El
debate académico del debate mediático
Venezuela
y sus alrededores
Concha
Mateos Martín
Profesora
de Periodismo en la Universidad Rey
Juan Carlos, en Madrid, España.
Hay una realidad indiscutiblemente reconocida:
Venezuela ha estado bajo los reflectores
desde 1999. Allí pasan cosas
que no ocurren en otros países,
que no ocurren desde hace mucho tiempo,
que no se creía que podían
ocurrir y que muchos no quieren que
ocurran. Otros, sí. Y muchos
están pensando y actuando desde
fuera de Venezuela.
Al
hablar de la caducidad de la licencia
de Radio Caracas Televisión (RCTV),
no se puede eludir un análisis
racional de los datos. Tampoco es admisible
apoyarse en estereotipos caricaturescos
fabricados en los despachos de crisis
de los centros de poder económico,
político o social.
Comienza
a descender el ruido, podemos empezar
a pensar. Cuando tanta gente habla tan
alto de lo mismo al mismo tiempo, manejando
tan poca variedad de ideas, algo premeditado
ocurre. Entonces hay que dar un paso
atrás, tomar distancia y observar.
Buscar la voz no financiada.
Ningún
país latinoamericano ha consolidado
jamás una estructura de medios
públicos que garantice la democracia
informativa y mediática. Pero
la aspiración ha estado ahí,
sobrevolando los silencios forzados.
El debate intenso de finales de los
sesenta y los setenta, y los debates
parciales posteriores en algunos países,
terminaron siempre ahogados por las
presiones empresariales y los paupérrimos
presupuestos públicos invertidos.1
La
libertad de expresión, un bien
de todos, terminó siendo gestionada
de modo privado por unos cuantos grupos
mediáticos. La lógica
del dinero colonizó la lógica
del derecho. Y con el tiempo, muchos
se acostumbraron a creer que las cosas
son así y que no pueden ser de
otra manera.
En
la transición entre milenios,
Venezuela decidió creer que sí,
que había otras opciones. Empezó
a mover piezas dentro del escenario.
Reabrió cajas fuertes conceptuales
del derecho constitucional, del ejercicio
democrático, del estatus
quo geopolítico (división
del poder del Estado en cinco, revocación
presidencial, democracia participativa,
contrapeso del Sur). Algunas de esas
cajas llevaban siglos lacradas.
El
capitalismo, que promueve el consumo
continuado de novedades, la dinámica
desaforada de modas que nos hacen tirar
todo lo usado y reponerlo con productos
nuevos, se estremeció cuando
oyó hablar de renovación
conceptual. Ahí lo nuevo no era
bienvenido. El corazón de las
reglas del juego se resiste a cualquier
cambio que pueda significar el paso
del poder de unas manos a otras. La
reacción fue grande.
Esa
magnitud de la reacción contra
lo que empezó a suceder en Venezuela
nos sirve para constatar un estado de
nuestro objeto de estudio: Venezuela
abrió un debate. A favor, en
contra o con matices, esa apreciación
es aceptada por todos. Nuestra mirada
analítica se enfoca sobre ese
debate, sobre un aspecto en particular:
Venezuela replanteó la relación
entre los ciudadanos y sus medios de
comunicación.
Aquí
quizás algún lector sienta
la tentación de interrumpir la
lectura y exclamar: ¿Y qué?,
¿acaso lo que propuso Venezuela
está bien, es mejor? ¿Pero
no es verdad que es un error tal tal
tal…?
Paciencia.
Contención. El juicio apresurado
impide a la opinión ilustrarse.
La mirada analítica es la que
analiza, la que sostiene el silencio
durante el periodo de instrucción,
la que retiene el juicio durante la
fase de recolección y procesamiento
de datos.
El
intelectual académico es el que
sabe que su cuello puede girar, mirar
hacia otro lado, dirigir la atención
a los alrededores, atender lo que queda
fuera del foco de luz de quien dirige
el espectáculo. El intelectual
académico no se satisface con
univisiones particulares. Ni con el
agua de una sola fuente.
No espere ningún lector que en
este texto se le diga si las decisiones
del gobierno bolivariano de Venezuela
están bien o mal, si la campaña
agitada por la oposición es justa
o injusta.
Claridad: de qué se trata
Hay
una realidad indiscutiblemente reconocida:
Venezuela ha estado bajo los reflectores
desde 1999. Allí pasan cosas
que no ocurren en otros países,
que no ocurren desde hace mucho tiempo,
que no se creía que podían
ocurrir y que muchos no quieren que
ocurran. Otros, sí. Y muchos
están pensando y actuando desde
fuera de Venezuela.
El
presidente venezolano ha recibido el
respaldo de mayorías electorales
en numerosas contiendas desde 1999.
La última, en diciembre de 2006,
le otorgó la confianza de 63%
de los votantes, 7.3 millones de ciudadanos.
Esos más de siete millones de
personas merecen respeto académico.
No hay base intelectual para defender
que ese dato no importa, que esos votos
no importan. ¿Por qué
podrían no importar? ¿Por
qué no iban a merecer el mismo
respeto que los votos con los que ganó
sus elecciones Zapatero en España,
Bush en Estado Unidos o Calderón
en México? Los votantes venezolanos
no son personas bobas, no se puede hablar
de ellos como de gente estúpida
sin importancia que no sabe lo que quiere
ni lo que hace. ¿Acaso sus medios
de comunicación, sus fuentes
informativas, no funcionan igual que
los de otros países sí
respetados?
Recordemos
que 78% de las estaciones de televisión
en VHF y 82% en UHF en el país
son privadas; que el negocio de vender
las audiencias televisivas a los anunciantes
lo dominaban tres televisoras durante
todas esas campañas electorales
(Globovisión, Venevisión
y RCTV). En ellas estaba la atención
de las audiencias. ¿Acaso ellas,
que dominaban el discurso público,
atontaron a los votantes hasta lavarles
el cerebro y hacerles votar a favor
de un monstruo?
El
debate académico precisa con
urgencia un rastreo racional de los
argumentos, para desintoxicarse de ese
tipo de concepciones irrisorias.
Al
hablar de la caducidad de la licencia
de RCTV, no se puede eludir un análisis
racional de los datos. Tampoco es admisible
apoyarse en estereotipos caricaturescos
fabricados en los despachos de crisis
de los centros de poder económico,
político o social.
Cada
uno que juegue a lo suyo. La reflexión
intelectual no puede ser la marioneta
de personas desesperadas en su lucha
por el poder o en su llanto por la pérdida.
El análisis académico
genuino no compite ni llora por ese
poder; requiere enfocar el asunto con
herramientas de precisión, libres
de los prejuicios de las partes interesadas
o afectadas, para definir zonas de nitidez.
Aclarar la visión. Ésa
es una de las condiciones del análisis
académico: el enfoque. Es preciso
mantener un material quirúrgico
limpio, afilado, conceptos claros y
homologables, definidos diáfanamente.
Sólo así su resultado
o conclusión puede ser valorado.
No puede ser aceptado, por ejemplo,
analizar la personalidad de Chávez
y concluir que la concesión debía
ser perpetua.
Hacer
trampa con los términos, infecta
la voz de quien los usa. El debate académico
sólo puede aceptar argumentaciones
enfocadas, transparentes, no fraudulentas.
No vale jugar con el significado de
fondo de las palabras; ni variarlo según
la frase que estemos utilizando o según
el país del que estemos hablando.
Los términos de análisis
han de mantener una estabilidad al margen
de la situación concreta a la
que los estemos aplicando. Significar
lo mismo en todos los casos.
Por
eso, expongo aquí en letra clara,
los términos del contrato que
mantenemos en este artículo.
Comencemos con el primero:
Libertad
de expresión: derecho fundamental
de los hombres y mujeres. Derecho que
no pertenece a los medios. Más
bien éstos deben servir para
que lo ejerzan los verdaderos titulares.
Algunas empresas (los medios) pueden
actuar como herramientas para el ejercicio
de tal derecho, pero nunca pueden atribuírselo
ni acapararlo.
Es
el derecho universal a tener posibilidad
de expresarse. Es universal, de todos,
no restringible, no privatizable, no
mercadeable.
Es
un derecho sometido como todos los derechos
al respeto a los demás derechos.
Libertad de expresión no es libertad
de poder decir lo que a uno le dé
la gana en cualquier caso, sino lo que
a uno le dé la gana dentro del
marco de respeto a los valores del orden
jurídico y constitucional. La
incitación a la violencia como
recurso de convivencia civil, por ejemplo,
no es amparable bajo la libertad de
expresión.
No
permitir la expresión a un medio
no es lo mismo que no permitirle el
uso del espectro radioeléctrico.
Quien firma este artículo, por
ejemplo, tiene libertad de expresión
aunque no puede utilizar el espectro
radioeléctrico. Otro caso: RCTV
puede mantener sus emisiones por cable,
por Internet o por los demás
medios que posee, porque también
disfruta de libertad de expresión;
lo que ha pasado es que, como tantos
otros medios y comunicadores del mundo,
le han dejado de confiar un bien público
de cuya explotación RCTV obtenía
unos 167 millones de dólares
al año.2 No
le impiden la expresión: le impiden
el enriquecimiento mediante el uso de
un bien público. Este bien público
no tiene como fin servir de negocio
a ninguna compañía; su
fin es servir para que se enriquezcan
socioculturalmente los venezolanos.
El
asunto de la caducidad de la concesión
de RCTV no tiene nada que ver con la
libertad de expresión. ¿Por
qué entonces tanta gente lo asocia
y ve normal que se empiece hablando
de ella? ¿De qué interés
ha emanado esa línea de contaminación
asociativa?
Sigamos
con el glosario:
Concesión:
autorización a una entidad para
que use un bien público que el
Estado protege por ser un bien común
y pertenecer a todos. La autorización
es condicionada, es decir: está
sujeta a que la entidad concesionaria
cumpla y respete los fines para los
que se le otorga la concesión.
Concesión
automática: concepto trampa,
pues si una concesión está
condicionada no puede ser automática.
El Tribunal Supremo de México
ratifica este razonamiento al haber
declarado nula, por inconstitucional,
la ley que pretendía hacerlas
perpetuas en ese país.
Vencimiento
de una concesión: contingencia
legal, hecho ajustado a derecho, acontecimiento
en armonía con el cumplimiento
de la norma legal que regula la concesión.3
Violación
de la libertad de expresión:
acto contrario a derecho. Nada que ver
con el vencimiento de una concesión.
Decisión del Estado:
en todos los países del mundo,
la transmisión televisiva en
canales abiertos requiere permiso previo
del Estado. Los criterios los pone el
Estado.4 Por ejemplo,
la subasta, utilizada en Guatemala para
asignar licencias de radio, da prioridad
a quien tiene dinero para ganar la licencia
subastada. De ese modo se privilegia
a los que son solventes económicamente,
pues ellos tienen más opciones
de acceder a ser los mediadores de la
libertad de expresión de todo
el pueblo.5 En Venezuela,
las licencias de medios comunitarios
no se conceden mediante criterio económico;
la solvencia que valora el gobierno
bolivariano es solvencia civil, solvencia
democrática, capacidad de estar
organizado socialmente y de participar
de modo democrático.6
Que
una concesión caduque no viola
ninguna norma, ley, derecho o principio
emanado de la jurisprudencia. ¿Por
qué entonces esa polvareda con
esa licencia caducada? ¿Es falso
o verdadero ese debate sobre RCTV? ¿De
dónde sale, quién lo alimenta,
quién lo agita?
Equilibrio
informativo: procedimiento por
el cual se surten los argumentos, posturas
y versiones de las distintas partes
implicadas en un asunto noticioso, concediendo
a todos la misma relevancia, destacamiento
y atención o presencia.
Falta de equilibrio: ofrecer
sólo una versión de los
asuntos; presentar sólo las reclamaciones
de una parte. Por ejemplo: conceder
atención y entrevista a Marcel
Granier (propietario de RCTV), pero
nunca concederla al gobierno venezolano;
no hablar nunca de las violaciones al
periodismo que hacen los medios privados
en Venezuela; no haber informado, no
mencionar y no recordar nunca el comportamiento
desleal de RCTV con el orden constitucional.7
Manipulación
mediática: ilustrar noticias
sobre Venezuela con imágenes
de manifestaciones violentas en otros
países, y no decir durante un
golpe de Estado que la calle hierve
de gente reclamando el retorno de un
presidente que consideran secuestrado.
Contraste:
atender a todas las partes
Muchas
personas en el mundo pasan sus días
felizmente sin prestar ninguna atención
a la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión de Venezuela.
Ninguno de los medios habituales que
consumen les ha contado en qué
consiste. Ignoran lo que son las Misiones
en Venezuela, no saben que no a todos
los presidentes de todos los países
hay que aguantarlos sin remedio hasta
que terminen el periodo para el que
fueron elegidos. No en todos los países,
pues en Venezuela los ciudadanos pueden
revocar a mitad de mandato a su presidente,
y decirle que no le conceden más
crédito, que les ha desencantado
y que abandone, por favor, el gobierno.
Los medios convencionales no informan
de estos asuntos.
Durante
el golpe de Estado de abril de 2002,
ningún medio de los llamados
de referencia en España informó
sobre el cierre, por la fuerza y con
violencia, de la televisión pública.
No se alzaron voces contra ese atentado
a la libertad de expresión, que
sí era cierre, que sí
era atentado, ni en la calle, ni entre
expertos, ni entre académicos.
El
único medio de comunicación
que se ha cerrado en Venezuela después
de 1999 ha sido Venezolana de Televisión
durante el golpe de Estado contra el
presidente Chávez en 2002. Este
cierre violento nunca recibió
socorro, apoyo ni respaldo desde los
foros profesionales o académicos
del periodismo español, ni siquiera
una iniciativa de denuncia pública.
¿Y qué hubo desde el periodismo
mexicano? ¿Y desde Argentina?
¿Y del resto del mundo? Nada,
tampoco. Nada parecido a lo que ahora
hemos presenciado con la puesta en escena
de esta polvareda mediática a
costa de RCTV.
Por
el contrario: en las primeras horas
del golpe se levantó una oleada
de bienvenida calurosa a los golpistas.
Medios llamados democráticos
aplaudieron la violación de una
constitución y la supresión
violenta de las instituciones de un
estado soberano y libre. Medios interrumpiendo,
cortando, quitando el micrófono
y la imagen de las declaraciones de
un fiscal general del Estado porque
no les venía bien lo que decía.
Censura de la más burda y tajante,
de la tijera literalmente, y fue consentida
y perdonada con el silencio cómplice
de los mismos que hoy gritan por la
salvaguarda del periodismo. ¿De
qué periodismo? Esa es la fisura
que ha de abordar el análisis
académico: esa variabilidad de
lo defendible, esa inconsistencia de
los principios alegados para tener derecho
a gritar.
¿Por
qué el debate internacional ante
aquellos atropellos no subió
de volumen? ¿Por qué ha
subido de volumen con la extinción
de la concesión de RCTV? Esas
son las pesquisas que corresponden a
un análisis académico:
las mecánicas de infección
del debate público, sus disfunciones
y sus funciones.
No
hubo denuncia, hubo apoyo a la violación
de los derechos fundamentales en Venezuela
en 2002. Un apoyo adornado incluso,
rociado, de la gloria del nombre de
la monarquía española.
El
Premio Rey de España de Periodismo
2002 lo recibió el periodista
del canal de Venevisión. Luis
Alfonso Fernández, por el documental
La masacre del centro de Caracas.
Por imágenes aparecidas en ese
trabajo fueron identificados, detenidos
y juzgados varios venezolanos, acusados
de haber disparado contra supuestas
personas que se encuentran presuntamente
en un lugar de la calle que el documental
no muestra y que el periodista nunca
llegó a ver durante los hechos
que relata. Es decir, habló sin
saber, sin contrastar, imaginando pero
acusando firmemente. Esas imágenes
y esos comentarios supuestamente informativos
dieron la vuelta al mundo y condicionaron
la opinión pública de
millones de personas en unos momentos
de grave crisis nacional en Venezuela
–golpe de Estado–. Tras
un año y medio de investigación
judicial, declaraciones, testimonios
grabados, documentos audiovisuales recopilados
y analizados científicamente,
una sentencia judicial permitió
liberar a los inocentes acusados y descubrir
la manipulación informativa realizada.
En el jurado que otorgó el premio
participaban la Agencia Efe y la Agencia
Española de Cooperación
Internacional (AECI). Si algún
lector conoce, ha visto o tiene datos
de que el premio se haya retirado o
de que los miembros del jurado se hayan
disculpado, por favor, divúlguenlos
y envíenmelos.8
Ahí tenemos otro silencio inexplicable:
un violador de la ética periodística,
violador incluso de las técnicas
más básicas de la profesión,
premiado con trofeo real y el mundo
en silencio.
Ahí
está otra vez el campo natural
de observación del análisis
académico: el contrato con los
conceptos. ¿Qué es lo
condenable? ¿Depende de lo que
los sujetos hagan o depende de qué
sujeto lo haga? La ciencia de la comunicación
no puede temblar ante estas preguntas;
andar pegando parches a las teorías
para que justifiquen realidades aquí
y allá a conveniencia, según
a quien haya que favorecer. La academia
debe tener respuestas consolidadas,
principios estables de análisis,
y aplicarlos a las situaciones concretas,
caiga quien caiga. Porque la ciencia
no es responsable de quien caiga: es
responsable de la rigurosidad del análisis.
Las acciones de las personas son responsabilidad
de ellas mismas. A cada una le corresponde
hacer su papel, y la ciencia no puede
variar sus principios en función
de las acciones concretas de personas
concretas a las que se los va a aplicar.
NOTAS
1) Elisabeth Fox, Medios
de comunicación y política
en América Latina. La lucha por
la democracia, Gustavo Gili, Barcelona,
1989.
2)
El mercado publicitario de la televisión
en Venezuela genera unos 500 millones
de dólares anuales, que hasta
ahora se estaban repartiendo tres cadenas
privadas de televisión. Diego
Olivera, “El control de los medios
de comunicación por monopolios
empresariales”, en Altercom,
14 de junio de 2007.
3)
El decreto por cuya aplicación
ha vencido la licencia de RCTV no es
una decisión de Chávez.
Se trata del decreto 1.577, de 1987,
que establecía que las licencias
otorgadas hasta ese momento serían
válidas durante 20 años,
sin extensión o renovación
automática.
5)
Concha Mateos Martín, “Del
saqueo a la soberanía mediática
en Venezuela. La vía de la responsabilidad
social en los medios”, en revista
Agora, núm. 13, 2006, pp. 191-217.
En este artículo se analizan
con mayor detalle las condiciones de
participación y acceso a los
medios.
6)
“Ley de responsabilidad social
en radio y televisión”,
en Gaceta Oficial, núm. 38.081,
consultado en http://www.leyresorte.gob.ve/index.asp.
7 de diciembre de 2004.
7)
Las referencias para documentar ese
comportamiento son casi infinitas. Víctor
Ego Ducrot, en APM, el 27 de mayo de
2007, recapitula en un artículo
algunas de ellas, incluidas declaraciones
del que fuera director de producción
de RCTV durante los días del
golpe de Estado de 2002, Andrés
Izarra, quien ha explicado en numerosas
ocasiones y medios cómo en RCTV
recibieron “orden de silenciar
los micrófonos y cerrar las pantallas
del canal a todo lo que no fuese apoyo
a los elementos golpistas”. En
http://www.prensame cosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idno
ta=3218
El
anterior artículo debe citarse
de la siguiente forma:
Mateos
Martín, Concha, "Venezuela
y sus alrededores", en
Revista Mexicana de Comunicación,
Num. 106, agosto / septiembre, 2007,
14 -18 pp.
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