Lapidiarium

Retos a la libertad de expresión

Omar Raúl Martínez

La semana pasada se efectuó el foro “Retos y futuro de la libertad de expresión en México”, convocado por la Comisión Especial de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados. A ese respecto, siempre resulta loable la organización de este tipo de encuentros porque intentan sensibilizar en torno a la necesidad de promover, defender y ejercer las libertades informativas en nuestro país. Lo triste o preocupante es que tras esas frecuentes convocatorias, los distintos representantes del gobierno --cuando asisten-- hacen oídos sordos a las propuestas que allí se plantean o a los compromisos públicos que allí mismo refrendan.

Frente al clima de acoso, censura y represión periodísticas, la respuesta de legisladores y funcionarios de los distintos niveles ha sido de coyuntural y aparente disposición para atender el problema, pero de nulos resultados reales. Reina la impunidad ante la ineficacia o inoperancia de las autoridades. Falta verdadera voluntad política... ¿Botones de muestra?

a) La Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra Periodistas, pareciera más una entidad instalada para justificar la omisión o inacción de las autoridades que para investigar, esclarecer y aplicar justicia en cada uno de los crímenes de informadores. Aunado a ello, legalmente carece de facultades y autonomía para desarrollar con eficacia su tarea. Así como funciona hoy, no rinde ningún fruto.

b) Es un hecho que pocas veces se investiga sobre agresiones a periodistas, pero cuando excepcionalmente esto ocurre, lo paradójico es que las mismas autoridades intenten diluir el impacto judicial y mediático. Este es el caso del titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien impidió a Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal especial de la misma dependencia, enviar a un juez federal el pliego de consignación de cinco policías judiciales involucrados en la detención de Lydia Cacho, a quienes se les imputaba el delito de tortura en perjuicio de la periodista. Pérez Duarte logró reunir los elementos probatorios para aplicar las sanciones correspondientes, pero --según La Jornada del 24 de febrero-- el titular de la PGR impidió que ese documento llegara a manos de un juez federal justificando que no era el “momento político” adecuado.

c) En julio pasado, diversos organismos civiles tuvieron una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en México. Allí el gobierno federal asumió varios compromisos para mejorar las condiciones de las libertades informativas. Han pasado ocho meses y la respuesta sigue siendo la inacción. Cierto: se mantiene el discurso del respeto a la libertad de expresión. En los hechos no se advierte nada sustantivo.

d) La mayoría de los diputados coincide en la pertinencia de fomentar el respeto, la crítica y la pluralidad en el trabajo periodístico. Pese a ello resulta incomprensible que un “punto de acuerdo” para exhortar al gobierno calderonista a que se fortalezcan las medidas y las acciones para prevenir delitos contra periodistas y a que haya claridad en la entrega de publicidad gubernamental, haya demorado casi un año para su aprobación (este 14 de febrero).

Aquí vale la pena resaltar que el tema de la libertad de expresión no se limita a las agresiones a informadores, pues existen otros linderos menos aparatosos pero que igual o mayor daño infligen al sistema democrático: por ejemplo, la concentración en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, y la discrecional y parcial asignación publicitaria. La inmovilidad legislativa en tales terrenos sientan tierra fértil para la “represión silenciosa” hacia algunos medios y espacios informativos que no se pliegan a los intereses de los poderes económicos y políticos. El estimular la pluralidad en los espacios de difusión informativa y de análisis, también es un asunto del Poder Legislativo. Así, entre las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión, destacan:

1. Promover reformas legislativas para despenalizar los llamados “delitos de prensa” en cada uno de los estados de la República Mexicana.

2. Que el Estado mexicano cumpla los compromisos que, en julio de 2007, asumió ante la CIDH respecto a estudiar las medidas para federalizar los delitos contra periodistas, así como impulsar una reconfiguración jurídica que permita el funcionamiento eficaz de las Fiscalía Especial.

3. Armonizar con los estándares internacionales las leyes en materia de medios de comunicación, libertad de expresión y acceso a la información.

4. Crear redes de apoyo, promoción, información y seguimiento jurídico sobre actos contra periodistas, en las que universidades, despachos de abogados, ONG´s, organismos gremiales, entre otros, coordinen sus esfuerzos en la defensa de la libertad de expresión.

5. Incentivar la reflexión y el planteamiento de propuestas legislativas que eviten la inhibición al libre ejercicio periodístico mediante el uso discrecional y condicionado de la publicidad oficial, y que promuevan y fomenten el pluralismo informativo.

6. Estimular el desarrollo de estudios e investigaciones sobre libertad de expresión, así como publicaciones sobre el tema dirigidas tanto al gremio como a la sociedad civil y la comunidad académica.

Quizás esto parezca una carta a los Santos Reyes, pero convendría apelar a la sensibilidad y la inteligencia de todos loa actores involucrados.

Director de la Revista Mexicana de Comunicación, presidente de la Fundación
Manuel Buendía y profesor de periodismo de la FES Acatlán de la UNAM.
Correo electrónico: lapidiarium@yahoo.com.mx

El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el artículo anterior:
Martínez Sánchez , Omar Raúl, 2007: "Retos a la libertad de expresión",
en Revista Mexicana de Comunicación en línea, No. 108, México, enero. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/omar.htm
Fecha de consulta: 3 de febrero de 2008.