El
Universal, Finanzas, 27 de marzo
2007.
Telecom
y medios
RTC:
sexo, mentiras y TV
Gabriel Sosa Plata
La
“modernización” que
supuestamente trajo al sector la “ley
Televisa”, sólo se hizo
en los temas que convenían a
su principal impulsor, Televisa, así
como a los grupos radiofónicos
afines a la televisora. Al resto de
la legislación, como la relacionada
con los contenidos, no debía
quitársele ni una sola coma.
Y así se hizo.
¿Por
qué la “modernización”
sí debía hacerse, por
ejemplo, en el otorgamiento y refrendo
de concesiones y permisos y por qué
no en lo relativo a lo que las televisoras
y radiodifusoras transmiten? Por una
razón: porque las principales
empresas mediáticas se desenvuelven
cotidianamente en un marco legal que
les ha permitido sortear con facilidad
todos los recursos que el gobierno federal,
a través de la Dirección
General de Radio y Televisión
(RTC) de la Secretaría de Gobernación,
lleva a cabo en su contra por violaciones
a lo dispuesto en la legislación
en la materia.
En esa doble moral, empresarios de la
industria piden acabar con la discrecionalidad
en el otorgamiento de concesiones y
permisos, pero al mismo tiempo desaprueban
cualquier modificación al marco
legal de los contenidos porque existe
un amplio margen de negociación,
discrecional, entre las partes y diversos
recursos utilizados por los radiodifusores,
la mayoría exitosos, durante
los procedimientos en su contra por
ese concepto, lo cual demerita la capacidad
reguladora del Estado y la aplicación
justa de la ley.
El bochornoso papel que tuvo el director
de RTC al censurar un programa del PRD
es una muestra de cómo se puede
negociar la ley en México. Si
eso sucedió con un programa ¿no
podría ocurrir lo mismo con lo
que difunden concesionarios o permisionarios
del medio? Pero tengo más razones
para pensar mal de la actuación
de los funcionarios más importantes
de RTC (y no de sus profesionales interventores,
monitoristas, clasificadores, etcétera):
el ocultamiento de información
sobre su propio quehacer.
Independientemente de la noticia que
la semana pasada se dio conocer en relación
a la resolución del Instituto
Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental (IFAI)
para que la Secretaría de Gobernación
informe sobre los mil 221 procedimientos
iniciados por RTC en contra de medios
de comunicación electrónicos
(El Universal, 15 de marzo 2007), la
dirección que encabeza Eduardo
Garzón incluso mutila la información
que al respecto proporciona a los ciudadanos
amparados por la ley de transparencia.
En tres ocasiones he pedido a la Secretaría
de Gobernación el listado de
emisoras que a lo largo de la administración
del ahora expresidente Vicente Fox fueron
sancionadas, apercibidas o amonestadas
por violaciones a la Ley Federal de
Radio y Televisión y su reglamento.
Las tres respuestas tienen datos distintos,
pero en las dos últimas, la situación
es mucho más grave.
La información que me dieron
en mayo del 2006 incluía nombre
de las empresas o instituciones sancionadas,
siglas, frecuencias, ubicación
y razones por las que fueron infraccionadas
(El Universal, Finanzas, 23 de mayo
2006). La información proporcionada
en febrero de este año, sólo
tiene número de oficio (un dato
irrelevante para el ciudadano), nombre
de las empresas o instituciones sancionadas,
lo cual hace más difícil
precisar de qué emisora se trata
(una empresa puede ser concesionaria
de varias frecuencias) y la razón,
menos descriptiva, por las que fueron
infraccionadas. En ambos casos, señala
RTC, se trata de procedimientos que
son definitivos y que ya causaron efecto.
Proteger
a las televisoras
Pero
lo más delicado es que, aunque
se trata de casos ya cerrados, los datos
proporcionados en ambos años
no son los mismos. En el 2006, RTC informó
de 22 casos de emisoras sancionadas
en el 2002 y de 35 en el 2003. En el
reporte 2007, resulta que sólo
fueron 9 en el 2002 y 12 en el 2003.
¿Qué sucedió con
los 36 procedimientos que supuestamente
habían “causado efecto”
en ese periodo?
Insisto, no es que uno quiera pensar
mal, pero resulta que los datos omitidos
están relacionados fundamentalmente
con las televisoras: las sanciones a
los canales 2, 4, 5, 7, 9 y 13, de Televisa
y Televisión Azteca, impuestas
en el 2002, por transmitir más
publicidad de la permitida en una hora,
ya no están consignadas en el
informe 2007, pero sí conservaron
la falta de “corrupción
del lenguaje” cometida en el Canal
40, cuando éste aún estaba
en manos de Javier Moreno Valle.
En el reporte 2007 tampoco aparecen
las sanciones impuestas a las emisoras
de los gobiernos de los estados de Chiapas
y de Michoacán, por no respetar
los tiempos oficiales, así como
al canal 22 por la “transmisión
de escenas contrarias a las buenas costumbres”,
con base en el informe proporcionado
en el 2006.
La información que proporciona
RTC a través del IFAI no es,
en conclusión, confiable. ¿Qué
podemos interpretar de esto? ¿un
acto de autocensura o un problema en
los archivos correspondientes? En cualquiera
de las dos situaciones, hay negligencia
de los funcionarios que tienen a su
cargo la obligación de informar
a la sociedad sobre sus actividades.
Con las reservas del caso, RTC informa
que durante el sexenio foxista hubo
más de mil 220 procedimientos
de sanción a emisoras de radio
y televisión, pero sólo
80 han “causado estado”
o son definitivos. De los 80 casos,
38 fueron por “corrupción
de lenguaje”, 20 por “omisión
del tiempo de Estado”, 14 por
transmisión de “programas
esotéricos”, cuatro por
difundir “narcocorridos”,
dos por tener “locutores sin certificado”,
uno por “no acatar observaciones”
y uno más por “transmisión
de largometraje sin autorización
y clasificación”.
La empresa más sancionada, con
37 procedimientos, ha sido Radio Uno
FM, de Grupo Radio Fórmula. Aunque
no se precisa el programa que generó
dichas infracciones, se sabe que, en
todos los casos, fue por el contenido
de “El Panda Show” y su
reiterada “corrupción del
lenguaje”. Sorprende que a Televisa
no se le haya podido sancionar, más
que por la transmisión de programas
esotéricos en dos canales de
televisión locales.
AMEDI
Hoy
asume la presidencia de la Asociación
Mexicana del Derecho a la Información
(AMEDI), Javier Corral. Sustituye a
Beatriz Solís, fundadora de esa
asociación y compañera
de la UAM-Xochimilco. A ambas personalidades
mi más sincera felicitación
y reconocimiento…
Profesor
e investigador invitado de la AUM Cuajimalpa.
Columnista de El Universal
y
coordinador del Consejo Editorial de
la Revista Mexicana de Comunicación.
http://radiomexicana.blogspot.com
El
siguiente es un ejemplo de cómo
debe citar el anterior artículo.
Sosa Plata, Gabriel, "RTC: sexo,
mentiras y TV" en El Universal,
México, 27 -III- 2007, Telecom
y otros medios, Finanzas.
