Un acercamiento a la numeralia nos refiere:

     A) Si entre 2001 y 2003 hubo 7 asesinatos y un informador desaparecido, tan sólo entre 2006 y febrero           de  2009 se registraron 29 asesinatos.

     B) Durante 2008 se registraron alrededor de 140 incidentes contra periodistas y medios.

     C) Tan sólo en lo que va de 2009, hemos podido contabilizar 53 actos contra periodistas y 3 asesinatos.

     D) En los dos primeros meses de 2008, de acuerdo con la CDHDF se anotan 9 demandas, solamente en          el DF.

Ciertamente las cifras son implacables y, sin embargo, no alcanzan a delinear a cabalidad las amenazas que se ciernen sobre el ejercicio de nuestras libertades informativas. Porque a las acostumbradas inhibiciones, atentados, presiones o condicionamiento de los tres niveles de gobierno, se suma la asechanza y las amenazas del crimen organizado, además de los intereses o veleidades de algunos editores y propietarios de los medios.

Respecto de esto último, y sin desestimar el entorno externo a los medios, conviene recordar lo que don Manuel Buendía señaló en alguna ocasión:

“Es en los propios periódicos y medios donde verdaderamente se protege y acrecienta la libertad de prensa o donde se le falsifica o se le niega. Depende más de los empresarios y directores que del gobierno”.

Resulta oportuno resaltar que el respeto y ejercicio de las libertades de expresión e información en México no suele ser tan uniforme como luego se sugiere: ni la luz pero tampoco las sombras llegan igual a todos los medios y periodistas.

Si bien hay ciudades donde el despliegue y el escrutinio crítico hacia los poderes, particularmente el gubernamental, llega a ser ejemplar, también es innegable que en algunas entidades del país se mantienen las estructuras de antaño, es decir: el tiempo no ha transcurrido y los aires de transparencia no surcan sus tierras y cotos virreynales.

Incluso el menor indicio que incomode al gobernante local en turno, es suficiente para mandarle “mensajitos” al periodista o al medio informativo con el fin de someterlo o inhibirlo. En otras palabras: con notable recurrencia, algunas voluntades periodísticas suelen apagarse frente a la exposición y acción del caciquismo regional.

Sin duda alguna es en las regiones donde las amenazas son más latentes, vigentes y presentes para el periodismo mexicano. Lo que ocurre en realidad es un silenciamiento muchas veces tolerado para evitar poner en riesgo los magros ingresos salariales y/o publicitarios.

Aunque sabemos que la presunción de responsabilidad recae más frecuentemente en el poder público, y ahora en algunos grupos de narcotraficantes, lo cierto es que las condiciones laborales poco estimulan a realizar un periodismo auténticamente osado, responsable e independiente. Ello a fin de cuentas constituye parte del entorno que tiende a ampliar o limitar el ejercicio de la libertad de prensa.

Pero como decíamos: el centro de las amenazas para el periodismo nuestro provienen de diversos representantes de los distintos niveles de gobierno, particularmente de algunos estados y numerosos municipios, y cada vez con mayor recurrencia del poder del narco.

Ante las alarmantes cifras, la respuesta de autoridades ha sido de coyuntural y aparente disposición para afrontar el problema, pero los resultados han sido prácticamente nulos. La impunidad sigue reinando.

En los años recientes varios organismos civiles, organizaciones gremiales y entidades académicas nacionales e internacionales hemos tratado de sumar esfuerzos para hacer frente de manera más coordinada a los agravios a la libertad de expresión en nuestro país. Hay frutos que es necesario fortalecer.

Organismos como Cencos, el Cepet, la propia Fundación Manuel Buendía, Artículo XIX, la Amarc, Reporteros Sin Fronteras, la Amedi, entre otros, han impulsado el tema, pero es menester incentivar nuevas ideas, conciliar diversas voluntades, sumar más iniciativas...

En este tenor, por ejemplo, algunos de estos organismos hemos coincidido en la lucha por promover reformar legislativas para federalizar los actos contra periodistas, para despenalizar los llamados delitos de prensa, y para reconfigurar jurídicamente la fiscalía especial a fin de que sea realmente eficaz.

Sin embargo, muchas otras tareas nos aguardan para impulsar la defensa, el respeto y el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Pero quizás la que merece un impulso urgente debido a la gravedad de las circunstancias, es la creación de una red realmente nacional que defienda y abogue por el quehacer de los periodistas y los medios informativos.

A este respecto vale la pena recordar y rescatar las palabras de Manuel Buendía, quien hace casi 30 años planteó la creación de “una especie de tribunal de pares o comisión que pudiese actuar pronta y eficazmente, en la investigación y prosecución de las denuncias que sobre atentados contra la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas le fuesen presentadas”.

La propuesta de Buendía resulta hoy más vigente que nunca, y aquí amplío la cita en extenso:

“Sugiero que se retome esta idea. No sería un organismo que sustituyera o demeritara en lo mínimo la acción de las agrupaciones existentes. Al contrario: una entidad que las representara a todas y a todos los estamentos o modalidades de la profesión. dotada de la fuerza moral que le daría esta auténtica representación, pero a la vez ágil en la actuación, la comisión podría poner en marcha, en pocas horas, los recursos de apelación, la interpelación o la protesta, que inmovilizaran precautoriamente una acción represiva contra periódicos y periodistas, a reserva de nutrirse enseguida de información propia, amplia, bastante para emitir oportunamente un juicio que tendría muchas más consecuencias sociales de las que ahora podrían imaginar algunos caciques y represores.

“Esta comisión tendría que surgir sin bandera política, por completo independiente y con una sola finalidad: encarar, como concreción de la solidaridad entre periodistas, la defensa de aquellos colegas que sufran persecución, amenazas o represión como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

Para blindar un proyecto de esta índole, el autor de “Red Privada” subrayaba:

”La solidaridad entre periodistas, como concepto y como práctica enaltecedeora, no debe malentenderse y pervertirse al extremo de que, por parte de otros sectores críticos, mereciera un nombre distinto: complicidad. Como gremio o como simple conjunto de individuos que se identifican entre sí en la práctica de un oficio, los periodistas debemos ser los primeros en condenar a aquellos que transgreden las normas éticas, atentan contra la dignidad de instituciones y personas e incurren en flagrantes delitos.

“La comisión no nacería para servir de escudo a prevaricadores o a seres antisociales disfrazados de periodistas, sino para ayudar a proteger el legítimo ejercicio de una profesión, y para ganar respeto hacía ésta.

“Será necesario que quienes llegaran a firmar tal documento meditaran bien antes de hacerlo, porque en el fondo lo que se estaría creando es un organismo que —junto con otros, por supuesto— contribuiría a clarificar las responsabilidades de los periodistas, y de ningún modo a crear una especie de fuero”.

Hoy, frente al ominoso escenario, valdría la pena tomar en cuenta la idea y, ante todo, el espíritu de esta propuesta, que necesitaría congregar a una multiplicidad de medios y periodistas y ampliar la convocatoria a universidades, organismos civiles, despachos de abogados, entre otras entidades.