Lapidiarium
Reforma
electoral y libertad de expresión
Omar
Raúl Martínez
Desde
su aprobación en noviembre pasado,
la reforma constitucional en materia
de elecciones ha sido impugnada por
las televisoras, por órganos
vinculados al Consejo Coordinador Empresarial
y por un grupo de intelectuales, arguyendo
que con la nueva ley se restringe la
libertad de expresión. Entre
las normas aprobadas figuran la prohibición
para contratar anuncios políticos
en periodos electorales, el otorgamiento
de potestad legal al IFE para contratar
los tiempos y espacios en los medios,
y el impedimento para funcionarios de
publicitar obras de gobierno donde aparezcan
ellos mismos.
El
artículo 41 ha concentrado las
motivaciones de las referidas demandas
de amparo, el cual dice: “Ninguna
otra persona física o moral,
sea a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar
propaganda en radio y TV dirigida a
influir en las preferencias electorales
de los ciudadanos, ni a favor o en contra
de partidos políticos o de candidatos
a cargos de elección popular.
Queda prohibida la transmisión
en territorio nacional de este tipo
de mensajes contratados en el extranjero”.
Uno
de los grupos más activos en
contra de la reforma electoral es el
compuesto por 15 intelectuales, entre
los que destacan Héctor Aguilar
Camín, Federico Reyes Heroles,
Leo Zuckerman, Jaime Sánchez
Susarrey, Luis Rubio, Jesús Silva
Herzog-Márquez, entre otros.
Ellos, que habitualmente tienen espacios
en medios impresos y/o electrónicos,
se inconformaron desde diciembre ante
la Suprema Corte, alegando que la prohibición
para contratar y pagar espacios de propaganda
en radio y TV “desalienta el ejercicio
democrático”, “altera
y frustra el derecho humano a la libre
expresión de las ideas y, por
consecuencia, del derecho a informar”.
Extraña
tal resquemor, porque no se habla de
restringir, censurar o limitar por ley
los segmentos informativos o los programas
de reflexión y debate. La reforma
constitucional sólo cierra la
posibilidad de pagar por opinar en spots
vía medios electrónicos.
En este tenor, muchas interrogantes
me asaltan: ¿acaso la libertad
de expresión depende de los spots
pagados a la radio y la televisión?
¿acaso no se confunde libertad
de prensa por libertad de empresa? ¿acaso
piensan que el hecho de cancelar anuncios
pagados de 30 segundos limitará
los márgenes de comprensión
de la realidad política que deben
aportar los noticiarios y programas
de debate?
A
mayor abundamiento vale resaltar:
a)
No creo que la reforma electoral trastoque
la libertad de expresión: ciertamente
prohíbe que haya campañas
negativas y que organismos ajenos a
los partidos contraten publicidad política,
pero ello no supone la censura de esos
asuntos en los segmentos periodísticos.
b)
La citada prohibición ya existía
en el Código Federal Electoral.
Lo único que ahora hizo el Congreso
fue incorporarla a la Constitución
Política y en la ley reglamentaria
con las respectivas sanciones a quienes
la transgredan.
c)
Como bien dice Lorenzo Cordova, en las
democracias modernas no existen libertades
absolutas (El Universal, 6/08/06),
y añade: “Cuando los derechos
fundamentales se ejercen en un contexto
determinado, el político-electoral,
se ven sometidos a una serie de restricciones
extrínsecas, adicionales a las
que les son propias, y que resultan
del respeto a las reglas fundamentales
del régimen democrático.
(...) En ese sentido, la prohibición
de que se contrate por parte de terceros
propaganda electoral a favor o en contra
de partido o candidato alguno es una
restricción válida a la
luz de uno de los principios rectores
de la contienda democrática:
el de la equidad de la competencia”.
En otras palabras: se restringe la posibilidad
de contratación, no la libertad
de expresión.
d)
La reforma --como ha dicho la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información
(Amedi)-- busca impedir que el dinero
signifique una puerta privilegiada para
hacer política electoral; limitar
la capacidad de los medios electrónicos
para influir en los procesos electorales,
y propiciar que el debate público
sea a partir de propuestas, posiciones
políticas e ideas y no sólo
en función de consignas o spots.
Sin
soslayar que no podrían faltar
intentos para inhibir el libre ejercicio
periodístico por vías
legislativas, lo cierto es que hoy día
los verdaderos peligros para la libertad
de expresión son otros: la concentración
de los medios de comunicación
--particularmente en el ámbito
televisivo--, la violencia e intimidaciones
contra periodistas y medios, y la asignación
arbitraria y discrecional de la publicidad
oficial.
En
este contexto, llama la atención
que las televisoras, por ejemplo, hayan
omitido la presentación de un
importante informe, el 18 de agosto,
que documenta los ataques contra medios
y periodistas en México, emitido
por una Misión Internacional.
¿Qué acaso no les interesa
el tema de la libertad de expresión?
¿No tendría mayor impacto
defender las libertades informativas
de todos los medios, más allá
de los propios intereses en juego? ¿Por
qué a la demanda de los 15 intelectuales,
que favorece la postura de la TV privada,
se le dio un grandísimo despliegue
y, en contraste, el pronunciamiento
de Amedi, que apoya la reforma y lanzó
un reto para debatir públicamente
el tema no mereció ningún
espacio televisivo?
