Monotonía
de la prensa poblana
Juan
Pablo Proal
Reportero
del periódico digital E-consulta
y Contralínea de Puebla,
y corresponsal de Proceso
Si
en la prensa nacional es llamado por
su nombre: “Caso Marín-Cacho”,
los periódicos locales lo reducen
a “Caso Cacho” o, de plano,
lo omiten de la agenda. Ello es sólo
un botón de muestra que evidencia
una cobertura mediática basada
en la exaltación de la agenda
del gobernador de poblano, Mario Marín
Torres, mediante la diaria publicación
de sus boletines, la desaparición
de cualquier viso de crítica
hacia él, la coacción
de los periódicos que alguna
vez fueron opositores a su gestión,
y, desde luego, un gasto desproporcional
en publicidad.
Desde
hace 16 años, Luis Ortega Morales,
director del Sistema de Información
Clasificada –prácticamente
la única empresa independiente
en el estado en materia de observación
de medios—, revisa metódicamente
el comportamiento de la prensa en Puebla.
En el caso específico del tratamiento
informativo del gobernador, arroja información
que pudo pasar desapercibida: algunos
periódicos locales jamás
han hablado de la investigación
que sigue la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) a Marín
Torres; otros nunca han escrito la palabra
Lydia Cacho Ribeiro en sus líneas;
unos más esconden el tema en
los interiores y pocos brindan la información
completa.
Basta
echar un vistazo a las primeras planas
del 15 de junio, un día después
de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación analizó la
procedencia del juicio político
contra el gobernador. El periódico
de mayor circulación en el estado,
El Sol de Puebla, de Organización
Editorial Mexicana, ignoró en
su cabeza el tema y la reemplazó
por un texto sobre contaminación.
Prácticas similares utilizaron
los diarios El Heraldo de Puebla,
Milenio Puebla, Intolerancia y
La Opinión.
El
Sol de Puebla tituló su
noticia principal de ese día:
“Descarta Salud alto riesgo por
polución”; Milenio:
“Crisis lechera”; El
Heraldo de Puebla: “Uso responsable
de la libertad: Henaine”; La
Opinión: “Cámaras
en Centros de Verificación para
evitar corrupción: SEMARNAT”.
Los únicos medios dieron cobertura
al caso fueron La Jornada de Oriente,
Síntesis, E-consulta, Mediática
y Cambio.
En
entrevista, Ortega Morales apunta que
periódicos como Milenio
o el sitio virtual Mediática
se limitaron a publicar un par de notas
sobre el tema a lo largo de toda la
semana de la disyuntiva de la SCJN.
El
ex jefe de prensa de la Universidad
Autónoma de Puebla clasifica
en dos grandes grupos la forma como
se trató esta fase de la investigación
que se sigue al gobernador por su probable
confabulación con las autoridades
judiciales y el empresario Kamel Nacif
Borge para aprehender a la periodista
Lydia Cacho Ribeiro. Unos periódicos
publicaron íntegros los boletines
del gobierno, mientras que otros pocos
entrevistaron a la contraparte.
Si
el analista del SICLA brinda una radiografía
de lo publicado, el reportero Martín
Hernández Alcántara, del
periódico La Jornada de Oriente,
explica en detalle el trato del gobierno
hacia la prensa que se atreve a cuestionarlo.
Es tajante: “Yo he renunciado
a cubrir al gobernador, a cubrirlo formalmente;
es un tipo que siempre se llena la boca
hablando de transparencia y de rendición
de cuentas, pero solamente le gusta
hablar de los temas que para él
son cómodos; tiene además
a un grupo de reporteros que siempre
lo está protegiendo”.
--
¿Y cómo lo protegen? –se
le inquiere—
--
Haciendo una pregunta desvinculada del
tema. Por ejemplo, si el gobernador
está inaugurando una obra o está
dando recursos y tú quieres preguntarle
sobre el tema de Lydia Cacho ellos desvían
la entrevista, meten las grabadoras
y preguntan sobre el acto en cuestión.
--
¿Por qué renunció
a cubrir al gobernador? ¿Es tan
difícil cubrir esta fuente?
--
La mayoría de los jefes de prensa
están encargados de cerrarles
las puertas a los reporteros. La única
vía institucional, además
de la ley transparencia o una entrevista
banquetera, es a través de los
organismos. Solicitas una entrevista
con el Secretario de Finanzas, Gerardo
Pérez Salazar, y su jefe de prensa
difícilmente te tomará
la llamada. En temas espinosos, por
ejemplo, al consejero jurídico,
Ricardo Velásquez, si le solicitas
una entrevista no te la va a dar. Yo
lo he intentado tres veces.
Lo
cierto es que la ley de transparencia
tampoco ha resultado efectiva para conocer
el manejo de la administración
del titular del Poder Ejecutivo. Como
prueba, están la negativa de
la Comisión de Acceso a la Información
Pública (CAIP) de negar al ciudadano
José Emilio López López
la bitácora de viajes de Marín
Torres –quien recurrentemente
sale al extranjero— o los recursos
de revisión de los periodistas
Jorge Machuca Luna y Ernesto Aroche
Aguilar por conocer a detalle el gasto
de “Avances”, una de las
tantas campañas publicitarias
de la dirección de Comunicación
Social.
A
todo lo anterior, se suma otro recurso
de revisión –aún
en trámite-- promovido por quien
esto escribe por la negativa del gobierno
del estado de dar una copia de las facturas
de sus gastos en medios locales y nacionales.
Y es que la publicidad del Poder Ejecutivo
no se limita a “Avances”,
sino que a diario se anuncian en los
medios nacionales de mayor circulación.
Sobre
el periplo para conocer la campaña
de “Avances”, Aroche Aguilar,
colaborador de la revista Emeequis,
detalla:
“Lo
único claro, transparente pues,
es que la administración encabezada
por Mario Marín Torres no tiene
interés alguno en mostrar a sus
empleadores que el dinero tirado a carretadas
para aceitar la maquinaria informativa
no ha servido para limpiar su imagen.
Caso paradigmático —porque
fue uno de los que me ha tocado protagonizar
junto con el reportero Machuca—
es la solicitud referente al costo y
gasto erogado en las cápsulas
informativas Avances.
“La
espera y trámite de la información
desgranó al calendario cerca
de 120 días antes de que la información
fuera entregada finalmente, no sin antes
atravesar los intrincados vericuetos
y los trabas que la estructura gubernamental
colocó en el camino. Hubo que
esperar dos periodos para recibir una
respuesta leguleya y verborreica que
obligaba al solicitante a consultar
el Clasificador del Objeto del Gasto
o manual de partidas presupuestales
y encontrar ahí el número
de partida que engloba la información
solicitada”.
Sin
dar grandes detalles, la información
proporcionada por el gobierno del estado
se limitó a citar que Marín
Torres desembolsó 184 millones
de pesos para promocionar su eslogan:
“El trabajo de un gobierno de
resultados”. Esta cifra es casi
el doble del presupuesto de la Secretaría
de Cultura.
Sobra
decirlo pero los principales beneficiarios
de esa campaña fueron las televisoras
Televisa y TV Azteca en sus repetidoras
locales, con 7 y 17 millones de pesos
respectivamente. Ambas compañías
nunca incluyen notas negativas hacia
el gobierno en turno.
También
recibieron jugosas ganancias los periódicos
El Sol de Puebla, con 252 mil
pesos; Síntesis, con
253 mil 920 pesos e Intolerancia,
con 165 mil 600 pesos.
La
relación entre los dueños
de los periódicos y el gobierno
es consecuencia de la falta de visión
empresarial de los directivos de los
periódicos, apunta el reportero
Ignacio Juárez Galindo, del portal
E-consulta: “En algunos casos
el contrato del gobierno llega a el
80 por ciento de la nómina, los
empresarios de medios han sido miopes
o chocan contra sus propios intereses
para tener empresas independientes”.
Estos
vínculos estrechos ayudan a entender
el vuelco informativo del periódico
El Heraldo de Puebla, cuyo
dueño actual es Ricardo Henaine,
principal accionista del Aeropuerto
Hermanos Serdán e íntimo
de Marín Torres. Hasta hace unos
meses, cuando José Gutiérrez
Vivó era propietario del diario,
en la primera plana aparecía
un cintillo con la leyenda “Recuento
de la impunidad”, que anotaba
cada día que pasaba sin tener
una resolución de la SCJN.
Con
la llegada de Henaine no sólo
ese conteo desapareció, sino
cualquier crítica a Marín
Torres, apunta Luis Ortega Morales:
“En el caso de El Heraldo,
el cambio de línea editorial
fue evidente y escandaloso”.
Otro
periódico que era inclemente
con Marín Torres y de repente
suavizó sus textos fue Cambio,
apunta el director del SICLA: “Las
notas que estaban permanentemente incidiendo
sobre tal o cual funcionario se acabaron”.
Ante
la cerrazón de los funcionarios
y la falta de transparencia, el reportero
Martín Hernández Alcántara
se remite a reproducir --en gran parte
de sus notas relacionadas con Marín
Torres-- los boletines del gobierno
del estado, que además son pagados
por la administración estatal
y en algunos periódicos es obligación
del reportero basar su información
íntegra en ellos.
--
¿Se siente presionado por reproducir
el boletín?
--
No soy presionado a hacerlo, pero sí
es una obligación y es una obligación
porque hay un convenio con el gobierno
del estado que obliga a los medios de
comunicación, al menos en el
que yo participo, a insertar diariamente
un boletín informativo a manera
de nota, firmado por el reportero en
nuestro caso.
Por
separado, Ortega Morales añade:
“Todos los periódicos publican
los boletines, ningún medio se
niega. ¿Cómo equilibran
la información? Varía:
a veces los reporteros lo firman sin
cambiar una sola coma; a veces le dan
la entrada y después lo reproducen
íntegramente, y en otras ocasiones
simplemente aparece sin autor: aparece
con el nombre del periódico”.
El
siguiente es un ejemplo de cómo
debe de citar el anterior artículo:
Proal,
Juan Pablo, 2007, "Monotonía
de la prensa poblana",en
Revista Mexicana de Comunicación,
en línea, Num. 106, México,
septiembre. Disponible en: http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/censurame.htm
Consulta realizada el 3 de septiembre
de 2007.