización
de Frecuencias—, a fin de garantizar que
los concesionarios, operadores, requisitorios
y demás prestadores de servicios cumplan
con lo establecido en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas, se recuerda
que tiene prohibido la explotación directa
o indirecta de concesión alguna para
prestar el servicio de televisión al
público en el país...”.
La paradoja del caso es que
Telmex no requirió modificación
alguna al título de concesión
en 2005, cuando se alió con la firma
de tv por cable de Televisa, Cablevisión,
convirtiéndose en su socio a 50%. Tampoco
se objetó en su momento su pretensión,
al fragor de la reestructura de la televisora
hegemónica, de convertirse en socio mayoritario,
lo que impidieron las circunstancias. Tampoco
se exigió a las empresas de televisión
por cable modificar su título de concesión
para ofrecer a su vez servicios adicionales
de telefonía y datos.
Teléfonos de México
cumplió las exigencias de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones para acceder al
triple play, empezando por permitir la
portabilidad telefónica, es decir el
derecho de los usuarios a mantener su número
aun cambiando de proveedor, lo que le abrió
la puerta a los cableros para tener clientela
.
Llama la atención el
que sin reclamo oficial de autorización
al calce, se apresure la advertencia a la firma
telefónica, en afán de cortarle
cualquier requisito.
Tomado de El Universal, Finanzas P.5 (5/Nov/08)
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Alianza
MVS-Telmex sigue adelante
El oficio que mando la Cofetel
o más bien, el director de Supervisión,
Fernando Gay García, señalándole
que la posible alianza comercial con MVS-EchoStar-Dish
era una violación a su título
de concesión que le impide ofrecer servicios
de televisión directa o indirecta, le
costó la chamba a Gay García,
quien tuvo que renunciar después de 20
años de laborar en la Cofetel.
Lo más extraño
del oficio, que envió Gay García
a Telmex, es que en forma abierta contradecía
otro oficio que él mismo había
enviado a Telefónica de México,
el 22 de octubre, en el que señalaba
que no había indicios para considerar
que esta alianza comercial era una violación
al título de concesión de Telmex.
Es difícil saber qué
fue lo que provocó que en sólo
cinco días un funcionario con experiencia
haya enviado dos documentos tan contradictorios.
Pero lo que es un hecho es que a Gay García
se le olvido consultar con Héctor Osuna,
presidente de la Cofetel, el comunicado a Telmex.
Lo que se afirma es que Gay García fue
“convencido” por alguno de los nuevos
comisionados: Gonzalo Martínez Pous o
Rafael del Villar, de la conveniencia de enviar
a Telmex una advertencia sobre sus intenciones
de incursionar de forma indirecta en televisión,
por lo que esta alianza comercial con MVS le
permitirá a Telmex no sólo ofrecer
servicios de cobranza y facturación,
sino la entrada a televisión.
En cuanto Osuna se enteró
de las contradicciones de Gay García
le exigió su renuncia y envió
un mensaje a cualquier otro funcionario que
pretenda enviar oficios que no estén
previamente aprobados por él.
Dish México podrá
iniciar operaciones en cuanto estén resueltos
sus problemas técnicos, sin ningún
obstáculo en materia de regulación,
por que legalmente no se puede impedir a Telmex
que firme contratos de comercialización
con la empresa que se le de la gana.
Tomado de El Universal, Finanzas
P.6 (5/Nov/08)
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Bradley
Roland Will y la verdad sospechosa
El 27 de octubre de 2006, el
ciudadano norteamericano Bradley Roland Will
fue asesinado de dos disparos en Santa Lucía
del Camino, Oaxaca, en circunstancias que en
lo general son del conocimiento público,
pero que, hasta hace dos semanas, no habían
sido abiertas en detalle ante la opinión
pública.
Aunque desde el 2 de noviembre
de ese año la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó
a la Procuraduría General de la República
(PGR) que atrajera las investigaciones relativas
al homicidio, está no lo hizo sino hasta
abril 2007.
El 26 de septiembre de este
año, la CNDH emitió la Recomendación
50/2008, dirigida al procurador general de la
República, al gobernador constitucional
del estado de Oaxaca y al Congreso de Oaxaca.
Por mandato de ley, en tanto
emite una resolución, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, está
obligada a guardar secrecía respecto
de los casos que investiga. Pero una vez emitidas,
las recomendaciones –-por ser instrumentos
del derecho público–- es igualmente
obligatorio hacerlas del conocimiento de la
opinión pública.
El 17 de octubre, fecha en
la que concluía el plazo de las autoridades
destinatarias de la recomendación, se
recibieron en la comisión nacional los
comunicados del gobierno de Oaxaca y de la PGR.
En tanto que el gobierno local aceptaba la recomendación,
la PGR expresaba su rechazo.
En lo que va de este mes, los
factores que desde su inicio politizaron este
caso resurgieron con nuevo brío. El veredicto
de la opinión pública sobre lo
ocurrido suele ocupar uno de los posibles extremos
del abanico: o que Will fue asesinado por sus
propios compañeros en la organización
de la cual era simpatizante; o el de que fue
ultimado por policías sin uniforme, integrantes
de una fuerza irregular presuntamente auspiciada
por las autoridades locales.
Con base en las actuales puestas
a su disposición por la autoridad ministerial
federal, tocará al juez de la causa dictar
sentencia condenatoria o no al único
detenido como presunto autor material del homicidio.
Si sucede lo primero, habrá apelación
y el asunto deberá ser revisado por un
tribunal en Oaxaca, de lo contrario, el acusado,
a quién ya le fue decretada la formal
prisión podrá quedar en libertad.
Si México necesita lograr
confianza en la justicia, es ahora, cuando se
multiplican en muchos frentes los embates contra
la institucionalidad y se advierte, sin freno,
el progresivo debilitamiento del Estado por
el avance y la acción mafiosa de los
grupos, y se vulneran derechos fundamentales,
el de acceso a la justicia, entre otros.
Los responsables federales
de investigar el homicidio de Brad Will conocieron
nuestra opinión institucional respecto
de la necesidad de profundizar en todas las
líneas de investigación y, en
consecuencia, no centrarse exclusivamente en
una de ellas, la insostenible, de los disparos
hechos a corta distancia . Todo indica que políticamente
esa versión es la adecuada – han
de suponer –porque permite exhibir “
el profundo y primitivo salvajismo de los integrantes
de la APPO”.
La PGR sostiene que en el primer
disparo, el arma fue accionada a dos metros
de distancia de la victima (aunque primero afirmó
que fue a una distancia de entre 320 y 60 centímetros
y después de entre dos y ocho metros).
Los dos disparos a más de 30 metros,
evidenciados por peritos de la CNDH, han sido
objetados de manera casi pueril argumentando
que “es muy difícil acertar dos
disparos de revolver .38 especial en una persona,
a más de 30 metros”. Lo difícil
no lo hace imposible, como se pudo comprobar
pericialmente. Fueron disparos que pudieron
tocarle a cualquiera en esa circunstancia.
El segundo disparo que -según
la PGR- recibió Will en un costado cuando
lo trasladaban a un automóvil aparece
fotografiado desde antes de ser trasladado por
quienes se encontraban junto a él tras
recibir los dos proyectiles disparados con un
pequeño intervalo y que recorrieron 30
metros de distancia en fracciones de segundo.
El seguimiento minucioso de
la investigación de la CNDH –-iniciada
por la flagrante violación del derecho
a la vida del camarógrafo–- incluyó
trabajo de campo y análisis periciales
en medicina forense, criminalística,
audio y video: los dos últimos resultaron
de una enorme fuerza probatoria y de convencimiento
al permitir –-segundo a segundo y cuadro
por cuadro, sobre la propia filmación
hecha por el fallecido y por otras fotografías
de personas que se encontraban muy cerca de
él–- asumir no sólo lo que
ocurrió, sino también lo que no
pudo ocurrir (el disparo a corta distancia)
que contiene dictamen de la PGR, cuya respuesta
ha sido descalificar a la CNDH.
Tomado de El Universal, Opinión P.24
(27/Oct/08)
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Televisión
móvil, ¿el futuro?
La convergencia tecnológica
y los nuevos servicios de telecomunicaciones
--hasta hace algunos años impensables--,
son la llama que está avivando el fuego
en una especie de euforia por la televisión
móvil. Se estima que ésta tendrá
en un par de años alrededor de 700 millones
de usuarios en el mundo con su derrama económica
tanto para los fabricantes de equipos y operadores
de telecomunicaciones como para los productores
de contenidos. Pero, ¿qué es esto
de la TV móvil que parece prometer la
bonanza a todos, en una suerte de etapa final
de la revolución electrónica?
La TV móvil es el servicio
inalámbrico de transmisión de
contenido televisivo, que -–a diferencia
de la TV tradicional-- está caracterizada
por la movilidad e interactividad. Los equipos
para recibir TV móvil van desde teléfonos
celulares y PDA hasta laptop y televisores en
los automóviles.
Las redes de telecomunicaciones
que pueden prestar TV móvil son las de
celulares o las de radiodifusión. Y como
todo en la vida, cada una tiene sus ventajas
y sus desventajas. Si se utiliza la red celular
3G se aprovecha la infraestructura existente,
pero la TV móvil acapararía gran
parte de la capacidad de la red (banda ancha),
lo que implicaría menor calidad de servicio
(por ejemplo de voz) o menor velocidad (por
ejemplo de acceso a Internet). Además,
pocos celulares están equipados con el
hardware y software, que permitirían
recibir la señal de TV. Las redes de
radiodifusión tendrían la ventaja
de que se instalaría una red dedicada
para la TV móvil, sin embargo, esto precisa
fuertes inversiones de capital.
Dejando atrás los inconvenientes
técnicos, existen muchas cuestiones legales
y regulatorias que surgen para la TV móvil.
¿Es un servicio de radiodifusión
como la TV abierta? ¿Es un servicio más
parecido a la TV de paga? En México,
¿cómo lo va a definir la Comisión
Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes? Si se equipara
la radiodifusión, entonces no existirá
inversión extranjera. Si se reputa como
la TV de paga, ¿tendría injerencia
la Secretaría de Gobernación en
cuanto a publicidad y contenidos? ¿Cuál
será la postura de la Comisión
Federal de Competencia en cuanto a posibles
integraciones verticales de productores de contenido
y prestadores del servicio de TV móvil?
¿Se liberará espectro de la banda
de 700 MHz (canales 52 a 69) para le TV móvil?
Estas preguntas sin respuesta
en México, han sido abordadas en la Unión
Europea, en la que se considera que cuando un
servicio de televisión tiene la intención
de recibirse por el público en general
y compite por la audiencia, entonces el usuario
europeo tiene una expectativa de protección
similar a la TV abierta. Por tanto, se requiere
tener regulación –menor que para
la TV abierta–, que promueva la producción
europea y la diversidad cultural, entre otros.
MI pronóstico es que
la TV móvil será una necesidad
para unos cuantos y un lujo inaccesible para
la mayoría. Lo cierto es que un intento
por encontrar el nuevo servicio tipo killer
application, la TV móvil será
un tema de discusión obligado.
Tomado de El Financiero, Negocios P.28 (20/Oct/08)
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Iusacell
y MVS vs derecho de espectro
Una verdadera batalla es la
que libran algunas empresas de comunicaciones
en la Cámara de Diputados para evitar
que se apruebe el cambio que propuso la Secretaría
de Hacienda para el cobro del derecho por el
uso del espectro radioeléctrico estableciendo
una sola cuota o pago único al recibir
la concesión o en su prórroga
se haya o no utilizado la concesión.
Actualmente existen tres tipos
o regímenes de pago: el que comprende
a las concesiones o permisos otorgados previos
a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1997,
que pagan una participación a favor del
Estado; el que comprende a las concesiones otorgadas
desde la publicación de la ley y hasta
el 31 de diciembre de 2003 que efectuaron un
pago único; y el que aplica a partir
del 1 de enero de 2004, en que se estableció
un precio de referencia para las licitaciones
que es muy bajo porque en opinión de
la SHCP no refleja el valor real del mercado.
Lo que busca la Secretaría
de Hacienda es unificar el cobro del espectro,
porque las tres metodologías han generado
distorsiones y varias empresas han ganado amparos
en contra del fisco por violar el principio
de equidad tributaria, porque en el mismo uso
del espectro hay empresas que sí pagan
sus derechos mientras que otras no lo hacen
porque ganaron los amparos para evadir el pago.
La propuesta de Hacienda es
que la nueva cuota que entrará en vigor
en enero próximo considere, entre otros
aspectos, el plazo de las concesiones o permisos;
el tipo de bandas o frecuencias; la cantidad
de megahertz asignados; la región en
la que éstos sean utilizados; y las operaciones
entre particulares que indiquen el valor actual
del espectro.
Hacienda pretende agregar un
transitorio para que el pago único se
aplique también a los concesionarios
o permisionarios que aún con concesiones
o prórrogas previas a enero de 2009 opten
en forma voluntaria por el nuevo esquema de
pago.
La propuesta de Hacienda es
desde luego una propuesta lógica, ya
que al establecer un sólo pago por el
mismo uso del espectro elimina las distorsiones
del mercado y permite generar más ingresos
para el fisco, pero las empresas afectadas por
esta medida, que son las que han ganado amparos,
están realizando una intensa campaña
de cabildeo con los legisladores para mantener
su régimen de excepción, con el
argumento de que el nuevo esquema de derechos
puede frenar las inversiones en un entorno económico
de recesión e incertidumbre.
Sin embargo, lo que está en juego son
varios millones de dólares, sobre todo
por parte de las empresas que han ganado litigios
y entre las que cabildean en forma más
intensa en la Cámara de Diputados están
Iusacell y MVS.
Tomado de El Universal, Finanzas
P.5 (3/Oct/08)
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¿Combos para la radio?
Por: Javier Tejado Dondé
Dos propuestas para modernizar a la gran mayoría
de las estaciones de radio, que se encuentran
en el cuadrante de la Amplitud Modulada (AM),
han generado un serio debate tanto jurídico
como político. Una de ellas es firmada
, y ya puesta en vigor como decreto administrativo,
por el titular de la SCT, Luis Téllez.
La otra, como iniciativa de ley, es firmada
por varios senadores priístas, liderada
por el coordinador de la bancada, el senador
Manlio Fabio Beltrones.
Si bien ambas propuestas tienen
como punto de partida el rescatar tecnológicamente
a dos terceras partes de la radio que se encuentra
en AM (760 concesionadas y 94 permisionadas),
cada propuesta tiene diferencias de fondo.
Primero se presentó,
en junio, la iniciativa del senador Beltrones
acompañada por la firma de los también
senadores Lozano, López y Castro Trenti.
Una vez presentada en Xicoténcatl se
adhirieron, a la misma, senadores de varios
partidos de oposición. Esta iniciativa
prevé que estaciones tanto permisionadas
como concesionadas migren a la banda de FM en
automático, y el único requisito
es pasar por el filtro de la Comisión
Federal de Competencia (Cofeco).
Para aquellas plazas (DF, Guadalajara,
Monterrey y Tijuana) en donde no exista espacio
para incluir a todas las de AM, algunas serían
derivadas a plazas adyacentes. Con ello, prácticamente
toda la radio en AM pasaría a estar en
el cuadrante de la FM. Y mientras no haya un
estándar digital definido, las estaciones
transmitirían en tanto AM como en FM,
es decir en sistema de transmisión simultánea
conocido como “combo”. El estatus
de esta iniciativa es de predictamen en la Comisión
de Radio y Televisión en el Senado de
la República.
Por su parte, la SCT emitió,
el 15 de septiembre, Acuerdo Secretarial para
la implantación de “nuevas tecnologías”
mediante en cual algunas estaciones de AM podrían
migrar a la FM. Este acuerdo divide al país
en seis regiones y salvo la región del
sureste, el calendario para la implementación
de la transición AM a FM está
pendiente en ser definido por parte de la autoridad.
Como requisitos para la migración, las
estaciones de AM deben de: a) obtener la opinión
favorable de la Cofeco (esta es la única
coincidencia con la iniciativa priísta);
b) obtener el aval de la Secretaría de
Gobernación; c) hacer el pago de una
contraprestación, por definir, a la Secretaría
de Hacienda; y d) respetar la normatividad electoral.
En las ciudades arriba mencionadas, donde no
habría lugar para todos los de AM, la
SCT propone una licitación pública
para asignar las frecuencias disponibles en
FM. (Se entiende, en esta licitación
podrán entrar no sólo los de AM,
sino también los de FM y cualquier otro
interesado).
Si bien ambos proyectos son
de reconocer por su genuina preocupación
en el rescate de la radio AM y que ésta
a su vez puede migrar a las tecnologías
de la radio digital que, hasta ahora, sólo
operan en FM, sí podría haber
diferencias en el número de estaciones
que lograrían migrar a la FM con cada
propuesta: mientras en la del Senado toda la
AM “brincaría” a la FM (aunque
algunos en plazas distintas a las originalmente
concesionadas); en la de la SCT algunas estaciones
podrían incumplir con las autorizaciones
administrativas requeridas y por ende no migrar.
Además, se requiere
definir bajo qué condiciones los medios
públicos, en su mayoría permisonados,
podrían migrar a la FM dado que de requerirse
un pago relevante éstos tendrían
problemas para hacerlo al no tener fines de
lucro. Con la gravedad que las estaciones que
no migren a la FM ahora sí podrían
“morir” dado que las que sí
lo hayan hecho apagarán sus transmisiones
en AM en el lapso de un año, con lo que
solamente quedarían unas cuantas, marginadas,
en la frecuencia de AM.
Si en realidad tanto el Ejecutivo como el Congreso
pretenden rescatar a toda industria en peligro
de desaparición por obsolescencia, esperemos
las diferencias sirvan para avanzar consensos
que brinden certeza plena a la radio AM.
Tomado de Reforma, Opinión
P.6 (23/Sep/08)
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Retos
Tecnológicos de la radio y la televisión
Por: Iván Ruiz Moreno
Más que nunca, los servicios
de radio y televisión abiertas se enfrentan
a una serie de retos tecnológicos que
modificarán esas industrias de manera
permanente.
Hasta ahora, la radio y la
televisión abiertas han convivido con
la introducción de nuevas tecnologías
y competidores y han demostrado ser medios de
comunicación de gran permanencia.
Más aún, la fórmula
de comercialización de la radio y la
televisión ha permanecido sin cambio
desde su aparición pues, en ambos casos,
los programadores sostienen sus operaciones
mediante comerciales insertos en programas cuya
transmisión, nos guste o no, se decide
y mantiene en función a su nivel de audiencia
o rating.
Sin embargo, la proliferación
de la Internet como medio para la generación
y distribución de contenidos ha provocado
que la línea que separa a ese servicio
de aquellos de radio y televisión abiertas
se vuelva cada vez más tenue.
Entre los retos tecnológicos
que enfrenta la televisión abierta cabe
mencionar a los dispositivos que permiten consultar
o descargar contenidos de video bajo demanda
y que, en muchos casos, permiten “saltarse”
los avisos comerciales que son la fuente de
sustento de la televisión comercial abierta.
Tal es el caso de las consolas de programación
conocidas como “TIVO”.
Por si fuera poco, las personas
que tienen acceso a la Internet pasan igual
o más tiempo frente a una computadora
que frente al televisor.
En el caso de la radio, que
a diferencia de la televisión cuenta
con una importante audiencia móvil, la
introducción de conexiones para IPOD
en automóviles, la latente posibilidad
de que fabricantes de autos descontinúen
la instalación de radios con sintonizadores
AM y la introducción de la radio satelital,
representan retos tecnológicos importantes
para los servicios de radio.
Con la lectura de lo arriba
señalado, resultaría lógico
concluir que la radio y la televisión
convencionales tendrán a desaparecer.
Sin embargo, es más
probable que esos servicios continúen
por espacio de algunos años en países
en vía de conexiones de banda ancha,
como México, y que conforme exista un
mayor acceso a la Internet y se abarate el precio
de terminarles con capacidades de audio y video,
la radio y la TV convencionales evolucionarían
a servicios bajo demanda.
Mientras tanto, compañías
televisoras, productoras y de mercadotecnia
trabajan ya en el diseño y puesta en
marcha de estrategias de distribución
y comercialización que se adapten a estos
cambios tecnológicos.
De todo lo anterior, es mi
conclusión que la proliferación
de la Internet permitirá aumentar las
posibilidades de producción y distribución
de contenidos de video y audio, por lo que un
televidente o radioescucha contará con
múltiples posibilidades de contenidos
nacionales y extranjeros.
Tomado de El Financiero,
Negocios P.18 (2/Sep/08)
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¿Por
qué será?
Por: Javier Corral Jurado
Por inexplicables razones,
estos días se repite un yerro histórico
que ya había sido aclarado: la data exacta
del nacimiento del Canal del Congreso, uno de
los instrumentos más concretos que para
garantizar el derecho a la información
se han construido desde que esta obligación
para el Estado se incorporó en la Constitución.
Se dice que se celebran ocho años de
su existencia exitosa, fructífera, cuando
en realidad se han cumplido 10 años desde
que inició transmisiones en marzo de
1998.
Más allá del
empeño que busca diferir la fecha de
su lanzamiento, el canal se ha convertido en
una institución relevante para la vida
nacional, y no se diga para el quehacer legislativo:
está tendido un puente de comunicación
permanente con el sistema de la representación
nacional que actúa como rendición
de cuentas y observatorio ciudadano, en el que
los legisladores no sólo exponen, sino
se exponen. El canal cumple así un auténtico
servicio público.
El canal demuestra que los
medios públicos pueden ser una de las
medidas estratégicas más importantes
del Estado para equilibrar el actual sistema
de medios electrónicos, en el que predomina
su carácter comercial y concentrado en
unas cuantas manos. Tanto o más importante
como una nueva legislación que amplíe
la oferta comunicacional de los particulares
sería la decisión de ampliar la
red de canales de tv y estaciones radiofónicas
de carácter público, y lograr
un autentico contrapeso a ese modelo comercial
que reproduce en esta época, como nunca
antes, la más sofisticada de las censuras
señalada por Pierre Bourdieu, la de “ocultar
mostrando”.
La tv comercial mostró
el debate en el Senado sobre la reforma energética,
pero ocultó sus verdaderos contenidos,
en contraste con lo que hizo el Canal del Congreso,
pues éste transmitió íntegros
los foros: 132 horas de discusión, propuestas,
críticas. Luego se retransmitían
de forma inmediata el mismo día por la
noche. Se organizaron 18 resúmenes de
30 minutos y 11 meses de análisis. Una
simple comparación entre las transmisiones
del Canal y lo que difundieron los noticieros
estelares de TV Azteca y Televisa da cuenta
de la manera en que la tv ocultó lo fundamental
a ese debate, mostrando lo insustancial.
De ahí que uno de los retos del Estado
sea fortalecer y ampliar sus medios públicos.
Tomado de El Universal, Opinión
P.13 (26/Ago/08)
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Ciudadanía
digital
Por: Rodolfo Tuirán
El acceso a Internet sigue
avanzando rápidamente en todo el mundo.
Millones de personas se suman cada año
a este registro tecnológico universal.
Parece consolidarse una ciudadanía de
la era digital , aludiendo al hecho de que su
ejercicio pleno depende cada vez más
el acceso a internet y del uso de otras tecnologías
de la información y la comunicación.
Hace apenas unos días
se dio a conocer que internet tiene más
de mil 463 millones de usuarios en el mundo:
alrededor de uno de cada cinco habitantes. China
se colocó ya como el mercados de internet
más grande (con más de 253 millones
de cibernautas), seguido por EU y Japón
(con 220 y 94 millones de usuarios). Sin embargo,
entre estos tres países hay marcadas
diferencias de penetración de internet
(20% en el primero y 75% en los dos siguientes).
De acuerdo con la Asociación
Mexicana de Internet, nuestro país cuenta
con alrededor de 23 millones de cibernautas
(casi 6 millones más que en 2005 y el
doble que en 2003).
Todos sabemos que la “red
de redes” pone una enorme cantidad de
información y conocimientos a disposición
de los internautas. Esta herramienta está
cambiando muchas de nuestras prácticas.
Decir que todo puede hacerse por internet no
es exagerado: desde buscar un empleo y hacer
compras, hasta conseguir pareja y cursar estudios
universitarios.
Estamos acostumbrándonos
a la proliferación de las llamadas comunidades
virtuales donde se encuentran personas con intereses
afines. Asimismo, nuevos modos de relación
e interacción se van imponiendo gracias
al papel desempeñado por herramientas
como los correos electrónicos, los foros
de discusión, los chats y la mensajería
instantánea.
La creciente importancia de
la internet ha detonado diversas preocupaciones
de orden social, entre las que destacan la necesidad
tanto de garantizar a todos el acceso a esta
herramienta (reduciendo así la llamada
brecha digital), como de potenciar su uso con
fines educativos y de investigación.
Tomado de El Universal, Ideas P.7
(23/Ago/08)
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Transparencia
y politíca de competencia en México,
algunas reflexiones
Por:
Marcos Ávalos
A pesar de que la transparencia
en la implantación de la política
de competencia es una tendencia global, en México
desafortunadamente no existen registros sobre
programas delimitados a transparentar la aplicación
de la política de competencia. Este aspecto
no puede pasar desapercibido si se considera
que parte sustancial de la política pública
del actual gobierno debe ser la política
antimonopolio y el Estado de derecho.
Hoy el consenso es atender
a la transparencia como la provisión
de información pública respecto
a las decisiones de la autoridad de competencia,
sus métodos y enfoques. Ello significa
que los principios de cada ley de competencia
nacional y la aplicación de su metodología
deberían ser transparentes en su formulación.
La transparencia correctamente
aplicada garantiza el principio de equidad entre
los agentes económicos involucrados y
la autoridad de competencia, mediante la certidumbre
en la predictibilidad de las consecuencias legales
de las posibles transacciones consideradas.
La rendición de cuentas
permite que las decisiones sean objetivas y
no discriminatorias a favor de algunas empresas
o agentes económicos, puesto que reduce
la probabilidad de que la autoridad de competencia
sea “capturada” por el agente, ya
sea el gobierno o las empresas interesadas.
La confianza en la política
de competencia descansa en la transparencia
en el proceso de decisión, que puede
ser predictible con cierta certeza, traduciéndose
en un mejor Estado de derecho.
En México, a pesar de que la Ley Federal
de Competencia Económica y su reglamento
establecen los criterios económicos para
evaluar las practicas anticompetitivas y las
concentraciones, no se señalan con claridad
su peso y contrapeso. A diferencia de otras
autoridades de competencia, la Comisión
Federal de Competencia (CFC), no publica información
relacionada con los procesos, criterios y metodologías
que norman sus decisiones. Es pertinente preguntarse
¿Cuál es el peso específico
de cada criterio económico?
Transparentar el proceso de
decisión sobre estos aspectos contribuiría
a hacer más efectiva la política
pública de competencia en México.
La CFT debe orientar sus esfuerzos
en incrementar la transparencia, como crear
un instrumento de evaluación para medir
su desempeño, hacer más reportes
o comunicados explicando sus decisiones y reforzar
la información cuantitativa derivada
de la implantación de la política
de competencia.
El tomo y el papel de la política
de competencia en nuestro país han crecido.
Sin embargo, el tema de transparencia no parece
importarle al gobierno federal, a pesar de que
la experiencia internacional sugiere que la
transparencia en la implantación de la
política de competencia es crucial para
su eficacia. Irónicamente, son las deficiencias
en la transparencia de los actos de la CFT las
que inhiben el desarrollo de la economía
mexicana y los beneficios para nuestra sociedad.
Tomado de Financiero, Negocios
P. 23 (29/Jun/08)
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Apóstoles de la telecracia
Por:
Miguel Ángel Granados Chapa
El senador Gustavo E. Madero
empezó a cumplir la encomienda que, en
lo inmediato, motivó su designación
al frente de los legisladores panistas en Xiconténcatl.
La semana pasada estaba lista para ser aprobada
en el periodo de sesiones extraordinarias del
Congreso una reforma a la Ley de Radio y Televisión
en materia electoral, iniciada por un miembro
de esa bancada, Ricardo García Cervantes.
Pero el nuevo coordinador decidió frenarla,
en beneficio principalmente del duopolio televisivo.
El proyecto de García
Cervantes consiste en establecer una sanción
extrema para los concesionarios relapsos en
el cumplimiento de la legislación electoral.
La reforma constitucional aprobada el año
pasado, y que (hoy vemos que ilusamente) fue
aclamada como un grito de libertad de políticos
frente a los poderes de hecho, impone a quienes
manejan la radio y televisión obligaciones
de hacer o no hacer. No pueden admitir propaganda
política y electoral pagada, y deben
en cambio transmitir los mensajes de los partidos
que les presente el Instituto Federal Electoral.
García Cervantes propuso que quienes
desacataran repetidamente esas disposiciones
quedaran en riesgo de perder la concesión.
La sanción extrema no
debía provocar temor en ningún
concesionario dispuesto a cumplir la ley. Pero
sí, en cambio, a quienes han manifestado
su oposición a acatarla (como TV Azteca)
y a quienes transmiten propaganda y apenas la
disfrazan para hacerla aparecer como información
(tal como Televisa hace todas las noches con
las notas en que el gobernador mexiquense, Enrique
Peña Nieto, es protagonista). Por ello
esos concesionarios ejercieron su poder, para
alejar de sí el fantasma de una sanción
suficientemente fuerte como para disuadirlos
de infringir la norma.
Al presentar ese proyecto García
Cervantes fue congruente con la posición
que tomó el año pasado ante la
Suprema Corte, durante las audiencias previas
a la declaración de inconstitucionalidad
de la Ley Televisa. Dijo entonces que tras la
resolución judicial el Congreso tendría
que hacer su parte en la modificación
de las normas que rigen a la radio y la televisión.
El senado mismo pareció transitar en
esa dirección cuando constituyó
un grupo de trabajo ex profeso, que presentó
un libro blanco sobre el tema, materia prima
para la nueva ley de medios, en que se resumirían
los ajustes legales necesarios tras la sentencia
de la Corte y los avances que es preciso lograr
en congruencia con la decisión judicial.
Tomado de Reforma,
Opinión P.9 (25/Jun/08)
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Vincular
a los medios con las Pymes
Por: Eduardo Torreblanca Jacques
El reto es ir más allá
del mensaje publicitario concedido a las Pymes
y los productos de su esfuerzo; los medios pueden
también promover la actividad económica
de las Mipymes, y con ello garantizar que el
mercado interno sea más fuerte, que se
genere más empleo y que la economía
crezca.
Universo Pyme articula la primera
experiencia que, apoyada por el fondo Pyme,
permite dar expresión comercial a las
empresas de menor tamaño en los medios
masivos electrónicos.
En la “economía
real” existen cuatro millones de empresas
legales que caben dentro de la clasificación
Mipymes.
La mayoría desconoce cuales son los beneficios
de la política publica hacia ellas. No
conocen de iniciativa, los organismos públicos
o los alcances de la política publica
en muchos ramos de oportunidad.
PYMES a pesar de que nacieron
chiquitas y a pesar de que han crecido, con
relación a su potencial siguen siendo
muy pequeñas. Pero también están
las post-incubadas, empresas que tienen ya una
idea mas o menos clara de lo que trata el negocio,
pero no cuentan con servicios para consolidarse
y una preparación previa al proceso de
aceleración.
Pymes que se conviertan en
empresas profesionales. Empresas que conozcan
cual es su oferta de valor, donde esta su mercado
y que pueden ofrecer que les de una diferenciación
respecto a su competencia nacional o internacional.
Hay empresas que incluso en
procesos de aceleración han sido capaces
de crecer 10 por ciento mensual gracias a explotar
de manera eficiente sus potenciales.
Tomado de El Financiero,
Economía P.14
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La
radio y lo social
Por:
Mario Luis Fuentes
Las sociedades contemporáneas
cuentan con distintos instrumentos para fortalecer
sus identidades, reconocer sus diferencias y
defenderlas, generar nuevas formas de educar
y de formar capacidades cívicas y ciudadanas
y llegar a auditorios masivos y difundir información
de utilidad pública.
La aparición de la televisión
y otros medios electrónicos no ha restado
ni eficacia ni presencia a la radio y, por ello,
es preciso que hoy las empresas radiofónicas
puedan contribuir a construir mayores capacidades
ciudadanas para la cohesión social, la
solidaridad, la cooperación y, sobre
todo, la construcción de un diálogo
nacional que, en las circunstancias de pobreza
y desigualdad que vivimos, es urgente para mejorar
nuestras condiciones de vida.
La formación de verdaderas escuelas y
formas de hacer radio en México ha derivado
diversas veces en la formación de redes
ciudadanas que permiten resolver o aligerar
algunos de los problemas de nuestra vida cotidiana.
Así, el surgimiento de nuevos grupos
radiofónicos y la consolidación
de otros es importante en aras de generar más
pluralidad y una mayor apertura de oportunidades
de información de calidad y con facilidades
para todas las personas.
La reciente creación de Grupo Imagen,
por ejemplo, ha abierto el abanico de posibilidades
en el espectro radiofónico y, la decisión
de apoyar proyectos como el “México
social”, de todos los martes en el espacio
de Pedro Ferriz de Con en el 90.5 del FM, ha
generado una nueva oportunidad para debatir
en torno a la que es quizá la mayor agenda
pendiente que tenemos en nuestro país:
la de la pobreza, la desigualdad y el desgaste
y la fractura que estos problemas constituyen
para lo social en México.
Destaca también, en esa lógica,
el esfuerzo anunciado esta semana, mediante
el cual se creará la Fundación
ACIR, cuyos propósitos básicos
son contribuir, a base de un esfuerzo radiofónico
sin precedentes, al fortalecimiento de la educación
y de los valores nacionales, el apoyo a proyectos
sustentables de la sociedad civil, así
como el rescate del patrimonio histórico
y cultural de México.
La radio, al igual que otros medios masivos
de comunicación, es un espacio que puede
y debe fortalecer sus capacidades para encontrar
coincidencias y oportunidades con miras a la
unidad nacional, para cumplir con la función
pedagógica que le marca la ley y continuar
defendiendo la libertad de expresión,
la consolidación del pluralismo y, sin
duda, la generación de una sociedad cada
vez más democrática y abierta.
Tomado de Excelsior, Nacional P.20 (11/Febrero/08)
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La
radio, retos y convergencia
Jorge Álvarez Hoth
Existen 16 grupos de radio
en el país, además del Instituto
Mexicano de la Radio (IMER) y los independientes,
todos ellos con un reto desde su posición
de arranque hacia la convergencia, las nuevas
tecnologías y la consolidación
que ya es inevitable.
Su cobertura de la población
varía por grupo y va desde más
de 80 millones de radioescuchas, los más
grandes, hasta de dos a tres millones, los más
pequeños. Los independientes sumados
alcanzan a toda la población y el IMER
sigue en su esfuerzo por hacer sentido, cargando
a cuesta un diseño que no lo tiene.
El porcentaje del pay publicitario
que tienen conjuntamente es de menos de 25%
de la publicidad que se vende en el país
y sus ventas alcanzan, con esfuerzo, algo más
que 800 millones de dólares, entre todos,
lo que, si se compara con la venta de publicidad
que logra la televisión por más
de dos mil 500 millones de dólares, que
participa con arriba de 70% del total de los
tres mil 500 millones de dólares que
se venden en el país, muestra que el
camino es sinuoso y lleno de retos para la industria
de la radio, de mantenerse la situación
imperante.
Ante esta situación
y no obstante la corriente que hoy impera en
México, producto de aquella visión
de corto alcance de que es mejor tener muchos
chiquitos que pocos grandotes, la única
solución para hacer frente a la convergencia,
la entrada de nuevas tecnologías (radio
digital) y competir con éxito por la
rentabilidad que se hará cada día
más compleja, dada la entrada de medios
alternativos, es la consolidación, las
fusiones y la multimedia.
El reto fundamental de la radio
en el esquema actual se centra en la capacidad
de acordar e institucionalizar sus operaciones
conformando nuevos grupos radiofónicos
de mayor tamaño, que logren ventas por
arriba de los 200 millones de dólares
y tengan presupuesto para realizar inversiones
en su modernización y complementación
en nuevas áreas de negocio alternativas.
Las autoridades del sector,
dondequiera que se diga que están las
facultades, deben facilitarles la tarea como
una medida de política pública,
porque el país merece seguir teniendo
una radio de calidad en español como
de la que hoy disfruta. Esperemos que pronto
definan el estándar de tecnología
digital y al hacerlo tomen en cuenta el cruce
transfronterizo de señales con el país
del norte, pues existe esta agenda pendiente
y no queda mucho tiempo.
Tomado de Excelsior, Nacional P.21 (13/Dic/07)
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La manera incorrecta
de proteger la privacidad en línea
Economist Intelligence
Unit
Las empresas de publicidad
por Internet quieren rastrear los instintos
secretos que revelamos en línea, y usarlos
para vendernos sus productos. Así pasa
en Estados Unidos, después de todo. Pero
ahora, de pronto, queremos que los gobiernos
nos protejan de su entrometimiento en línea:
grupos de consumidores estadunidenses exigen
una lista de “no rastrear” que permita
que los cibernautas de ese país demanden
a las empresas de Internet que espíen
lo que hacemos en línea. Pero deberíamos
ser cuidadosos con lo que deseamos.
La semana pasada, durante una
audiencia en Washington DC, los “abogados
de la intimidad” cabildearon en la Comisión
Federal Comercial para que se proporcionen a
los consumidores los instrumentos para luchar
contra la denominada publicidad conductual:
anuncios generados con base en la manera en
que navegamos por la Internet y que se adaptan
a nuestros intereses personales.
El simple hecho de que la tecnología
pueda horadar nuestro precioso anonimato no
significa que nuestra intimidad haya sido sacrificada
de manera irrevocable a los dioses del ciberespacio:
los publicistas pueden ser capaces de rastrear
lo que hago en línea, pero no están
configurados de manera adecuada para chismear
de ello con los vecinos. Yo preferiría
que me espiara una computadora y no la solterona
de al lado.
Los cibernautas más
jóvenes pueden valorar la intimidad aún
menos que yo: el usuario MySpacer o Facebooker
promedio puede pensar que tiene menos que perder
o proteger en línea que aquellos de nosotros
que recordamos un mundo sin correo electrónico.
A juzgar por la cantidad de delicados datos
personales que ponen en línea, la intimidad
es un valor de la generación de sus padres.
Los jóvenes poseen los conocimientos
tecnológicos para proteger su intimidad
en línea: bloqueando cookies (etiquetas
de rastreo que favorecen la publicidad conductual),
o visitando sitios web que pueden bloquear la
publicidad de ese tipo. Pero no se parecen a
nosotros: si no protegen su privacidad en línea
no es porque sean incapaces de hacerlo, sino
porque no les preocupa demasiado. ¿Quiénes
somos nosotros para decirles que están
equivocados?
Los publicistas por Internet
señalan, sin duda correctamente, que
si no pueden bombardearnos con anuncios relevantes
basados en nuestro modelo de comportamiento
por Internet, tendrán que bombardearnos
con un diluvio de anuncios que la mayor parte
de nosotros considera superfluos. Es difícil
apreciar cómo el cibernauta promedio
se beneficiaría de ese mercantilismo
indiscriminado.
Desde los inicios del comercio,
los vendedores conocían nuestras preferencias
y hacían sus negocios en consecuencia.
Durante años, el personal de limpieza,
el carnicero o el tendero han sabido nuestros
secretos más profundos: féculas
pesadas y no ligeras, uvas rojas y no blancas,
mejor T bone que fajitas New York. Los sitios
web pueden recabar y almacenar más información
que el tintorero del vecindario, el carnicero
o el tendero –pero a ellos no les importa
tanto. Y si no nos gusta la forma en la que
tratan nuestra privacidad, hay muchas alternativas:
en el viejo mundo, el carnicero del vecindario
pudo haber sido la única fuente práctica
de carne. Pero eso no sucede en un mundo donde
se puede ordenar filetes por Internet para que
lleguen por correo.
La intimidad ha entrado en
una nueva era, pero aquellos de nosotros que
nos preocupamos por eso podemos hallar los instrumentos
para protegernos, incluso en línea. Es
difícil creer que un registro de “no
rastreo” protegerá la privacidad
de aquellos que no comprenden aún de
qué se trata.
Tomado de
La Jornada, Economía (4/Dic/07)
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De poder a “poder”
Demetrio Sodi de la Tijera
Una vez que se han enfriado
los ánimos sobre la reforma electoral,
los medios de comunicación y los comunicadores
deberían poner los pies sobre la tierra
y reflexionar con serenidad qué fue lo
que realmente sucedió.
Más allá de que
desde hace muchos años existe un serio
cuestionamiento sobre el hecho de que en gran
parte de los recursos públicos que se
gastan en los procesos electorales terminan
en las tesorerías de las empresas de
medios de comunicación, especialmente
la televisión, y por lo tanto era necesario
ahorrar ese dinero y poner los tiempos oficiales
a disposición de partidos y candidatos,
con la aprobación de la reforma electoral
el Poder Legislativo demostró que es
un auténtico poder, y que los medios
de comunicación y comunicadores, por
mucha fuerza que tenga, no los son.
Desde hace varios años,
los medios, y muchos comunicadores, han creído
que son un auténtico poder, y que tienen
la capacidad de intimar a los legisladores y
parar cualquier ley que no les convenga a sus
intereses. Muchos medios y comunicadores se
han pasado de la raya, como Televisión
Azteca, y han usado su fuerza para amenazar
a legisladores, boicotear leyes y desprestigiar
candidatos y funcionarios.
Siempre he estado convencido
que los medios de comunicación no son,
como se dice, un cuarto poder, tienen sin duda
una gran influencia en la opinión pública
y pueden impulsar o afectar la imagen de un
gobierno a favor del país y la gente.
Hay que recordar la respuesta del Tigre Azcárraga
cuando de le decía que era un auténtico
cuarto poder: “Soy sólo un soldado
del Presidente”.
Desgraciadamente, la mayor
parte de los medios de comunicación y
comunicadores lo han olvidado. Los medios deben
estar al servicio del país, antes como
soldados del Presidente, ahora como soldados
de los poderes e instituciones nacionales.
Los medios de comunicación
deben propiciar la integración y consolidación
de nuestro sistema político y no la confrontación
y desprestigio.
Estoy convencido que los medios
de comunicación jugaron un papel fundamental
en la transición democrática del
país, pero creo que en los últimos
años varios de ellos, y en especial ciertos
comunicadores, han perdido el piso, y creen
ser la conciencia de la nación y la voz
de los ciudadanos, y creen tener la capacidad
de juzgar, confrontar y desprestigiar impunemente
a todo mundo, en especial a políticos
y funcionarios.
Tomado
de El Universal Opinión P.24 (22/Octubre/07)
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¿Apóstol o mercenario
de la información?
Carolina Rocha Menocal
Un individuo tiene a la transparencia
mexicana prácticamente a sus pies. Su
nombre es José Luis Moyá Moyá
y nadie en el país acapara los servicios
del Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) como él.
En promedio, uno de cada 18
asuntos discutidos en el pleno del órgano
de Transparencia es promovido por este hombre,
quien probablemente sea el desconocido más
informado de México.
Quiénes han sido afectados
por sus investigaciones y hasta los que han
recurrido a él para afectar a enemigos
políticos lo acusan de ser un mercenario
de la información o una arma de doble
filo.
En el IFAI, en contraste, se
reconoce su papel como propulsor de la transparencia,
pues “ha generado hallazgos y avances
importantes”, indica el comisionado Juan
Pablo Guerrero.
Sus pesquisas han coronado
las primeras planas de medios masivos de comunicación.
El escándalo de las tangas de Próvida,
los antecedentes penales de Andrés Manuel
López Obrador, los detalles del accidente
aéreo de Ramón Martín Huerta,
ex secretario de Seguridad Pública, y
la compra a sobreprecio de chalecos antibalas
por parte de la policía capitalina son
ejemplo de indagatorias emprendidas por Moyá
Moyá y publicadas en las primeras planas
de medios impresos, sin que se le atribuya el
crédito.
Rosario Robles, Andrés
Manuel López Obrador, Octavio Romero,
ex oficial mayor del GDF, Alejandro Gertz Manero,
ex secretario de Seguridad pública local
y federal, están entre los múltiples
ex funcionarios capitalinos que han sido objeto
de denuncias impulsadas por Moyá.
Su más reciente desencuentro
con la justicia fue por una denuncia de extorsión
interpuesta por Isabel Miranda Wallace en contra
suya. Moyá Moyá, se lee en la
demanda, le pidió 250 mil dólares
a cambio de no revelar que su hijo, Mario Alberto,
desaparecido desde 2005, sostenía comunicaciones
con ella.
Tomado de
El Universal, México P.17 (22/Oct/07)
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Prensa:
contener la impunidad
Editorial
De los nueve asesinatos de periodistas ocurridos
en los últimos meses, cinco se cometieron
en México de acuerdo al puntual registro
que lleva la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP9. contener la impunidad en estos crímenes,
situación que venturosamente ya se registra,
debe coronarse con federalizar los delitos contra
la libertad de expresión; ello no debe
entenderse como la búsqueda de proteger
la función de los informadores, sino
de la democracia misma.
La estadística de los decesos de periodistas
sólo es una parte del informe presentado
por la Comisión de Libertad de Prensa
en la sexagésima tercera asamblea de
la SIP, que observa amenazas para el ejercicio
del periodismo en el continente no sólo
en lo que respecta a independencia de los medios
de comunicación, como en su opinión
ocurre en Venezuela. Hay luces rojas también
en Ecuador y Bolivia, y en Colombia proliferan
las intimidaciones.
Periódicamente, la SIP denuncia los
casos más graves de la represión,
que son los homicidios. Los sicarios no solamente
suprimen la vida de los periodistas y afectan
a sus familias, sino que buscan silenciar a
la sociedad. En el silencio, quienes ganan son
los que apuestan al crimen. Prenden que sus
patrones, capos, traficantes de personas, armas,
drogas o políticos venales, sean intocables.
En la frontera norte de México, periódicos
han anunciado ya su decisión de no publicar
informaciones sobre crimen organizado. no sólo
han sido agredidos, desaparecidos y asesinados
periodistas en su plantilla, sino que las propias
instalaciones de los diarios han sido objeto
de ataques con armas de alto poder y explosivos,
como ocurrió en El Mañana de Nuevo
Laredo.
Es por ello, como señaló
Juan Francisco Ealy Ortiz, en su calidad de
presidente de la Comisión de Impunidad
de la SIP, hay que reconocer que cuando se esclarece
un crimen contra un periodista en América
Latina, como se está haciendo venturosamente
cada vez más con mayor frecuencia de
acuerdo con observadores independientes, se
está conteniendo a quienes actuaban al
abrigo de la tercera impunidad.
Hay que exigir el esclarecimiento de esos hechos
y que se finquen responsabilidades. No se pretenden
tratos de privilegio, pero hay que reconocer,
como cada vez sucede con mayor fuerza, que matan
a quienes tienen como tarea la información
es cobijar la opacidad que alienta el delito
y el abuso de poder. Cuando se pierde la libertad
de expresión ninguna otra libertad es
viable.
Tomado de: El Universal,
Opinión P.24 (15/Oct/07)
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Gobierno
y medios
León
Bendesky
La reforma electoral aprobada
en el Senado y la discusión sobre la
ley de la industria de la radio, televisión
y telecomunicaciones que está pendiente
muestran esta situación, es decir, las
resistencias al cambio por parte de los concesionarios
y operadores, así como los acomodos que
intenta hacer el gobierno actual.
La reciente celebración de la 49 Semana
Nacional de Radio y Televisión en el
senado de la cámara de esa industria
fue el escenario de la contraposición
que está abierta entre los empresarios
y el Congreso, y sirvió para exhibir
el papel que quiere jugar el gobierno en ella.
El responsable de la política
pública en ese sector, el secretario
de Comunicaciones y Transportes, no fue sólo
conciliador, sino hasta complaciente durante
su presentación. Ahí dijo: “Nunca
he reconocido que hay monopolios: hay competencia
en la industria de la radio y la televisión,
la radio es de las más competidas, y
el gobierno reconoce el esfuerzo que ha hecho
este sector para llevar a los hogares cultura,
educación y entretenimiento, y queremos
seguir fomentando que eso suceda”.
Hay cuando menos dos cuestiones
que valdría la pena esclarecer. La primera
tiene que ver con el hecho de que para el gobierno
anterior y para el actual no ha sido fácil
aclarar el significado de la competencia en
el mercado en el caso de las industrias más
relevantes como las del sector de los medios
electrónicos y de las telecomunicaciones.
En ello incide también la visión
a veces dogmática que prevalece en la
Comisión Federal de Competencia. La discusión
se ha dado en el caso de la telefonía
y de la Ley del Libro y ahora se repite alrededor
de los medios electrónicos de comunicación.
El segundo asunto se asocia
con la calidad de la programación de
la radio y televisión. La apreciación
del secretario parece superficial y poco calificada
en ese campo. Pero no es un tema de poca importancia.
La 49 reunión de la
industria expuso las contradicciones que hay
en esa actividad y, sobre todo, la falta de
una política pública clara al
respecto. Hay un aspecto tecnológico
de la industria que ofreció atender el
gobierno. En ese terreno, por ejemplo, la oferta
de servicios convergentes de video, voz y datos
(el llamado triple play) pone en evidencia el
efecto tecnológico que caracteriza el
desarrollo del sector y la necesidad de una
eficiente regulación.
Tomado de: La Jornada,
Economía P.27 (15/Oct/07)
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Prohibido
prohibir
Felipe Díaz
Garza
Estoy de acuerdo con la parte
de la reforma electoral que prohíbe a
los candidatos mexicanos y a sus partidos la
contratación de espacio publicitario
en los medios electrónicos, particularmente
y por lo pronto en la televisión y para
ser precisos, otra vez particularmente y por
lo pronto, en Televisa y TV Azteca. El poder
del medio tiene alcances aún insospechados
para quienes más que sus usuarios somos
sus usados: los teleespectadores.
La credibilidad mecánica
de la televisión impone a su audiencia
formas y cartabones de conducta que antaño
dio la iglesia. La penetración de la
televisión anula las viejas estructuras
mentales y encauza a su antojo la conducta popular,
en el más estricto sentido del término,
que se refiere a la conducta de las masas.
Hace medio siglo o más el canadiense
Marshall McLuhan predicaba lucidamente sobre
la manipulación de la sociedad por los
medios, preponderantemente los gráficos
(comics) y los audiovisuales (radio, televisión
y cine). En los últimos años del
siglo pasado Giovanni Sartori, profesor universitario,
corrigió y aumentó la tesis del
canadiense que proponía que “el
medio es el mensaje/el masaje” con su
estudio Homo videns. La sociedad teledirigida,
que propone que el hombre, que alguna vez fue
lo que sabía, es ahora lo que ve.
Según Ángel Vivas,
Sartori hace en Homo videns un análisis
de la influencia de la televisión y de
la cibernética en la sociedad actual.
“Intenta dar respuesta a las interrogantes
de futuro que plantea el nuevo esquema de comunicación
social que se está configurando actualmente.
Un sistema donde predominan los individuos solitarios,
la comunicación es cada vez menos personal,
la televisión se convierte en un vehículo
universal de transmisión de información,
y aparece un nuevo elemento comunicacional:
las redes de comunicación cibernéticas,
de las que todavía se desconocen las
consecuencias, tanto en la educación
como en la intercomunicación de las personas,
así como en sus diferentes utilizaciones”.
En tal contexto fue una sabia decisión
legislativa sacar a las televisoras, por lo
pronto, del juego electoral. Más pronto
de lo que suponemos deberemos sacar de ese mismo
juego a la internet, en la que la televisión
ya se va haciendo refugio y dominio y cuyos
efectos son ya visibles, perniciosamente visibles,
en la modificación y troquelamiento del
comportamiento social, especialmente de los
jóvenes, aquí y en el resto del
mundo.
Tomado
de: Reforma, Opinión P.10 (6/Oct/07)
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Provocación de TV Azteca
al Congreso
Guillermo Knochenhauer
La confrontación de concesionarios de
radio y televisión con el Congreso a
causa de la reforma electoral recién
aprobada, entró el miércoles a
una etapa de franca provocación de los
industriales a los legisladores con la difusión,
por TV Azteca, de anuncios denigrantes del Senado.
La esencia plausible de la
reforma electoral es que cambió la relación
entre los partidos, el dinero y los medios de
comunicación.
Se afectaron intereses económicos
y de influencia política de los medios
electrónicos, cuya reacción se
convirtió en un abierto desafío
cuando TV Azteca difundió dos anuncios
modificando los de la campaña “En
el Senado vemos por ti”.
Los anuncios de la televisora
incluyen íntegro el del Senado, al que
se le agregan freses como: “En TV Azteca
sí estamos contigo. Llevas mucho tiempo
quejándote del sueldo que pagan los senadores
y tienes razón. cada mes, cada uno de
ellos nos cuesta 125 mil 998 pesos.
El presidente de la Comisión de Radio
y Televisión, Carlos Sotelo, da en el
clavo al calificar el espot como “una
burda provocación” y opinar que
“la televisora puede estar cometiendo
una falta al marco jurídico”.
¿Qué estaría persiguiendo
TV Azteca con esta provocación? Quizá
precipitar una reacción autoritaria del
Legislativo. La Ley vigente se lo permitiría
a los senadores.
Un desafío sin duda muy grave al Congreso
y al estado mexicano por parte de los concesionarios
privados de televisión.
Manlio Fabio Beltrones dijo primero que se
trataba de un desafío de un poder fáctico
a un órgano del Estado. Ayer matizó,
al declarar que la junta de coordinación
Política formulará un pronunciamiento,
aunque adelantó que no ve una acción
jurídica, “confío en que
las aguas regresen a su nivel y cada quien asuma
su responsabilidad”.
Tomado
de El Financiero, Opinión P.33 (5/Oct/07)
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La
mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro
La industria del entretenimiento montó
este martes uno de sus más ambiciosos
espectáculos en años. Los usufructuarios
de concesiones radioeléctricas y algunos
de los más destacados personajes de su
segmento informativo protagonizaron, el pasado
11 de septiembre, un verdadero reality show
en cadena nacional.
En el, asumieron el papel de
voceros públicos del interés nacional
y de adalides de la libertad de expresión,
amenazados, según ellos, por la reforma
electoral provista por el Poder Legislativo.
El enfrentamiento entre la
Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y la Televisión (CIRT) y el Senado
anuncia un nuevo capitulo de la teleguerra sucia.
Las lagrimas de cocodrilo que la mediocracia
ha derramado lamentando las modificaciones a
la Constitución que impiden a los partidos
políticos contratar tiempos pagados en
medios, y prohíbe a las personas publicas
y privadas contratar mensajes en radio y televisión,
es prolegómeno de un ajuste de cuentas
mucho más grande con la clase política.
El pleito entre conductores,
concesionarios y legisladores en cadena nacional
es, por principios de cuentas, una disputa por
una parte de la renta. En los pasados comicios,
los partidos destinaron casi 70 por ciento de
los millonarios recursos que recibieron como
prerrogativas por parte del Estado para financiar
sus campañas, a la contratación
de espacios en radio y televisión.
El pasado 11 de septiembre,
frente a cámaras de televisión
y micrófonos, uno de los conductores
televisivos advirtió a los senadores
que los políticos profesionales están
más desacreditados que sus empresas.
La aseveración es cierta. La clase política
no disfruta de buena reputación. Junto
con la policía, se encuentra en uno de
los niveles más bajos de estima ciudadana.
Los ciudadanos no tienen confianza en sus representantes.
Hasta ahora, el enorme poderío
mediático y cultural de las televisoras
y radiodifusoras en México parecía
no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa
en la marco contienda electoral de 2006 fue
el rubí en la corona de esta fuerza.
Una fuerza que se presenta en sociedad como
reserva moral de la nación, como un poder
al que partidos y políticos deben rendir
pleitesía.
La respuesta de la mediocracia
ante la reforma electoral parece sacada de una
telenovela. Sueña con hacer de la realidad
una calca del mundo virtual. Para defender sus
intereses específicos, sus ganancias
y poder, se disfraza de representación
genuina de la ciudadanía, usurpa la voz
publica, alerta contra la estatización
y habla en nombre de la libertad de expresión.
Con el pretexto de defender una reforma electoral
de más largo alimento, indudablemente
necesaria, apuesta a preservar sus privilegios.
De allí la rabiosa respuesta de radiodifusores.
Una ración que recuerda que, parafraseando
la telenovela, la mediocracia también
llora.
Tomado
de La Jornada, Política P.10 (13/Sep/07)
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Las
torpes embestidas mediáticas
Luis Linares Zapata
Los medios electrónicos
emprendieron una embestida contra el Congreso
por demás torpe, aun así, a esta
acción, se le enfoca desde el punto de
vista de sus masivos intereses. Deseaban y claro
esta, aun pretenden, conservar tanto los instrumentos
para sus múltiples negociaciones políticas
como el enorme caudal de recursos que llega
sus arcas.
Pero los medios no fueron solos
en la campaña emprendida en defensa de
sus intereses, súbitamente colocados
ante la posibilidad de ser afectados en los
trabajos legislativos. Coordinaron su estrategia
con un amplio grupo de críticos, articulistas,
académicos e intelectuales de amplio
conocimiento publico. Como en toda aventura
de este calado, hubo también uno que
otro compañero de viaje que lo hizo motu
proprio, por individuales creencias, pero que,
al final, sirvieron a los mismos propósitos
de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Durante la batalla mediática
han salido a relucir cruciales conceptos y fenómenos
de la vida colectiva de la nación: la
democracia, la independencia del IFE, el papel
de pulcro arbitro desempañado por los
consejeros durante la pasada campaña,
el fraude de 2006, que, se afirmó con
voz en cuello, nadie ha probado. Se blandieron
además temas como las afectaciones al
cuerpo social o a la ciudadanía por las
vengativas remociones planeadas. Pero esto fue
secundario, lo imperioso para los medios fue
su propia conservación como actuante
y efectivo poder fáctico.
Pero esta vez les falló
el calculo, les salió contraproducente
su embestida. Provocaron dos fenómenos
simultáneos. Uno fue crucial, pues obligaron
a los legisladores a cerrar filas, a defender
lo poco que aun queda de soberanía popular,
sustento legitimo del Congreso. Los coordinadores
de las principales facciones sostuvieron que
empujar la pensada transformación electoral,
a pesar de las enormes presiones y las debilidades
partidarias, ambas situaciones bien conocidas
por el grueso de la ciudadanía. El otro,
que no, secundario, por que enajenaron a una
parte sustantiva de las muchas audiencias que
componen el espectro de la opinión publica,
quizás a la más consciente e informada
de ellas. Tanto los directivos de los medios
involucrados en este pleito, como sus condicionales
defensores, rebasaron, una vez más y
con grados inadmisibles de soberanía,
la línea de tolerancia de amplios sectores
de la población.
La embestida pretendía
también involucra a la figura de Andrés
Manuel López Obrador. Hacerlo, una vez
más, responsable de eso que se considera
una venganza contra los consejeros. Querían
motivar (con sus maniobras desde la pantalla
y los micrófonos) al gran publico cautivo
para que repudiara el flagrante atropello contra
la libertad de información fraguado por
el que fue contendiente a la Presidencia y que,
para muchos, millones, es el real triunfador
de la contienda pasada.
Esta semana quedará
escrita parte de una historia que puede ser
trascendente para la vida organizada del país,
para la sanidad de la política, para
las imágenes personales de ciertos legisladores
que han aguantado las andanadas y hasta tienen
arrestos para responder a los retos que les
arriman sus críticos interesados.
Tomado de la Jornada, Opinión P.23 (12/Sep/07)
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Ley
de medios: “as bajo la manga”
Ricardo Alemán
Ya se sabe(El Universal, bajo
reserva, 09/09/07)que ante la presión
descomunal del poder mediático lanzado
contra la reforma electoral, los tres principales
partidos políticos representados en el
Senado de la Republica- PAN, PRD y PRI- reaccionaron
con un “as bajo la manga”, al acelerar
la discusión de la llamada Ley de Medios,
que tarde o temprano sustituirá a la
malograda ley Televisa.
Una respuesta política
que, más que inteligente, parece “de
librito”, pero que aun así fue
vista por no pocos como una reacción
fuerza por parte del Congreso frente a las poderosas
televisoras. Pero lo que está en juego
tanto en la reforma electoral como la Ley de
Medios- no sólo el dinero que emplean
los partidos en propaganda electoral, casi 3
mil millones de pesos, sino la influencia misma
del poder mediático frente al poder publico-
acepta mucho más que una lectura lineal
como ésa, y hasta abre la puerta para
la hipótesis de una negociación
forzada-entre el Congreso y las televisoras-
para impulsar un intercambio de intereses.
Está claro, que luego
de las experiencias electorales de 2000 y 2006-
en donde el dinero dominó a la política
y la democracia electoral-, existe entre el
tripartidismo dominante en el Congreso una tendencia
que favorece limitar la participación
de los poderes fácticos en los procesos
electorales, y que todos o casi todos los actores
políticos fueron víctimas del
poder de las televisoras y los grupos familiares
que dominan la radio. Pero también es
cierto que en 2000 y 2006 no pocos de los políticos
que ahora reivindican posturas de fuerza frente
a las televisoras- y que dicen comportarse como
“hombrecitos”- en realidad se doblegaron
a las presiones mediáticas y hasta pactaron
acuerdos inconfesables.
En efecto, el Congreso y los
partidos que lo integran pudieran acordar hoy
que la televisión y la radio se quedaran
fuera de los procesos electorales, y hasta pudieran
acordar una Ley de Medios que limite el poder
mediático, que permita abrir espacios
para la competencia y terminar con los monopolios
electrónicos en radio y televisión.
Pudieran hacer todo eso y más, hasta
convertir a la grosera “partidocracia”
en el “poder de poderes”, por sobre
la jerarquía constitucional del poder.
Pero existe un pequeño detalle que los
Creel, Navarrete y Beltrones no quiere decir,
que olvidan o, de plano, se niega a ver. ¿Cuál
es ese detalle?
Que ellos mismos, Creel, Navarrete y Beltrones,
tiene ambición de poder, algunos de ellos
incluso presidenciales, mas allá de su
cargo actual en el Senado.
Ese es el verdadero mensaje
que enviaron en el Congreso los jefes del poder
mediático, cuando advirtieron que muchos
legisladores aspiran a ser gobernantes. Y por
eso, de manera rápida los senadores desempolvaron
la Ley de Medios. Pero no para usarla como un
garrote para aclarar a las televisoras, sino
para abrir espacios de negociación sobre
esa ley. Y es que los políticos “no
comen lumbre”, y saben que sea del partido
que se quiera y la doctrina que se antoje, todos
estarán expuestos a las campañas
mediáticas, no en los proceso electorales,
tampoco en la pelea por nuevas concesiones,
sino en el ejercicio del poder.
Tomado de El Universal, México
P.15 (10/Sep/07)
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Libertad
de expresión y derecho al honor
Jaime Cárdenas
Lentamente y sin retrocesos, comenzamos a avanzar
en México en materia de derechos fundamentales,
principalmente en la definición de criterios
básicos para el entendimiento de ciertos
derechos, como la libertad de expresión,
el derecho a la información o el derecho
al honor, sobre los que hasta hace poco el Poder
Judicial no se pronunciaba.
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en una importante resolución
del 23 de mayo de 2007, determinó los
alcances de la libertad de expresión
en relación con el derecho al honor.
Esta decisión confirmó sentencias
previas de la Cuarta Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito. Con esa decisión
se dio por terminado el litigio civil entre
Sergio Aguayo Quezada contra Primitivo Rodríguez,
en donde el último había imputado,
sin prueba alguna, que Sergio Aguayo era agente
de la CIA.
La Suprema Corte puso en claro
varias cosas importantes en materia de libertad
de expresión y de derecho al honor. Entre
los principales criterios de la resolución,
destacó los siguientes:
1) La Corte señaló que la libertad
de expresión hace posible comunicar ideas,
opiniones, juicios de valor y todo tipo de puntos
de vista subjetivos, ninguno contrastable con
parámetros de corrección en aras
del respeto a la pluralidad. El derecho a la
información, en cambio, protege la difusión
de hechos o datos fácticos verificables
con alguna pauta de veracidad. La Corte indicó
que la libertad de expresión no se protege,
si se imputan a una persona hechos falsos que
no son verificables o que al menos cuenten con
un sostén de veracidad.
2) Es necesario, para la procedencia de la acción
civil de reparación por daño moral,
demostrar la real malicia o la intención
de causar daño.
3) La libertad de expresión ampara el
derecho de las personas para expresar ideas,
opiniones, puntos de vista, siempre y cuando
no sean injuriosos por sí mismos.
4) Para fijar los alcances entre la libertad
de expresión y el derecho al honor es
fundamental analizar la relevancia o interés
público del asunto comunicado, es decir,
si se trata de información que permite
generar elementos para el debate público,
político o social en torno de una temática
de interés general.
5) El derecho al honor no se protege igual tratándose
de ciudadanos que de funcionarios.
6) La Suprema Corte consideró que el
derecho al honor forma parte de la vida privada
de las personas, al igual que el derecho a la
intimidad, y distinguió entre vida privada
e intimidad.
Tomado
de El Financiero, Opinión P.23 (7/Ago/07)
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Medios
públicos subastados
Víctor Roura
1993. al año siguiente
de que Salinas de Gortari firmó, con
Estados Unidos y Canadá, la culminación
de las negociaciones para el Tratado de Libre
Comercio (17 de noviembre de 1992), se daban
a conocer los resultados del proceso de privatización
de empresas paraestatales. El gobierno había
puesto en venta un paquete de medios de comunicación
del Estado, que incluía el Instituto
Mexicano de Televisión (Imevisión)
con sus dos redes nacionales: el Canal 13 (con
90 emisoras) y el Canal 7 (con 78 emisoras),
además los canales 22 del DF, 8 de Monterrey,
2 de Chihuahua y 11 de Ciudad Juárez.
En el caso de Imevisión,
Salinas de Gortari estaba impedido a vender
la red nacional del Canal 7 porque sus 78 emisoras
eran permisionarias y, de acuerdo con la Ley
Federal de Radio y Televisión, sólo
los canales concesionados pueden cederse en
operaciones de compra-venta. Sin embargo, todo
fue arreglado. El gobierno formó empresas
paraestatales que se transformaron en concesionarias
de los canales 7 y 13 de televisión.
De esta manera, convierte los canales permisionarios
y los lanza a la subasta con el “paquete
de medios”.
De la red de Imevisión,
el único que se salvó fue el Canal
22 del DF debido a que un grupo de intelectuales
(casi el mismo que exigió la fundación
del Conaculta) pidió a Salinas que lo
destinara a la difusión de la cultura.
Pero el 18 de julio de 1993 el grupo Radio Televisora
del Centro, presidido por Ricardo Salinas Pliego–dueño
de las tiendas Electra–, pagó 650
millones de dólares por el dicho “paquete”.
A partir de entonces, surge la cadena privada
TV Azteca creada con las emisoras que le “estorbaban”
al gobierno. Esa nueva empresa tiró,
destruyó y vendió por kilo cientos
de cintas de producción que, por más
de 20 años, conformó Imevisión
como parte de su memoria audiovisual.
Con gobiernos prisitas o panistas,
las ganancias para el duoplolio Tv Azteca-Televisa
han sido redituables. Incluso con la influencia
de Martha Sahagún de Fox, el gobierno
federal emitió un decreto donde se establece
la “autorregulación” de los
medios de comunicación y la disminución
del estado.
Tomado
de El Financiero, Cultural P.59 (31/Jul/07)
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