Las ramas no dejan ver el bosque

Ecos del silencio… de RCTV

Ernesto Carmona

Periodista y escritor chileno, consejero nacional del Colegio de Periodistas de ese país y
secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Primero se entronizó la idea falsa de que el Tirano Chávez, lisa y llanamente clausuraba una estación de televisión. Tal mentira cobró fuerza merced al dominio global que posee Estados Unidos sobre los medios mundiales, más la colaboración entusiasta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Dueños de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés) y, en general, las organizaciones de todos los dueños de grandes medios, secundados por legiones de periodistas cuyas conciencias también han sido adquiridas a cambio de ciertas regalías, como becas, financiamiento de proyectos en apoyo de la libertad de expresión como los que ofrece en distintos países latinoamericanos el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), auspiciado por la SIP y financiado por la National Endowmen for Democracy (NED).

Nos hemos acostumbrado a vivir sin cuestionar el concepto de libertad de expresión que nos impone la presión cotidiana de una telaraña mundial de medios informativos que imponen el mismo paradigma de una sociedad de mercado como la mejor creación política del mundo, sinónimo de democracia y libertad, o sea: un sistema óptimo para la convivencia de las sociedades en miles de años de historia. La protección mundial de ese modelo monoteísta está a cargo del poderío militar estadunidense que sería la guardia pretoriana del imperio económico y político de las grandes corporaciones mundiales. El poder de Roma contentaba al pueblo con pan y circo. Hoy día abunda el circo, escasea el pan y también el trabajo, pero al circo de los medios no le importa que falte pan porque ellos lo reemplazan con su oferta permanente de libertad, tal como la entienden las transnacionales. Así, para la gente común no habría otro mundo posible, y el modelo actual de sociedad sería prácticamente perfecto e inconmovible, como lo fue para Cándido, el personaje de Voltaire, la sociedad previa a la revolución de 1789.

El culto a la llamada libertad de expresión que promueve Estados Unidos no permite la crítica al modelo de sociedad de mercado y generalmente utiliza invenciones —directamente mentiras— para combatir y desacreditar otros puntos de vista. Para el ciudadano común, resulta difícil tener ideas propias en medio de la avalancha dominante. Quizás a los griegos les pasaba lo mismo: se autocomplacían de la democracia ateniense y nunca se preguntaban por qué su democracia funcionaba con mano de obra esclava en la producción. La democracia griega la ejercían los opulentos señores de Atenas en los lugares públicos de la ciudad estado. Tal democracia estaba financiada por el trabajo esclavo, sin remuneración. La esclavitud también se hizo invisible cuando los padres fundadores crearon la mejor democracia del mundo y redactaron la Constitución de Estados Unidos. Allí no hubo derechos para los negros, sólo para sus propietarios, entre ellos, los redactores de la carta, como Thomas Jefferson.

Hoy día, los herederos de la plebe que frecuentaba el circo romano pueden elegir al Senado y otros legisladores. Pero nadie puede elegir a los medios de comunicación. Parece natural que los medios pertenezcan exclusivamente a grandes corporaciones y a los grupos económicos locales que fungen como dueños de nuestros países. Nadie cuestiona que poseer medios de comunicación sea un privilegio exclusivo del dinero. Se hace una sola cosa entre esa libertad de empresa –que le permite a cualquiera invertir su dinero en un medio– y las libertades de información y de prensa, convertidas –simplemente– en un privilegio de los ricos consagrado por las leyes; coadyuvan a consolidar su poderío económico y político mediante la propaganda, la selección cuidadosa de las noticia y la eliminación de la crítica, todo esto en aras del lucro y sin mayores valores deontológicos.

Teóricamente, el espectro por donde circulan las señales inalámbricas de la radio y la televisión, constituyen un bien público, sometido a regulaciones internacionales y locales de cada país. Desde Estados Unidos a Venezuela, cada país tiene su propia legislación soberana para regular sus comunicaciones y concesiones del espectro radioeléctrico, que es un bien nacional. Pero no en todos los países existe preocupación ni legislación que proteja de los abusos de la televisión, donde suelen imperar la ignorancia y la pobreza de lenguaje, asociadas a la chabacanería, lo peor de la farándula y el mal gusto, junto con el culto al dinero fácil, las drogas y la violencia. En pocos países hay leyes que defiendan a los jóvenes y a los niños de la televisión. ¿Con qué derecho esas estaciones convierten en valores los contravalores que existen en las cabezas ramplonas de sus productores para inocularlos sin cortapisas en las mentes de televidentes indefensos? ¿Quién los eligió para eso?

Revocaciones sin alharaca mediática

En Venezuela no se canceló ninguna concesión, simplemente no se renovó. Y hay personalidades a quienes no les agradó que RCTV desapareciera, al igual que a Estados Unidos, pero han reconocido que hubo una decisión ajustada al derecho soberano del sistema jurídico de Venezuela. Esas personalidades son el presidente Inazio Lula da Silva, de Brasil, y el secretario general de la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.

Otros países no sólo no renovaron concesiones sino querrevocaron concesiones sin aviso previo; por ejemplo, la más reciente fue en Perú, en abril de 2007, que dispuso el cierre de dos canales de televisión y tres de radio por incumplir la Ley de Radio y Televisión, licencias vencidas, y por utilizar equipos no homologados. En Uruguay, en diciembre de 2006, se revocaron los permisos de las emisoras de radio 94.5 FM y Concierto FM, de Montevideo, y también revocaron una resolución que ampliaba la cobertura de la señal de cable Multicanal, del grupo Clarín de Argentina.

En El Salvador, en julio de 2003, se revocó la concesión de Salvador Network, y en Canadá, en junio de 1999, revocaron la concesión a Country Music Televisión (CMT); mientras en Estados Unidos, la Administración Federal de Comunicaciones (FCC), revocó en julio de 1969 la concesión a WLBT-TV; en 1981 revocó la concesión a WLNS-T; en abril de 1999, a FCC Yanks Trinity License; en abril de 1998, a Daily Digest (Radio). En Estados Unidos, desde que se fundara la FCC, en 1934, hasta 1987 hubo 141 estaciones que perdieron sus licencias, entre ellas 102 por no renovación. Sólo en 40 casos se revocó la licencia sin esperar a que ésta expirara. Durante la década de los ochenta hubo 10 casos en que no se renovó.

En Europa, España revocó en julio de 2004 la concesión de TV Laciana (canal por cable local) y en abril de 2005 cerró las emisoras de radio y de TV de señal abierta en Madrid; y luego, en julio del mismo año, dispuso el cierre de TV Católica. Francia revocó la licencia de TV& en febrero de 1987, en diciembre de 2004 revocó la concesión de Al Manar; y en diciembre de 2005 cerró a TF 1 por poner en duda la existencia real del holocausto.

En Inglaterra, el gobierno de Margareth Thatcher canceló la concesión de una de las más grandes estaciones de televisión inglesas sencillamente por haber difundido noticias no gratas, aunque absolutamente verídicas. Simplemente argumentó que “si ya habían tenido la estación durante 30 años, ¿por qué debían tener un monopolio?” En el mismo Reino Unido, la autoridad dispuso en marzo de 1999 el cierre temporal de MED-TV-canal 22; en agosto de 2006 revocó la licencia a ONE TV; en enero de 2007, a Look 4 Love 2; en noviembre de 2006, a StarDate TV 24, y en diciembre 2006 al canal de televentas AUCTIONWORD.

En 1990, Irlanda revocó la licencia para empezar a transmitir TV3; mientras en Rusia, en agosto de 2000, se cerró una emisora de televisión por difundir publicidad subliminal y en marzo 2002 clausuraron a TV-6. En agosto de 2002, en Bangladesh, revocaron la licencia a Ekushey Televisión (ETV). Y en ninguno de estos países hubo campaña como la actual por Radio Caracas Televisión, que duró 53 años. El Colegio de Periodistas de Chile tampoco se interesó en contrariar ninguna de esas decisiones.

Hay cientos de ejemplos de concesiones que no han sido renovadas en todo el mundo, sin que hubiera alharaca internacional por la libertad de expresión. En Estados Unidos, desde que existe la FCC se han producido unas 150 no renovaciones y caducaciones de concesión, unas más memorables que otras, como la que afectó a una filial de la cadena Fox en 1968 que mandaba los videotape con un ciclista desde Tijuana, México, a San Diego, Estados Unidos, para eludir –mediante el viaje en bicicleta de los tapes– la legislación sobre emisiones de televisión desde el extranjero, aunque resultan siempre más baratas. Existe un trabajo muy documentado de José David Carracedo sobre caducidad de concesiones en 21 países, incluyendo a Estados Unidos y a los miembros de la Unión Europea (www.diagonalperiodico.net). Carracedo, que es sociólogo español, expuso el Caso Fox Tijuana-San Diego en el V Encuentro de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Cochabamba, Bolivia, en mayo de 2007.

¿Elegir a sus medios?

Si el espectro radioeléctrico es un bien público, lo más democrático sería que el pueblo eligiera sus estaciones de televisión y no los grandes ricachones de cada país, como ocurre en Chile con los multimillonarios José Piñera y Ricardo Claro, que poseen dos canales de televisión abierta de alcance nacional, o el mexicano-estadunidense, que posee las cuatro estaciones de televisión abierta que existen en Guatemala y otras dos estaciones en Chile, a pesar de que la ley prohíbe expresamente la posesión de más de un canal a un extranjero.

En el otorgamiento y la renovación de las concesiones de televisión, así como en las concesiones para la explotación del petróleo, el cobre y la minería en general, en nuestras naciones latinoamericanas intervienen factores políticos. En todos los países persiguen a las estaciones de radio y televisión comunitarias, que son medios de los pobres. A ningún ciudadano pobre le darían en concesión una frecuencia nacional para transmitir televisión en Chile o en Brasil, donde sí pueden obtenerlas personas como el excandidato presidencial Piñera, el émulo chileno del italiano Berlusconi, o el fallecido magnate brasileño Roberto Marinho, fundador de O’Globo. Ojalá todos los países pudieran entregar esas concesiones –que son bienes públicos– de una forma más democrática, con participación del electorado y de manera más representativa de las fuerzas políticas que operan en cada país, tengan o no representación parlamentaria.

Ahora que en América Latina se está definiendo cómo se normará el nuevo negocio de la tecnología digital aplicada a la televisión, en cualquier país como Chile se presenta la oportunidad de refundar y democratizar la televisión abierta, como un bien público de todos los ciudadanos, donde el medio no sea un privilegio exclusivo de los escasos grupos económicos que actualmente detentan el control de esos medios. Una discusión democrática sobre el futuro de la televisión abierta bajo la tecnología digital, es mucho más relevante que la elección del estándar europeo, japonés o estadunidense, y que la decisión soberana de un gobierno de no renovar la concesión a un grupo local que ya usufructuó del negocio por más de medio siglo.

En Venezuela, más bien se ha puesto en marcha una saludable democratización del espectro radioeléctrico, al reasignar la frecuencia que por más de 50 años explotó la familia Phelps-Granier a una estación de servicio público, la Televisora Venezolana Social (TVes), con la promesa de una programación diversa, y una publicidad más ética y menos comprometida con el consumismo. La televisión de servicio público está propuesta en la Constitución Nacional.

Hay países civilizados donde la televisión pública es de excelente calidad, como en Suecia e incluso la BBC del Reino Unido. Así como en cualquier país puede darse un sistema político, con una Constitución, un Parlamento, debiera debatirse democráticamente el modelo de televisión que desean los ciudadanos, la televisión que queremos, y no el sometimiento permanente a este lavado de cerebro totalitario impuesto por unos 10 mega grupos mediáticos que dominan en Estados Unidos, y su área de influencia latinoamericana, y otros tantos que controlan el resto del mundo. No es el poder del dinero, sino los ciudadanos quienes deberían definir y elegir su televisión pública.

Que los medios abandonen la política

Los medios de Venezuela deberían retirarse definitivamente de la política, abandonar su permanente guerrilla de factura político-mediática, y simplemente dedicarse de nuevo a informar, como en su origen, pero con seriedad, imparcialidad, equidistancia, objetividad y responsabilidad social, tal como hoy día lo hacen solamente dos periódicos: Últimas Noticias, de la Cadena Capriles, y Panorama, de Maracaibo. Por cumplir esa norma elemental del periodismo, esos dos diarios gozan de la mayor circulación.

Las estaciones de televisión de la familia Phelps-Granier y Gustavo Cisneros, y los diarios de los Otero (El Nacional) y Núñez (El Universal), entre otros, destruyeron sistemáticamente a los partidos políticos tradicionales mucho antes de que Chávez apareciera en la escena política venezolana y trataron de desempeñar ellos –los diarios y las estaciones de televisión– el rol que en cualquier sociedad se le asigna a los partidos políticos. Pareciera que con los años, a esos dueños de medios se les pegó el gusto por el poder y la política, que no quieren abandonar, pero la verdad es que tuvieron su oportunidad y fracasaron. Más bien ellos son los responsables del principio del fin de los dos grandes partidos tradicionales de Venezuela (el partido socialdemócrata Acción Democrática y el partido Social Cristiano Copei). En última instancia, la politización de esos medios coadyuvó en crear la situación que alumbró la insurgencia del fenómeno Chávez en la historia política de Venezuela.

El imperio no tolera países disidentes

La feroz campaña encubierta por el deceso de RCTV más bien muestra la desesperación de Estados Unidos por derribar a cualquier precio al gobierno de Hugo Chávez, legitimado varias veces en las urnas y fortalecido después del fracaso de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en la articulación del golpe de Estado que el 11 de abril de 2002 instaló en Venezuela a un gobierno de apenas unas 30 horas. Ese efímero gobierno de Pedro Carmona fue un tremendo fracaso y un gran ridículo para el mismo país que derribó a Jacobo Arbenz, en Guatemala en 1952; a Joao Goulart, en Brasil en 1964; o a Salvador Allende, en Chile en 1973, sólo para nombrar a unos pocos gobiernos derrocados por la Casa Blanca y CIA.

Con la legitimidad que le han dado las urnas, Chávez se propone construir un país más justo, mejorando la distribución interna del ingreso y elevando la calidad de vida de su pueblo a través del extraordinario aumento del gasto público en salud, educación, vivienda, infraestructura, que se viene registrando en ese país, gracias a una adecuada reorientación del ingreso petrolero. Es decir: hoy día se gastan de manera diferente los mismos dineros del petróleo que antes beneficiaban exclusivamente a las transnacionales petroleras y a las corruptas clases política y empresarial, que se robaron la renta petrolera durante más de 40 años, hasta que hundieron a ese país e hicieron emerger a Chávez. Ahora esos recursos financieros se invierten en beneficio de un pueblo. Así de simple.