El
Universal, Editoriales, 19 de marzo
de 2007
Transparencia:
¿qué sigue?
Ernesto
Villanueva
Hoy
queda claro que el derecho de acceso
a la información nunca fue una
moda o capricho sexenal, sino que se
trata de un derecho fundamental en constante
expansión y perfeccionamiento
para bien de los gobernados en el país.
En 2002, cuando tuvo una importante
visibilidad el tema, se aprobaron cinco
leyes de acceso locales además
de la federal.
Se veía que habría de
requerirse de un largo proceso para
que existieran leyes en todas las entidades
federativas. Ese proceso, empero, fue
sorprendentemente rápido en la
experiencia comparada.
En 2003 se aprobaron ocho leyes locales
más; en 2004, nueve; en 2005,
seis; en 2006, tres, y este año
se cerró ese primer ciclo con
la última, de Tabasco.
Ese primer paso que no fue menor puso
de relieve, sin embargo, las agudas
diferencias sobre el alcance y posibilidades
del ejercicio del derecho a conocer.
Mientras en Campeche y Chihuahua se
ha podido avanzar bastante bien, en
Oaxaca y otros estados más, la
ley se ha convertido en un muro para
el escrutinio de la cosa pública.
Leyes con contenidos asimétricos,
voluntades políticas diferenciadas
y ausencia de cultura social sobre transparencia
fueron las razones que animaron a un
grupo de gobernadores de distinto signo
político a emprender una cruzada
para que se reformara el artículo
sexto constitucional y se desarrollara
esta vertiente del derecho a la información.
Conviene aclarar que el acceso a la
información y el derecho a la
información no son sinónimos.
El acceso es como el gajo de una naranja
denominada genéricamente derecho
a la información.
El método de aproximaciones sucesivas
ha aconsejado que la reforma debe darse
en donde haya oportunidad para construir
legislativamente, como es, por ahora,
este caso.
La reforma constitucional propuesta
tiene varios efectos positivos, acaso
el más importante de ellos sea
el de otorgar a toda persona idénticos
derechos mínimos (que en realidad
en buena parte de las entidades federativas
serían máximos) sin importar
si residen en Hermosillo, Sonora o en
Chetumal, Quintana Roo.
No hay duda que siempre se puede mejorar
todo, pero también es un principio
de la vida política que en el
enfrentamiento entre el todo y la nada,
la nada, casi siempre se lleva la partida
creando un círculo vicioso, en
el que todos pierden y casi nadie gana.
Hoy se ha logrado, como en su momento
en 2002 con la Ley Federal, lo mejor
de lo que ha sido posible. Ese acuerdo
en lo fundamental se tradujo en hechos
y el 6 de marzo el Pleno de la Cámara
de Diputados aprobó el dictamen
de reforma constitucional por unanimidad
y el 8 de este mismo mes lo envío
al Senado.
La Mesa Directiva de los senadores ha
turnado el dictamen aprobado por los
diputados a las comisiones de puntos
constitucionales y de estudios legislativos
para su análisis. (El contenido
del dictamen y comentarios se pueden
consultar en www.derechoasaber.org.mx).
Es de esperar que los senadores hagan
su labor legislativa y demuestren su
compromiso con la transparencia aprobando
en sus términos el dictamen de
los diputados.
Y es que de no hacerlo así, cualquier
reforma que se pudiera hacer, implicaría
un vía crucis legislativo en
perjuicio del derecho a saber.
Una vez aprobado por el Senado, todavía
se requeriría de la aprobación
de las legislaturas locales de por lo
menos 17 entidades federativas para
que se perfeccione la reforma al artículo
sexto constitucional.
Con optimismo moderado cabría
esperar que para fines de este año
se haya concretado un nuevo paso más
en esta temática.
Investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.
Correo electrónico: evillanueva99@yahoo.com
Puede
citar este artículo de esta forma:
Villanueva,
Ernesto, "Transparenica: ¿qué
sigue?" en El Universal,
México, 19 -III- 2007, Editoriales.
