El Universal, Finanzas, 5 de agosto
de 2008.
Telecom
y medios
De
la "ley Clarín" a la
"ley Televisa"
Gabriel Sosa Plata
Muchas coincidencias, pero también
contrastes en materia de regulación
de medios en países de Centro
y Sudamérica
MONTEVIDEO.— Mientras en México
se refrendan más de 100 concesiones
de radio sin apegarse a los criterios
de Corte, en Brasil 36 de las 40 emisoras
radiofónicas de Sao Paolo operan
con licencias vencidas desde hace varios
años, sin que la autoridad ni
los empresarios del medio tengan mucho
interés en regularizar la situación.
También
en Brasil tienen su órgano regulador:
la Agencia de Telecomunicaciones, pero
éste, como en nuestro país,
dicen que ha sido capturado por los
regulados. Lo mismo sucede con el Ministerio
de Comunicaciones. Integrantes de la
agencia y el ministro del ramo, Helio
Costa, han trabajado para las empresas
que ahora regulan. Costa, por ejemplo,
laboró unos 20 años para
O’Globo y por si fuera
poco es socio de la radiodifusora FM
ABC de Barbacena. El conflicto de intereses
ha sido denunciado desde que Costa era
senador, pero el gobierno de Lula da
Silva prefiere evitar el disgusto del
principal conglomerado de medios…
como en México.
En
Argentina, el poderoso Grupo Clarín
se expande, como Televisa, en las telecomunicaciones.
Hace menos de dos años adquirió
Cablevisión para conformar, según
sus propias palabras, “el primer
sistema regional de televisión
por cable y la primera red nacional
privada alternativa para la prestación
de servicios de valor agregado, como
internet y la banda ancha”. Esto
fue posible porque Clarín ya
poseía Multicanal, el principal
competidor de Cablevisión. La
empresa multimedia, ya dominante en
televisión abierta y en otros
medios, ahora lo es en la televisión
de paga, sin que el órgano antimonopolio
haga gran cosa para impedirlo, como
en México.
En aquel país, como en México,
Grupo Clarín pudo también
lograr que se publicara una legislación
favorable a sus intereses. La ley 25750,
de julio de 2003, sobre Preservación
de Bienes y Patrimonios Culturales,
evitó que las empresas extranjeras
reclamaran más de 30% de alguna
de las empresas del grupo, luego de
que éste entró en una
grave crisis de pago con sus acreedores.
Esa reforma es conocida como la “ley
Clarín”; en México
tuvimos la “ley Televisa”.
También
en Argentina, el gobierno de Cristina
Kirchner convocó a los diferentes
sectores de la sociedad para actualizar
la ley de radio y tv, promulgada durante
la última dictadura militar.
Este año, entre abril y mayo,
se celebraron las audiencias para recabar
propuestas. Todo se desarrollaba bien
pero, como en México, hubo otro
tema que se colocó en la agenda:
el conflicto por las retenciones a la
agroexportación. Ahora, como
en nuestro país, se exige la
necesidad de retomar el proyecto, pero
el gobierno ya no muestra el mismo interés,
se dice que por presión de las
principales firmas de televisión
y telecomunicaciones.
En
Uruguay se aprobó en diciembre
de 2007 la Ley de Radiodifusión
Comunitaria, cuya relevancia es que
no sólo reconoce a este tipo
de radiodifusión, sino que reserva
una tercera parte del espectro para
su desarrollo. En México, la
radio comunitaria no existe en la legislación.
Como consecuencia de la entrada en vigor
de la nueva ley, en Uruguay se formó,
en junio, el Consejo Honorario de Radiodifusión
Comunitaria con representantes de los
ministerios de Industria y de de Educación
y Cultura, de la Universidad de la República,
de las universidades privadas y de diversas
asociaciones. Lo interesante del asunto
es que ahora los empresarios del sector
reclaman un espacio en el consejo.
En
Perú, se generó en noviembre
de 2007 un intenso debate nacional porque
Radio Cutivalú, emisora educativa
de Piura, se negó a transmitir
un comunicado pagado por el gobierno
(allá no existen los “tiempos
oficiales”, como en México).
A la radiodifusora se le acusó
de afectar la libertad de expresión.
En México, una empresa de televisión
se negó a transmitir los spots
de los partidos políticos, pese
a que la ley la obligaba. Sin embargo,
la discusión giró en torno
de la libertad de empresa y la afectación
de espacios comerciales.
La
libertad de expresión no sólo
se relaciona con la agresión
a periodistas o la censura gubernamental,
sino también con el otorgamiento,
refrendo y operación de concesiones
de radio y televisión, como se
aprecia en los casos anteriores. Este
tema, aunado a la relación medios-poder
y al establecimiento de políticas
públicas sobre el sector, forma
parte de una amplia investigación
regional en la que participan especialistas
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Perú, Uruguay y México,
reunidos en la ciudad de Montevideo.
Los resultados de este estudio serán
dados a conocer este fin de año.
Cadena
3: agradecimientos
El
pasado 24 de junio me referí
en este espacio al proceso de venta
del Canal 28 y al nacimiento de Cadena
3. La respuesta institucional del Grupo
Imagen, particularmente en el diario
Excélsior y en cartas
enviadas a El Universal, fue
más allá de las aclaraciones
y fue pródiga en calificativos
hacia mi persona.
Muy
reconocidos periodistas y académicos
universitarios escribieron en las semanas
siguientes sobre el tema y manifestaron
de manera pública su solidaridad
al trabajo que hacemos en este espacio.
En correspondencia, agradezco públicamente
a Raúl Trejo Delarbre, de La
Crónica; Florence Toussaint,
de Proceso; Fernando Mejía
Barquera, de Milenio Diario;
Jorge Meléndez, de El Universal;
Omar Raúl Martínez, de
Revista Mexicana de Comunicación
y de la Fundación Manuel Buendía,
así como a Carlos Padilla, de
la revista Zócalo, sus
expresiones de apoyo, así como
a colegas, amigos y lectores que lo
hicieron por correo electrónico.
Profesor
e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa.
Columnista de El Universal
y coordinador del Consejo Editorial
de la Revista Mexicana de Comunicación.
El
siguiente es un ejemplo de cómo
debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel, "De la 'ley
Clarín' a la 'ley Televisa'",
en El Universal,
México, Num. 33, 158, 5 --VIII--
2008, Telecom y otros medios, Finanzas.
