Proceso, 30 de junio de 2008

Derecho de la información

De "secuestros" y "rehenes"

Ernesto Villanueva

El cese del coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Santiago Creel, se ha prestado a múltiples interpretaciones. Hay, incluso, quienes ven en esa decisión del PAN una claudicación frente a las televisoras. Más allá de que se trata de una decisión interna del partido en el gobierno, vale la pena recordar a qué intereses responde Santiago Creel, quien últimamente ha buscado reciclarse como uno de los “buenos” y “demócratas”. Hagamos un poco de memoria.

Primero. El viernes 7 de febrero de 2001, apenas nombrado secretario de Gobernación, Santiago Creel se comprometió a que el gobierno federal instalaría el Consejo Nacional de Radio y Televisión, previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión. No fue instalado sino dos años después, y desde entonces no ha dejado de violar su propia normatividad. De acuerdo con su Manual de Operación, el Consejo debe sesionar al menos seis veces por año. De 2003 a 2008 (Creel fue secretario de Gobernación hasta mediados de 2005) ha realizado tan sólo 10 reuniones para analizar temas de forma. Además, la testimonial figura del invitado especial de la sociedad civil ha recaído en representantes de la ultraderecha mexicana, como se observa en las actas de las sesiones respectivas.

No es todo. El 5 de marzo de 2001, Creel convocó a crear la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos de Comunicación, como una cortina de humo donde habrían de trabajar representantes de la sociedad civil, concesionarios, legisladores y servidores públicos. Durante más de un año, y después de 57 reuniones de entretenimiento político, se pudo saber que esa fue sólo una medida de distracción que lastimó la buena fe de quienes participaron en dicha tarea.

Segundo. El 10 de octubre de 2002, sin cumplir con las condiciones y tiempos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Santiago Creel aprobó y defendió el Reglamento de Contenidos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Allí, por un lado, redujo los tiempos oficiales de transmisión en más de 90% –medida que sigue teniendo consecuencias en el acceso equitativo a los medios– y, por el otro, creó un “derecho de réplica”, con dos problemas: a) Es ilegal porque un reglamento no puede crear derechos no previstos en la ley que justifica su existencia, y b) Está redactado de tal forma que su ejercicio es sólo una ilusión. Y por si lo anterior fuera poco, el “Reglamento Creel” citaba en el derecho de réplica un artículo del Código Penal que no existe.

A la sazón, frente a los argumentos de Creel a favor de la opacidad para justificar el reglamento de referencia, el entonces senador Javier Corral decía: “Ese es un criterio antijurídico del secretario de Gobernación, para cubrir una decisión de albazo reglamentario, porque está perfectamente consciente de que si se nos hubiera comunicado o anticipado un pormenor de las disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, éstas no se hubieran realizado”. (Nota de Juan Arvizu, El Universal, 24-10-2002.)

Tercero. El 25 de mayo del 2005, seis días antes de que Santiago Creel renunciara a la Secretaría de Gobernación, entregó el permiso P-05/2005 a la empresa Apuestas Internacionales, S.A. de C.V., cuya estructura accionaria la conforman Televisa Juegos, S.A. de C.V., y Grupo Televisa, S.A., el cual tendría una vigencia de 25 años, con prórrogas hasta por 15 años. Permitía así la apertura de 65 centros de apuestas remotas, conocidos como “books”, y de 65 salas de sorteos de números o “bingos”. Además, Promociones e Inversiones de Guerrero obtuvo autorización para manejar 53 negocios de ambos tipos. Lo anterior, a pesar de que durante los 70 años de priato sólo se autorizaron 116 centros de apuestas remotas y 47 salas de sorteos.

Ante la ola de críticas que levantaron los permisos de Creel, éste dijo en primer lugar que las autorizaciones se habían extendido, con el “mejor ánimo”, para “democratizar” ese mercado; en segundo, que los permisos no los había otorgado él, sino un consejo –que estaba integrado por funcionarios de Gobernación y un representante externo sin voto–, y, en tercero, que la decisión tenía base legal –aunque luego se supo que él mismo había aprobado en octubre de 2004 el reglamento a modo para hacer esta operación.

¿Alguien puede creer que otorgar a Televisa permisos de juego favorece el mejor desarrollo de la juventud tan sólo por “el mejor ánimo” de Creel? ¿Puede alguien afirmar que Creel es “víctima de los malos” después de infligir tantos daños a la nación?

No. Santiago Creel sólo ha respondido a sus propios intereses, y su lealtad ha sido únicamente consigo mismo. Por su propia incapacidad perdió la contienda interna del PAN para designar candidato a la Presidencia de la República, y su desempeño como coordinador parlamentario fue ineficaz para su partido. Acaso a ello se debe que los partidos de oposición lamenten que ya no tendrán a un interlocutor de pocas luces.

Nada más lejos estoy de coincidir con el PAN, pero creo firmemente que la salida de Creel reside en su falta de operación política, independientemente de la suma de traiciones al interés público que su ambición por el poder privilegió. Nada más, pero nada menos.

Posdata: Es buena noticia que la Universidad de Guadalajara haya designado como defensor del público a José Luis Vázquez, director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la principal escuela en su tipo de México.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Correo electrónico: evillanueva99@yahoo.com

Puede citar este artículo de esta forma:

Villanueva, Ernesto, "De "secuestros y rehenes" en Proceso,
30 --VI-- 2008,No. 1652, México, Análisis.