Proceso,13 de abril de 2008

Derecho de la información

La herejía de Volpi

Ernesto Villanueva

Quedan muy pocos días para que termine el actual período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 30 de abril próximo. Casi nadie cree que haya posibilidades para la necesaria reforma de las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones. No parece haber tampoco viabilidad para legislar en materia de medios públicos. Salvo algunas voces respetables, la agenda pública está en otra parte. Hasta los emos, sus afanes y sus desdichas tienen mayor visibilidad mediática que las reformas que mucho bien le harían al país en esta materia.

En este contexto donde nadie dice nada es de llamar la atención que Jorge Volpi públicamente haya convocado a la creación de medios públicos, bajo las directrices observadas en las democracias occidentales, y a que el legislador actúe en consecuencia. No se trata de un dato menor que haya dado el primer paso, en virtud de las siguientes consideraciones.

Primero. Jorge Volpi es el director general del Canal 22, un medio de televisión del gobierno, nombrado y removido libremente por el Ejecutivo Federal. Lo que se espera en estos espacios de dirección es un trabajo de disciplinada coordinación con los directivos de los demás medios gubernamentales para seguir en activo y adoptar, en consecuencia, una política pública más o menos compatible con las filias y fobias del gobierno en turno. En esa lógica constituye una herejía política poner a prueba los umbrales de tolerancia del gobierno, como lo hace Volpi. El escritor no se resiste a pasar sin pena ni gloria por la dirección del 22. Peor todavía. Tiene la osadía de pensar por sí mismo y buscar el interés público, sin haberlo consultado ni, menos aún, tener el oficio de autorización correspondiente.

Segundo. En la campaña hacia una “República de los medios” del Canal 22, Volpi define lo que debe ser (y hoy por supuesto no es) una República donde los medios cumplen con la ley, la información no es una mercancía y las audiencias tienen derechos frente a los propios medios de comunicación para generar así un círculo virtuoso que haga posible la democracia informativa. En un decálogo plantea su propuesta y hace un llamado respetuoso (lo cortés no quita lo valiente dice el adagio popular) para que el Congreso tenga a bien hacer su trabajo. Esa reflexión por sí misma hubiera hecho la diferencia entre Volpi y muchos de sus colegas, que ponen la nómina por delante como principio de toda ética posible.

Tercero. Pero las cosas no se quedan ahí. Volpi ha pasado de la prédica a la práctica. Está ejerciendo sus atribuciones legales (como si México fuera un estado de derecho) para preparar al Canal 22 a fin de que pueda ser un medio público. Ha promovido un código de ética y la figura del defensor del televidente, mecanismos para el ejercicio del derecho de réplica, la cláusula de conciencia del periodista (que supone que el comunicador tiene derecho a negarse a llevar a cabo una orden de trabajo si ésta es contraria a la ética periodística), creado las bases para que la Dirección de Noticias defina de manera independiente de la Dirección General lo que es noticia y lo que no lo es y formas de acceso del público al medio. Y no se trata de una mascarada retórica como se ha visto en otros medios gubernamentales, donde algunos de esos instrumentos se han quedado en el papel como una ocurrencia al calor de criterios de ventaja política personal.

Cuarto. Es probable que el compromiso con la disciplina autoritaria y la ética de la nómina sean argumentos suficientes para que este modelo de televisión pública impulsado desde el Canal 22 no prenda en los medios gubernamentales del Ejecutivo Federal. Por lo menos en un primer momento en que se crea una franja que pida la misma calidad por el mismo costo. Muy pronto no faltará quien se pregunte, ¿por qué en el Canal 22 tengo derechos y no tengo ninguno en el Canal Once, en el IMER o en Radio Educación si ambos le cuestan al público? Es posible, en cambio, que este referente sea observado por un número creciente de medios gubernamentales de los estados, por los distintos estilos personales de gobernar en cada uno de ellos. Es deseable esperar de la misma forma que el Poder Judicial de la Federación y el Canal del Congreso observen pasos similares. Al final del día una cosa es cierta. Este punto de partida del Canal 22 podrá: a) Reproducir mucho más rápido los esfuerzos de formación de recepción crítica de medios que lo que aisladamente se hace en algunas universidades; b) Aportar elementos para una alfabetización mediática de los mexicanos, y c) Crear conciencia que los medios públicos pueden ser verdaderos contrapesos informativos y formativos a la legítima existencia de los medios comerciales, los cuales deben seguir existiendo, aunque menos alejados del interés público, como hasta ahora lo han hecho.

 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Correo electrónico: evillanueva99@yahoo.com

Puede citar este artículo de esta forma:

Villanueva, Ernesto, "Medios públicos y transparencia" en Proceso,
13 --IV-- 2008,No. 1641, México, Análisis.