Proceso, 29 de junio de 2008

Derecho de la información

De "secuestros" y "rehenes"

Ernesto Villanueva

La semana pasada generó debate la oposición del PAN y del PRI a reformar la Ley Federal de Radio y Televisión para hacerla compatible con el nuevo marco electoral. Ayer como hoy, un sector de la opinión pública considera a Televisa y TV Azteca responsables de que la legislación en la materia albergue contenidos antidemocráticos. Tienen "secuestrado" al Congreso y al gobierno, afirman algunos; los legisladores se han convertido en "rehenes" de los medios electrónicos, dicen otros. Por mi parte, sin justificar las acciones de las televisoras, estoy convencido de que las culpas están en otro lado. Veamos.

Primero. El Diccionario de la Lengua Española dice que "secuestrar" significa "retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines"; en tanto que rehén es la "persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones". No hay conocimiento de que existan querellas o denuncias de hechos en la PGR por parte de diputados, senadores o servidores públicos del sector de telecomunicaciones por la probable comisión del delito de secuestro; menos de que grupos vinculados a Televisa o TV Azteca sean los probables responsables de semejantes delitos. De igual modo, no existe en el ordenamiento jurídico nacional ninguna disposición que obligue a Televisa o a TV Azteca a ser "buenas", a privilegiar el interés público y no sus intereses empresariales.

En todo caso, el artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión establece una aspiración en ese sentido, pero de ninguna manera el postulado es obligatorio, en virtud de que sobre su incumplimiento no recae una sanción. Por si lo anterior fuera poco, Televisa y TV Azteca tampoco tienen derecho de iniciativa legal, de suerte que sus posibilidades de acción dependen única y exclusivamente de las reglas del juego que decide el Estado mexicano.

Segundo. Es entendible, como una manifestación de impotencia y acto de catarsis, que los "buenos" estigmaticen a Televisa y TV Azteca como si estas empresas tuvieran alguna responsabilidad legal de lo que pasa. Cabe reiterar que los responsables de legislar en materia de radio y televisión son por mandato constitucional los diputados y senadores. De igual forma, el presidente de la República, con el auxilio de la Administración Pública Federal, está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes.

La elaboración y aprobación de las leyes Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones fue obra del Congreso de la Unión. El nombramiento de los polémicos integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es atribución presidencial, al igual que el del secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien puede además remover libremente. Es natural que las televisoras negocien, presionen y hagan labores de cabildeo para defender lo que consideran suyo, con razón o sin ella. Además, ninguna norma jurídica impide el lobby en México, de suerte que en ese terreno las televisoras pueden moverse libremente, por más injusto y absurdo que pueda parecer.

Tercero. Poco se ha dicho y nada se ha hecho para exigir cuentas a los gobernantes de sus actos contra los mejores intereses del país. Es donde está el problema de fondo. No es que las televisoras tengan "secuestrado" al Congreso, sino que el Estado ha decidido crear mecanismos legales para que las televisoras hagan lo que hacen. ¿Por qué no señalar e iniciar acciones contra diputados y senadores, el presidente Calderón, el secretario Luis Téllez, el presidente de Cofetel, Héctor Osuna y muchos más por sus acciones y omisiones que afectan al país?

Aquí existen rendijas legales para iniciar procesos de responsabilidad, toda vez que formalmente son representantes nuestros que deben actuar en el mejor interés de todos. Una reforma del 28 de diciembre de 1982 introdujo en el artículo 109 constitucional la prerrogativa de que "cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, (pueda) formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo"; es decir, "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho". No será una tarea sencilla, pero se encarecería costos a los gobernantes y eventualmente se sancionará a algunos de ellos.

De acuerdo con datos que obran en la Cámara de Diputados, no hay una sola denuncia presentada por algún ciudadano contra un servidor público, legislador o no, por los múltiples actos que se pueden acreditar de afectación al interés público con motivo de la aprobación y aplicación selectiva de disposiciones legales en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Será una opción para salir de la práctica incendiaria de los "buenos" que polariza que hasta ahora se está dando como resultado frustración y resentimiento en sus sectores de influencia, pero nada más.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Correo electrónico: evillanueva99@yahoo.com

Puede citar este artículo de esta forma:

Villanueva, Ernesto, "De 'secuestros' y 'rehenes'" en Proceso,
29 --VI-- 2008,No. 1650, México, Análisis.