Proceso,1 de abril de 2008

Derecho de la información

Medios públicos y transparencia

Ernesto Villanueva

En los próximos días saldrá a la luz el libro Medios de servicio público y transparencia, bajo la autoría de Fidela Navarro y el autor de estas líneas. Sobre este tema se ha hablado mucho y se ha analizado poco, particularmente desde la perspectiva jurídica y de la rendición de cuentas. Esta obra se inscribe en el proceso de reforma legal que se discute en el Congreso como un insumo para la reflexión documentada. El texto revisa conceptualmente qué debe entenderse por “medio de servicio público”, cómo funcionan este tipo de medios en distintos países y cómo debe transitarse legalmente en México para adoptar una figura de esta naturaleza, que jurídicamente no existe, aunque algunos de sus rasgos distintivos se empiezan a advertir en algunos medios sin fines de lucro. Se hace también un análisis exhaustivo de los medios gubernamentales, cuyos datos arrojan elementos que son de interés público. Veamos.

Primero. La muestra del estudio se circunscribe a los medios gubernamentales e instituciones afines de orden federal: Canal 22, Canal Once, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio, Notimex, Canal de Televisión del Congreso, Canal Judicial, TV UNAM y la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, se analiza específicamente el Consejo Nacional de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, en virtud de que sobre esta institución descansa, entre otras, la responsabilidad de elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones; y de conocer y dictaminar los asuntos sometidos a su estudio y opinión por las secretarías y departamentos de Estado o por las instituciones, organismos o personas relacionadas con la radio y la televisión.

Segundo. En este ejercicio, además de las fuentes documentales propias de toda investigación académica, se crearon 12 indicadores a partir de la experiencia comparada y de la realidad nacional. Lo que se buscó fue medir el grado de cumplimiento de esos indicadores por parte de los medios gubernamentales. Para ello, se formularon más de 2 mil 500 solicitudes de información pública, cuyas respuestas fueron determinantes para la evaluación correspondiente. El único caso que llamó la atención sobremanera fue el de TV UNAM, que se negó a proporcionar datos sobre algunos aspectos, acerca de los cuales sí respondieron en tiempo y forma los demás medios gubernamentales. De esta suerte, el gran dilema de TV UNAM reside en sus resistencias al escrutinio público.

Tercero. En los medios del gobierno existen fortalezas en algunos aspectos y marcadas debilidades en otros. En los canales 11 y 22 destacan sus esfuerzos de autorregulación en aras de brindar mayor calidad programática a la sociedad, mientras que en el IMER, por ejemplo, se ha preferido esperar mejores tiempos políticos para desarrollar una iniciativa de esta naturaleza. En Radio Educación, la ética informativa pasó de ser un esfuerzo loable a una tragedia, pues se malentendió como un sistema de regulación laboral que terminó en punto muerto.

Por lo que hace a la calidad de contenidos y apego a los derechos de los menores y a los de quienes sufren algún tipo de discapacidad sólo el 25% de los medios gubernamentales cuenta con criterios de calidad claros. Así mismo, por lo que se refiere a publicidad y/o patrocinios, solamente el 25% de los medios estudiados mostraron sus tarifas. En los restantes indicadores las respuestas arrojan resultados variopintos, de los cuales se pueden extraer, con todo, algunas conclusiones sobre lo adecuado o inadecuado de la inversión que realiza la sociedad mexicana en estos medios.

Cuarto. En el Consejo Nacional de Radio y Televisión, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se puede documentar que sus resultados dejan mucho que desear. En efecto, a pesar de haber sido creado en 1960, no existen archivos anteriores al 2002, y no se ha cumplido con la ley a partir del 2002. El Consejo –que se supone es la garantía ciudadana del buen hacer mediático– incumple de manera reiterada su propio Manual de Organización. Así, por ejemplo, de las seis sesiones anuales que debe realizar, sólo ha efectuado 10 en cinco años. Y eso no es todo. Las 10 sesiones han tratado asuntos de logística interna, pero ninguno ha tenido algún impacto, aunque sea mínimo, para mejorar calidad de contenidos programáticos.

De igual manera, destacan la ausencia de información sobre el ejercicio del derecho de réplica en medios electrónicos y la falta de seguimiento a las sanciones impuestas a concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Es de esperarse que los legisladores formulen reglas normativas mínimas que otorguen carta de naturalización a los medios públicos, de suerte que efectivamente puedan representar el papel de contrapesos de los medios privados y de herramienta para el derecho a la información, ya que, en perjuicio de todos, hoy no juegan ese papel tan necesario.

 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Correo electrónico: evillanueva99@yahoo.com

Puede citar este artículo de esta forma:

Villanueva, Ernesto, "Medios públicos y transparencia" en Proceso,
1 --IV-- 2008, México, Análisis.