El
Universal, Finanzas, 4 de marzo
de 2008.
Telecom
y medios
Unefon:
explicaciones necesarias
Gabriel Sosa Plata
Faltan
explicaciones sobre el polémico
caso de Unefon, empresa telefónica
de Ricardo Salinas Pliego, que reclama
al gobierno federal, imagínese
usted, más de 3 mil millones
de pesos por el pago de intereses generados
por el cobro indebido de 596 millones.
La
semana pasada el tema volvió
a tomar fuerza. El ahora secretario
del Trabajo, Javier Lozano, es uno de
los actores clave que hasta ahora no
ha hablado del asunto. Lozano presidía
a la Cofetel cuando este órgano
autorizó a Unefon (entonces Sistemas
Profesionales de Comunicación,
SA de CV) la prórroga para el
pago de 80% restante de la contraprestación
ofrecida al gobierno por la licitación
de diversas frecuencias, en septiembre
de 1998, más los intereses correspondientes.
Gran
error. La Cofetel no debió conceder
la prórroga, pero tampoco cobrar
intereses, debido a que no tiene facultades
para ello. Lo que procedía era
el cobro de recargos. Unefon pagó
596 millones de pesos de intereses y,
como se dijo, reclama los intereses
generados por esa cantidad.
¿Por
qué el pleno de la Cofetel, con
el aval de Lozano, tomó esa decisión
cuando era de sobra conocido que se
trataba de un acto ilegal? Es necesario
ofrecer una explicación, no sólo
a la Secretaría de la Función
Pública, sino a la sociedad,
ya que el caso ha ido más allá
de un procedimiento administrativo,
si consideramos, además, que
Lozano, pocos años después,
se contrató como asesor de TV
Azteca, empresa de Grupo Salinas, propietaria
de Unefon.
La
otra explicación necesaria es
la del pago, dos días antes de
culminar la administración de
Vicente Fox, de 550 de los 596 millones
de pesos reclamados. En este espacio
hemos retomado las declaraciones del
ex subsecretario de Comunicaciones de
la SCT, Jorge Álvarez Hoth, quien
reitera que él sólo acató
la sentencia de última instancia
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa.
¿Pudo
la SCT dejar a la siguiente administración,
la de Felipe Calderón, la responsabilidad
de pagar los 596 millones de pesos?
Y la respuesta, en principio, sería
sí. El oficio 102-K de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
de fecha 7 de septiembre de 2006, firmado
por la tesorera de la Federación,
la Administradora General de Grandes
Contribuyentes y el subsecretario de
Ingresos, establece que los recursos
pagados por Unefon “no tienen
una naturaleza fiscal”, por lo
que corresponde a la SCT prever las
partidas correspondientes a efecto de
que “en el siguiente ejercicio”
(es decir, en 2007) se devolviera el
pago indebido de los intereses.
Con
el aval de otros funcionarios de la
SCT y de su titular, Pedro Cerisola,
quien tampoco se ha pronunciado sobre
el tema, Álvarez Hoth buscó
la manera de devolver el dinero antes
de que culminara la administración
foxista.
Se
consiguieron 550 millones gracias a
las “economías que se han
generado en esta Secretaría”,
según el oficio 5-925 de la Oficialía
Mayor, de fecha 28 de noviembre de 2006.
El resto de los recursos podrían
presupuestarse para el ejercicio fiscal
de 2007”.
Al
día siguiente, el 29 de noviembre,
se concretó la devolución.
No se pidió, como lo hubiera
recomendado cualquier estudiante de
derecho, el finiquito correspondiente.
La
semana pasada, el titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de la SCT,
Gonzalo Martínez Pous, dijo que
no había justificación
para la entrega de los 550 millones
de pesos, por lo que se iniciaron dos
auditorías, una en la Contraloría
Interna de la dependencia y la otra
en la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Tal
declaración generó el
viernes 29 y ayer lunes una inusitada
y coincidente reacción de diversos
columnistas, todos ellos también
colaboradores de Televisión Azteca,
en contra de la SCT, por negarse a devolver
el resto de los 46 millones de pesos.
Los calificativos vertidos hacia Luis
Téllez y Martínez Pous
han sido duros. Ese puede ser, lamentablemente,
el tono que el caso Unefon tome en los
días siguientes ante los fuertes
intereses que están en juego.
Por lo pronto, la SCT no ha otorgado
el refrendo de diversas concesiones
de la telefónica. Este hecho
podría convertirse en moneda
de negociación.
Comisionados:
siempre sí
En
contra de los pronósticos, los
ministros de la Corte determinaron el
pasado martes que sí había
interés jurídico de Rafael
del Villar y del ya mencionado Gonzalo
Martínez para ampararse por el
rechazo del Senado de sus nombramientos
como comisionados de la Cofetel, por
lo que acordaron retirar el proyecto
de ponencia presentado por el ministro
José de Jesús Gudiño
Pelayo.
El
amparo será revisado nuevamente.
Esto postergará una vez más
el delicado caso de la integración
de la Cofetel y muchas de las decisiones
que existen en materia de política
pública en el sector. Aquí
hemos dicho que el presidente Felipe
Calderón podría poner
orden en esa casa. Una resolución
de la Corte, en cualquiera de los sentidos,
le habría ayudado. El nuevo compás
de espera podría ser largo, innecesario
y desgastante.
Cableros:
transparencia
El
presidente de la Comisión Federal
de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez
Motta, se fue a la yugular de los cableros
y éstos respondieron de la misma
manera. El funcionario dijo que los
cableros no están acostumbrados
a competir y que hay en el sector pequeños
monopolios. La Canitec respondió
que las declaraciones de Pérez
Motta son irresponsables y que los cableros
compiten en todos los mercados en los
que participan.
En
esta discusión alguien miente
o está mal informado. Por ello
sería necesario que la Cofeco
presentara las investigaciones que ha
hecho sobre la competencia de la televisión
por cable en México y que su
a su vez la Canitec basara su defensa
en datos duros más consistentes
sobre lo que realmente ocurre en cuanto
a la propiedad de las empresas concesionarias
de la televisión de paga, más
allá de decir que hay muchos
concesionarios (lo mismo podría
decirse en radio y televisión
y es de sobra conocido que hay una alta
concentración en pocas empresas).
Para
colmo, ayer se dio a conocer que las
empresas afiliadas a la Canitec y que
ofrecen servicios de internet bloquean
las llamadas de telefonía que
se hacen a través de esa red
y el tráfico de intercambio de
archivos P2P (peer to peer). El dato
puede ser útil en el conflicto
Cofeco-Canitec.
Profesor
e investigador invitado de la AUM Cuajimalpa.
Columnista de El Universal
y coordinador del Consejo Editorial
de la Revista Mexicana de Comunicación.
El
siguiente es un ejemplo de cómo
debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel, "Unefon: explicaciones
necesarias", en El Universal,
México, Num. 33, 004, 4 -III-
2008, Telecom y otros medios, Finanzas.
