Un
vistazo al periodismo hidalguense
Libertad
de expresión imperfecta
Alfredo
Rivera Flores
La
autocensura de los comunicadores también
ha estado presente en Hidalgo. Con alarmante
frecuencia, las ideas han muerto in
vitro, sin poder llevar su esperanza
al necesitado o su grito de inconformidad
y rebeldía al mal gobernante.
Son las dudas, los miedos, la mediocridad
o la venta del alma al diablo, los que
han sellado los labios o paralizado
la pluma, evitando que los comunicadores
aporten el grano de arena que Hidalgo
necesita para construir cada día
mejores espacios de convivencia civilizada.
Hace
algunos años tuve la fortuna
de participar en la creación
de la Unión de Periodistas Democráticos
de Hidalgo (UPD). Conformaban esa organización
un par de viejos periodistas y una promisoria
camada de jóvenes reporteros
que cotidianamente pugnaban por encontrar
o crear espacios de comunicación
para publicar los resultados de sus
pesquisas reporteriles.
Al
paso del tiempo, la danza de la vida
llevó a esos reporteros por múltiples
caminos, pero su historia es representativa
dentro del periodismo hidalguense. Casi
todos persistieron en el ejercicio de
la profesión, y casi todos atenuaron
los tonos de su tinta. Las revistas
más combativas tuvieron vida
efímera, las más complacientes
o anodinas subsistieron. Los reporteros
de entonces ascendieron a los puestos
directivos en la prensa, la radio y
la televisión; hoy día
no pocos de ellos detentan sus propios
medios de comunicación.
Después
del breve recuento, uno puede preguntarse
qué tan presente estuvo la censura
en sus desempeños profesionales.
Nada, tendría que ser la respuesta,
si pensamos en la aplicación
de medidas violentas para acallarlos.
Desde luego que en el anecdotario de
los últimos años podríamos
encontrar algunas leves y aisladas acciones
de tal naturaleza, pero casi siempre
serían explicadas como la expresión
individual y primitiva de un politiquillo
de poca talla o de un cacique pueblerino.
La
excepción la constituyó
el ahora diputado federal Gerardo Sosa
Castelán, quien desde siempre
mostró su afán violento
por acallar las críticas. En
su época de líder estudiantil
golpeó a cachazos a Marcos Loaiza,
periodista de El Sol de Hidalgo. Posteriormente,
los porros de la federación bajo
su control, balearon las oficinas de
El Diario Visor y la casa del suscrito.
En la actualidad, Sosa Castelán,
fiel a su aversión a las verdades
que lo exhiben, promovió un juicio
en mi contra, como autor del libro La
Sosa nostra. Porrismo y gobierno coludidos
en Hidalgo. El colmo es que reclama
daño moral.
Dicho
exdirigente estatal del Partido Revolucionario
Institucional, ha llevado su encono
contra la libertad de expresión,
a tal grado que también demandó
a Miguel Ángel Granados Chapa,
autor del prólogo; Miguel Ángel
Porrúa, editor; Libraria SA de
CV, empresa responsable de la tipografía;
Enrique Garnica, quien diseñó
la portada, y a Héctor Rubio,
quien tomó la foto de autor que
aparece en la contraportada.
Responsabilidad compartida
Más allá de esa enfermiza
forma de actuar, no se encuentran en
Hidalgo intentos relevantes por acallar
las voces independientes. Pero, desde
luego, ello no significa que durante
los últimos tiempos, los ciudadanos
hidalguenses hayan gozado de la información
completa y veraz a que tienen derecho.
Bastaría señalar que los
recursos que el gobierno derrama en
abundancia para los medios de comunicación,
constituye, para muchos, la única
fuente de ingresos. Por ello, no extraña
que los intereses comerciales de los
propietarios de diarios y revistas sean
una de las más significativas
limitantes a la libertad de expresión.
La autocensura de los comunicadores
también ha estado presente en
Hidalgo. Con alarmante frecuencia, las
ideas han muerto in vitro, sin poder
llevar su esperanza al necesitado o
su grito de inconformidad y rebeldía
al mal gobernante. Son las dudas, los
miedos, la mediocridad o la venta del
alma al diablo, los que han sellado
los labios o paralizado la pluma, evitando
que los comunicadores aporten el grano
de arena que Hidalgo necesita para construir
cada día mejores espacios de
convivencia civilizada.
Hay,
desde luego, una responsabilidad no
cumplida de parte de los comunicadores,
pero sin duda también existe
una responsabilidad social compartida.
Siete décadas de absoluto dominio
priísta y extrema debilidad de
los opositores, elevados índices
de analfabetismo, y uno de los primeros
lugares de pobreza en el país,
así como ser el estado donde
hasta hace muy pocos años un
partido de oposición ganó
por primera vez un puesto de elección
popular, son algunos de los elementos
que han configurado una sociedad incapaz
de exigir con firmeza la vigencia de
los derechos democráticos fundamentales,
como elecciones limpias, transparencia
en la información, respeto a
los derechos humanos, protección
al medio ambiente y una prensa profesional.
Mención
aparte merece la responsabilidad de
la universidad estatal. Durante mucho
tiempo, la máxima casa de estudios
–manejada por porros o sus testaferros–
postergó la aparición,
en sus planes de estudio, de disciplinas
sociales, y nunca fomentó un
espíritu crítico entre
los jóvenes, necesario para impulsar
los cambios estructurales hacia una
superación colectiva.
Por
todo ello es posible observar cómo
innumerables prácticas o ritos
se siguen manteniendo tal cual, sin
importar el paso del tiempo. Los primeros
días de junio aparecen, de manera
obligada en las páginas de los
diarios locales, las declaraciones del
gobernador en turno acerca de su indeclinable
respeto a la libertad de expresión.
Los dueños de los diarios, a
su vez, reconocen en el mandatario “ese
acendrado espíritu democrático”
y muchos de los periodistas se forman
rápidamente en la fila para participar
en los festejos, tomarse la foto, recibir
los regalos y aspirar a las distinciones.
Pocos marcan su distancia y se permiten
alguna leve crítica.
Casi
siempre está ausente la reflexión
y el análisis sobre las circunstancias
concretas en que se ejerce la libertad
de expresión y el papel que ésta
desempeña o debiese desempeñar
en la sociedad. Menos aún se
escuchan expresiones de solidaridad
combativa a las agresiones a periodistas
de otros rumbos.
Nada
aconteció en Hidalgo en abril
de 2005 cuando nos enteramos de la desaparición
de Alfredo Jiménez Mota, periodista
del diario El Imparcial, de Hermosillo,
Sonora. Tampoco hubo protestas cuando
al paso del tiempo sus compañeros
de oficio del norte del país
y algunas agrupaciones gremiales fueron
arrancando a las autoridades los datos
que confirmaban que Alfredo había
sido asesinado por miembros de la delincuencia
organizada, que de esa manera pretendió
acallar el resultado de las investigaciones
del periodista, en las que se implicaba
a grupos políticos en el poder.
Desde
luego, mal hacemos en Hidalgo al pensar
que la embestida contra la libertad
de expresión que se hace evidente
en el país, nos resulta ajena.
Pues habremos de recordar la vieja y
conocida historia: “Cuando vinieron
por los negros, no hice nada, pues no
soy negro; cuando vinieron por los judíos…”
Igualmente habríamos de preguntarnos
si el hecho de que en el territorio
hidalguense no se hayan dado crímenes
en contra de los periodistas, es suficiente
para suponer que gozamos de una auténtica
libertad de expresión.
PUEDE
CITAR ESTE ARTÍCULO
DE LA SIGUIENTE FORMA:
Rivera
Flores, Alfredo, "Libertad de expresión
imperfecta", Revista
Mexicana de Comunicación,
No. 105, junio - julio, 16- 17pp.