¿A quién se beneficia y a quién se perjudica?

TV pública versus privada en Venezuela

Vicente Romano

Excatedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla en España.

La no renovación de la concesión al canal RCTV ha provocado dentro y fuera de Venezuela una acalorada polémica en torno a la libertad de expresión.

Y, a decir verdad, interesada, hipócrita y falaz. La cuestión de fondo es la contraposición entre libertades colectivas e individuales, entre servicio público y beneficio privado.

Como se sabe, la mayoría de las constituciones democráticas reconocen el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión. Así lo hace, por ejemplo, la española, una de las más progresivas en este aspecto. Su artículo 20 dice textualmente:

Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Más aún, también reconoce que los españoles tienen derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Ahora bien, este derecho no puede incluir, entre otras cosas, el de promulgar abiertamente el exterminio de las personas discapacitadas, los miembros de otra religión o etnia (como fue el caso de los nazis), el asesinato de un presidente y el derrocamiento a tiros del gobierno democráticamente elegido (como ha venido haciendo la RCTV y otros medios en Venezuela).

Es obvio que para ejercer su derecho a la libertad de expresión, los ciudadanos deben disponer de medios para expresarla. La libertad de expresión y de información se reduce así, en la práctica, a la libertad de acceso a los medios. Algo que, como todo el mundo sabe, está limitado a los pocos que poseen esos medios.

¿De qué sirven, pues, esas libertades si se carece de medios para ejercerlas? Porque todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación está relacionado también con el poder, la impotencia y la violencia. Como se trata de medios, la diferente posesión de los mismos constituye la desigualdad. La persona que carece de medios, o más exactamente, de medios de intercambio comunicativo, no puede hacerse entender. Es el perjudicado en la interacción social, si es que llega a participar en ella. Y no se trata de ninguna metáfora. Hay que imaginarse al disminuido físico o psíquico, al ciego o al sordomudo, al analfabeto, y compararlo con el poderoso o el político sobre el que se concentran cámaras y micrófonos, cuyas palabras se difunden a los cuatro vientos y penetran el pensamiento, las emociones y la acción de la gente. De allí que el estudio de los medios tenga por objetivo descubrir las condiciones de la libertad –o la falta de ella– concreta de los seres humanos en la comunicación pública.

Debido a la concentración existente en la industria de la comunicación, de la conciencia, del entretenimiento, o como la quieran llamar, lo cierto es que sobran los dedos de una mano para contar los oligopolios que la controlan. Estos pocos tienen el poder de definir la realidad para los muchos, de decirles lo que pasa, lo que es bueno y malo, lo que hay que hacer y lo que no, y cómo hacerlo. Este poder de fijar el programa social de cualquier comunidad es la clave del control social. Lord Nordcliffe, dueño de uno de los grandes consorcios de prensa de principios del siglo XX, lo explicaba así, sin pelos en la lengua:

Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a quién deben odiar y lo que deben pensar.

¿Falta de libertad?

En Venezuela, el sector privado acumula 90 periódicos, 700 radioemisoras comerciales, 78% de las televisoras VHF y 82% de las UHF. Salvo dos diarios que guardan un cierto equilibrio informativo, los medios privados predican el derrocamiento violento del gobierno democrático y divulgan falsedades y puntos de vista contrarios a él, sin que éste haya respondido jamás con medidas de censura, cierre, suspensión ni confiscación de ediciones. Es evidente que la proporción de medios públicos está en clara desventaja frente a los privados.

En España, como prácticamente todos los países, el Estado ejerce la soberanía sobre su espectro radioeléctrico nacional y otorga o deroga concesiones a empresas privadas para el uso del mismo. Eso es, sencillamente, lo que el gobierno venezolano ha hecho con la televisora RCTV. Nada más. Esta empresa puede seguir emitiendo, y lo hace, por otra frecuencia y otros medios. Nadie se lo impide. El Estado no ha hecho más que recuperar del uso privado una frecuencia suya para dedicarla a servicio público, al bien común. ¿A qué viene, entonces, el escándalo? ¿Quién se beneficia y quién se perjudica con esta medida?

Se entiende que toda privatización equivale a una expropiación del ciudadano, por suponer una limitación o mutilación del sistema público. Restringir el sistema público significa reducir los procesos de aprendizaje en la sociedad democrática. Como sistema de comunicación abierto, la democracia se convierte así en un círculo cerrado de opiniones. La opinión pública se convierte en opinión publicada de los pocos que tienen el poder para publicar.

La privatización lleva necesariamente a la concentración, a la dependencia de las multinacionales de los medios masivos de comunicación social, a la falta de libertad, que sólo existiría oficialmente. El pluralismo quedaría reducido a una opinión, o sea, a su contrario: el uniformismo. Quien es partidario de la privatización lo es también de la comercialización, cuyo efecto final es el entretenimiento con espectáculos de superestrellas guarnecidos de publicidad comercial, como han demostrado los estudios efectuados sobre la privatización en Inglaterra, Italia y España.

El producto barato determina el programa. Las emisoras de radio se convierten en cajas de música banal y las estaciones privadas de televisión, fundadas con ambiciones artísticas, terminan en la importación de series y en el strip tease de amas de casa. Es decir: se imponen los poderes del entretenimiento, del producto barato. Lo que se pensó como radiodifusión de pequeños grupos, se convierte en agencia de las grandes organizaciones económicas.

El significado de la información, de la noticia, del comentario, para la formación de opinión en un Estado democrático no puede dejarse únicamente en manos de intereses y coacciones minoritarias de unas pocas empresas privadas. Lo que se impone entonces es el valor de cambio de la información-mercancía y no su valor de uso, o sea, el beneficio particular y no el general. Los comprobados inconvenientes de la comercialización son un fuerte argumento a favor de la televisión de servicio público, incluidos los nuevos medios.

Contenidos de calidad

La televisión pública puede y debe ofrecer la igualdad de oportunidades para todos. El sistema público puede y debe asegurar que todos los grupos de la población tengan acceso a los medios, es decir, que sus contenidos sean democráticos, plurales y críticos. Por otro lado, el control público reduce el peligro de abusos y permite a las emisoras la mayor libertad posible.

En vez de imitar o reproducir los peores rasgos de la privada, la radiodifusión de servicio público puede acentuar, por el contrario, sus diferencias y cualidades específicas. Los comprobados inconvenientes de la comercialización constituyen un fuerte argumento a favor de la televisión pública, incluidos los nuevos medios. Si lo que se pretende es el pluralismo democrático para solucionar los conflictos sociales, hay que impedir que los intereses comerciales unilaterales se apoderen de los medios viejos a través de los nuevos. De lo que se trata es de defender y proteger la libertad de la comunicación pública y su carácter esencial de servicio público frente a los intereses particulares, independizarla de las coacciones y servidumbres comerciales, gubernamentales y partidarias.

Mientras el objetivo de la Radiotelevisión (RTV) privada es el máximo beneficio, el de la pública debe ser conseguir una programación de calidad. En términos generales, la finalidad de la comunicación es mejorar la calidad de la vida de las personas y su formación de opinión, voluntad y sentimientos democráticos. De allí que el principio rector deba ser el de la rentabilidad social y no el del beneficio privado, como en la sanidad pública, por ejemplo.

De lo que se trata, por tanto, es de mejorar la comunicación pública, de desarrollar sus potencialidades como servicio público, es decir, como cosa pública, del pueblo. Se cumple esa tarea cuando hay una oferta de información tanto de las noticias locales como del mundo entero; cuando se ofrece esparcimiento, cultura, educación y formación continuada para los grupos más diversos; cuando se toma en cuenta la diversidad de las regiones, de los grupos sociales, de las opiniones políticas; cuando los programas se suministran de modo impecable desde el punto de vista técnico y de producción.

La radiodifusión pública puede avanzar más allá del ofrecimiento de los rituales sociales y presentar las motivaciones y experiencias de sus participantes, comunicar también las de quienes no participan y preguntarles por qué no comparten las opiniones socialmente corrientes. Sólo cuando se escucha y se muestra la otra parte, nos acercamos a la objetividad (y realidad) postulada en los programas. La verdad implica numerosos matices.

El pluralismo debe reflejarse también en su organización, con representantes de los grupos y gremios socialmente relevantes. La democratización de la televisión pública (y también de la privada) implica necesariamente su democratización interna. En tal sentido, no sólo hay que preguntarse por las oportunidades que tiene el ciudadano de satisfacer sus necesidades de información y esparcimiento y de articular su opinión en el proceso democrático. También hay que preguntarse qué papel desempeñan los trabajadores de las empresas en el desarrollo de las mismas y en su programación. Para eso hay que mejorar y ampliar el derecho de cogestión de la redacción de los programas y reforzar la información crítica de temas del mundo laboral. Los intereses de los trabajadores deben reflejarse también en los programas de entretenimiento para competir con las series extranjeras de violencia y corrupción.

Luchar por el acceso

El punto de partida para el desarrollo de la comunicación pública no deberían ser los intereses comerciales de unos grupos cada vez más minoritarios que monopolizan otros medios de comunicación como la prensa o la industria editorial, sino el acceso libre de todos a una información amplia y plural. Política de medios es sinónimo de lucha por el acceso a los medios.

Entendidos como servicio público, los medios, especialmente la RTV, tienen cometidos claros que aún no han desarrollado:

a) Dirigirse a los televidentes con todas sus posibles diversificaciones.

b) Demostrar que es posible realizar un servicio público con éxito, de manera que los medios privados se vean obligados a imitarlos.

c) Promover la creatividad como una responsabilidad social.

d) Hablar a las minorías y hacer reflexionar a la mayoría sobre ellas.

e) En ese sentido, le incumbe al Estado y a las administraciones públicas salvaguardar las culturas nacionales.

Como servicio público, la RTV pública tiene la noble misión de fomentar la conciencia crítica del ciudadano. Esta labor no puede hacerla la RTV privada, interesada en vender su mercancía barata al mayor número posible de consumidores.

La RTV pública puede y debe poner el acento en la calidad de los programas y ofrecer alternativas a la programación privada, donde hay más protocolo que reportaje en la información; más espectáculo ostentativo que humor en el entretenimiento y más banalidad que originalidad en la música y en la cultura.

Por último, la RTV pública puede respetar al menos el derecho de los televidentes a recibir los programas, ya sean culturales, informativos, de esparcimiento, en su integridad, esto es: sin las constantes interrupciones de los reclamos comerciales que impiden su comprensión y disfrute.

La mejora de la RTV pública implica abandonar los criterios comerciales y la lógica financiera, en busca de la rentabilidad social, en otras palabras: contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas.

Y esto es precisamente lo que pretende el gobierno venezolano al no renovar la concesión a la RCTV y utilizar su frecuencia para una televisión de servicio público: socializar la información y el conocimiento, elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos para que sean capaces de actuar de manera consciente e inteligente sobre su entorno, sobre su sociedad, como prescribe la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). ¿Quién puede considerar eso un delito?

Al liberarse de las servidumbres del lucro privado, la televisión de servicio público puede diversificar más la programación y descentralizar la producción (o en su caso, crearla) frente a la distribución masiva de series extranjeras de violencia. Exponer y expresar más conflictos, multiplicar la discusión primaria, el intercambio cara a cara. Las redacciones pueden expresar las cuestiones básicas, es decir, las que plantea la propia gente y no las que impone la industria de los sondeos. La orientación por la cuota de audiencia impone límites y elude la realidad.

La televisión de servicio público se orienta como servicio para todos. Esta reorientación se refleja en la organización. La presión de fuera proviene de las luchas por el poder de los grupos minoritarios. La radiodifusión de servicio público se orienta por la cooperación entre comunicadores y receptores. La cooperación entre ambos puede contrarrestar la presión externa.

La programación democrática no reproduce lo que ya tiene validez. No puede distribuir los desechos de otros, sino que busca su material en el compromiso empírico de la comunicación primaria: producir, en vez de reproducir. Indaga lo que los sujetos esperan de la vida, en vez de confirmar las representaciones generales. Descubre causas, en vez de reiterar justificaciones. Investiga las ventajas de la paz, en vez de aceptar las desventajas de la guerra.

El discurso ideológico fatalista sobre la televisión pública acompaña al proceso de reestructuración del capital en el sector de la comunicación, un sector por demás estratégico. Conviene tener presente que se trata de un sector decisivo para la soberanía nacional y el dominio democrático del futuro. Son muchos y muy diversos los intereses que están en juego: económicos e industriales, políticos y estratégicos, humanos y culturales.

Democratización de la información

La privatización en beneficio del capital financiero no es la única solución para dominar las nuevas tecnologías de la comunicación. Hay que crear, por el contrario, un nuevo espacio público, que permita el debate democrático sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías. Tal debate público y democrático debe apoyarse, por un lado, en el fortalecimiento del servicio público, guiado por su renovación, esto es, por la invención de nuevas formas, y por otro, en la extensión de los principios de servicio público al conjunto de la comunicación social.

La renovación del servicio público podría efectuarse a partir de los siguientes criterios:

a) Al ser público, cosa pública, del pueblo, implica que los trabajadores de los medios y los usuarios deben participar en su gestión. Esta gestión no tiene por qué seguir los criterios de rentabilidad financiera que imperan en la empresa y gestión privadas.

b) La cooperación con el servicio privado, ya sea local, nacional o multinacional, debería regirse por los principios y normas de servicio público, es decir, de interés general. Pero sobre todo en el pluralismo social, cultural, regional, de opiniones, de formas, de significados, de creación, en suma: pluralismo concebido como ausencia de estética oficial.

Lo humano y emancipador estriba en reivindicar la ampliación del espacio público de la comunicación, y no su limitación. El espacio público deber ser del público, o mejor dicho, de los públicos, el lugar de encuentro del pluralismo de opiniones y formas, única manera de hacer que la comunicación sea transparente.

Como se sabe, los medios de comunicación en general, y los públicos en particular, desempeñan un papel constituyente en la democracia. Conocer y publicar, hablar de la utilidad del conocimiento, significa preguntar por la utilidad de los medios públicos de comunicación, y la cuestión de la utilidad del conocimiento lleva necesariamente a la objetividad de la información y a la de su democratización. De allí la necesidad de defender una radiodifusión pública, que ofrezca mayor seguridad laboral a los periodistas y trabajadores de los medios, pero sobre todo mayor libertad para ejercer su profesión.